La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.

En vísperas de la renovación parlamentaria que ampliará la representación de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado, el Gobierno nacional encara una nueva ola de reclamos y denuncias por inconstitucionalidad. Se trata de la decisión del Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de tres leyes claves: la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan.

El argumento oficial, según plantearon los funcionarios ante la Comisión de Presupuesto, es que las normas “no contaban con fuentes de financiamiento definidas”. Sin embargo, desde distintos sectores —académicos, sanitarios y sociales— se sostiene que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender la ejecución de una ley ya sancionada y promulgada por el Congreso, lo que configura una vulneración del principio de división de poderes y del Estado de Derecho.

Universidades en pie judicial

Durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron que el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal del 17,6% en inversión educativa, lo que implicaría un incremento real del 7%, con una inflación proyectada del 10,1%. En el caso del sistema universitario, anticiparon un incremento “del 10% en términos reales” y aseguraron que “las universidades podrán cubrir sus necesidades básicas”.

No obstante, ambos funcionarios ratificaron que el Gobierno mantendrá suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar “ilegal” aplicar una norma sin respaldo presupuestario explícito.

Frente a esa postura, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —junto a 49 universidades nacionales— presentó un amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal, solicitando el cumplimiento inmediato de la ley y una medida cautelar que obligue al Ejecutivo a destrabar los fondos.

El abogado patrocinante, Pablo Manili, calificó la situación de “inédita en la historia argentina” y advirtió:

“Es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada. El presidente tiene una sola facultad: promulgar y cumplir. No puede suspender ni revisar el contenido de la ley”.

Según el reclamo judicial, las universidades públicas operan con presupuestos congelados desde 2023, lo que implicó una pérdida del 80% de poder de financiamiento y del 40% en los salarios docentes, generando una crisis funcional sin precedentes en el sistema educativo superior.

Discapacidad: una emergencia postergada

Una situación similar atraviesan las organizaciones de discapacidad. Tras suspender la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno buscó descomprimir el conflicto con un aumento del 30 al 35% para los prestadores del sector, escalonado hasta diciembre. La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Pese a ello, gremios, familiares y entidades de atención directa sostienen que el incremento es insuficiente frente a la inflación acumulada y el atraso del nomenclador nacional, congelado desde diciembre pasado. Las protestas se multiplicaron en todo el país con pedidos de cumplimiento integral de la ley y actualización real de los aranceles.

Salud: parches y reasignaciones

En el área sanitaria, el Gobierno aplicó la misma lógica: mientras mantiene suspendida la Ley Garrahan, dispuso por Decisión Administrativa 29/2025 un refuerzo presupuestario de 196 mil millones de pesos para hospitales de alta complejidad —entre ellos el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Néstor Kirchner y el Hospital de Cuenca Alta—. Sin embargo, esos fondos provienen de reasignaciones internas, lo que implica recortes en otras áreas y no un aumento genuino de la inversión en salud.

El conflicto alcanzó un punto crítico este viernes, cuando trabajadores del Hospital Garrahan ocuparon la Dirección del establecimiento en protesta por descuentos salariales considerados ilegales y exigieron la renuncia del interventor Mariano Pirozzo y del Consejo de Administración.

“Son lo peor que le pasó al Garrahan. Cada minuto que siguen al frente, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, denunciaron los trabajadores en un comunicado.

Durante el 3° Encuentro de Mujeres Trabajadoras realizado en la CGT San Juan, referentes nacionales como Marina Jaureguiberry, Maia Volcovinsky y Paula Martínez reclamaron mayor representación femenina en los espacios de conducción sindical. El pedido llega en vísperas de la renovación de autoridades de la central obrera y expone una deuda estructural del movimiento obrero con la igualdad de género.

El sindicalismo argentino atraviesa una etapa de redefinición interna. A pocos días de que la Confederación General del Trabajo (CGT) elija una nueva conducción, un grupo de dirigentas nacionales levantó la voz para plantear un reclamo que ya no puede ser postergado: la participación efectiva de las mujeres en la estructura de poder del movimiento obrero.

El 3° Encuentro de Mujeres, reunió a decenas de delegadas sindicales de distintos puntos del país. La jornada estuvo encabezada por tres figuras de peso: Marina Jaureguiberry, del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); Maia Volcovinsky, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); y Paula Martínez, de la UOCRA. Todas coincidieron en un punto: la CGT necesita una conducción que refleje la diversidad del mundo laboral actual, donde las mujeres ya no son minoría, pero siguen sin ocupar los principales puestos de decisión.

“Tenemos muchas secretarias generales en todo el país, pero están invisibilizadas. Queremos compañeras en los máximos cargos de conducción y con poder real para decidir”, sostuvo Jaureguiberry, en una frase que sintetizó la demanda colectiva. El planteo va más allá de la representación simbólica: se trata de acceder al núcleo donde se definen las políticas, las estrategias gremiales y las alianzas de poder.

Durante la jornada se discutieron las brechas laborales y sindicales que persisten a pesar de los avances en la agenda de género. Las oradoras destacaron la necesidad de incorporar una mirada transversal sobre las desigualdades, no solo en la distribución de cargos, sino también en las condiciones de trabajo, los salarios y el reconocimiento de las tareas de cuidado. Recordaron que, durante la pandemia, las mujeres sostuvieron sectores esenciales —salud, educación, asistencia comunitaria— sin recibir un reconocimiento proporcional.

En uno de los pasajes más destacados del encuentro, Paula Martínez, representante de UOCRA Mujeres, abordó la transformación de sectores históricamente masculinizados. “La construcción sigue siendo un espacio dominado por varones, pero las mujeres siempre estuvieron ahí, solo que nadie las veía. Hoy empezamos a ocupar lugares y a organizarnos para cambiar esa cultura desde adentro”, afirmó. Su reflexión marcó un punto clave: la inclusión no se decreta, se conquista en el terreno y se consolida con formación, presencia y persistencia.

Por su parte, Maia Volcovinsky apeló a una idea de sindicalismo renovado: “La participación no se impone desde un estrado; se construye desde la confianza y la horizontalidad. Si queremos debatir el país que viene, necesitamos que las mujeres estén en esa mesa”. Su mirada aportó una lectura política de fondo: sin una reforma cultural dentro del movimiento obrero, no habrá paridad genuina, y las conquistas formales seguirán siendo parciales.

El reclamo no se da en el vacío. Llega en un contexto en el que la CGT se prepara para elegir nuevas autoridades el 5 de noviembre, tras la decisión de los actuales secretarios generales —Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello— de no buscar la reelección. Ese recambio abre una oportunidad inédita para revisar la composición de la conducción y dar lugar a una dirigencia más representativa del nuevo mapa laboral argentino.

La cuestión de género en el sindicalismo no es solo un tema de justicia interna: es también un desafío estratégico. El rol de las mujeres trabajadoras en la economía, en el sector público y privado, en la industria y los servicios, creció de manera sostenida en las últimas décadas. Sin embargo, las estructuras gremiales continúan respondiendo a una lógica vertical y masculina, heredera de un tiempo donde la representación obrera era casi exclusivamente masculina.

El debate abierto en San Juan excede los límites del sindicalismo: interpela a toda la estructura de poder del país. Las mujeres de la CGT no reclaman un gesto simbólico, sino un cambio cultural que democratice la toma de decisiones y refleje la pluralidad del movimiento obrero.

A medida que la central sindical se encamina hacia una nueva etapa, el reclamo por la igualdad de género deja de ser una demanda sectorial y se convierte en un test de modernidad institucional.

El futuro de la CGT —y del sindicalismo argentino— dependerá, en gran parte, de su capacidad para incorporar esa diversidad sin perder cohesión ni fuerza política.
En definitiva, el desafío no es solo abrir espacios, sino redefinir el poder desde una perspectiva más justa, inclusiva y representativa.