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El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, describió el deterioro salarial que atraviesan docentes y no docentes de la Universidad Nacional de San Juan y cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Alertó sobre vacantes que ya no logran cubrirse, el éxodo de profesionales hacia otros sectores y las dificultades para sostener el funcionamiento académico en medio del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

La crisis que atraviesa el sistema universitario argentino dejó de expresarse únicamente en estadísticas presupuestarias para instalarse de lleno en la vida cotidiana de las universidades nacionales. La caída del poder adquisitivo, la paralización de partidas destinadas a investigación y becas, y la falta de actualización de fondos para funcionamiento comenzaron a impactar de manera directa en las aulas, los equipos académicos y la estructura operativa de las casas de altos estudios.

En ese escenario, Barcelona dictaminó un severo diagnóstico sobre la situación que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan y advirtió que el deterioro salarial ya empuja a numerosos docentes a abandonar la actividad universitaria en busca de ingresos más competitivos en otros ámbitos laborales.

“La situación es muy complicada para poder sostenernos”, resumió el dirigente sindical al describir el efecto concreto que tuvo la inflación sobre los salarios del sector desde fines de 2023. Según explicó, el retraso salarial acumulado dejó a numerosos trabajadores universitarios —docentes y no docentes— por debajo de la línea de pobreza, mientras el desfasaje entre ingresos y costo de vida continúa ampliándose mes tras mes.

Barcelona sostuvo que el problema ya no se limita a una pérdida transitoria del poder adquisitivo, sino que empieza a comprometer el funcionamiento estructural de las universidades. La consecuencia más visible, señaló, es la creciente dificultad para retener profesionales formados dentro del sistema público.

“Muchos docentes han decidido emigrar de la universidad hacia otros ámbitos públicos o privados en busca de mejores salarios”, explicó. La salida de personal académico, añadió, comienza a dejar vacíos difíciles de cubrir, particularmente en cargos iniciales y dedicaciones intermedias cuyos ingresos quedaron muy por debajo de los valores del mercado laboral.

La preocupación sindical también apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa judicializada. Para el gremio, la falta de transferencia de fondos impide recomponer salarios, normalizar las negociaciones paritarias y garantizar el sostenimiento operativo de las universidades nacionales.

El representante gremial recordó que la normativa establece mecanismos concretos de actualización salarial vinculados a la evolución inflacionaria, además de contemplar partidas para funcionamiento, becas estudiantiles y actividades académicas esenciales. Sin embargo, denunció que esos recursos no están llegando al sistema universitario.

“El gobierno ha eliminado nuestras paritarias desde agosto de 2024”, afirmó el dirigente, al cuestionar la interrupción de las instancias formales de negociación salarial. A su entender, el congelamiento presupuestario y la ausencia de acuerdos paritarios profundizaron el deterioro económico de miles de trabajadores del sector.

El impacto ya se percibe en áreas sensibles de la vida universitaria. Laboratorios con recursos limitados, actividades de campo restringidas, becas sin actualización y dificultades para sostener servicios estudiantiles forman parte de un cuadro que, según advierten desde el sindicalismo universitario, amenaza con erosionar progresivamente la calidad académica.

La situación se vuelve todavía más delicada en carreras donde comienzan a registrarse dificultades para cubrir cargos vacantes. Barcelona explicó que, ante jubilaciones o renuncias, las universidades encuentran cada vez menos interesados en asumir horas cátedra cuyos salarios resultan insuficientes frente a otras alternativas laborales.

“Nadie quiere tomar cargos por salarios que no alcanzan”, señaló, al describir un fenómeno que ya repercute en la organización académica cotidiana. El dirigente sostuvo que la brecha salarial con el sector privado e incluso con otras áreas del empleo público provincial genera una migración constante de profesionales formados dentro de la universidad pública.

En este ámbito, el sindicalismo universitario profundiza las medidas de visibilización y prepara una nueva movilización federal prevista para el 12 de mayo. La convocatoria buscará reeditar el respaldo social que las universidades lograron meses atrás, cuando cientos de miles de personas participaron de marchas masivas en defensa de la educación pública.

En San Juan, ADICUS coordina acciones junto a otros gremios, autoridades universitarias y organizaciones estudiantiles. Entre las actividades previstas se incluyen recorridas por cursos, campañas de difusión y conferencias de prensa destinadas a reforzar el reclamo por financiamiento y recomposición salarial.

El conflicto universitario, lejos de agotarse en una discusión presupuestaria, expone una disputa más profunda sobre el modelo educativo y científico que el país pretende sostener. Mientras docentes, investigadores y estudiantes advierten sobre las consecuencias del ajuste, la educación superior nacional enfrenta uno de los desafíos más delicados de las últimas décadas: preservar su capacidad académica y su función social en medio de una restricción financiera que amenaza con dejar secuelas de largo plazo.

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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar

El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.

La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.

Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.

Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.

La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.

Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.

A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.

La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.

En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.

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Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan

La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.

El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.

La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.

La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.

Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.

Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.

La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones

La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.

La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.

La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.

Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.

Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.

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