A pocas semanas del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, los mandatarios provinciales comenzaron a condicionar su respaldo a la Casa Rosada. La caída real de las transferencias automáticas, la distribución de ATN y el temor a que La Libertad Avanza compita directamente en sus distritos profundizan el distanciamiento.

La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa una nueva etapa, marcada por una negociación cada vez más condicionada por los intereses provinciales. La proximidad del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral encontró a varios mandatarios tomando distancia de la Casa Rosada, mientras sus legisladores comenzaron a modificar el comportamiento que durante buena parte de la gestión permitió al oficialismo aprobar iniciativas clave.

El cambio se hizo visible en las últimas votaciones del Congreso. Los bloques dialoguistas que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro acompañaron proyectos impulsados por la oposición, entre ellos los vinculados con discapacidad y el desendeudamiento de las familias.

La señal adquiere relevancia porque el Gobierno necesitará nuevamente construir mayorías para aprobar el Presupuesto 2027, cuya presentación debe concretarse antes del 15 de septiembre, y para avanzar con una reforma electoral cuyo punto más controvertido es la eliminación de las PASO.

La disputa por los recursos

El deterioro de los ingresos provinciales constituye uno de los principales factores detrás del nuevo vínculo entre Nación y las jurisdicciones. Un informe de la Fundación Encuentro señala que las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon hasta agosto una caída real del 1,2% interanual.

El dato es especialmente significativo porque sólo Catamarca consiguió mejorar su recepción respecto del mismo período de 2025, con una variación positiva de 0,3%. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del año anterior en términos reales.

La Casa Rosada intentó compensar parcialmente esa relación mediante la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En agosto, el Ministerio de Economía distribuyó $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.

La asistencia, sin embargo, no alcanzó para evitar nuevos enfrentamientos. En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reconocer a Mendoza el 100% de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles, una medida vinculada con la histórica disputa por el río Atuel.

“Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías”, afirmó Ziliotto, al anticipar que su administración no aceptará la decisión.

Passalacqua, una pieza clave

Misiones representa uno de los casos más delicados para el oficialismo. El desembolso de $5.000 millones en ATN llegó mientras el gobernador Hugo Passalacqua profundiza su distancia política respecto de Carlos Rovira y mantiene contactos con dirigentes de distintos espacios.

El mandatario misionero recibió recientemente a Axel Kicillof y previamente había mantenido encuentros con Sergio Uñac y dirigentes del peronismo federal. La Casa Rosada busca evitar que ese acercamiento derive en un alineamiento de Misiones con la oposición.

La Libertad Avanza, a su vez, comenzó a proyectar una estructura propia en la provincia. Entre los nombres mencionados para disputar el territorio aparecen el diputado Diego Hartfield y el titular partidario Adrián Núñez.

La agenda electoral condiciona el vínculo entre los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional. Distintos gobernadores que respaldaron los proyectos oficiales perciben que la fuerza gobernante podría disputarles el territorio en 2027, más allá de los consensos parlamentarios alcanzados.

El factor electoral

El lanzamiento del tucumano Lisandro Catalán como candidato dispuesto a disputar el poder provincial constituye una primera señal concreta. El movimiento alimentó la desconfianza de los gobernadores que observan con preocupación una eventual expansión territorial de La Libertad Avanza.

La elección municipal de Marcos Juárez, en Córdoba, también dejó una advertencia para las fuerzas opositoras al peronismo: la fragmentación puede modificar el resultado cuando el voto contrario al oficialismo provincial se distribuye entre varias listas.

La definición de alianzas nacionales quedará en buena medida bajo la conducción de Karina Milei, quien tendrá a su cargo las conversaciones con los mandatarios que todavía mantienen vínculos con el oficialismo. Por ahora, los acuerdos aparecen más consolidados con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.

También resta conocer si se mantiene la cooperación política con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y si otros gobernadores, entre ellos Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi, terminan acercándose a la propuesta libertaria o preservan una construcción propia.

Reformas bajo negociación

La nueva ley de Biocombustibles es otro ejemplo de la dificultad de construir una posición común entre las provincias. Tucumán, Jujuy y Salta muestran una postura favorable, mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuestionan el ingreso de grandes compañías integradas al mercado del biodiésel.

El argumento de estos últimos distritos es que la participación de grandes empresas cerealeras podría desplazar a pequeñas y medianas firmas del mercado. El proyecto quedó temporalmente detenido en el Senado, donde el Gobierno tampoco consiguió reunir los votos necesarios.

La reforma electoral promete una discusión todavía más compleja. La eliminación de las PASO aparece como el punto que genera mayor resistencia entre los aliados parlamentarios. Una alternativa con mayores posibilidades de consenso sería suspenderlas nuevamente, como ocurrió durante las elecciones de 2025.

La cuestión no es menor para los gobernadores: cualquier modificación de las reglas electorales puede alterar el diseño de las alianzas, la selección de candidatos y la relación entre las elecciones nacionales y provinciales.

El 1 de noviembre habrá, además, una prueba política en Bariloche, donde se votará la reforma de la Constitución municipal. El oficialismo provincial de Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés enfrentarán al peronismo y a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El resultado será observado como una primera aproximación a la capacidad de esos espacios para competir asociados o separados.

Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso y una reforma electoral que afecta directamente los intereses de las estructuras provinciales, la relación entre Nación y los gobernadores ingresa en una fase de mayor negociación. La Casa Rosada todavía conserva capacidad de iniciativa, pero los mandatarios comenzaron a dejar en claro que el acompañamiento legislativo ya no será automático y que cada proyecto deberá atravesar, cada vez más, el filtro de los intereses territoriales y de la disputa electoral de 2027.