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La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

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La UNSJ encamina la licitación y proyecta concluir la Escuela de Música en 2027

La Universidad Nacional de San Juan avanzó en el proceso licitatorio para completar la Escuela de Música, tras la publicación de la preadjudicación. Con financiamiento propio y en medio de impugnaciones ya resueltas, la obra entra en una etapa administrativa determinante antes de su ejecución.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso sustancial en el proceso para finalizar la Escuela de Música, una obra largamente postergada que forma parte de la infraestructura académica estratégica de la institución. La reciente publicación de la preadjudicación en el Boletín Oficial marca el ingreso a una instancia decisiva, aunque todavía sujeta a los tiempos y formalidades que exige el marco legal vigente.

El secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, precisó que el procedimiento transita ahora una etapa de revisión formal. “Se abre un período de cinco días para que las empresas oferentes puedan presentar impugnaciones”, explicó, en referencia a un mecanismo contemplado por la normativa para garantizar la transparencia del proceso.

La licitación, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.864 millones de pesos y será financiada íntegramente con recursos propios de la universidad, convocó a cinco empresas. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de algunos conflictos: durante la evaluación técnica, tres de las ofertas fueron descartadas tras detectarse deudas con el Estado nacional, lo que redujo la competencia y reconfiguró el escenario de adjudicación.

Un proceso atravesado por controversias

La comisión evaluadora recomendó la preadjudicación a la firma Galvarini & Asociados, cuya propuesta resultó la más conveniente en términos económicos. No obstante, la decisión generó cuestionamientos por parte de otras empresas participantes, que objetaron aspectos del procedimiento y denunciaron supuestas irregularidades, incluyendo la figura de “precio vil”.

Las impugnaciones, sin embargo, no prosperaron. La Dirección General de Asuntos Legales de la UNSJ desestimó los planteos al constatar el incumplimiento de un requisito formal clave: el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto impugnado. Este punto, lejos de ser menor, resultó determinante para sostener la validez administrativa del proceso y despejar el camino hacia la adjudicación definitiva.

Con ese respaldo jurídico, el rectorado avanzó en la consolidación del procedimiento, reforzando la idea de que, más allá de las disputas empresariales, la licitación se ajustó a los parámetros legales establecidos.

Tiempos administrativos y horizonte de ejecución

A pesar de este avance, desde la universidad insisten en que la obra aún no tiene fecha concreta de finalización. Coca subrayó que la preadjudicación no habilita el inicio de los trabajos, ya que primero debe completarse la adjudicación formal y la firma del contrato. Recién entonces comenzarán a correr los plazos de ejecución.

El cronograma preliminar, no obstante, proyecta que la obra podría extenderse hasta los primeros meses de 2027,  una perspectiva que revela tanto la magnitud del proyecto como la complejidad de su desarrollo.

Una obra con estándares técnicos de alta exigencia

El proyecto contempla la finalización integral del edificio bajo criterios contemporáneos de calidad constructiva, seguridad y funcionalidad. Entre las intervenciones previstas se incluyen refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las características del suelo, además de sistemas constructivos en seco con especial atención al aislamiento acústico, un aspecto central para una institución de formación musical.

Asimismo, se incorporarán carpinterías con doble vidriado hermético, dispositivos de seguridad como barrales antipánico, nuevas instalaciones eléctricas de bajo consumo y un ascensor sin sala de máquinas. El diseño también prevé sistemas integrales de prevención contra incendios, en línea con las normativas vigentes.

En cuanto a las terminaciones, el edificio combinará pisos de madera maciza con superficies de hormigón alisado de alta resistencia, además de un cartel institucional en acero inoxidable con iluminación LED, elementos que aportan identidad y jerarquía al espacio.

El avance del proceso licitatorio para la finalización de la Escuela de Música representa mucho más que un trámite administrativo: expone las presiones propias de la obra pública en un contexto económico restrictivo, donde el financiamiento, la transparencia y la eficiencia se vuelven variables críticas.

En ese marco, la UNSJ logra sostener una iniciativa de alto valor académico con recursos propios, mientras navega las complejidades legales y empresariales que rodean a toda licitación de envergadura. El desafío, de aquí en adelante, será traducir este progreso formal en ejecución concreta, evitando nuevas dilaciones y consolidando una obra que, por su significado institucional, trasciende lo edilicio para inscribirse en el desarrollo estratégico de la educación pública.

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Ajuste en el Correo Argentino: menos trabajadores y cierre de oficinas en el interior sanjuanino

La reestructuración del Correo Argentino comienza a mostrar efectos concretos en el interior del país. En San Juan, el proceso de ajuste ya se traduce en una reducción significativa del personal y en el cierre de oficinas que cumplen un rol clave en comunidades alejadas.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, la plantilla de trabajadores en la provincia pasó de aproximadamente 200 empleados a unos 160, lo que implica una merma cercana al 20%. La cifra refleja una tendencia de retracción que, según denuncian los gremios, se replica a nivel nacional.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) confirmó además que a fines de marzo cerrará la sucursal ubicada en el departamento San Martín. La oficina, situada sobre avenida Domingo Sarmiento, quedará fuera de funcionamiento y el único trabajador que se desempeña allí será reubicado en otra dependencia.

Víctor Ortega, dirigente del gremio, describió el escenario como “muy malo”, al vincular la reducción del personal con el deterioro del poder adquisitivo y la caída de la actividad. “Están quedando muy pocos trabajadores”, advirtió, al tiempo que subrayó el impacto que tendrá el cierre en la comunidad local.

La clausura de la sucursal implica la pérdida de servicios esenciales para la población: envío de correspondencia, cartas documento, telegramas, paquetería a través del sistema PAQ.AR y logística vinculada al comercio electrónico. También dejará de funcionar como punto de retiro de compras online, pago de servicios, gestión de oficios judiciales y trámites administrativos, lo que profundiza el aislamiento de la zona.

El caso de San Martín no es aislado. Ortega señaló que ya se han cerrado otras oficinas en la provincia, como la del departamento Angaco, en una dinámica que reduce la presencia territorial del correo estatal y limita el acceso a servicios básicos en localidades periféricas.

A nivel nacional, un informe del Centro de Economía Política Argentina ubica al Correo Argentino como la empresa estatal con mayor cantidad de desvinculaciones desde el inicio de la actual gestión, con un total de 5.284 bajas.

El proceso de ajuste en el Correo Argentino no solo redefine la estructura interna de la empresa, sino que también impacta directamente en el tejido social de las comunidades más alejadas. La reducción de personal y el cierre de oficinas exponen una problemática creciente entre la racionalización del gasto y la función estratégica de un servicio público que, en vastas regiones del país, continúa siendo un nexo indispensable para la integración territorial.

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Día del Trabajador de Telecomunicaciones: historia, paritarias y temor ante la reconfiguración del sector

En el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones, el dirigente Marcelo Trujillo trazó un diagnóstico crítico sobre el presente del sector: pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre laboral y un proceso de concentración empresaria que redefine el mapa de las comunicaciones en Argentina.

La conmemoración del Día del Trabajador de las Telecomunicaciones encuentra al sector en una encrucijada que combina memoria histórica y presiones contemporáneas. Lo que alguna vez fue un símbolo de soberanía estatal y expansión de derechos laborales hoy se reconfigura bajo lógicas de concentración privada, innovación tecnológica acelerada y creciente incertidumbre en materia de empleo.

Así lo expresó Marcelo Trujillo, referente sindical de Soeesit, quien situó el origen de la fecha en un hito fundacional: la nacionalización del servicio durante la década de 1940. “En aquel momento, el sistema estaba en manos privadas, fundamentalmente de capitales extranjeros, y pasó a formar parte de una empresa estatal que marcó una etapa de desarrollo y organización del sector”, recordó, en alusión al proceso que dio lugar a la histórica ENTEL.

Ese recorrido, sin embargo, no es meramente evocativo. Para el dirigente, funciona como contraste frente al escenario actual, caracterizado por la fragmentación primero y la posterior reconcentración del mercado en manos de grandes grupos empresarios. La evolución tecnológica —desde el telex al fax, y del teléfono fijo a la fibra óptica y la telefonía móvil— no sólo transformó los servicios, sino también la estructura del trabajo y las relaciones laborales.

Concentración y reconfiguración del mapa empresarial

Uno de los puntos más sensibles del presente es el proceso de fusión en curso dentro del sector. Trujillo advirtió que la integración de grandes compañías podría derivar en un esquema de fuerte concentración, con un número reducido de actores dominando el mercado.

“Vamos hacia una sola empresa dentro de un mismo grupo, con un único gran competidor”, explicó, al describir un escenario que, desde la perspectiva sindical, plantea interrogantes sobre la competencia real y, sobre todo, sobre el impacto en las condiciones laborales.

La consolidación empresaria, en este sentido no aparece como un fenómeno aislado, sino como parte de una tendencia global en las telecomunicaciones, donde la escala y la inversión tecnológica tienden a favorecer a grandes conglomerados. Sin embargo, el interrogante central radica en cómo se distribuyen los costos de esa transformación.

Reforma laboral y presión sobre el empleo

El diagnóstico gremial incorpora un elemento adicional: el marco normativo. Trujillo cuestionó con dureza las recientes modificaciones en materia laboral, al considerar que amplían el margen de acción de las empresas en detrimento de los trabajadores.

Según su mirada, la combinación de cambios regulatorios y concentración económica podría acelerar procesos de ajuste interno, con impacto directo en la estabilidad laboral. En ese aspecto, advirtió sobre el avance de los retiros voluntarios como mecanismo de reducción de personal.

“La empresa no ofrece un retiro porque sí, sino porque le resulta conveniente en términos de costos”, sostuvo, al tiempo que señaló que muchos trabajadores evalúan esa opción ante la incertidumbre, especialmente quienes se encuentran próximos a la jubilación o desarrollan tareas de riesgo, como el trabajo en altura.

Salarios y paritarias bajo condicionamiento

El frente salarial constituye otro eje de conflicto. Trujillo confirmó que el sector acordó recientemente una actualización paritaria, aunque enmarcada en las limitaciones impuestas por los indicadores oficiales.

“Hoy no podemos superar el índice que fija el Gobierno, porque esos acuerdos no se homologan”, explicó, en referencia a un esquema que, según el dirigente, impide recomponer de manera efectiva el poder adquisitivo.

La consecuencia es un desfasaje cada vez más evidente entre ingresos y costo de vida. “Cuando el trabajador va a la góndola, cuando enfrenta los gastos cotidianos, nota claramente la pérdida”, señaló. En ese ámbito, las negociaciones salariales se han acortado progresivamente: de acuerdos anuales se pasó a revisiones mensuales, con la posibilidad —advirtió— de que incluso ese ritmo resulte insuficiente frente a la dinámica inflacionaria.

Entre la vocación y el desgaste cotidiano

Más allá de las variables macroeconómicas, el testimonio expone una dimensión menos visible pero igualmente relevante: la del trabajo cotidiano en un sector estratégico. Mantener conectada a gran parte del país implica tareas continuas, muchas veces en condiciones exigentes, que requieren actualización permanente frente al avance tecnológico.

En ese marco, el reconocimiento de derechos específicos —como el carácter de feriado nacional del Día del Trabajador de las Telecomunicaciones— adquiere un valor simbólico y material. “Tener un día de descanso con la familia es algo que no tiene precio”, remarcó Trujillo, al reivindicar una conquista que sintetiza años de organización sindical.

El presente de los trabajadores de las telecomunicaciones refleja, en escala sectorial, las tensiones más amplias del mundo del trabajo en la Argentina contemporánea: transformación tecnológica, concentración económica y un marco regulatorio en disputa.

Entre la memoria de un pasado signado por la expansión estatal y un futuro atravesado por la lógica de mercado, el sector enfrenta un desafío central: sostener derechos laborales en un escenario de cambio acelerado. La advertencia sindical no se limita a la coyuntura, sino que interpela el rumbo estructural de una actividad clave para el desarrollo del país.

En ese equilibrio inestable entre innovación y protección social se juega, en definitiva, no sólo el destino de una actividad, sino también el alcance de los derechos en la economía del siglo XXI.

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