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El Consejo Directivo de la CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida sería sin movilización y con fuerte impacto en el transporte. El cambio en el régimen de licencias por enfermedad terminó de quebrar el frágil diálogo con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo decidió escalar el conflicto con el Gobierno nacional y convocar a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Será la cuarta huelga nacional contra la administración de Javier Milei y, a diferencia de otras jornadas de protesta, no incluirá movilización callejera. La apuesta es otra: mostrar “las ciudades vacías” y medir fuerzas en términos de acatamiento.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Si bien resta la formalización pública y la confirmación definitiva de los gremios del transporte, en la cúpula sindical descuentan una adhesión clave que podría paralizar servicios estratégicos.

“Están dados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había anticipado Jerónimo en declaraciones radiales. El clima interno venía cargado desde la media sanción en el Senado, pero un episodio puntual terminó de inclinar la balanza hacia la confrontación abierta.

El artículo que rompió el equilibrio

La modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral —incorporada durante la madrugada en el debate senatorial— fue leída por el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo. El nuevo esquema establece que, si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicó riesgo, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses según tenga o no personas a cargo. Si la enfermedad no responde a esa conducta, la remuneración será del 75%.

La justificación pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien ejemplificó el cambio con la hipótesis de una lesión jugando al fútbol— amplificó el malestar.

Aunque desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a limitar abusos y reducir litigiosidad, en la CGT interpretaron la incorporación del artículo como un avance directo sobre un derecho sensible y una señal de endurecimiento unilateral.

El abogado laboralista Julián de Diego, cercano históricamente a sectores empresariales, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que podría generar mayor judicialización, en aparente contradicción con el objetivo central del proyecto. También especialistas señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina.

Una huelga sin calles

La modalidad elegida no es casual. Sin transporte y con fecha sujeta a los tiempos parlamentarios —todo indica que el debate podría darse el jueves 19—, la CGT prioriza una medida de fuerza sin movilización masiva. Puertas adentro reconocen dos razones: la dificultad logística de organizar una marcha sin colectivos ni trenes y la intención de evitar escenas de confrontación con el protocolo de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías”, deslizó uno de los dirigentes que impulsa la estrategia. La consigna apunta a exhibir contundencia sin exponer a la central a un escenario represivo que el oficialismo podría capitalizar políticamente.

La convocatoria fue precedida por llamados de sectores combativos, como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su titular, Daniel Yofra, sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y no solo con manifestaciones. Ese posicionamiento aceleró el debate interno y consolidó la idea de que el conflicto ingresó en una etapa de mayor dureza.

El escenario político

En este sentido, el oficialismo busca acelerar la aprobación en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado. El proyecto introduce cambios estructurales en indemnizaciones, jornada laboral, negociación colectiva y derecho de huelga. La oposición peronista anticipa que intentará modificar artículos clave; si eso ocurriera, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta, un escenario que la Casa Rosada procura evitar.

Desde el bloque de la oposición, el senador José Mayans calificó la reforma como “regresiva” e “inconstitucional” y cuestionó el tratamiento exprés del texto. El oficialismo, en cambio, sostiene que la norma es indispensable para promover empleo formal y reducir litigiosidad.

En este aspecto, la determinación de la CGT agrega un nuevo factor de presión sobre un debate que ya desborda el plano técnico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo económico y social.

Un conflicto en escalada

El paro general marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Hasta ahora, pese a las tensiones, existían canales informales de diálogo.

La incorporación del artículo sobre licencias fue interpretada como una señal de que esos puentes quedaron debilitados.

La discusión en Diputados no solo definirá el destino de la reforma, sino también el alcance de la respuesta sindical. Si el oficialismo logra sostener el núcleo del proyecto, el conflicto podría profundizarse. Si, en cambio, prosperan modificaciones sustantivas, la negociación volverá a reconfigurarse.

Por ahora, la CGT eligió su herramienta histórica. Sin movilización, pero con la expectativa de alto acatamiento, apuesta a que el silencio de las fábricas, oficinas y estaciones de transporte sea más elocuente que cualquier discurso.

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Ley de Tierras: la Corte Suprema revocó el fallo que había frenado su derogación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. El máximo tribunal rechazó la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la asociación no tenía legitimación para impulsar el proceso colectivo.

La resolución tiene un alcance preciso: la Corte no se pronunció sobre la legitimidad constitucional de la derogación. El Tribunal sostuvo que antes de analizar el fondo debía existir una parte legitimada y un caso o controversia que habilitara la intervención judicial. Al no encontrar esas condiciones, cerró el proceso sin ingresar al examen de constitucionalidad del DNU.

El efecto práctico, sin embargo, es inmediato. Al quedar sin efecto la sentencia de la Cámara Federal platense, también desaparece la decisión que había impedido aplicar la derogación de la Ley 26.737. De este modo, vuelve a regir el artículo 154 del DNU 70/2023, que establece expresamente: “Derógase la Ley N° 26.737”.

La norma derogada había creado un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Entre sus disposiciones establecía límites para la adquisición de esos inmuebles por parte de extranjeros y fijaba restricciones vinculadas con determinadas zonas del territorio.

El litigio comenzó a fines de 2023, cuando el CECIM recurrió a la Justicia para cuestionar la derogación y solicitó también que se invalidaran los actos jurídicos realizados al margen del régimen que había establecido la Ley 26.737. La entidad fundamentó su presentación en sus objetivos estatutarios vinculados con la defensa de la soberanía argentina.

En primera instancia, el juez federal Alberto Recondo había rechazado el planteo por falta de legitimación y dejado sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo cuestionado. La Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024: reconoció al CECIM como legitimado, admitió la acción colectiva y declaró inconstitucional la derogación.

La Corte tomó ahora un camino diferente. Para el máximo tribunal, la soberanía territorial invocada por el CECIM no constituye un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional que permita habilitar una acción colectiva. La soberanía, sostuvo, integra las competencias propias del Estado sobre un territorio determinado y no puede ser asimilada al tipo de derechos de incidencia colectiva que habilitan este mecanismo judicial.

El pronunciamiento también reivindicó la exigencia constitucional de que exista una causa concreta para la actuación de los tribunales. Según la Corte, la ampliación de la legitimación producida por la reforma constitucional de 1994 no habilita al Poder Judicial a ejercer controles abstractos de constitucionalidad sobre normas.

El fallo se conoce después de que el Congreso tampoco avanzara con una modificación de la legislación sobre tierras rurales impulsada este año por el Gobierno. El proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” buscaba restringir las limitaciones exclusivamente a Estados extranjeros, empresas públicas y sociedades con participación estatal, pero finalmente no fue tratado por el Senado.

La decisión del máximo tribunal deja así despejado el camino para la aplicación de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023, aunque no constituye una validación judicial de su constitucionalidad. La cuestión de fondo queda diferenciada de la resolución procesal adoptada por la Corte y mantiene abierta la discusión institucional sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia y el régimen de propiedad de las tierras rurales.

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Repavimentación de la Circunvalación: nuevos cortes y desvíos desde este miércoles

Vialidad Provincial modificará desde este miércoles 30 de septiembre la circulación en dos sectores de la Avenida de Circunvalación. El anillo interno tendrá un nuevo desvío en Trinidad y continuará el corte del anillo externo en Concepción.

Los trabajos de repavimentación en la Avenida de Circunvalación alterarán el tránsito en dos tramos del anillo vial a partir de hoy. Ante esto, las autoridades viales solicitaron transitar con precaución, respetar los carteles y seguir las órdenes de los banderilleros.

En el anillo interno, a la altura de Trinidad, los vehículos deberán abandonar la Circunvalación por la rampa hacia calle General Acha. Desde allí deberán seguir el recorrido establecido mediante señalización provisoria y volver a ingresar a la avenida por la rampa ubicada después de calle Urquiza.

En la zona de Concepción, continuará vigente el corte existente. Los conductores deberán salir por calle Mendoza y retomar luego la Circunvalación a través del acceso ubicado en Escalabrini Ortiz.

Los cambios responden al avance de la obra puesta en marcha, y que comprende sus 32 kilómetros de extensión. Aunque la avenida pertenece a la jurisdicción de Vialidad Nacional, los trabajos son financiados íntegramente con recursos provinciales, según se informó desde el Gobierno de San Juan.

La intervención contempla el tratamiento de las calzadas deterioradas mediante geogrillas y una nueva carpeta de concreto asfáltico, con el objetivo de reemplazar sectores de hormigón que presentan desgaste. Dos empresas contratistas ejecutan las tareas de manera simultánea en distintos tramos.

Se estima que el nuevo pavimento tendrá una vida útil de 25 años, calculada en función del flujo vehicular diario y el tránsito de carga pesada que registra la principal arteria que une al gran San Juan.

Mientras continúen los trabajos, recomendaron evitar maniobras bruscas y respetar los recorridos establecidos. La presencia de personal operativo buscará ordenar la circulación y reducir las demoras en los sectores afectados.

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Viento Zonda: suspenden las clases en toda la provincia y la UNSJ pasa a la virtualidad

La suspensión rige durante toda la jornada de este jueves y alcanza a todos los niveles, modalidades y turnos del sistema educativo provincial. La UNSJ también canceló la presencialidad y dispuso distintas alternativas virtuales para facultades e institutos preuniversitarios.

San Juan no tendrá clases presenciales este jueves 24 de septiembre debido al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ante la presencia de viento Zonda. El Ministerio de Educación provincial dispuso la suspensión preventiva de toda la actividad escolar, mientras que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adoptó medidas diferenciadas para sus facultades y dependencias.

La decisión del Gobierno provincial alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades durante toda la jornada. También quedaron suspendidos los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra previstos para este jueves, que deberán ser generados nuevamente por los directores de los establecimientos.

Educación activó además el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12.277-ME-2024. La medida fue adoptada a partir del informe meteorológico y de la recomendación de la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal educativo durante el período de mayor riesgo.

Debido a la interrupción de las actividades, la entrega de computadoras de Maestro de América también debió ser calendarizada en una nueva fecha., Cultivando el Futuro, prevista para este jueves en Caucete y Pocito. Las autoridades de cada escuela comunicarán las nuevas fechas del operativo.

Qué pasará en la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan también resolvió eliminar la presencialidad durante toda la jornada en sus institutos preuniversitarios y modificar el funcionamiento de las facultades.

La decisión fue comunicada por la Secretaría Académica luego del alerta del SMN y de la recomendación de Protección Civil.

En Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Sociales; Arquitectura, Urbanismo y Diseño; y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, las actividades presenciales serán reemplazadas por propuestas virtuales.

En Ingeniería, el dictado académico continuará de manera virtual, mientras que las tareas administrativas se mantendrán de forma presencial únicamente entre las 7 y las 11.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes suspendió la atención administrativa presencial y mantendrá las actividades académicas mediante modalidad virtual, de acuerdo con las indicaciones de cada cátedra.

Los Institutos Preuniversitarios —entre ellos la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento— también trasladarán las actividades académicas a la modalidad no presencial durante toda la jornada.

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