Las negociaciones de La Libertad Avanza con la oposición dialoguista dieron sus frutos y no se llegó a los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con el rechazo del presidente a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La Cámara de Diputados consiguió quórum y comenzó a sesionar pasadas las 11.15 de este miércoles: el debate fue convocado por parte del radicalismo para dar marcha atrás con el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria, aunque para esto se necesitaban dos tercios de los votos de los presentes. Sin embargo, en los últimos días hubo negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista y, tras la intervención de algunos gobernadores, no se llegó a este número, por lo que no hubo un nuevo método de movilidad.

Con 153 votos positivos, 87 negativos y 9 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el veto de Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en una nueva muestra de desprecio por parte del Gobierno nacional contra los sectores más vulnerables, en este caso los adultos mayores, negándoles la posiblidad de una vida digna.

El quórum se consiguió con 131 diputados sentados en sus bancas y, a pesar de la intención de la oposición de ratificar lo que se votó hace unos meses, La Libertad Avanza y sus aliados tuvieron el número –superior a 86 votos– para frustrar esos dos tercios que permitirían que la iniciativa sea girada al Senado.

De esta manera, con el visto bueno de Diputados, permanece el veto y la iniciativa no podrá volver a tratarse en el Congreso en lo que resta del año legislativo.

Mientras avanzó el debate en el recinto, en las afueras del Congreso cientos de personas se manifestaron para rechazar el veto. Mientras tanto, y tal como adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, se dispuso un fuerte operativo de seguridad en la zona. 

La reforma laboral será reglamentada en breve, tras intensas negociaciones entre el Gobierno, empresarios y algunos sindicatos. El texto incluirá detalles sobre el fondo de cese en lugar de la indemnización, la extensión del período de prueba, el Monotributo previsional para empresas con hasta 12 empleados y la restricción del derecho a huelga en caso de bloqueos a plantas.

Los 11 puntos clave de la reglamentación de la reforma laboral de la Ley Bases son los siguientes:

Para los Empleados

1. Período de prueba: se amplía de 3 a 6 meses. Las convenciones colectivas podrán extender este período hasta 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores, y hasta 1 año para pymes con hasta 5 empleados.

2. Trabajador independiente con colaboradores: se permitirá a los trabajadores independientes contratar hasta 3 colaboradores para proyectos productivos sin establecer una relación de dependencia.

3. Contratos de obra y servicios: los contratos de obra y servicios de profesionales quedarán excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. No se aplicará la presunción de relación de dependencia si se emiten recibos o facturas correspondientes y se paga a través de sistemas bancarios específicos.

4. Plataforma de denuncias: se creará una nueva plataforma online para denunciar irregularidades en la registración laboral.

Para las Empresas

5. Registración laboral y tercerización: la Ley Bases valida la registración del trabajador por cualquier persona o entidad involucrada. Los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes registren la relación laboral.

6. Derechos de los trabajadores contratados por intermediarios: los trabajadores de contratistas o intermediarios podrán solicitar a la empresa principal que retenga los importes adeudados por remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos laborales, así como los aportes a la seguridad social, sin previo aviso.

7. Monotributo previsional para pequeñas empresas: se establecerá un sistema simplificado para empresas con menos de 12 empleados, con un pago único que cubrirá todas las obligaciones laborales y de seguridad social.

8. Eliminación de multas: se eliminarán las multas por falta de registro, registro deficiente, falta de pago de indemnizaciones por despido sin causa, falta de entrega de certificados de servicios y omisión en el ingreso de aportes retenidos.

Sobre la huelga y las indemnizaciones

9. Despido con justa causa: se permitirá despedir con justa causa a quienes cometan “injurias graves”, como “intimidar a quienes no se adhieran a una huelga, obstruir el acceso a la empresa o causar daños a la propiedad”.

10. Fondo de cese: mediante convenio colectivo, se podrá sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral. Los empleadores podrán optar por un sistema privado para el pago de indemnizaciones o pactar un monto por acuerdo mutuo. La reglamentación podría definir la posibilidad de autoaseguro por empresa.

11. Despido discriminatorio: en casos de despido discriminatorio por motivos como raza, religión, opinión política, sexo, orientación sexual, características físicas o discapacidad, la indemnización adicional oscilará entre el 50% y el 100% de la establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, sin posibilidad de reinstalación.

12. Blanqueo laboral: se contempla la condonación de capital, intereses y multas por falta de aportes y contribuciones, con un porcentaje mínimo que aún debe definirse.

Aspectos pendientes de reglamentación

–  Fondo de cese laboral: la reglamentación debe establecer los parámetros para su funcionamiento. Aunque la adhesión al fondo es voluntaria, persisten dudas sobre su viabilidad, especialmente para industrias con baja rotación o conflicto laboral. Los gremios tendrán la posibilidad de negociar la sustitución de la indemnización por antigüedad o un acuerdo de fondo de cese.

– Trabajadores independientes con colaboradores: se espera que la reglamentación aclare el ámbito de aplicación de este régimen para evitar la relación de dependencia entre el trabajador independiente y sus colaboradores.

– Recibo de sueldo y monotributo previsional: la ley establecerá un sistema simplificado para la confección de recibos de sueldo y un nuevo Monotributo previsional para pequeñas empresas, con un pago único para todas las obligaciones laborales y de seguridad social.

El Gobierno responderá pronto a estos interrogantes con la reglamentación de la reforma laboral, abordando el fondo de cese, el período de prueba, el Monotributo previsional y las restricciones al derecho de huelga, entre otros temas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no convocar institucionalmente a una movilización al Congreso para exigir el rechazo al veto presidencial sobre el aumento a las jubilaciones, pero dió «libertad de acción» a los gremios que deseen participar.

La decisión, confirmada por Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central sindical, deja en evidencia las tensiones dentro de la dirigencia cegetista, particularmente frente a la postura del sector moyanista.

“Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer», aclaró Rodríguez en declaraciones a AM 750. El dirigente estatal enfatizó que esta postura responde a una “táctica coyuntural” y añadió: “El tema de fondo claramente es avasallar el derecho de la gente, en este caso de los jubilados, de mejorar sus ingresos”.

La decisión de la CGT se produce en un contexto de creciente presión de sectores internos. Pablo Moyano, cosecretario general de la central y líder del sindicato de Camioneros, ha sido uno de los principales impulsores de la marcha que tendrá lugar el miércoles 11 de septiembre. “Soy uno de los convocantes con el Frente Sindical, las dos CTA y los movimientos sociales vamos a movilizar… ojalá sea una marcha multitudinaria, pacífica y que convenza a aquellos diputados que todavía están dudando de dar vuelta el voto para voltear el veto que puso este empleado del FMI que es el Presidente”, manifestó Moyano en diálogo con Radio 10.

Moyano no ocultó su descontento con la decisión de la CGT de no movilizarse de manera oficial y lanzó un mensaje a sus colegas sindicales: «Nadie puede mirar para otro lado o callarse la boca en una situación tan importante como defender los salarios de los jubilados. Lo digo yo, quedate tranquilo que se va a movilizar. Los que importan son los que estamos, los que no van bueno, problema de ellos”.

La postura de Moyano refleja una profunda brecha dentro de la central obrera en un momento crítico para la defensa de los derechos de los jubilados, quienes se encuentran en la primera línea de las consecuencias del veto presidencial. A pesar de las diferencias, la marcha del miércoles promete ser un punto de inflexión en la lucha por los derechos sociales en Argentina, con una CGT dividida entre la cautela institucional y la presión de sus bases más combativas.