En un clima político cargado de tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipan un frente de resistencia ante el intento del Gobierno de avanzar con una reforma laboral que califican de regresiva. Las centrales sindicales afirman que no permitirán un retroceso en las conquistas del movimiento obrero y advierten que “la pelea se dará en todos los frentes”.

La relación entre el Gobierno y el movimiento sindical ingresó en una etapa de confrontación abierta. La CGT y ATE, las dos principales organizaciones gremiales del país, endurecieron su discurso frente a la inminente presentación de una reforma laboral que —según sostienen— amenaza con desarticular derechos históricos de los trabajadores.

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, fue categórico: “Estamos dispuestos a defender los derechos laborales en todos los frentes. Lo que llaman modernización no es más que flexibilización disfrazada”. En declaraciones radiales, el dirigente señaló que detrás del proyecto oficial se esconde “una agenda impuesta por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional”, orientada —según su lectura— a “precarizar el empleo y debilitar la organización sindical”.

Argüello rechazó además el argumento oficial que atribuye las dificultades de las pymes al costo laboral. “Lo que mata a las pequeñas empresas no son las indemnizaciones, sino la presión impositiva y la falta de políticas de desarrollo. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que destruye el empleo son las políticas económicas”, subrayó.

En ese marco, la CGT busca mantener abierta la vía del diálogo institucional, pero con límites claros. La conducción adelantó que si el Gobierno insiste con su plan de reformas sin consenso, recurrirá “al frente judicial, legislativo y, si es necesario, también al de la movilización”. El mensaje fue inequívoco: la central no descarta una estrategia de presión combinada que involucre a todos sus gremios confederados.

Paralelamente, ATE convocó a un plenario federal de delegados para este martes 11 de noviembre en Buenos Aires, donde definirá una medida de fuerza nacional. El encuentro buscará establecer una hoja de ruta común para enfrentar la reforma y exigir la reapertura inmediata de las paritarias. “Esperar hasta el 10 de diciembre sería suicida. Si no reaccionamos en las calles, nos aplastan”, advirtió el secretario general, Rodolfo Aguiar.

El dirigente estatal acusó al Gobierno de “mentirle a la sociedad al decir que quitando derechos se va a crear empleo”. A su juicio, “no hay evidencia de que eliminar indemnizaciones o extender jornadas laborales a doce horas genere productividad; eso solo conduce a un país más desigual y con trabajadores desprotegidos”.

Según trascendió, el borrador de la reforma que se enviaría al Congreso tras la asunción de los nuevos legisladores incluiría cambios profundos: extensión de la jornada laboral, pago de indemnizaciones en cuotas, negociaciones por empresa en lugar de por actividad y aumentos atados a la productividad. Para los gremios, se trata de un rediseño estructural del modelo laboral argentino.

Aguiar fue más allá al advertir sobre un deterioro social que ya golpea a los asalariados: “Hay miles de trabajadores que caen todos los meses bajo la línea de la pobreza. El aval electoral del Gobierno no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la Constitución”.

El plenario de ATE también debatirá la última oferta paritaria de la Secretaría de Trabajo, considerada insuficiente por la conducción. El sindicato rechazó una propuesta de incrementos mensuales entre el 1,1% y el 1,3%, muy por debajo de la inflación registrada por el INDEC. En contraste, UPCN aceptó el acuerdo, lo que reaviva las diferencias internas en el frente estatal.

Mientras tanto, la CGT procura preservar su unidad y consolidar su peso político como interlocutor central del mundo del trabajo. Argüello reivindicó la identidad peronista del movimiento obrero, aunque aclaró que “la CGT representa a todos los trabajadores, más allá de su pensamiento político”. Esa amplitud, remarcó, será clave para sostener la cohesión en tiempos de ofensiva neoliberal.

Con discursos firmes y estrategias que comienzan a coordinarse, la CGT y ATE trazan una línea de resistencia común ante lo que consideran un intento de desmantelar derechos laborales conquistados durante décadas. En medio de un contexto económico frágil y una agenda gubernamental que promete reformas profundas, el sindicalismo argentino vuelve a asumir un rol protagónico.

Su desafío no solo será frenar la reforma laboral, sino también reconstruir una narrativa capaz de defender el trabajo como eje de dignidad y equilibrio social en un país que aún busca su rumbo.

La cadena de supermercados francesa atraviesa un proceso decisivo: busca desprenderse de sus operaciones en Argentina y concentra su estrategia global en mercados más rentables. Entre los interesados figuran Coto, Cencosud, el Grupo De Narváez y un holding peruano. La definición se espera antes de fin de año.

El futuro de Carrefour en Argentina está en plena definición. Según fuentes del sector, la multinacional francesa avanza en un proceso de venta de sus activos locales, administrado por un banco de inversión internacional que ya habría recibido las ofertas finales.

“Hay entre cuatro y cinco grupos que están pujando por la operación”, confirmaron desde el entorno empresario. La salida responde a una decisión estratégica del holding global: concentrar su presencia en mercados de mayor rentabilidad —como Francia, España y Brasil— y reducir su exposición en países con alta volatilidad económica y regulatoria, como Argentina.

En los últimos años, la cadena sufrió los efectos combinados de una caída sostenida del consumo, inflación persistente y márgenes cada vez más estrechos, un escenario que erosionó su rentabilidad local y aceleró la decisión de repliegue.

Coto, GDN y Cencosud, entre los finalistas

En la etapa final de la negociación aparecen cinco grandes interesados: el Grupo De Narváez (GDN), Cencosud, Coto, el fondo estadounidense Klaff Realty y un holding peruano, identificado por fuentes del mercado como Intercorp, aunque sin confirmación oficial. También habría un empresario argentino asociado a capitales extranjeros que presentó una propuesta de último momento.

De ese grupo, GDN, Coto y Klaff Realty serían los que cuentan con mayores posibilidades, al haber presentado las ofertas más completas y alineadas con las condiciones de la operación. “La definición es inminente; todo indica que se resolverá antes de fin de año”, señaló un ejecutivo cercano al proceso.

La magnitud del negocio es considerable: Carrefour Argentina cuenta con más de 600 tiendas distribuidas en 22 provincias, incluyendo hipermercados, locales Express y Market, además de centros logísticos y una estructura de más de 15.000 empleados directos.

Cuatro décadas que cambiaron la historia del consumo

El desembarco de Carrefour marcó un antes y un después en el comercio minorista argentino. En 1982, la empresa inauguró en San Isidro su primer hipermercado, el primero del país, e introdujo un concepto que transformó los hábitos de compra de millones de argentinos.

A lo largo de las siguientes décadas, la compañía consolidó su liderazgo a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. En 2001 absorbió los supermercados Norte, y en 2012 incorporó 129 tiendas EKI, fortaleciendo su capilaridad en el Área Metropolitana y el interior de país. En 2022, la filial local celebró su 40° aniversario, destacando su papel como empleador e innovador en el sector.

De Francia al mundo: la historia de un pionero

Fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey, Carrefour —que en francés significa “cruce de caminos”— revolucionó la industria minorista al crear el formato de hipermercado en 1963, en la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El modelo, que combinaba la venta de alimentos con productos del hogar, tecnología y moda en un mismo espacio, con estacionamiento gratuito y precios competitivos, fue una innovación disruptiva. En pocas décadas, Carrefour se convirtió en el líder europeo y en el segundo grupo de retail más grande del mundo, solo detrás de Walmart.

Hoy, la compañia opera más de 14.000 tiendas en 40 países, con una facturación que supera los 80.000 millones de euros anuales.

Un cierre con impacto simbólico

La posible salida de Carrefour de la Argentina no solo implica el traspaso de una marca emblemática, sino también el fin de una etapa en la historia del consumo masivo. La empresa fue, durante más de cuatro décadas, sinónimo de innovación, escala y accesibilidad para amplios sectores de la población.

La resolución de la venta, prevista para antes de fin de año, marcará el comienzo de una nueva fase en el mapa del retail argentino, con jugadores locales y regionales disputando un negocio que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para la economía nacional.

El caso Carrefour refleja el reacomodamiento del capital global en tiempos de incertidumbre, donde los grandes grupos reevalúan sus prioridades y ajustan su presencia según las condiciones de cada mercado. Para la Argentina, el desenlace será más que una operación comercial: será una señal del grado de confianza —o de desconfianza— que despierta hoy su economía entre los principales actores internacionales del retail.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.