Con la renovación legislativa del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados incorporará a una serie de dirigentes sindicales —electos, reelectos y con mandato vigente— que serán actores clave en el debate de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Desde el histórico peso de la CGT hasta las expresiones de la CTA y la izquierda, el mapa gremial se reconfigura en el Congreso en medio de un clima de inestabilidad social y política.

A partir del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación volverá a tener un núcleo sindical con peso propio. La nueva composición legislativa, surgida de las elecciones de este domigo 26 de octubre, combina figuras experimentadas con nuevas incorporaciones, y será determinante en el debate sobre la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei planea impulsar como una de las piedras angulares de su programa económico.

La provincia de Buenos Aires vuelve a ser el principal bastión del sindicalismo parlamentario. Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad, retiene su banca por Fuerza Patria y consolida su rol como una de las voces más firmes en la defensa de los derechos laborales. Junto a ella, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria, renovará su mandato tras haber sido uno de los principales opositores a la privatización del Banco Nación y a las políticas de liberalización financiera.

La sorpresa de la elección bonaerense fue el ingreso de Hugo Moyano (h), abogado laboralista y secretario de Asuntos Jurídicos de Camioneros, quien debutará en el Congreso bajo el sello del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Su llegada marca el regreso formal del apellido Moyano al Parlamento, y proyecta una articulación directa con el núcleo de poder de la CGT en el escenario legislativo.

A ellos se suman Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, que iniciará su tercer mandato consecutivo, y Romina Del Plá, docente y referente de SUTEBA, quien revalidó su banca por el Partido Obrero, reforzando la presencia de la izquierda sindical en la Cámara baja. Con estos nombres, la provincia de Buenos Aires aporta una bancada heterogénea pero con fuerte impronta gremial, capaz de incidir en las comisiones clave donde se discutan los proyectos laborales.

En este sentido, varios dirigentes sindicales mantendrán su mandato hasta 2027, aportando continuidad y experiencia en los bloques opositores y aliados. Entre ellos figuran Carlos Cisneros (Tucumán, Bancarios), José Gómez (Santiago del Estero, Luz y Fuerza) y Mario Manrique (Buenos Aires, SMATA), todos de Unión por la Patria. Por fuera de ese espacio, Pablo Ansaloni, con pasado en UATRE y hoy alineado a La Libertad Avanza, y Jorge Antonio Ávila, de los Petroleros Privados de Chubut, completan un cuadro sindical transversal que cruza oficialismo y oposición.

Sin embargo, la renovación también deja nombres en el camino. Pablo Carro (CTA Córdoba) y Alejandro Vilca (PTS-FIT) no lograron revalidar sus bancas, mientras que otros referentes, como Daniel “Tano” Catalano, Oscar “Colo” De Isasi y Carlos “Toro” Ortega, quedaron relegados en la lista bonaerense de Fuerza Patria. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el sindicalista Marcelo Peretta volvió a quedar en los márgenes con apenas el 0,20% de los votos.

El nuevo esquema legislativo revela un sindicalismo plural, fragmentado y con estrategias diversas. Las distintas expresiones del movimiento obrero —peronistas, autónomas y de izquierda— se preparan para intervenir en un debate que promete ser uno de los más ásperos de la nueva gestión. La reforma laboral propuesta por Milei apunta a flexibilizar convenios, ampliar los períodos de prueba y modificar las indemnizaciones, ejes que encuentran resistencia tanto en las centrales tradicionales como en las expresiones más combativas del sindicalismo.

Un informe de la Fundación Pro Tejer advierte que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron 380 empresas y se destruyeron 11.500 empleos en el sector textil, indumentaria, calzado y cuero. La caída del consumo interno, la apreciación del peso y la liberalización de importaciones provocaron una contracción histórica en la producción nacional.

El documento detalla que la mayoría de las firmas afectadas son compañías medianas o familiares, muchas de ellas dedicadas a la confección de indumentaria o a la fabricación de calzado, segmentos tradicionalmente intensivos en mano de obra y con fuerte arraigo territorial. La combinación de caída del consumo interno, atraso cambiario y apertura indiscriminada de importaciones provocó un colapso en la cadena de valor textil.

De acuerdo con el informe, la producción de textiles y prendas de vestir se contrajo un 14,5% en relación con el mismo período de 2023. La utilización de la capacidad instalada se encuentra en niveles mínimos históricos, reflejo de un sistema productivo paralizado por la falta de demanda y la competencia externa.

En simultáneo, las importaciones de bienes crecieron un 32% interanual en los primeros ocho meses de 2025, alcanzando un récord absoluto en volumen textil, con precios FOB por kilogramo en su nivel más bajo desde 2015. Esto se explica, en parte, por la llegada masiva de productos asiáticos y el ingreso de 14.000 nuevos importadores, lo que representa un aumento del 38% frente a 2024.

La reducción arancelaria aplicada sobre la cadena textil e indumentaria tuvo un costo fiscal estimado en 120 millones de dólares, según la fundación. Para Pro Tejer, la política de rebajas unilaterales de aranceles sin medidas compensatorias agravó el deterioro de la rentabilidad y la competitividad del sector.

El informe advierte, además, que esta dinámica contribuyó a un mayor déficit externo, evidenciado por un rojo de 6.327 millones de dólares en turismo y una formación de activos externos que ya supera los 14.200 millones de dólares, cifra comparable con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el mismo período.

En términos de empleo, el estudio señala que el trabajo asalariado privado total cayó un 2% entre diciembre de 2023 y junio de 2025. Solo la industria manufacturera perdió 33.400 puestos, de los cuales más de un tercio corresponden al sector textil, indumentaria, calzado y cuero. La cifra equivale a una contracción del 10% del empleo industrial en ese rubro.

Desde la fundación, remarcan que la crisis actual no solo amenaza a las empresas, sino también a las economías regionales y los talleres familiares, pilares de la producción nacional. En distintas provincias —como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Rioja— ya se registran parques industriales semivacíos y cadenas de valor fragmentadas.

La fotografía que deja el informe de Pro Tejer revela una alerta estructural: sin una política industrial activa, el sector textil argentino podría enfrentar una desintegración irreversible. Las señales de alarma —cierres masivos, pérdida de empleo y desplome de la producción— son el reflejo de una economía que prioriza la apertura sin protección y el equilibrio fiscal por encima de la producción nacional.

De regreso de su gira por Estados Unidos, Javier Milei reiteró la necesidad de modificar las reglas laborales para “facilitar la contratación y terminar con la industria del juicio”. En paralelo, las encuestas privadas revelan un mercado de trabajo expectante, con crecimiento en sectores puntuales y la consolidación de nuevas formas de vinculación profesional.

El mercado laboral argentino atraviesa una fase de transición donde conviven señales de recuperación sectorial con un marcado clima de cautela empresarial. La reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el último trimestre de 2025 anticipa una Expectativa Neta de Empleo de +5%, sin cambios respecto al trimestre anterior y con una leve mejora interanual. El relevamiento muestra que un 27% de empleadores planea incrementar sus plantillas, un 24% prevé recortes y un 45% no espera alteraciones significativas.

El panorama es heterogéneo según las regiones: Cuyo encabeza con una proyección de +18%, seguida por Patagonia (+11%), mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe la previsión más débil (+3%). Por sectores, los mayores impulsos provienen de Tecnología de la Información, Finanzas & Real Estate y Bienes de Consumo, aunque rubros como construcción, turismo y gastronomía continúan fuertemente condicionados por la baja del consumo interno y la reducción de la obra pública.

En este escenario, los especialistas coinciden en que la incertidumbre económica y electoral actúa como freno a las contrataciones masivas, aunque no se anticipa una ola generalizada de despidos. “Las compañías son cuidadosas porque entienden el costo de desprenderse de talento calificado, y al mismo tiempo esperan señales más claras antes de comprometerse a expandir sus equipos”, señala Germán Ruiz, de Randstad.

A la par, comienza a consolidarse un nuevo modelo de empleabilidad. Según PageGroup, el 86% de las empresas aún apuesta a la contratación permanente, pero crece la figura del professional fractional: perfiles de alto seniority que se incorporan de manera temporaria o tercerizada para liderar proyectos estratégicos o cubrir posiciones de transición. En algunos casos, se trata de Gerentes Generales o Advisors que acompañan procesos de cambio cultural y reorganización interna. Estos profesionales pueden percibir remuneraciones que van de 2 a 4 millones de pesos mensuales por cada compañía, además de beneficios adicionales como home office, cobertura médica y programas de bienestar.

Mientras tanto, el Gobierno busca avanzar con una reforma laboral estructural. El oficialismo impulsa medidas incluidas en el DNU 70/2023 y la Ley de Bases 27.742, entre ellas: la extensión del período de prueba hasta seis meses —con variantes según el tamaño de la empresa—, la eliminación de multas adicionales por trabajo no registrado, incentivos para la formalización de empleo, la creación de la figura de “colaboradores” independientes y la modernización de las paritarias, con parámetros regionales y sectoriales.

Para Luis Guastini, de ManpowerGroup, la discusión es ineludible: “El marco normativo vigente responde a una economía del pasado, cuando la estabilidad y el tiempo de permanencia eran centrales. Hoy la empleabilidad es el valor a proteger”. Sin embargo, Ruiz advierte que “una reforma, aunque necesaria, no es por sí sola un motor suficiente para expandir la demanda laboral si no va acompañada de crecimiento económico sostenido”.

La insistencia presidencial en abrir el debate sobre la reforma laboral se combina con un mercado que muestra nichos de dinamismo pero no una expansión generalizada. Entre la prudencia de las empresas, la aparición de nuevas modalidades de contratación y la presión oficial por flexibilizar reglas, el empleo en Argentina se encuentra en un punto de inflexión. El desenlace dependerá tanto de las definiciones legislativas como de la capacidad de la economía para generar un ciclo de inversión que convierta la expectativa en creación real de trabajo.