CONÉCTATE CON NOSOTROS

La administración de Javier Milei impulsa una reforma electoral que tiene como prioridad suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para los próximos comicios presidenciales. La iniciativa combina negociaciones con gobernadores, incentivos para fortalecer acuerdos territoriales y una estrategia destinada a modificar la dinámica de competencia de los principales espacios políticos, en especial de un peronismo que atraviesa uno de sus períodos de mayor fragmentación desde el regreso de la democracia.

Superado el impacto político provocado por la reciente reconfiguración del Gabinete, la Casa Rosada concentra ahora buena parte de su capital político en un objetivo de largo alcance: construir las condiciones institucionales y electorales para sostener el proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.

Dentro de esa arquitectura ocupa un lugar central la reforma del sistema electoral. El oficialismo considera que el esquema vigente de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue concebido y sostiene que su continuidad representa un elevado costo económico y una carga innecesaria para el electorado. Sin embargo, detrás de esa argumentación administrativa también aparece una lectura estrictamente política sobre la forma en que competirán las principales fuerzas nacionales en 2027.

En el entorno presidencial reconocen que la eliminación definitiva de las PASO carece hoy del respaldo parlamentario suficiente. Esa limitación llevó al Gobierno a modificar su estrategia y concentrarse en una alternativa considerada políticamente viable: suspender el mecanismo para las próximas elecciones nacionales, dejando abierta la posibilidad de discutir una reforma permanente en el futuro.

La diferencia no resulta menor. Mientras la derogación definitiva implicaría modificar de manera estructural el sistema de selección de candidaturas, la suspensión ofrece una salida legislativa con mayores posibilidades de reunir consensos entre bloques que mantienen posiciones divergentes respecto del régimen electoral.

El oficialismo interpreta que esa alternativa puede obtener respaldo tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados. En esa construcción adquieren protagonismo los gobernadores, convertidos una vez más en actores decisivos para cualquier reforma de alcance institucional.

Las conversaciones entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales giran alrededor de un esquema que permitiría articular acuerdos electorales sin afectar las identidades locales. Según distintas fuentes políticas, una de las herramientas analizadas contempla mecanismos similares a las tradicionales listas colectoras, una ingeniería que facilitaría acompañamientos provinciales a la candidatura presidencial libertaria preservando las estrategias territoriales de cada distrito.

La negociación excede el debate sobre las PASO. También incorpora la discusión presupuestaria, un aspecto que otorga a los mandatarios provinciales un margen adicional de influencia durante el tratamiento parlamentario de la reforma.

En la conducción libertaria consideran que la modificación del sistema de primarias alteraría significativamente la dinámica opositora, particularmente dentro del peronismo, donde conviven múltiples liderazgos sin una conducción nacional consolidada. La ausencia de una instancia obligatoria para ordenar candidaturas podría trasladar las disputas internas al armado de listas, profundizando las tensiones entre gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes nacionales.

No obstante, esa lectura no es compartida por todos los sectores políticos. Dentro del PRO persisten diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una suspensión de las primarias. Algunos dirigentes sostienen que el mecanismo continúa siendo una herramienta útil para legitimar liderazgos, promover la renovación partidaria y evitar que las candidaturas queden exclusivamente sujetas a acuerdos entre las conducciones políticas.

Esa posición fue sintetizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, quien admitió que existen fundamentos atendibles tanto para revisar el funcionamiento actual del sistema como para preservar un instrumento que permitió ordenar la competencia interna de las principales fuerzas durante la última década. Como alternativa, propuso analizar un modelo de primarias voluntarias que otorgue a cada partido la posibilidad de decidir si recurre o no a ese mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

La discusión, en consecuencia, trasciende el calendario electoral. Lo que comienza a debatirse es el modelo de competencia política que regirá durante los próximos años y la forma en que los partidos construirán sus liderazgos en una etapa marcada por la fragmentación del sistema político y el debilitamiento de las estructuras tradicionales.

Para el oficialismo, la suspensión de las PASO constituye una pieza relevante dentro de un plan orientado a consolidar el liderazgo presidencial y ampliar su base de sustentación territorial mediante acuerdos con gobernadores y sectores provinciales. Para la oposición, en cambio, la iniciativa abre interrogantes sobre el equilibrio institucional y las reglas que ordenan la competencia democrática.

Con el tratamiento parlamentario previsto para los próximos meses, la discusión electoral comienza a convertirse en un pilar fundamental de la administración nacional. Lo que finalmente resuelva el Congreso no solo definirá cómo se elegirán los candidatos en 2027: también condicionará la configuración de alianzas, el reparto del poder territorial y el escenario sobre el cual se librará la próxima disputa por la Presidencia de la Nación.

destacada

Feriado del lunes 23: cómo funcionarán el comercio, los bancos y el transporte en San Juan

Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, el próximo lunes habrá modificaciones en la actividad de distintos servicios. Los comercios permanecerán cerrados, las entidades bancarias no atenderán al público y los colectivos circularán con frecuencias reducidas.

El próximo lunes 23 de noviembre, San Juan tendrá una jornada de actividad limitada por el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La medida, que trasladó la conmemoración del 20 de noviembre, modificará el funcionamiento del comercio, los bancos, las escuelas y el transporte público durante el fin de semana largo.

Según informó la Cámara de Comercio y Servicios, los locales comerciales de la provincia permanecerán cerrados durante toda la jornada del lunes y retomarán su atención habitual el martes 24. De esta manera, quienes necesiten realizar compras, gestiones o trámites presenciales deberán anticipar sus actividades y tener en cuenta la interrupción de la atención al público.

Qué pasará con los bancos

La actividad bancaria también quedará suspendida durante el feriado. Las entidades financieras no abrirán sus puertas ni brindarán atención presencial, por lo que las operaciones que requieran concurrir a una sucursal deberán realizarse antes o después de esa fecha.

Los canales electrónicos, como las aplicaciones bancarias, el home banking y los cajeros automáticos, continuarán disponibles para las operaciones habilitadas por cada entidad.
En el ámbito educativo, las escuelas permanecerán cerradas durante el lunes, en consonancia con el calendario del feriado nacional.

Cómo funcionará el transporte público

El servicio de colectivos de la Red Tulum circulará con frecuencias reducidas, de acuerdo con el esquema previsto para los días feriados. Por ese motivo, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera y consultar los horarios disponibles antes de trasladarse.

Continúe Leyendo

destacada

El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años

La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.

En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.

Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.

Más de 437.000 puestos registrados menos

El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.

La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.

Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.

Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas

La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.

Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.

La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores

La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.

No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.

Continúe Leyendo

Departamentales

Ciencias de la Salud seguirá en Albardón y ampliará su infraestructura académica

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanzará con la consolidación de su sede de Ciencias de la Salud en Albardón, donde comenzará el próximo martes la construcción de dos nuevas aulas destinadas a fortalecer la infraestructura académica y acompañar el crecimiento de su oferta educativa, incluida la carrera de Medicina.

El decano Ángel Pinto confirmó que el edificio ya pertenece formalmente a la universidad, luego de la cesión concretada por el Gobierno provincial. La definición despeja la continuidad institucional de la sede en ese departamento y permite proyectar nuevas inversiones sobre un inmueble que se convertirá en el espacio definitivo de funcionamiento de la unidad académica.

En declaraciones a la prensa, Pinto explicó que las primeras intervenciones se realizarán en la parte posterior del predio y estarán financiadas con recursos propios de la institución. El proyecto contempla dos aulas híbridas, diseñadas para responder a distintas modalidades de enseñanza y a las necesidades de las carreras que actualmente se dictan en el establecimiento.

Una de ellas tendrá capacidad para 35 estudiantes y estará especialmente adaptada al trabajo grupal previsto en Medicina, carrera que cuenta con un cupo de 50 ingresantes. La segunda dispondrá de espacio para 80 personas y tendrá una estructura flexible, con la posibilidad de dividirse para desarrollar actividades simultáneas o adecuarse a diferentes requerimientos pedagógicos.

El decano reconoció que el año estuvo atravesado por dificultades presupuestarias que impactaron sobre el funcionamiento universitario, tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aseguró que los recursos para esta primera etapa de construcción ya están garantizados, lo que permitirá iniciar los trabajos sin depender de nuevas partidas externas.

Un proyecto de ampliación a futuro

La planificación edilicia no se limitará a las dos aulas que comenzarán a construirse. Detrás de la biblioteca Cecilia Grierson, uno de los sectores más recientes del establecimiento, la universidad ya cuenta con un proyecto aprobado por Planeamiento y Desarrollo Urbano para levantar un nuevo bloque de espacios académicos.

Según adelantó Pinto, el próximo paso será gestionar el financiamiento necesario para concretar esa segunda etapa. La iniciativa responde al crecimiento de la matrícula, la diversificación de las propuestas de formación y las demandas de infraestructura que genera la incorporación de nuevas carreras.

La ampliación adquiere particular relevancia por el desarrollo de Medicina, pero también contempla las necesidades del resto de la oferta académica. El objetivo es disponer de instalaciones que permitan sostener la expansión institucional y mejorar las condiciones de cursado, investigación y formación profesional.

De escuela universitaria a Facultad

El afianzamiento de la sede en Albardón acompaña un cambio institucional profundo. Por unanimidad, la Asamblea Universitaria convirtió la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en Facultad, un paso que valida el desarrollo de esta unidad académica dentro de la UNSJ.

Pinto valoró el respaldo de los representantes universitarios y destacó que la resolución fue acompañada por la totalidad de los asambleístas, luego de haber sido tratada previamente en el Consejo correspondiente. Para el decano, el nuevo estatus institucional refleja una dimensión académica y territorial que ya excedía las características de una escuela universitaria.

Actualmente, Ciencias de la Salud dicta cinco carreras de grado, desarrolla diplomaturas y propuestas de posgrado, impulsa proyectos de investigación y mantiene actividades de extensión en distintos puntos de la provincia. Su presencia alcanza localidades de los valles sanjuaninos, con iniciativas en Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

El crecimiento de la demanda de formación sanitaria también fue señalado por Pinto como un factor determinante en esta evolución. El decano vinculó la expansión de las carreras con el mayor protagonismo que adquirieron las profesiones de la salud después de la pandemia, un proceso que incrementó el interés por la capacitación y la formación de nuevos profesionales.

Continúe Leyendo

Tendencias