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El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza extendió a nivel nacional una medida cautelar que suspende las resoluciones del PAMI que habían limitado la cobertura gratuita de medicamentos. El fallo, impulsado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, garantiza nuevamente el 100% de los fármacos esenciales para jubilados y pensionados, y representa un nuevo desafío judicial para el Gobierno de Javier Milei.

La tirantez entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con un fallo que restituye derechos a uno de los sectores más vulnerables: los jubilados. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo del magistrado Pablo Oscar Quirós, concedió una medida cautelar de alcance nacional que obliga al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a restablecer la cobertura total de medicamentos esenciales.

La decisión judicial suspende los efectos de las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024, emitidas por el propio organismo, que habían modificado el régimen de gratuidad vigente desde 2020 y habían generado un fuerte impacto económico sobre millones de jubilados y pensionados de bajos ingresos.

El fallo, que seguramente será apelado por el Gobierno de Javier Milei, amplía los alcances de decisiones previas dictadas por juzgados federales de Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, en las que distintas entidades y representantes sociales habían planteado el mismo reclamo.

El magistrado mendocino resolvió extender la medida a todo el territorio nacional, haciendo lugar a la presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En su resolución, Quirós destacó la “legitimidad activa y representación adecuada” de la organización, en función de su carácter federal y su trayectoria en la defensa integral de los derechos humanos.

“El Estado debe garantizar la accesibilidad universal al derecho a la salud, sin imponer condiciones que restrinjan ese acceso a sectores vulnerables como el de los adultos mayores”, señala uno de los párrafos centrales del fallo.

La resolución recuerda que, según la doctrina de la Corte Suprema, una acción colectiva puede prosperar cuando se verifican tres elementos: una conducta estatal uniforme, una pretensión común de cesar un daño generalizado, y la imposibilidad material de que los afectados litigüen de manera individual. El juez consideró acreditadas esas tres condiciones en el caso del recorte del programa “Vivir Mejor”, que garantizaba el 100% de cobertura en medicamentos esenciales a jubilados de menores ingresos.

La medida, de cumplimiento inmediato, ordena al PAMI restituir la provisión de los medicamentos esenciales sin requisitos adicionales ni trámites especiales, mientras el expediente principal continúa en trámite. Fuentes judiciales señalaron que el Gobierno nacional apelará la decisión, con el argumento de que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las políticas de “eficiencia administrativa” impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El antecedente más cercano fue dictado en septiembre por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que dio lugar a un amparo colectivo promovido por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril y el senador Mariano Recalde. En esa oportunidad, la Justicia había ordenado al PAMI mantener la cobertura plena de medicamentos hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión.

La decisión de Mendoza unifica y refuerza esas medidas al darle alcance nacional, lo que convierte a esta resolución en un precedente judicial significativo dentro del actual debate sobre el alcance de las políticas de ajuste del Estado y su impacto social.

En los últimos meses, asociaciones de jubilados y sindicatos de trabajadores del PAMI denunciaron recortes en la provisión de medicamentos, demoras en la entrega y eliminación de beneficios complementarios. La medida judicial, según advierten especialistas, podría forzar al Gobierno a revisar integralmente su política sanitaria para adultos mayores y a recomponer el presupuesto del organismo, que ha sufrido una merma real de más del 40% en lo que va del año.

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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