La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) solicitaron al Senado participar en el debate en comisiones del proyecto de Ley Bases que contempla, entre otras cuestiones, la privatización de radio Nacional y la Televisión Pública.

Las organizaciones Fatpren y Sipreba solicitaron en una carta enviada al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Edgardo Kueider y Sandra Mendoza.

“Queremos expresar nuestra preocupación y alarma por el tratamiento de la nueva versión de la Ley Bases. Para nuestras organizaciones gremiales -que representan a comunicadores y comunicadoras del ámbito público, privado y cooperativo de todo el territorio nacional- es muy importante ser escuchados por los senadores y senadoras que integran la Comisión y también escuchar las posiciones de senadoras/es con relación al proyecto con tratamiento en estos días”, dice la misiva dada a conocer hoy.

En la carta expresan que “el tema debería ser de especial interés del Senado y esta comisión, ya que afecta a derechos constitucionales en temas de pluralidad informativa y libertad de expresión y prensa”.

Según las organizaciones, la privatización o cierre de Radio y Televisión Argentina “impactaría y afectaría negativamente en nuestro país al negar el acceso a la información a amplios sectores de nuestra población” y advirtieron que desde el comienzo de su mandato, el Poder Ejecutivo nacional “viene expresando una hostilidad manifiesta a la labor del periodismo que debería ser materia de preocupación”.

Entre otras cuestiones en esa línea enumeran “la suspensión de las campañas de interés público, el intento de cierre ilegal de la agencia de noticias Télam, las agresiones por parte de las Fuerzas de Seguridad a trabajadores de prensa” y las marcan como indicadores de sus “inquietudes sobre el derecho a la libertad de expresión tienen fundamentos”.

“Por todo lo expresado, le solicitamos convoque a una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales o nos facilite la participación en las reuniones Plenarias que en estos días seguirá el tratamiento del proyecto Ley Bases y punto de partida para la especialmente por la vertiginosidad en la que la misma obtuvo tratamiento y dictamen”, concluye la nota.

La carta está firmada por el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi, y la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi.

Los gremios que integran la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) resolvieron este jueves la convocatoria a paros por turnos en clínicas y sanatorios de todo el país, ante la falta de respuestas de los empresarios a demandas salariales a más de un mes de iniciadas las negociaciones.

Los trabajadores de la sanidad comenzarán un plan de acción la próxima semana con tres días de protestas. El cronograma se iniciará el miércoles 11 con un paro de 2 horas por turno, continuará el jueves 23 con cese de actividades de 3 horas por turno, y la primera etapa de medidas, cerrará el viernes 24 con 4 horas de paro por turno.

La entidad que conduce Héctor Daer aprobó las medidas de acción directa tras reunión de consejo directivo por el atraso en la paritaria del sector asistencial. Días antes habría se había declarado en estado de alerta y movilización.

En la previa a las jornadas de paro, entre lunes y martes, las distintas asociaciones de trabajadores de sanidad (ATSA) se mantendrán en estado de asamblea permanente en establecimientos para informar sobre el estado de la negociación, confirmaron a Mundo Gremial.

Los empresarios del sector asistencial, que nuclea a sanatorios y clínicas privadas, geriátricos, emergencias médicas y laboratorios de análisis clínicos, entre otros, se niegan a otorgar el aumento paritario solicitado por la FATSA y se plantó en porcentajes por debajo de la inflación, informaron fuentes sindicales a Mundo Gremial.

Semanas atrás, la federación se había referido a la “irresponsabilidad empresaria y la intransigencia de las Cámaras Empresariales para firmar un acuerdo paritaria” y recalcado que la responsabilidad por los “perjuicios que en la atención de los servicios de salud puedan ocasionar las medidas de acción sindical” recaería sobre la patronal.

Durante toda la semana, los distintos sindicatos que integran la FATSA llevaron adelante asambleas y manifestaciones en establecimientos como forma de protesta.

La denuncia  es contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.

Lo hizo la CTA Autónoma mediante la representación de su Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, junto a un importante grupo de personalidades de la política, la justicia y los DDHH.

Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Hugo “Cachorro” Godoy, Claudio Lozano, Jorge Elbaum y Atilio Borón fueron los autores de la denuncia que se presentó el jueves 16 de mayo ante la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.

Según detalla la denuncia, se los acusa bajo “las figuras de violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad (art. 248 CPN), y falsedad ideológica de instrumento público (art. 292 CPN)”, delitos para los que se encuentran previstas penas de prisión muy severas e, incluso, en el caso del delito de concesión de facultades tiránicas, se prevé la prisión perpetua.

A su vez, el escrito sostiene que la acusación también “debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos denunciados, particularmente ya adelantamos que el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei debe ser investigado como posible instigador (art. 45 del Código Penal) al enviar el Proyecto de ley sancionado (en media sanción) por la Cámara de Diputados y que si los Senadores ingresan en el mismo ámbito de ilicitud en el trámite de la ley deben ser alcanzados por esta denuncia de oficio (por tratarse de un delito todavía en ejecución)”.

El otro tramo, aclara que “no se trata aquí de ‘criminalizar’ opiniones, ni discursos -aunque muchas veces esos discursos sí resultan ‘en sí mismos’ constitutivos de un delito, p. ej., cuando por su intermedio se practica la apología de delitos y/o delincuentes-; aquí, repetimos, se trata de lo que hicieron los Legisladores, apartándose de sus deberes concretos, mediante inadmisibles concesiones de poder que convierten al Poder Ejecutivo Nacional en una suerte de ‘soberano absoluto’”, y agrega que la norma del artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “… El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria…”.

En tanto, los denunciantes señalaron públicamente que “la gravedad de la situación creada por Javier Milei requiere respuestas comprometidas con la democracia”, y consideraron que “denunciar los atropellos no es una opción, sino una obligación”.