La CGT gana terreno en tribunales mientras se define quién juzgará la constitucionalidad de la reforma
El Ministerio Público Fiscal avaló que la causa impulsada por la CGT continúe en la Justicia del Trabajo, al considerar que la materia en discusión es eminentemente laboral. El criterio refuerza la estrategia sindical y agrega presión sobre el Gobierno en una disputa que excede lo técnico y adquiere relevancia institucional.
La controversia judicial en torno a la reforma laboral sumó un elemento de peso. Un dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal sostuvo que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo debe permanecer bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo, desplazando la pretensión oficial de trasladarla al fuero contencioso administrativo.
El pronunciamiento se inscribe en el expediente mediante el cual la central obrera promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, cuestionando más de 80 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Desde el inicio, la CGT planteó que las modificaciones introducidas implican un retroceso en derechos individuales y colectivos, con impacto directo sobre principios de jerarquía constitucional como la protección del trabajo, la progresividad normativa y la libertad sindical.

El recorrido procesal expone la complejidad del caso. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 asumió competencia, encuadró el expediente como proceso colectivo y dictó una medida cautelar de no innovar que suspendió la aplicación de los artículos impugnados. La reacción del Estado fue doble: apeló esa decisión y, en simultáneo, impulsó una inhibitoria para desplazar la causa hacia el fuero contencioso administrativo federal. La coexistencia de decisiones contrapuestas —con un juzgado que ratifica su intervención y otro que se declara competente— derivó en un conflicto positivo de competencia que ahora debe resolver la Cámara.
En ese marco, el dictamen fiscal introduce un criterio claro: la naturaleza de la materia resulta determinante para definir el juez competente. “Las normas cuestionadas se insertan en el derecho del trabajo, tanto en su dimensión individual como colectiva”, sostuvo Cuesta, al tiempo que subrayó que el análisis de constitucionalidad deberá realizarse a la luz de ese marco normativo específico.
El fiscal descartó, además, que la participación del Estado Nacional sea un argumento suficiente para justificar el desplazamiento del caso. En línea con la doctrina de la Corte Suprema, precisó que la competencia no se define por la calidad de las partes, sino por el contenido jurídico del conflicto. Es decir, lo que está en juego no es quién dicta la norma, sino qué derechos se encuentran comprometidos.
Uno de los puntos más sensibles del dictamen radica en la interpretación del alcance de la propia Ley 27.802 en materia de competencia. La norma establece que, en conflictos laborales con intervención del Estado, debe actuar el fuero contencioso administrativo federal. Sin embargo, el fiscal introdujo un matiz decisivo: esa disposición no resulta operativa en la actualidad.
Según explicó, su vigencia efectiva depende de la concreción de un Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un proceso que requiere aval legislativo y la instrumentación de convenios específicos. Al no haberse cumplido esas condiciones, el cambio normativo carece, por ahora, de efectos prácticos.
Esta lectura no solo debilita la estrategia del Gobierno para redirigir la causa, sino que reafirma un principio estructural del sistema judicial: la especialidad del fuero laboral para abordar conflictos vinculados con derechos del trabajo. En términos concretos, implica que la discusión sobre la validez de la reforma se desarrollará en un ámbito donde históricamente prevalece una interpretación más protectoria de los derechos de los trabajadores.
El fallo también despeja un argumento recurrente en la defensa estatal: la supuesta afectación de su prerrogativa de litigar ante tribunales federales. Para el Ministerio Público, el propio Congreso diseñó un esquema que contempla excepciones, lo que habilita la continuidad del proceso en la Justicia del Trabajo sin menoscabar ese principio.
El pronunciamiento fiscal no define la disputa, pero introduce un elemento de fuerte gravitación en una causa que combina técnica jurídica y alto voltaje político. Al respaldar la competencia del fuero laboral, consolida la posición de la CGT y condiciona la estrategia del Gobierno en un expediente donde se discute mucho más que la validez de una norma.
La resolución final quedará en manos de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. De su decisión dependerá no solo el recorrido procesal del caso, sino también el terreno sobre el cual se dirimirá una discusión de fondo: el alcance de los derechos laborales en el nuevo marco normativo y quién tiene la última palabra para interpretarlos.
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El PJ sanjuanino apeló a la unidad, pero la celebración del 17 de octubre mostró sus diferencias
El peronismo de San Juan conmemoró el Día de la Lealtad con tres convocatorias separadas y ausencias que alimentaron las señales de fragmentación interna. Mientras la conducción del Partido Justicialista (PJ) encabezó homenajes en su sede central y en Chimbas, la CGT organizó un acto propio, con Eduardo Cabello como principal referente. La jornada volvió a exponer las diferencias entre la dirigencia partidaria y el movimiento obrero en un momento en que ambos espacios buscan recuperar competitividad electoral.
La ausencia más significativa fue la del senador nacional Sergio Uñac, quien no participó de ninguna de las convocatorias y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ni Fabián Gramajo, presidente de San Juan Te Quiero. En el homenaje realizado en la sede partidaria faltaron, además, intendentes de ocho departamentos: Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos jefes comunales organizaron actos en sus respectivas juntas departamentales.
Las actividades partidarias fueron encabezadas por el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, la vicepresidenta primera, Graciela Seva, y el vicepresidente segundo, Fabián Aballay. También participaron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los legisladores provinciales Mario Herrero y Marisa López.
La segunda convocatoria se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, en Chimbas, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto de Juan Domingo Perón, restaurado después de sufrir daños por vandalismo. Allí también estuvo Jorge «Koki» Chica, ausente en la ceremonia de la sede central. La elección del departamento no fue menor: Chimbas concentra un caudal electoral relevante para las aspiraciones del peronismo de cara a 2027.
Ante la dispersión de los homenajes, Quiroga Moyano recurrió reiteradamente al término «diversificación» para describir la organización de la jornada. La expresión buscó presentar como una distribución de actos lo que también dejó a la vista la falta de una convocatoria común, especialmente por la decisión de la CGT de celebrar por separado.
Aballay, en tanto, vinculó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con las dificultades que atraviesa el justicialismo. Aunque reconoció las diferencias internas, sostuvo su expectativa de que una eventual unidad permita al partido volver a competir con posibilidades en las elecciones de 2027.
La mirada sindical fue más crítica. Desde la CGT, Eduardo Cabello reivindicó el papel del movimiento obrero en la identidad peronista y cuestionó las divisiones de la dirigencia política, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la pérdida de los gobiernos provincial y municipales. Su planteo ubicó a los sindicatos como actores centrales de una eventual reconstrucción partidaria y marcó diferencias con la lectura de la conducción del PJ.
A 81 años de la movilización que reclamó la liberación de Perón y se convirtió en una fecha fundacional del movimiento, la conmemoración sanjuanina dejó una señal política concreta: la unidad continúa siendo una aspiración compartida, pero todavía no se traduce en una conducción capaz de reunir a sus principales referentes. La disputa por el protagonismo y la reconstrucción electoral seguirá condicionando la relación entre el partido, los intendentes y el sindicalismo.
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La CGT de San Juan celebró el Día de la Lealtad y reclamó recuperar la identidad peronista
La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.
“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.
La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”
Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.
Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.
También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.
El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista
El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.
La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.
El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.
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Paritarias: los bancarios elevaron el salario inicial a $2,63 millones
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.
La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.
El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.
Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.
Bono por el Día del Bancario
El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.
Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.
El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.
Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero
El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.
Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.
La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.
El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.
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