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La crisis salarial docente en San Juan suma un nuevo capítulo tras la reciente conciliación obligatoria, en la que los representantes gremiales rechazaron la propuesta del gobierno provincial. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego dejó en claro su postura: no se trata de una falta de voluntad, sino de una limitación financiera. «No es que no quiera, no puedo», afirmó con contundencia durante la inauguración de la Escuela de Educación Secundaria y JINZ N° 29 en Pocito.

El conflicto con el sector docente no es un hecho aislado, sino un reflejo de las tensiones estructurales que atraviesa la administración pública. Orrego señaló que cualquier ajuste en la grilla salarial no solo impacta en los docentes, sino en el conjunto de los empleados estatales, más de 50.000 trabajadores. Esta situación pone de relieve la fragilidad fiscal de la provincia y la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas públicas.

A pesar de la postura inflexible del Ejecutivo, el mandatario destacó que en lo que va del año los haberes del sector educativo han experimentado un incremento del 134%, una cifra que, según él, supera las subas salariales otorgadas en otras provincias. Sin embargo, esta afirmación no logró descomprimir la tensión con los gremios, que continúan exigiendo una recomposición acorde con la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

El desafío de sostener el diálogo y evitar un paro prolongado

Orrego hizo una distinción tajante entre los gremios y los docentes, reconociendo el trabajo «extraordinario» de los trabajadores de la educación y expresando su admiración por su desempeño. Sin embargo, esta diferenciación no ha sido suficiente para frenar el creciente malestar dentro del sector, donde las asambleas docentes han expresado su rechazo a la oferta oficial y analizan nuevas medidas de fuerza.

El gobernador insistió en la importancia de actuar con responsabilidad financiera, subrayando que la administración pública debe priorizar sectores clave como la educación, la salud y la seguridad. En un tono que busca conciliar pero sin ceder ante la presión gremial, aseguró que su compromiso es ofrecer solo lo que el Estado pueda cumplir sin comprometer el equilibrio económico de la provincia.

El conflicto docente en San Juan ha llegado a un punto crítico. Mientras el gobierno provincial insiste en la necesidad de mantener un manejo austero de los recursos, los gremios exigen respuestas inmediatas a las demandas salariales. La conciliación obligatoria no ha logrado encauzar el diálogo, y las medidas de fuerza podrían intensificarse en las próximas semanas.

La frase de Orrego, «No es que no quiera, no puedo», resume la disyuntiva que enfrenta su gestión: administrar una provincia con recursos limitados sin dejar de atender las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, la falta de consenso y la rigidez de ambas partes amenazan con prolongar un conflicto que, lejos de resolverse, parece ingresar en una fase de mayor confrontación.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.

Un Plan de Lucha que Continúa

La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.

Rechazo al Traspaso del Fuero

Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.

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