Reforma laboral: el oficialismo logró media sanción tras 14 horas de debate y ahora la pulseada pasa a Diputados
Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.
Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.
La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.
Un rediseño estructural del esquema laboral
Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.
Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.
En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.
Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas
El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.
En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.
La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.
Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical
En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.
El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.
En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.
Una discusión que recién comienza
El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.
Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.
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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.
Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.
La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.
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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan
El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.
El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.
Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.
El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.
La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.
Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.
La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.
Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.
Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.
La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.
El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.
Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.
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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global
San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.
El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.
El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.
Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.
Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.
En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.
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