El secretario general de la CGT Regional San Juan, Eduardo Cabello, inició un nuevo mandato de cuatro años con una agenda marcada por la defensa de los trabajadores, la relación con la conducción nacional y la preparación de la provincia para el crecimiento de la minería. En Mundo Laboral San Juan, destacó la necesidad de capacitar mano de obra, generar oportunidades para las PyMEs y garantizar que los nuevos puestos de trabajo sean ocupados mayoritariamente por sanjuaninos.

Después de una elección respaldada y legitimada por la conducción de la CGT Nacional, el dirigente sindical planteó que la central obrera tendrá que mantener una participación activa frente a las decisiones del Gobierno nacional y, al mismo tiempo, prepararse para un San Juan que tendrá a la minería como uno de sus principales motores económicos.

“La idea es tener una participación importante en lo presente y en lo futuro”, señaló Cabello en diálogo con este medio.

En el corto plazo, explicó, la CGT Regional San Juan seguirá de cerca las decisiones que adopte la conducción nacional de la central obrera frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Para Cabello, la defensa de los trabajadores requiere una posición coordinada y una presencia permanente frente a los cambios que atraviesan las relaciones laborales.

Pero el dirigente también mira más allá de la coyuntura. El desarrollo de los grandes proyectos mineros que avanzan en la provincia abre, a su entender, una discusión que no puede limitarse a la cantidad de empleos directos que generarán las compañías.

“Tenemos que prepararnos para el San Juan que viene”, afirmó, al referirse al crecimiento de la minería y particularmente a las oportunidades vinculadas con el cobre.

Capacitar para que el empleo quede en San Juan

La capacitación de los trabajadores aparece como una de las principales prioridades que Cabello identifica para acompañar ese proceso. El dirigente sostuvo que las organizaciones sindicales y sociales ya comenzaron a trabajar en la formación de trabajadores para atender las nuevas demandas que generará la minería y toda la cadena de servicios que acompañará la expansión de los proyectos.

La mirada gremial no está puesta únicamente en los puestos directamente vinculados con una mina. Cabello enumeró una extensa cadena de actividades que puede generarse alrededor de los emprendimientos: construcción de caminos, campamentos, comedores, tareas de limpieza y distintos servicios necesarios para el funcionamiento de las operaciones.

“Van a haber caminos, construcción de campamentos, nuevos comedores, limpieza, un montón de cosas que se tienen que ir viendo”, explicó.

La apuesta sindical consiste en que esa demanda no sea cubierta mayoritariamente con trabajadores provenientes de otras provincias. El objetivo, sostuvo el gremialista, es que la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y de mano de obra sea sanjuanina.

Ese desafío también alcanza a las pequeñas y medianas empresas locales. Para la CGT, el impacto de la expansión minera debería trascender a las grandes compañías y traducirse en oportunidades para proveedores, contratistas y emprendimientos de la provincia.

La CGT frente al Gobierno y la reforma laboral

El próximo período estará condicionado por las modificaciones en materia laboral impulsadas desde el Poder Ejecutivo y por un vínculo entre el sector gremial y el gobierno de Javier Milei que mantiene marcadas discrepancias.

Cabello ratificó que la CGT San Juan tendrá una posición activa, pero dejó una definición política y organizativa respecto del vínculo con la conducción nacional: la central provincial forma parte de la estructura de la CGT Nacional y, por lo tanto, debe respetar sus lineamientos. “Nosotros somos CGT Nacional”, enfatizó.

El dirigente rechazó así la idea de que la central sanjuanina pueda establecer una posición completamente independiente de las decisiones que adopte la conducción nacional.
Según explicó, la mayoría de las organizaciones sindicales están alcanzadas por leyes nacionales y convenios colectivos de alcance nacional, por lo que las decisiones adoptadas por la central obrera deben contemplar esa estructura.

“No hay una CGT provincial”, sostuvo Cabello, al marcar una diferencia con quienes plantean la necesidad de construir una posición sindical exclusivamente sanjuanina.

La definición no implica, aclaró, cerrar las puertas al diálogo interno. Por el contrario, su convocatoria es a sumar a los distintos sectores, pero dentro de una estrategia común. “Queremos tender la mano, queremos trabajar, queremos avanzar”, afirmó.

Unidad sindical por encima de las diferencias

El concepto de unidad es un pilar fundamental en el inicio de esta nueva gestión. Cabello admitió que conviven distintas posturas dentro del sector gremial y que cada organización sindical tiene derecho a fijar su propia postura en ciertos debates. No obstante, enfatizó que estas discrepancias no tienen por qué frenar la consolidación de un frente común.
“No hay otra”, respondió al ser consultado sobre la necesidad de mantener unido al movimiento sindical sanjuanino.

Para el dirigente, el objetivo de la CGT no debe estar relacionado con la disputa por espacios de poder, sino con las necesidades concretas de los trabajadores que representa.
“En algún momento nos tenemos que visualizar como trabajadores, como sindicatos”, planteó.

Desde esa perspectiva, la unidad debería construirse a partir de las necesidades que comparten las distintas organizaciones: empleo, salarios, condiciones laborales y protección de los derechos adquiridos.

Cabello destacó que una amplia cantidad de sindicatos confluyó en la lista que encabezó y manifestó su expectativa de que aquellos que no participaron inicialmente puedan incorporarse paulatinamente al trabajo de la central.

Con el amplio respaldo obtenido en la última elección y un nuevo período de cuatro años por delante, Cabello deberá conducir a una central obrera frente a un reto por partida doble.
Por un lado, tendrá que responder a las transformaciones impulsadas a nivel nacional y sostener la defensa de los derechos laborales frente a las reformas promovidas por el Gobierno. Por otro, deberá acompañar los cambios que puede producir en San Juan la expansión de la minería, especialmente en torno al cobre.

Bajo esta perspectiva, las principales inquietudes manifestadas por el refernete gremial giran en torno a la formación profesional, el trabajo regional y la participación del sector pyme. Asimismo, Cabello enfatizó una postura que define su mandato reciente: el imperativo de construir consensos y unidad.

“Lo que nosotros representamos, en este caso, son los trabajadores”, resumió.
Con esa premisa, la CGT local inicia un nuevo período en el que la defensa del empleo deberá convivir con una provincia que se prepara para una transformación productiva de gran magnitud. El desafío será que ese crecimiento genere oportunidades concretas para los trabajadores y empresas locales y que el movimiento obrero pueda sostener una voz común frente a los cambios que ya comenzaron a modificar el mundo laboral.

La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.

Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.

La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.

“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.

La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.

El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.

Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.

De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.