Paralización en Vicuña: jerárquicos mineros responsabilizan a la operadora
Marcelo Mena, titular nacional de los jerárquicos mineros, cuestionó con dureza a la empresa a cargo del proyecto Vicuña por la falta de diálogo, deficiencias en la planificación y riesgos en materia de seguridad. En medio de la disputa entre San Juan y La Rioja, advirtió sobre el impacto en el empleo y reclamó definiciones urgentes.
La paralización del proyecto minero Vicuña ha reavivado una confrontación de gran alcance entre las provincias de San Juan y La Rioja, pero también ha dejado al descubierto tensiones más profundas vinculadas a la gestión empresarial, la seguridad operativa y la relación con las comunidades. En esa estructura, el posicionamiento del gremio que representa a los jerárquicos mineros introduce un elemento clave: la responsabilidad directa de la compañía en la interrupción de las tareas.
Marcelo Mena, fue categórico al señalar que el conflicto no puede reducirse a una puja política. A su juicio, el foco debe ponerse en la conducta de la empresa, a la que acusa de no haber generado los mecanismos institucionales necesarios para garantizar previsibilidad. “No cuesta nada conformar una mesa de diálogo y ordenar la actividad con todos los actores involucrados”, planteó.
El dirigente insistió en que cualquier emprendimiento de esta magnitud requiere no solo inversiones, sino también una estrategia integral que contemple la denominada “licencia social”. En esa línea, remarcó la necesidad de involucrar a las comunidades cercanas, coordinar con autoridades locales y definir de manera transparente aspectos sensibles como el uso del territorio, la circulación de vehículos y la contratación de mano de obra.
Uno de los puntos más críticos señalados por Mena está vinculado a la seguridad. Según explicó, la empresa habría introducido modificaciones en los accesos y condiciones de traslado sin cumplir con los protocolos establecidos. Esta situación, advirtió, podría derivar en consecuencias graves tanto para los trabajadores como para el entorno. “Si ocurre un accidente, no solo hablamos de un hecho laboral, sino también de un posible impacto ambiental”, alertó.
El planteo no es menor en una actividad donde los estándares de seguridad constituyen un pilar central. El representante gremial reclamó la conformación urgente de comités específicos para evaluar riesgos, definir circuitos seguros y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. “Las condiciones deben ser analizadas previamente; no se puede improvisar en una actividad de estas características”, subrayó.
El freno en las tareas ya tiene efectos concretos en el empleo. De acuerdo con los datos aportados por el gremio, alrededor de 80 trabajadores jerárquicos vinculados directamente al proyecto se encuentran afectados, a lo que se suman operarios de empresas contratistas. La cifra, aunque acotada en términos absolutos, adquiere relevancia por el tipo de actividad y la especialización requerida.
Mena también puso el foco en las condiciones laborales de quienes prestan servicios indirectos. En particular, expresó preocupación por aquellos trabajadores que deben trasladarse por sus propios medios para cumplir con sus tareas, lo que expone a situaciones de riesgo adicionales. “Nos interesa que todos tengan condiciones adecuadas, no solo los afiliados directos”, sostuvo, ampliando el alcance del reclamo.
Más allá de las responsabilidades empresariales, la disputa entre San Juan y La Rioja agrega un componente político que complejiza la resolución. En este punto, el titular de ASIJEMIN fue enfático al defender la posición sanjuanina en materia de jurisdicción y regalías. “Los recursos pertenecen a la provincia y eso debe respetarse”, afirmó, al tiempo que consideró que no corresponde ceder en aspectos vinculados a la renta minera.
No obstante, también planteó la necesidad de que La Rioja tenga participación en términos sociales y laborales, especialmente en lo relativo al paso por su territorio y la integración de trabajadores locales. Esta visión busca equilibrar intereses sin desvirtuar la titularidad de los recursos, promoviendo acuerdos que permitan avanzar sin profundizar el conflicto.
El mensaje hacia la empresa fue igualmente directo: debe abandonar posturas unilaterales y asumir un rol activo en la construcción de consensos. “No se puede imponer una lógica propia en un territorio donde intervienen múltiples actores”, sostuvo. En ese sentido, reclamó una conducción más cercana a la realidad local y menos condicionada por decisiones tomadas a distancia.
La reactivación del proyecto, depende de la capacidad de articular intereses y restablecer condiciones mínimas de confianza. Para ello, propuso una mesa de trabajo que incluya a gobiernos provinciales, representantes sindicales, comunidades y directivos de la compañía. Solo a partir de ese diálogo, reiteró, será posible recuperar la actividad y brindar certidumbre a los trabajadores.
El conflicto en torno al proyecto Vicuña expone con nitidez las presiones que atraviesan a la actividad minera cuando convergen intereses económicos, jurisdiccionales y sociales sin una coordinación efectiva. La paralización no solo refleja un litigio territorial, sino también falencias en la gestión y en la construcción de acuerdos.
Bajo estas circunstancias, la responsabilidad empresarial aparece como un factor determinante para encauzar la situación. Sin mecanismos de diálogo, planificación rigurosa y respeto por las normas, cualquier intento de avanzar queda condicionado. La resolución a la problemática exigirá algo más que definiciones políticas: demandará una conducción capaz de integrar actores, garantizar seguridad y sostener un desarrollo que no quede librado a decisiones unilaterales.
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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados
El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).
La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.
La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.
Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.
Un segundo cierre en Rawson
La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.
El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.
Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.
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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata
La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.
La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.
La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.
Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.
Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.
Una operación pendiente de aprobación
Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.
Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.
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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros
Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.
La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.
Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.
Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.
La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.
Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.
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