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El Frente de Sindicatos Unidos aseguró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse cerca de los 2,9 millones de pesos para garantizar condiciones de vida acordes a lo establecido por la Constitución y la legislación laboral. El espacio sindical denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y advirtió sobre el creciente deterioro social entre trabajadores públicos y privados.

El debate salarial volvió a ocupar el centro de la escena política y sindical luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundiera un duro informe sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina y reclamara una actualización drástica del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el documento elaborado por el espacio gremial, un trabajador argentino necesitaría actualmente ingresos cercanos a los 2,9 millones de pesos mensuales para cubrir adecuadamente las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera ampliamente el salario mínimo vigente, fue presentada como una muestra de la profundidad de la crisis social que atraviesan amplios sectores asalariados.

Desde el FreSU sostuvieron que el ingreso mínimo legal quedó completamente desfasado respecto del costo real de vida y denunciaron que hoy representa apenas una fracción de lo necesario para garantizar condiciones dignas de subsistencia. El espacio sindical calificó al salario mínimo actual como “el más bajo de la historia argentina” y vinculó esa situación con la política económica aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La presentación del informe no fue un gesto aislado. Formó parte de una estrategia más amplia del sindicalismo combativo para reposicionar la discusión salarial en medio de un escenario signado por paritarias condicionadas, caída del consumo y creciente pérdida de capacidad adquisitiva.

El FreSU, integrado por alrededor de 140 organizaciones sindicales de distintas corrientes gremiales, sostiene que la pérdida acumulada de ingresos desde diciembre de 2023 ya alcanzó niveles históricos. Según sus estimaciones, los trabajadores argentinos resignaron más de 62 billones de pesos durante el actual período de gobierno.

La organización desagregó además el impacto sobre distintos sectores laborales. En el ámbito privado, calcularon que cada asalariado perdió en promedio más de 2,3 millones de pesos acumulados, mientras que entre trabajadores estatales la caída superó los 12,7 millones por persona.

El estudio expone una radiografía particularmente severa sobre la situación social de los asalariados formales, un segmento que históricamente funcionó como núcleo de estabilidad económica dentro del mercado interno argentino y que hoy aparece crecientemente afectado por el deterioro de ingresos y el endeudamiento doméstico.

“El salario ya no alcanza para cubrir necesidades elementales y muchas familias deben endeudarse para sostener gastos cotidianos”, señalaron desde el frente sindical al justificar la magnitud del reclamo.

Para establecer cuál debería ser el verdadero Salario Mínimo, Vital y Móvil, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades fundamentales contempladas en la legislación laboral argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los componentes incluidos aparecen alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión social, recreación y vacaciones. Según el detalle difundido por la organización, sólo la cobertura alimentaria demandaría más de 648 mil pesos mensuales, mientras que el acceso a vivienda rondaría los 568 mil pesos.

A eso se suman gastos vinculados a salud, educación y movilidad, además de partidas destinadas al esparcimiento y al descanso anual, conceptos históricamente contemplados dentro de la definición jurídica de salario vital y móvil, aunque crecientemente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.

El documento también buscó recuperar una discusión de fondo alrededor del sentido constitucional del salario. Para el FreSU, la política salarial actual desnaturaliza principios básicos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Contrato de Trabajo, que definen al salario mínimo como una herramienta destinada a garantizar bienestar integral y no únicamente supervivencia básica.

La difusión del informe coincidió además con un momento de creciente reorganización dentro de sectores gremiales enfrentados al rumbo económico del Gobierno nacional. El pasado 1° de Mayo, el FreSU realizó su primer plenario nacional de delegados y delegadas, donde aprobó el programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”.

Allí confluyen organizaciones de fuerte peso dentro del sindicalismo argentino, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Trabajadores Aceiteros, además de numerosas estructuras sindicales regionales y sectoriales.

La aparición de este espacio refleja también un fenómeno más amplio dentro del universo gremial: el crecimiento de sectores que reclaman posturas más confrontativas frente al ajuste económico y cuestionan la moderación de parte de la dirigencia sindical tradicional.

Mientras el Gobierno insiste en que la desaceleración inflacionaria representa el principal indicador de estabilización económica, desde el sindicalismo combativo advierten que la caída de precios relativos no se traduce en recuperación del ingreso ni mejora concreta en las condiciones de vida.

El planteo del FreSU vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente en un país donde los salarios corren permanentemente detrás del costo de vida. La distancia entre los ingresos reales y las necesidades básicas aparece hoy como uno de los principales focos de conflictividad social, en una etapa donde el equilibrio macroeconómico convive con un profundo deterioro del poder adquisitivo y un aumento progresivo del mercado interno.

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El consumo masivo sigue en retroceso: supermercados y mayoristas acumulan ocho meses de caída

Los datos del Indec muestran que las ventas en supermercados bajaron 2,8% entre enero y agosto, mientras que los autoservicios mayoristas retrocedieron 2,9%. Los centros comerciales registraron una mejora interanual del 3,7% en agosto, aunque todavía acumulan una caída en 2026.

El consumo cotidiano continúa sin encontrar una recuperación sostenida. Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a caer en agosto y prolongaron una tendencia negativa que contrasta con el crecimiento registrado por los centros comerciales, según los últimos relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En los supermercados, las ventas disminuyeron 3,7% interanual en agosto y acumularon una contracción del 2,8% durante los primeros ocho meses de 2026. La comparación mensual también fue desfavorable: el indicador retrocedió 0,8% frente a julio. Con este resultado, el rubro completó ocho meses consecutivos de bajas interanuales, después del último registro positivo de diciembre pasado, cuando había avanzado 0,5%.

Los autoservicios mayoristas tampoco lograron revertir la tendencia. Sus ventas cayeron 3,6% frente a agosto de 2025 y acumularon una merma del 2,9% entre enero y agosto. Además, registraron una disminución mensual del 1,2% y sumaron siete meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Los precios suben, pero las cantidades no acompañan

La evolución de la facturación nominal contrasta con la caída de las ventas medidas en términos reales. En supermercados, los ingresos a precios corrientes crecieron 24,2% interanual, mientras que en mayoristas aumentaron 23,7%. Esos incrementos, por sí solos, no indican una expansión del consumo: deben distinguirse de las variaciones de precios y de las cantidades efectivamente vendidas.

En los supermercados, el ticket promedio alcanzó los $35.569, con un aumento interanual del 15,8%. Las tarjetas de crédito concentraron el 43% de los pagos, seguidas por las de débito, con el 23,9%, y el efectivo, con el 17%. El resto correspondió a otros medios de pago.

En los mayoristas, el gasto promedio por compra llegó a $47.067, un 29% más que un año antes. Allí, las transferencias, los pagos con QR y otros medios alternativos representaron el 32,7% de las operaciones; las tarjetas de crédito explicaron el 26,8% y el efectivo, el 24,8%.

Los shoppings, la excepción

Los centros comerciales mostraron un comportamiento diferente: sus ventas aumentaron 3,7% interanual en agosto y avanzaron 3,3% respecto de julio. Sin embargo, el balance acumulado de los primeros ocho meses del año continúa en terreno negativo, con una baja del 1,2%.

Los datos dibujan así una evolución desigual del comercio. Mientras los shoppings registran un repunte, supermercados y mayoristas —canales centrales para las compras habituales de los hogares— siguen acumulando retrocesos. La persistencia de esa caída plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del poder de compra y sobre el ritmo al que podrá reactivarse la demanda interna.

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La provincia amplía el acceso digital con nuevas entregas de equipos escolares

El Gobierno de San Juan distribuyó 1.392 notebooks entre estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, destinado a ampliar el acceso a herramientas digitales en las escuelas públicas.
La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades provinciales.

Del total de equipos, 1.131 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, mientras que otros 151 correspondieron a estudiantes de segundo año de establecimientos secundarios de Zonda y 110 a jóvenes del mismo nivel educativo de Ullum.

Con esta nueva etapa, el programa llegó a aproximadamente 15.400 beneficiarios en lo que va de 2026. El despliegue ya comprendió a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de escuelas de Vallecito y Bermejo.

La iniciativa también contempla al personal educativo. Durante este año se distribuyeron 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y profesionales de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).

El cronograma continuará este viernes con alumnos secundarios de Chimbas y Pocito, y el lunes con estudiantes de los niveles primario y secundario de Santa Lucía.

La política de equipamiento se complementa con propuestas pedagógicas como el programa de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de acciones de formación digital para docentes. La adquisición de los dispositivos contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante los procesos de compra.

La continuidad de las entregas busca extender el acceso a recursos tecnológicos en las aulas. El desafío educativo será convertir esa disponibilidad de equipos en mejores oportunidades de aprendizaje, mediante su integración efectiva a la enseñanza y el acompañamiento pedagógico.

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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras

La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

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