El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el Municipio de Capital y la Unión Vecinal del barrio Frondizi iniciaron un operativo conjunto para regularizar la situación dominial de unas 500 viviendas. La iniciativa contempla asesoramiento personalizado, visitas domiciliarias y acompañamiento integral para que las familias puedan obtener el título de propiedad después de casi 30 años de espera.

La regularización dominial de unas 500 viviendas del barrio Frondizi comenzó a tomar impulso con un trabajo coordinado con una iniciativa que busca resolver un reclamo sostenido durante décadas y otorgar seguridad jurídica a cientos de familias.

El operativo se puso en marcha con una reunión informativa realizada en la Escuela Arturo Frondizi, donde técnicos del IPV explicaron el procedimiento administrativo, los requisitos documentales y las etapas que deberán cumplir los adjudicatarios para acceder a la escritura definitiva de sus inmuebles.

La iniciativa continuará con un amplio despliegue territorial. Equipos técnicos recorrerán el barrio casa por casa para relevar la situación de cada grupo familiar, informar sobre la documentación necesaria y brindar orientación personalizada. Posteriormente, se habilitarán jornadas de atención en la sede de la Unión Vecinal, donde los interesados podrán presentar la documentación requerida y resolver consultas específicas.

Desde el IPV señalaron que cada expediente será evaluado de manera individual debido a las particularidades jurídicas y administrativas que presenta cada vivienda. El organismo garantizó que el acompañamiento se mantendrá hasta completar la escrituración definitiva, procurando reducir demoras y facilitar la regularización de cada caso.

La obtención del título de propiedad representa mucho más que un trámite administrativo. La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble, brinda seguridad jurídica, facilita el acceso al crédito, incrementa el valor patrimonial de la vivienda y permite transmitir el bien mediante herencia o venta con plena validez legal.

En Argentina, la regularización dominial se ha convertido en una política pública de relevancia para consolidar el derecho a la vivienda y fortalecer la integración urbana. Diversos programas impulsados por provincias y municipios buscan resolver situaciones de ocupación histórica o adjudicaciones que, pese al transcurso de los años, nunca concluyeron con la entrega del título de propiedad.

San Juan comenzó el receso invernal con indicadores que superaron las previsiones oficiales y consolidó al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial durante el fin de semana extralargo. La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70,2%, con una permanencia media de tres noches y un impacto económico cercano a los $3.000 millones.

La principal novedad fue el liderazgo de Valle Fértil, que registró un 85% de ocupación y desplazó a Calingasta, tradicional referente de la temporada invernal. El atractivo permanente del Parque Provincial Ischigualasto, combinado con una agenda de celebraciones populares y propuestas de naturaleza, convirtió al departamento del este sanjuanino en el destino con mayor demanda.

Detrás se ubicó Iglesia, con un 80% de ocupación, mientras que Calingasta alcanzó el 68%, completando el podio de los destinos más elegidos por quienes llegaron a la provincia durante el comienzo de las vacaciones.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, destacó que uno de los datos más relevantes fue la extensión de la estadía de los visitantes, un factor que multiplica el consumo en hotelería, gastronomía, comercios y servicios, ampliando el impacto sobre las economías locales.

El buen desempeño también estuvo impulsado por una agenda deportiva de alcance nacional e internacional. La presentación de Los Pumas frente a Gales y una fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que reunió a más de 150 pilotos, incrementaron la demanda de alojamiento, especialmente en el Gran San Juan, y atrajeron visitantes de distintos puntos del país.

La presencia de simpatizantes galeses aportó además un componente internacional al movimiento turístico. Muchos aprovecharon su permanencia para recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, entre ellos la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, ampliando el circuito tradicional vinculado al turismo de naturaleza.

Las cifras también reflejaron un flujo sostenido de viajeros provenientes de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, que eligieron propuestas recreativas en espacios como el Dique Punta Negra y la Quebrada de Zonda, dos de los sitios más concurridos durante el fin de semana.

Las reservas iniciales proyectaban una ocupación cercana al 62%, aunque el ingreso de turistas sobre la fecha permitió superar ampliamente esa estimación y cerrar la primera etapa del receso con registros superiores a los previstos.

De cara a las próximas semanas, las expectativas oficiales permanecen enfocadas en la llegada de visitantes desde la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, los mercados emisores de mayor peso para San Juan. A ello se sumará la realización de la Fiesta Provincial del Chivo, en La Majadita, un encuentro que podría consolidar el liderazgo de Valle Fértil y sostener el ritmo de la temporada, ratificando la creciente capacidad de la provincia para combinar patrimonio natural, grandes acontecimientos y propuestas culturales como polos de atracción patrimonial o como focos de interés histórico.

El Acuerdo General Nº 63 oficializó promociones y designaciones en distintas áreas del Poder Judicial de San Juan con vigencia desde el 1 de julio. La resolución comprende 27 categorías, incorpora nuevos responsables en puestos estratégicos y fue suscripta por todos los integrantes de la Corte de Justicia junto al fiscal General.

La Corte de Justicia de San Juan aprobó una de las mayores reorganizaciones internas de personal del año al disponer una amplia nómina de ascensos y designaciones que alcanzan a funcionarios y empleados de distintas dependencias del Poder Judicial. La medida quedó plasmada en el Acuerdo General Nº 63, firmado el 30 de junio, y establece la cobertura de vacantes en áreas consideradas clave para el funcionamiento de la administración de justicia.

Entre las designaciones de mayor relevancia figura la de Jorge Albarracín como secretario Relator de la Fiscalía General, una función de alta responsabilidad técnica dentro del Ministerio Público Fiscal, desde donde se brinda asistencia jurídica y se interviene en causas de especial complejidad.

La resolución también contempla promociones a cargos de secretarios letrados de la Corte, prosecretarios, secretarios de Cámara, secretarios de Fiscalía de Cámara, jefes del Área Legal y Técnica, secretarios de Primera Instancia, secretarios del Ministerio Público, secretarios de Paz Letrado y otras responsabilidades distribuidas en distintas jurisdicciones y fueros. Asimismo, alcanza a funciones administrativas, técnicas y de apoyo, reflejando una reestructuración de alcance transversal dentro de la organización judicial.

En los fundamentos del acuerdo, el máximo tribunal sostuvo que las promociones responden a la necesidad de cubrir vacantes existentes y fueron definidas tras evaluar los antecedentes, la trayectoria y el desempeño de quienes resultaron seleccionados para ocupar los nuevos cargos. Todas las designaciones comenzaron a regir a partir del 1 de julio de 2026.

Durante los días previos a la publicación de la resolución habían circulado distintas versiones sobre el alcance de las promociones y la fecha de aprobación del acuerdo. Finalmente, la Corte avanzó con la formalización del procedimiento mediante las notificaciones individuales remitidas por correo electrónico a cada uno de los funcionarios y empleados alcanzados por la medida.

Entre los nombres incluidos en la nómina figura Victoria Eugenia De Sanctis Sánchez, promovida al cargo de prosecretaria auxiliar. La funcionaria desarrolla su carrera dentro del Poder Judicial y es hija del ministro de la Corte Guillermo Horacio De Sanctis, uno de los integrantes del máximo tribunal que suscribió el acuerdo junto al presidente Daniel Olivares Yapur y los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto y Marcelo Lima. El documento también lleva la firma del fiscal General Guillermo Baigorrí.

Por su alcance, la decisión constituye una de las principales reorganizaciones de recursos humanos impulsadas por la Corte de Justicia durante 2026. La cobertura de cargos jerárquicos y funciones técnicas busca fortalecer la estructura operativa del Poder Judicial en un momento en que la demanda sobre el servicio de justicia exige mayor capacidad de respuesta administrativa y jurisdiccional, al tiempo que vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de selección y promoción del personal dentro de uno de los poderes del Estado.