La batalla por las PASO abre una nueva etapa en la disputa por el poder de cara a 2027

La administración de Javier Milei impulsa una reforma electoral que tiene como prioridad suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para los próximos comicios presidenciales. La iniciativa combina negociaciones con gobernadores, incentivos para fortalecer acuerdos territoriales y una estrategia destinada a modificar la dinámica de competencia de los principales espacios políticos, en especial de un peronismo que atraviesa uno de sus períodos de mayor fragmentación desde el regreso de la democracia.

Superado el impacto político provocado por la reciente reconfiguración del Gabinete, la Casa Rosada concentra ahora buena parte de su capital político en un objetivo de largo alcance: construir las condiciones institucionales y electorales para sostener el proyecto libertario más allá del actual mandato presidencial.

Dentro de esa arquitectura ocupa un lugar central la reforma del sistema electoral. El oficialismo considera que el esquema vigente de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dejó de cumplir los objetivos para los cuales fue concebido y sostiene que su continuidad representa un elevado costo económico y una carga innecesaria para el electorado. Sin embargo, detrás de esa argumentación administrativa también aparece una lectura estrictamente política sobre la forma en que competirán las principales fuerzas nacionales en 2027.

En el entorno presidencial reconocen que la eliminación definitiva de las PASO carece hoy del respaldo parlamentario suficiente. Esa limitación llevó al Gobierno a modificar su estrategia y concentrarse en una alternativa considerada políticamente viable: suspender el mecanismo para las próximas elecciones nacionales, dejando abierta la posibilidad de discutir una reforma permanente en el futuro.

La diferencia no resulta menor. Mientras la derogación definitiva implicaría modificar de manera estructural el sistema de selección de candidaturas, la suspensión ofrece una salida legislativa con mayores posibilidades de reunir consensos entre bloques que mantienen posiciones divergentes respecto del régimen electoral.

El oficialismo interpreta que esa alternativa puede obtener respaldo tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados. En esa construcción adquieren protagonismo los gobernadores, convertidos una vez más en actores decisivos para cualquier reforma de alcance institucional.

Las conversaciones entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales giran alrededor de un esquema que permitiría articular acuerdos electorales sin afectar las identidades locales. Según distintas fuentes políticas, una de las herramientas analizadas contempla mecanismos similares a las tradicionales listas colectoras, una ingeniería que facilitaría acompañamientos provinciales a la candidatura presidencial libertaria preservando las estrategias territoriales de cada distrito.

La negociación excede el debate sobre las PASO. También incorpora la discusión presupuestaria, un aspecto que otorga a los mandatarios provinciales un margen adicional de influencia durante el tratamiento parlamentario de la reforma.

En la conducción libertaria consideran que la modificación del sistema de primarias alteraría significativamente la dinámica opositora, particularmente dentro del peronismo, donde conviven múltiples liderazgos sin una conducción nacional consolidada. La ausencia de una instancia obligatoria para ordenar candidaturas podría trasladar las disputas internas al armado de listas, profundizando las tensiones entre gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes nacionales.

No obstante, esa lectura no es compartida por todos los sectores políticos. Dentro del PRO persisten diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una suspensión de las primarias. Algunos dirigentes sostienen que el mecanismo continúa siendo una herramienta útil para legitimar liderazgos, promover la renovación partidaria y evitar que las candidaturas queden exclusivamente sujetas a acuerdos entre las conducciones políticas.

Esa posición fue sintetizada por el diputado nacional Cristian Ritondo, quien admitió que existen fundamentos atendibles tanto para revisar el funcionamiento actual del sistema como para preservar un instrumento que permitió ordenar la competencia interna de las principales fuerzas durante la última década. Como alternativa, propuso analizar un modelo de primarias voluntarias que otorgue a cada partido la posibilidad de decidir si recurre o no a ese mecanismo para seleccionar a sus candidatos.

La discusión, en consecuencia, trasciende el calendario electoral. Lo que comienza a debatirse es el modelo de competencia política que regirá durante los próximos años y la forma en que los partidos construirán sus liderazgos en una etapa marcada por la fragmentación del sistema político y el debilitamiento de las estructuras tradicionales.

Para el oficialismo, la suspensión de las PASO constituye una pieza relevante dentro de un plan orientado a consolidar el liderazgo presidencial y ampliar su base de sustentación territorial mediante acuerdos con gobernadores y sectores provinciales. Para la oposición, en cambio, la iniciativa abre interrogantes sobre el equilibrio institucional y las reglas que ordenan la competencia democrática.

Con el tratamiento parlamentario previsto para los próximos meses, la discusión electoral comienza a convertirse en un pilar fundamental de la administración nacional. Lo que finalmente resuelva el Congreso no solo definirá cómo se elegirán los candidatos en 2027: también condicionará la configuración de alianzas, el reparto del poder territorial y el escenario sobre el cual se librará la próxima disputa por la Presidencia de la Nación.