La Provincia abrió oficialmente la licitación para construir un nuevo ordenador vial en el cruce de Ruta 20, Gorriti y calle Belgrano. La inversión supera los $3.653 millones y apunta a reducir accidentes en uno de los sectores con mayor complejidad vehicular del Gran San Juan.

El Gobierno sanjuanino puso en marcha la esperada licitación para ejecutar la mega rotonda del Monumento al Gaucho, una intervención destinada a reorganizar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito provincial.

La obra se desarrollará en el estratégico cruce de Ruta Nacional 20, calle Gorriti y calle Belgrano, en Santa Lucía, un sector históricamente asociado a accidentes graves y a un intenso movimiento vehicular entre el Gran San Juan y Caucete.

La convocatoria fue oficializada por la Dirección Provincial de Vialidad mediante Licitación Pública y contará con un presupuesto superior a los $3.653 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de gran dimensión, derivadores de tránsito, rediseño de accesos, nueva señalización e iluminación integral para mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en horarios de alta congestión.

Desde el Ejecutivo consideran que la intervención representa una solución estructural para un cruce que, durante años, acumuló reclamos vecinales y siniestros que instalaron en la comunidad la imagen de una de las zonas más peligrosas del mapa vial sanjuanino.

La iniciativa también refleja la decisión provincial de sostener obras de infraestructura pese al freno nacional de la obra pública. Para avanzar con los trabajos, la gestión de Marcelo Orrego debió firmar convenios con Vialidad Nacional que habilitaron a San Juan a intervenir con recursos propios sobre una traza de jurisdicción federal.

Ese esquema quedó ratificado en febrero de este año por la Cámara de Diputados provincial, mientras que en marzo se completó la audiencia pública necesaria para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto retoma una vieja demanda vinculada al ordenamiento del acceso Este, aunque con un enfoque distinto al planteado años atrás, cuando la zona formaba parte de un plan integral ligado a una nueva terminal de ómnibus. Finalmente, la actual gestión decidió priorizar exclusivamente la seguridad vial y la conectividad.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cívico. La apertura de sobres se realizará ese mismo día en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la obra comenzará durante el segundo semestre del año y podría quedar terminada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

Un relevamiento privado detectó que, por primera vez en varios meses, las remuneraciones pretendidas por quienes buscan empleo quedaron por debajo de la inflación. El fenómeno expone el deterioro del mercado laboral y el retroceso del poder de negociación de los trabajadores frente a una economía cada vez más restrictiva.

La crisis económica comenzó a modificar de manera silenciosa uno de los comportamientos más sensibles del mercado laboral argentino: las expectativas de ingresos de quienes intentan acceder a un empleo. La combinación entre desaceleración de la actividad, menor dinamismo en las contrataciones y pérdida de poder adquisitivo empuja a miles de postulantes a reducir sus aspiraciones salariales para mantenerse competitivos frente a un escenario cada vez más exigente.

El último relevamiento elaborado por Bumeran confirmó esa tendencia. Durante abril, la remuneración promedio solicitada por los candidatos registró una retracción intermensual del 0,09% y se ubicó en 1.784.840 pesos mensuales. El dato adquiere mayor relevancia al compararse con la inflación del mismo período, que alcanzó el 2,6%, ampliando así la pérdida frente al avance del costo de vida.

La merma no constituye un episodio aislado. El estudio revela que el retroceso comenzó a consolidarse desde octubre del año pasado y encontró su punto más pronunciado en diciembre, cuando las pretensiones económicas exhibieron una caída del 3,71%.

Detrás de esa evolución aparece un cambio profundo en la relación entre oferta y demanda laboral. Con menor generación de puestos de trabajo y una competencia creciente por cada vacante disponible, numerosos trabajadores comenzaron a flexibilizar sus exigencias económicas como estrategia para conservar posibilidades de inserción.

En términos acumulados, las remuneraciones requeridas crecieron apenas 3,07% en el primer tramo del año, muy lejos del 12,3% de inflación acumulada. La diferencia refleja una pérdida sostenida en la capacidad de los ingresos para acompañar el incremento general de precios.

El comportamiento varía según niveles de experiencia y áreas de actividad. En posiciones jerárquicas de supervisión y jefatura, los ingresos pretendidos promediaron 2.407.033 pesos mensuales, aunque con una baja significativa del 7,30% respecto de marzo.

En los segmentos semi senior y senior, el promedio alcanzó 1.814.084 pesos, mientras que en las categorías junior las aspiraciones económicas rondaron 1.354.695 pesos mensuales.

El informe también muestra transformaciones llamativas en sectores que hasta hace poco lideraban la recomposición salarial. Tecnología y Sistemas, históricamente asociado a mejores remuneraciones y fuerte demanda de personal calificado, registró una de las mayores bajas en las pretensiones de perfiles junior, con una reducción del 4,85%.

En contrapartida, áreas vinculadas a Recursos Humanos y Administración y Finanzas mantuvieron niveles salariales relativamente más elevados, especialmente entre perfiles con mayor experiencia.

Más allá de los números, el fenómeno deja al descubierto una señal de época: el deterioro económico ya no sólo afecta a quienes perdieron ingresos o empleo, sino también a quienes comienzan a adaptar sus expectativas a un mercado cada vez más condicionado por la incertidumbre.

Consultoras laborales advierten que este tipo de comportamientos suelen aparecer cuando las empresas recuperan margen de presión frente a trabajadores que priorizan estabilidad o reinserción laboral por encima de mejoras salariales significativas.

La consecuencia inmediata es un mercado más competitivo, donde las condiciones de negociación se vuelven menos favorables para los asalariados y donde la necesidad de sostener empleo empieza a prevalecer sobre las aspiraciones de recuperación del ingreso.

La caída de las remuneraciones pretendidas funciona como un indicador silencioso pero contundente del deterioro social que atraviesa el mercado laboral argentino. Allí donde antes predominaban expectativas de mejora salarial, hoy comienza a imponerse una lógica de resignación marcada por la incertidumbre y la necesidad de sostener estabilidad.

El fenómeno refleja mucho más que una variación estadística. Expone cómo la debilidad económica empieza a redefinir vínculos laborales, capacidad de negociación y perspectivas de millones de trabajadores que, frente a un horizonte cada vez más ajustado, reducen aspiraciones para no quedar fuera del sistema.

La administración de Javier Milei profundiza su programa de desregulación y desprendimiento de activos estatales con la venta y concesión de empresas vinculadas a energía, infraestructura, transporte y servicios esenciales. Mientras el Gobierno apuesta a obtener divisas y reducir la participación estatal, sindicatos y especialistas advierten sobre pérdida de soberanía, deterioro del empleo y riesgo de concentración privada en áreas sensibles.

La frase de Rodolfo Dromi que marcó el ciclo de privatizaciones de los años noventa vuelve a resonar con fuerza en la Argentina actual. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sintetizaba entonces el exfuncionario menemista que encabezó uno de los procesos de transferencia de activos públicos más profundos de la historia reciente. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei retoma buena parte de aquella lógica y acelera un esquema de ventas, concesiones y reprivatizaciones que vuelve a colocar en el centro de la discusión el rol del Estado en áreas estratégicas.

La publicación de los pliegos para desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó de confirmar una orientación que ya venía tomando forma desde el inicio de la gestión libertaria. Energía, rutas nacionales, logística ferroviaria, infraestructura vial, servicios públicos y hasta sectores vinculados al desarrollo nuclear aparecen dentro de un programa oficial que busca reducir la participación estatal y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros.

Según estimaciones difundidas en ámbitos oficiales y económicos, la Casa Rosada proyecta recaudar cerca de 3.000 millones de dólares antes de fin de año mediante concesiones, licitaciones y ventas de activos públicos.

La estrategia no se limita únicamente a una política de ajuste fiscal. También implica un rediseño profundo del esquema de administración pública construido durante décadas, particularmente en sectores considerados históricamente sensibles para la autonomía energética, el transporte y la prestación de servicios esenciales.

Uno de los capítulos que mayor resistencia sindical generó es el vinculado al sistema energético. La decisión de avanzar sobre Transener y el intento de privatizar parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima encendieron fuertes cuestionamientos de gremios y especialistas del área.

Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), advirtió que el retiro del Estado del control energético implica resignar capacidad estratégica en un sector determinante para el desarrollo nacional. La preocupación también alcanza a trabajadores nucleares y científicos ligados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Desde ATE, el investigador Rodolfo Kempf alertó sobre un “desmembramiento” del sistema nuclear argentino. El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de privatizar áreas vinculadas a la minería de uranio, la producción de radioisótopos destinados a la salud y el freno al proyecto CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país en materia nuclear.

“El área nuclear constituye un sector de alta complejidad tecnológica donde Argentina posee capacidades reconocidas internacionalmente”, remarcan desde el sindicato estatal, que prepara nuevas medidas de protesta para rechazar el avance privatizador.

La ofensiva oficial también alcanzó a la infraestructura vial. En los últimos días, el Ministerio de Economía adjudicó distintos corredores nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, profundizando un esquema que reduce progresivamente el papel operativo de Vialidad Nacional.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que las rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados” y sostuvo que la infraestructura vial constituye una herramienta central para la integración territorial, la producción y la conectividad federal.

El gremio cuestionó además la utilización de garantías estatales para respaldar financieramente futuras concesiones privadas. Según la organización sindical, el Gobierno está transfiriendo recursos públicos para sostener negocios privados mientras se debilita la estructura técnica y operativa del organismo vial.

El caso de AySA terminó por darle visibilidad masiva a un proceso que ya venía avanzando en distintas áreas. La empresa responsable del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a quedar bajo control privado si prospera el esquema diseñado por la administración nacional.

El plan contempla una primera etapa de venta del paquete mayoritario a operadores privados mediante licitación internacional y posteriormente la colocación del resto de las acciones en mercados bursátiles. El Estado conservaría únicamente una participación minoritaria, mientras que los trabajadores mantendrían el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada.

La decisión reabrió viejos cuestionamientos sobre la gestión privada de servicios esenciales. Sectores opositores y referentes vinculados al saneamiento recuerdan las dificultades registradas durante la anterior concesión privada del servicio en los años noventa, cuando las deficiencias operativas, la falta de inversiones y el deterioro de la prestación derivaron finalmente en la reestatización impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“El problema no es solamente económico; también está en discusión quién garantiza el acceso a servicios básicos”, señalan desde distintos espacios sindicales y técnicos que siguen de cerca el proceso.

La avanzada privatizadora ya tuvo antecedentes concretos durante los primeros meses de gestión libertaria. La venta de IMPSA marcó el inicio formal del proceso, mientras que las concesiones hidroeléctricas del Comahue permitieron al Gobierno obtener más de 700 millones de dólares.

Ahora, la lista de empresas bajo análisis continúa ampliándose. Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, centrales térmicas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda aparecen entre los activos que podrían quedar bajo control privado en los próximos meses.

Para el oficialismo, el objetivo central es reducir el peso del Estado y abrir espacios de participación privada en áreas donde considera que la administración pública resultó ineficiente o económicamente inviable. Para los sindicatos, en cambio, se trata de una reedición de políticas que en el pasado dejaron pérdida de empleo, deterioro de servicios estratégicos y concentración económica.

El debate, en definitiva, trasciende la discusión presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en juego es el modelo de país: hasta dónde debe llegar el Estado, qué sectores pueden quedar sujetos exclusivamente a la lógica empresarial y cuál es el costo social de una transformación estructural que vuelve a dividir aguas en la Argentina.