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La CGT oficializó su adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo y reforzó el respaldo político y sindical al reclamo de docentes, nodocentes y autoridades académicas. La decisión expone la magnitud del deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales y convierte la protesta en una nueva señal de confrontación con el gobierno de Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo resolvió involucrarse de lleno en uno de los conflictos más sensibles que atraviesa hoy la administración nacional: el financiamiento del sistema universitario. Tras una reunión mantenida en la sede de Azopardo con representantes gremiales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la central obrera confirmó que participará activamente de la Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 12 de mayo.

La definición no constituye un gesto menor. La incorporación formal de la CGT al reclamo educativo amplifica el alcance político de una protesta que ya había encontrado respaldo entre estudiantes, docentes y rectores de todo el país. La decisión sindical coloca el debate universitario en una dimensión más amplia: la discusión sobre el papel del Estado, la inversión pública y las consecuencias sociales del programa económico impulsado por la Casa Rosada.

Durante el encuentro participaron Franco Bartolacci, presidente del CIN, y Anselmo Torres, vicepresidente de la entidad, quienes expusieron ante el Consejo Directivo de la CGT un panorama crítico sobre el funcionamiento de las universidades nacionales. Según describieron, la falta de actualización presupuestaria y la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario comprometen desde el sostenimiento operativo básico hasta la continuidad de proyectos académicos, científicos y de extensión.

La preocupación excede lo estrictamente administrativo. Rectores y sindicatos coinciden en que la fragilidad financiera comienza a impactar de manera directa sobre la calidad educativa y sobre las condiciones laborales de miles de trabajadores del sistema público de educación superior.

En ese contexto, la central obrera decidió asumir una posición de acompañamiento explícito. El dirigente del Sindicato del Vidrio y cotitular de la central obrera, Cristian Jerónimo, fue el encargado de transmitir la postura sindical. “Vamos a adherir y a acompañar la marcha de los universitarios para repudiar y rechazar las políticas del gobierno de Milei, y solidarizarnos con esta gran lucha que están dando los compañeros”, sostuvo.

La definición sintetiza el cambio de escala que adquirió el conflicto universitario en las últimas semanas. Lo que comenzó como un reclamo presupuestario circunscripto al ámbito académico terminó convirtiéndose en un punto de convergencia para distintos sectores golpeados por el ajuste fiscal. La CGT interpreta que el deterioro de las universidades no afecta únicamente a la comunidad educativa, sino también al entramado productivo y al horizonte de movilidad social de amplias franjas de la población.

Desde la conducción sindical sostienen que el debilitamiento de la educación pública repercute de manera directa sobre la formación técnica y profesional de los trabajadores argentinos. Bajo esa mirada, el recorte universitario no sólo representa una discusión contable, sino una definición política sobre el modelo de país y las oportunidades de desarrollo futuro.

La situación salarial ocupa además un lugar central dentro de las demandas. Tanto la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) advirtieron sobre el deterioro acelerado de los ingresos del sector. Sus secretarios generales, Daniel Ricci y Walter Merkis, reclamaron la inmediata reapertura de paritarias y cuestionaron la ausencia de respuestas oficiales frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Los dirigentes sindicales remarcaron que gran parte del funcionamiento universitario se sostiene actualmente gracias al esfuerzo de docentes y trabajadores nodocentes que continúan desempeñando tareas con salarios profundamente erosionados por la inflación. La advertencia apunta a una consecuencia que comienza a inquietar dentro de las propias casas de estudio: la dificultad creciente para retener profesionales altamente capacitados dentro del sistema público.

La movilización del 12 de mayo aparece así como una instancia de fuerte contenido político y social. La expectativa de los organizadores es reeditar la masividad observada durante las grandes marchas universitarias realizadas durante el primer año de gestión libertaria, cuando cientos de miles de personas colmaron las calles en defensa de la educación pública.

Sin embargo, el trasfondo del conflicto exhibe una discusión todavía más profunda. El enfrentamiento entre el Gobierno y el sistema universitario expresa dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y las prioridades presupuestarias de la Argentina actual.

Mientras la administración de Javier Milei insiste en sostener el ajuste fiscal como eje central de su programa económico, las universidades, los gremios y ahora también la CGT advierten que la reducción del gasto público amenaza áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

La incorporación de la CGT al reclamo universitario también revela una recomposición de alianzas dentro del universo sindical y social. Docentes, estudiantes, nodocentes, rectores y gremios industriales confluyen ahora en una misma convocatoria, articulando una respuesta colectiva frente a políticas que consideran regresivas para el sistema educativo y el mercado laboral.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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León XIV en Argentina: el 9 de noviembre será feriado nacional

El Decreto 1103/2026 estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otros dos con alcance territorial limitado: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada para facilitar la seguridad, la logística y la circulación durante la visita de León XIV.

El esquema fue definido en función de los desplazamientos y las actividades previstas durante la estadía del Pontífice, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. Según el decreto, la decisión busca facilitar los operativos de seguridad, la organización logística y el ordenamiento de la circulación en los lugares alcanzados.

Así queda el calendario

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.
Martes 10 de noviembre: feriado en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El dictamen también establece que las declaraciones alcanzan a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios comprendidos. El objetivo es facilitar una aplicación coordinada de las medidas de seguridad y organización durante las jornadas de mayor concentración de personas.

Qué pasa con quienes tengan que trabajar

Al tratarse de feriados, para los trabajadores alcanzados rige el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a ese día más una suma igual, es decir, el equivalente al pago doble previsto para estas jornadas.

Por lo tanto, esa regla será aplicable al 9 de noviembre en todo el país, al 10 en Córdoba y CABA y al 11 en la provincia de Buenos Aires, siempre dentro del ámbito territorial establecido por el decreto.

La diferencia con un día no laborable también resulta relevante. En estos últimos casos, la prestación laboral es optativa para el empleador y, si se trabaja, corresponde el salario simple. El Decreto 1103/2026, en cambio, utiliza expresamente la figura de feriado, por lo que corresponde aplicar el régimen específico de la Ley 20.744.

Además de establecer los feriados, el Gobierno creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”. El organismo tendrá a su cargo coordinar las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización de la visita y podrá funcionar hasta un máximo de 12 meses.

El decreto fue dictado el 25 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La visita papal, prevista del 8 al 11 de noviembre, tendrá así un dispositivo extraordinario que combina medidas laborales, de circulación y coordinación estatal en las jurisdicciones directamente involucradas.

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Concesionarias en alerta: despidos y retiros voluntarios ante el nuevo mapa del mercado

El mercado automotor acumula una caída cercana al 13% y las concesionarias enfrentan una combinación de menor volumen, mayor competencia y márgenes más estrechos. En las últimas semanas se multiplicaron los despidos, retiros voluntarios y cierres de sucursales, mientras las agencias buscan reducir costos y adaptar sus estructuras a un mercado con más marcas y menos operaciones.

El ajuste comenzó a hacerse visible en las concesionarias de automóviles después de varios meses de contracción de las ventas y de una transformación acelerada de la oferta. El mercado automotor se encamina a cerrar 2026 por debajo de las 550.000 unidades, según las estimaciones citadas por el informe de A Rodar Post, lejos de las 700.000 unidades que algunos ejecutivos proyectaban a comienzos del año.

La reducción del volumen comercial se trasladó al empleo. De acuerdo con un relevamiento realizado entre concesionarias, al menos la mitad de las agencias consultadas reconoció haber reducido personal durante los últimos dos meses. Entre los casos mencionados aparecen grupos empresarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, con operaciones en Pilar, Escobar y Zárate, donde unas 40 personas habrían sido desvinculadas, y otro grupo de trayectoria en el sur del conurbano, que habría prescindido de alrededor de 15 trabajadores.

La magnitud del proceso resulta difícil de cuantificar porque buena parte de las salidas se canaliza mediante retiros voluntarios y acuerdos individuales, sin intervención directa de los sindicatos. Las desvinculaciones se concentran, según fuentes del mercado, especialmente entre empleados incorporados durante los últimos dos o tres años, cuando las redes comerciales habían vuelto a ampliar sus dotaciones.

El fenómeno tiene una particularidad: las concesionarias de vehículos no enfrentan solamente una caída de la demanda, sino un cambio en la composición de la oferta. La incorporación de nuevas marcas, especialmente de origen chino, y el regreso de fabricantes importados ampliaron la competencia en segmentos donde históricamente predominaban las terminales con producción local.

Ese desplazamiento modificó la participación de las marcas tradicionales. Mientras algunas automotrices radicadas industrialmente en la Argentina registran retrocesos de sus patentamientos, varias compañías sin producción local muestran una evolución positiva. El resultado es un mercado con más competidores disputando un volumen menor de operaciones.

La presión se trasladó directamente a la rentabilidad de las agencias. Las terminales fijan objetivos comerciales que, según fuentes del sector, en algunos casos resultan difíciles de alcanzar con el ritmo actual de patentamientos. Para sostener las ventas, las concesionarias recurren a descuentos cada vez mayores y reducen el margen por unidad, con la expectativa de compensarlo mediante bonificaciones asociadas al cumplimiento de objetivos.

La alternativa es todavía más costosa: mantener vehículos sin vender implica financiar inventarios con tasas elevadas. Por eso, algunas agencias comenzaron a cuestionar los volúmenes de unidades que las terminales les solicitan adquirir y optaron por reducir sus compras para evitar una acumulación de stock que presione sobre sus cuentas.

Hasta hace pocos meses, parte de ese ajuste podía absorberse mediante la redistribución de empleados dentro de los propios grupos empresarios. El personal de las marcas con peor desempeño era trasladado hacia operaciones que mostraban mayor dinamismo. Esa posibilidad se redujo a medida que la contracción alcanzó a una mayor cantidad de redes.

La evolución también empieza a modificar la estructura física de las empresas. Algunas concesionarias avanzan con el cierre de sucursales y puntos de venta, concentrando operaciones en establecimientos principales para reducir alquileres, costos administrativos y dotaciones.

La diferencia con el período 2020-2023 es significativa. Durante aquellos años, las restricciones a las importaciones limitaron la disponibilidad de vehículos y redujeron el volumen de unidades comercializadas, pero la escasez permitió sostener precios y márgenes elevados en determinadas operaciones. Con una oferta ahora mucho más amplia, esa ecuación se modificó: hay más vehículos disponibles, más marcas compitiendo y una presión creciente sobre los precios de transacción.

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