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Con un documento de fuerte contenido político difundido en la antesala del Día de la Independencia, la CGT rechazó el proyecto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales.

La central sindical sostiene que la iniciativa trasciende una discusión patrimonial y plantea un debate de fondo sobre el control de los recursos estratégicos, la defensa del territorio y el modelo de desarrollo que la Argentina pretende construir en las próximas décadas.

A pocos días del 9 de Julio y cuando el Senado se prepara para retomar el tratamiento de una de las reformas más sensibles impulsadas por el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo decidió ingresar de lleno en una discusión que considera decisiva para el futuro del país.

Bajo el título «La tierra no es una mercancía», el Consejo Directivo Nacional de la central obrera difundió un pronunciamiento en el que exhorta a los senadores a rechazar el proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que propone eliminar el límite vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.

Para la conducción cegetista, la iniciativa no constituye una simple modificación normativa sino un cambio estructural en la concepción jurídica y política del territorio nacional. En ese marco, advierte que la eventual flexibilización de las restricciones favorecería un proceso de concentración patrimonial sobre activos considerados estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad nacional.

El documento ubica la discusión en un escenario internacional caracterizado por la presión sobre las cadenas de suministro de alimentos., agua dulce, minerales críticos, fuentes energéticas y superficies productivas. Según sostiene la CGT, ese fenómeno exige fortalecer los mecanismos de protección territorial en lugar de liberalizar el acceso a recursos cuya disponibilidad adquiere un valor geopolítico cada vez mayor.

Como ejemplo de los riesgos que, a su criterio, implicaría la reforma, la central sindical vuelve sobre el conflicto generado en torno al Lago Escondido y menciona el caso del empresario británico Joe Lewis, convertido desde hace años en uno de los símbolos del debate sobre el acceso público a bienes naturales y la propiedad extranjera de extensas superficies rurales.

La declaración incorpora además otro eje de confrontación con la administración libertaria: la concesión de la Vía Navegable Troncal del sistema Paraguay-Paraná. Para la CGT, ambos procesos responden a una misma lógica de cesión sobre infraestructuras y recursos considerados esenciales para la soberanía económica del país.

La iniciativa oficial no se limita únicamente a modificar el régimen de titularidad de las tierras. También contempla la derogación de la histórica Ley de Zonas de Frontera, vigente desde 1944, que establece restricciones específicas para preservar el dominio nacional sobre áreas consideradas estratégicas, y elimina las limitaciones que actualmente impiden comercializar terrenos afectados por incendios durante largos períodos, una protección concebida para desalentar maniobras especulativas posteriores a los siniestros forestales.

El comunicado sindical incorpora, además, argumentos elaborados por especialistas del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, quienes advierten que varias jurisdicciones del país ya superan los límites previstos por la legislación vigente respecto de la participación extranjera en la propiedad rural. Según esos estudios, una eventual apertura irrestricta del mercado podría incrementar el valor de la tierra, dificultando aún más el acceso para productores nacionales y comunidades locales.

Sobre esa base, la CGT sostiene que la reforma representa un cambio de paradigma en la política territorial argentina y cuestiona que la lógica de mercado sea el único criterio para definir el destino de bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

La central obrera enmarca su posición dentro de una tradición histórica vinculada a la defensa del patrimonio público, la producción y el trabajo. En su declaración afirma que numerosos países mantienen regulaciones destinadas a proteger recursos naturales y territorios sensibles, por lo que considera que la propuesta oficial se aparta de las tendencias internacionales en materia de resguardo soberano.

Lejos de circunscribir el debate al plano jurídico, el documento establece una relación directa entre la propiedad del territorio y las posibilidades de construir un proyecto económico con autonomía productiva. Desde esa perspectiva, sostiene que la disponibilidad de tierras, agua, energía y minerales constituye un componente esencial para garantizar empleo, inversión nacional y desarrollo industrial.

La declaración concluye sintetizando esa mirada en una definición que busca condensar el posicionamiento político de la organización: la defensa de la soberanía territorial aparece inseparable de la defensa del trabajo, mientras que la preservación del trabajo es presentada como una condición indispensable para asegurar el futuro económico y social del país.

Con el tratamiento legislativo nuevamente en el centro de la agenda parlamentaria, el Senado deberá resolver una iniciativa que excede ampliamente el debate sobre la propiedad privada. Lo que comenzará a discutirse en el recinto será, en definitiva, el alcance del control estatal sobre recursos estratégicos y el modelo de inserción que la Argentina pretende asumir en un escenario internacional donde la tierra, el agua, la energía y los minerales se han convertido en algunos de los activos más disputados del siglo XXI.

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Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.

El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.

Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.

Qué pasará con los bancos

La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.

Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.

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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años

La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.

En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.

Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.

Más de 437.000 puestos registrados menos

El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.

La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.

Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.

Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.

La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores

La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.

No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.

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Departamentales

Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.

El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.

En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.

Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.

El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.

Un proyecto de ampliación a futuro

La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.

Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.

La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.

De escuela universitaria a Facultad

El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.

Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.

Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.

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