La Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se encuentra en proceso de disolución por decisión del gobierno de Javier Milei, generó un escándalo al lanzar una licitación millonaria para la compra de neumáticos. La licitación, que asciende a 2,4 millones de dólares, tiene como objetivo adquirir neumáticos destinados a la flota de vehículos y equipos viales de la institución.

Esta decisión originó fuertes críticas y sospechas de irregularidades por parte de los sindicatos y trabajadores de la institución. Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), denunció que «están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta», y sugirió que los materiales podrían ser transferidos a concesionarios o provincias, en contravención con normativas de ética pública y contrataciones estatales.

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), comparó la situación con la década del 90: «En la época de Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas. Esta licitación y la del sistema de vigilancia se hacen justo cuando cierran Vialidad, y nadie explica cómo será la reestructuración».

La decisión del Gobierno nacional de crear un registro para los trabajadores en situación de disponibilidad es un nuevo golpe para los empleados públicos. La medida flexibiliza la condición de los trabajadores de planta permanente que quedaron en un limbo tras el cierre de su sector laboral. Ahora, estos empleados podrán ser reubicados discrecionalmente o perder su puesto en caso de que no se les reasignara una nueva área en el plazo de un año.

La creación del registro fue formalizada a través de la Resolución 54/2025 del Ministerio de Desregulación. La medida publicada en el Boletín Oficial le da al Poder Ejecutivo una parte de la cuota de poder que perdió tras el vencimiento de las facultades con las que cerró decenas de organismos y despidió a más de 50 mil trabajadores del Estado.

La situación de los trabajadores en situación de disponibilidad es precaria. No solamente deberán cerrar su perfil sino que, además, deberán ajustar su idoneidad para un área en la que nunca se desempeñó pero a la que fue trasladado de facto. La puesta en marcha del registro creado por la Secretaría de Transformación del Estado fue la artimaña que el ministro desregulador Federico Sturzenegger encontró para seguir con su objetivo de vaciar el Estado.

De esta manera, los cargos vacantes en el Estado podrán ser cubiertos solamente con el personal inscripto en situación de disponibilidad, pero cuya condición tendrá una cuenta regresiva de un año.

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que había anunciado un paro total para el próximo sábado 19 de julio. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles.

El conflicto entre el Gobierno y la APLA se originó tras la publicación del Decreto 378/2025, que modifica las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio considera que estas modificaciones incrementan los tiempos de servicio de vuelo, reducen los períodos de descanso y suprimen artículos que protegían contra la fatiga de las tripulaciones. La medida había originado fuertes críticas por parte del Gobierno y de Aerolíneas Argentinas, que consideró que la dirigencia gremial utilizaba “los planes de viaje de los ciudadanos como herramienta de presión”.

La Conciliación Obligatoria

La conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo nacional evita el paro de 24 horas previsto para este sábado. La medida obliga al sindicato a suspender la huelga y prestar servicios de manera normal durante 15 días hábiles. Durante este período, las partes deberán negociar y buscar una solución al conflicto. El Gobierno recordó que el decreto aún no entró en vigencia y que su impacto puede variar según cada empresa del sector.

La Posición del Gobierno y de la APLA

El Gobierno consideró que el paro era un intento de boicot al esfuerzo de los trabajadores comprometidos con la sustentabilidad de la compañía. Por su parte, la APLA había decidido realizar la huelga para protestar contra las modificaciones en las condiciones laborales de las tripulaciones. El gremio, encabezado por Pablo Biró, había considerado estas modificaciones como una amenaza directa a la seguridad aérea y responsabilizaba al Gobierno de sus eventuales consecuencias.