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Luego de que la Justicia rechazara la cautelar contra el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, la central sindical confirmó que apelará el fallo y prepara una nueva presentación para cuestionar la constitucionalidad de toda la ley de modernización laboral. El conflicto abre un frente judicial que promete prolongarse y reconfigurar el debate sobre el alcance de la reforma.

La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7 de rechazar la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) marcó el primer tropiezo de la central obrera en su ofensiva judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Sin embargo, lejos de desalentar el camino elegido, el fallo parece haber reforzado la determinación del sindicalismo de llevar la disputa hasta las últimas instancias.

Fuentes de la central confirmaron que en los próximos días se presentará una apelación ante la Cámara correspondiente para revisar la resolución judicial que habilita el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la organización sindical trabaja en un escrito de mayor alcance: una acción judicial que buscará declarar la inconstitucionalidad y la anulación integral de la denominada Ley de Modernización Laboral.

“Tenemos buenas expectativas de que avance”, señalaron voceros del sector gremial, que consideran que el debate judicial recién comienza y que la discusión de fondo aún está lejos de resolverse.

La reforma en el centro de la disputa

El núcleo del conflicto gira en torno a los cambios estructurales introducidos por la reforma laboral. Entre los aspectos más cuestionados por el sindicalismo aparece la posibilidad de extender la jornada laboral diaria hasta doce horas, siempre que exista un acuerdo formal entre trabajador y empleador.

La normativa también establece la creación de un sistema de “banco de horas”, que habilita a compensar horas extras con días de descanso en lugar de una retribución económica inmediata. Ese mecanismo deberá respetar los límites legales vigentes y garantizar un mínimo de doce horas de descanso entre turnos.

Otro de los puntos sensibles es la incorporación del denominado “salario dinámico”, una modalidad que podrá ser definida en los convenios colectivos y que vincula parte de la remuneración con el desempeño o mérito individual del trabajador.

El capítulo sobre despidos también introdujo modificaciones relevantes. Para el cálculo de la indemnización por despido sin causa se tomará exclusivamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones. A su vez, la norma establece que la indemnización será la única compensación económica frente a la ruptura del vínculo laboral y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por el índice de precios al consumidor más un 3 por ciento adicional.

Desde el movimiento sindical advierten que este conjunto de cambios implica un deterioro en la protección histórica del derecho laboral y abre la puerta a formas de flexibilización que, sostienen, alteran el equilibrio entre capital y trabajo.

El traspaso del Fuero Laboral y sus efectos

La discusión judicial se activó inicialmente a partir del Capítulo V de la reforma, que dispone la transferencia del Fuero Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para la CGT, esa medida implica una transformación institucional de gran impacto, que podría derivar en la disolución del esquema actual de justicia laboral.

En su presentación ante el tribunal, la central sindical había solicitado una medida cautelar “innovativa” con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley hasta que se resolviera la cuestión de fondo. El argumento central era que la transferencia de competencias podría producir efectos irreversibles si más adelante la norma fuese declarada inconstitucional.

El magistrado, sin embargo, resolvió que no correspondía conceder la cautelar en esta etapa del proceso. De ese modo, el traspaso seguirá vigente mientras continúe la tramitación del expediente y hasta que exista una sentencia definitiva sobre la validez constitucional de los artículos cuestionados.

La medida generó preocupación dentro del propio ámbito judicial. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación advirtió que la reconfiguración institucional podría poner en riesgo cerca de 1.600 puestos de trabajo vinculados al fuero laboral. En ese contexto, el gremio impulsó distintas acciones sindicales, entre ellas paros y la toma de la sede judicial ubicada en la avenida Roque Sáenz Peña, en la Ciudad de Buenos Aires.

El argumento oficial: combatir la “industria del juicio”

Desde el Gobierno nacional y las autoridades porteñas defienden la reforma y el traspaso del fuero como herramientas para modernizar el sistema y mejorar la eficiencia de la justicia laboral.

En esa línea, el oficialismo sostiene que una de las metas centrales es desarticular lo que define como la “industria del juicio”, una expresión utilizada para describir la proliferación de litigios laborales que, según esta visión, afectan la competitividad de las empresas y desalientan la creación de empleo.

Funcionarios del Ejecutivo argumentan además que el fuero laboral tradicional ha mantenido durante años una orientación favorable a los trabajadores y hostil hacia los empleadores, lo que habría generado un clima adverso para la inversión y la actividad empresarial.

Desde el gobierno de la Ciudad también respaldan la transferencia de competencias. El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo que el cambio permitirá terminar con prácticas que, según su diagnóstico, derivaron en una persecución sistemática contra los empleadores. Al mismo tiempo, fuentes de la administración local aseguran que el objetivo principal es agilizar los procesos y reducir los tiempos de resolución de los conflictos laborales.

Una disputa que recién comienza

En ese contexto, el escenario judicial promete convertirse en el principal campo de batalla en torno a la reforma laboral. La apelación de la CGT y la eventual presentación para impugnar la ley en su totalidad anticipan un litigio prolongado que podría escalar hasta las instancias superiores del sistema judicial.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como un paso necesario para modernizar el mercado de trabajo y estimular la actividad productiva, el sindicalismo la interpreta como una modificación estructural que debilita el andamiaje protector construido durante décadas en la legislación laboral argentina.

La primera derrota judicial sufrida por la CGT no clausuró el conflicto; por el contrario, parece haber inaugurado una nueva fase de la disputa. Con apelaciones en marcha y una ofensiva legal que apunta a cuestionar la constitucionalidad de toda la reforma, la central obrera se prepara para trasladar el debate al terreno de los tribunales.

El desenlace no solo definirá el futuro de la Ley de Modernización Laboral. También pondrá a prueba el delicado equilibrio entre reforma económica, derechos laborales y arquitectura institucional de la justicia del trabajo. En ese cruce de intereses y visiones contrapuestas, la última palabra —al menos por ahora— volverá a quedar en manos de los jueces.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.

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