El FreSU denunció una pérdida histórica del poder adquisitivo y exigió recomponer salarios

El Frente de Sindicatos Unidos aseguró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse cerca de los 2,9 millones de pesos para garantizar condiciones de vida acordes a lo establecido por la Constitución y la legislación laboral. El espacio sindical denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y advirtió sobre el creciente deterioro social entre trabajadores públicos y privados.

El debate salarial volvió a ocupar el centro de la escena política y sindical luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundiera un duro informe sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina y reclamara una actualización drástica del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el documento elaborado por el espacio gremial, un trabajador argentino necesitaría actualmente ingresos cercanos a los 2,9 millones de pesos mensuales para cubrir adecuadamente las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera ampliamente el salario mínimo vigente, fue presentada como una muestra de la profundidad de la crisis social que atraviesan amplios sectores asalariados.

Desde el FreSU sostuvieron que el ingreso mínimo legal quedó completamente desfasado respecto del costo real de vida y denunciaron que hoy representa apenas una fracción de lo necesario para garantizar condiciones dignas de subsistencia. El espacio sindical calificó al salario mínimo actual como “el más bajo de la historia argentina” y vinculó esa situación con la política económica aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La presentación del informe no fue un gesto aislado. Formó parte de una estrategia más amplia del sindicalismo combativo para reposicionar la discusión salarial en medio de un escenario signado por paritarias condicionadas, caída del consumo y creciente pérdida de capacidad adquisitiva.

El FreSU, integrado por alrededor de 140 organizaciones sindicales de distintas corrientes gremiales, sostiene que la pérdida acumulada de ingresos desde diciembre de 2023 ya alcanzó niveles históricos. Según sus estimaciones, los trabajadores argentinos resignaron más de 62 billones de pesos durante el actual período de gobierno.

La organización desagregó además el impacto sobre distintos sectores laborales. En el ámbito privado, calcularon que cada asalariado perdió en promedio más de 2,3 millones de pesos acumulados, mientras que entre trabajadores estatales la caída superó los 12,7 millones por persona.

El estudio expone una radiografía particularmente severa sobre la situación social de los asalariados formales, un segmento que históricamente funcionó como núcleo de estabilidad económica dentro del mercado interno argentino y que hoy aparece crecientemente afectado por el deterioro de ingresos y el endeudamiento doméstico.

“El salario ya no alcanza para cubrir necesidades elementales y muchas familias deben endeudarse para sostener gastos cotidianos”, señalaron desde el frente sindical al justificar la magnitud del reclamo.

Para establecer cuál debería ser el verdadero Salario Mínimo, Vital y Móvil, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades fundamentales contempladas en la legislación laboral argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los componentes incluidos aparecen alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión social, recreación y vacaciones. Según el detalle difundido por la organización, sólo la cobertura alimentaria demandaría más de 648 mil pesos mensuales, mientras que el acceso a vivienda rondaría los 568 mil pesos.

A eso se suman gastos vinculados a salud, educación y movilidad, además de partidas destinadas al esparcimiento y al descanso anual, conceptos históricamente contemplados dentro de la definición jurídica de salario vital y móvil, aunque crecientemente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.

El documento también buscó recuperar una discusión de fondo alrededor del sentido constitucional del salario. Para el FreSU, la política salarial actual desnaturaliza principios básicos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Contrato de Trabajo, que definen al salario mínimo como una herramienta destinada a garantizar bienestar integral y no únicamente supervivencia básica.

La difusión del informe coincidió además con un momento de creciente reorganización dentro de sectores gremiales enfrentados al rumbo económico del Gobierno nacional. El pasado 1° de Mayo, el FreSU realizó su primer plenario nacional de delegados y delegadas, donde aprobó el programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”.

Allí confluyen organizaciones de fuerte peso dentro del sindicalismo argentino, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Trabajadores Aceiteros, además de numerosas estructuras sindicales regionales y sectoriales.

La aparición de este espacio refleja también un fenómeno más amplio dentro del universo gremial: el crecimiento de sectores que reclaman posturas más confrontativas frente al ajuste económico y cuestionan la moderación de parte de la dirigencia sindical tradicional.

Mientras el Gobierno insiste en que la desaceleración inflacionaria representa el principal indicador de estabilización económica, desde el sindicalismo combativo advierten que la caída de precios relativos no se traduce en recuperación del ingreso ni mejora concreta en las condiciones de vida.

El planteo del FreSU vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente en un país donde los salarios corren permanentemente detrás del costo de vida. La distancia entre los ingresos reales y las necesidades básicas aparece hoy como uno de los principales focos de conflictividad social, en una etapa donde el equilibrio macroeconómico convive con un profundo deterioro del poder adquisitivo y un aumento progresivo del mercado interno.