La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la decisión del Gobierno de restituir la denominación Día de la Raza para el 12 de octubre y la calificó de «provocación burda». La central obrera ratificó su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, nombre adoptado oficialmente en 2010, y cuestionó la ausencia de fundamentos históricos que, a su entender, respalden el cambio.

En un comunicado, la organización sostuvo que la denominación original no había surgido de una concepción biologicista o racista. Recordó que el expresidente Hipólito Yrigoyen instituyó la fecha como fiesta nacional con la intención de estrechar los vínculos de hispanidad entre los pueblos latinoamericanos, en contraposición a la influencia imperialista anglosajona.

La central obrera también recuperó un discurso pronunciado por Juan Domingo Perón el 12 de octubre de 1947, en el que el entonces mandatario cuestionó las formas de subordinación económica y cultural que, según planteó, favorecían intereses imperialistas. Con esa referencia, la central buscó inscribir la discusión en una tradición política vinculada con la soberanía y la identidad regional.

Sin embargo, el mensaje remarcó que la interpretación de la fecha fue evolucionando hacia una concepción más amplia de la identidad latinoamericana, que reconoce el aporte de los pueblos originarios y la diversidad de raíces que conforman la cultura del continente.

Desde 2010, la denominación oficial es Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un cambio orientado a promover una mirada que reconozca las identidades indígenas y la pluralidad cultural. La CGT defendió esa definición por considerarla acorde con los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina.

La postura sindical suma una dimensión política e histórica a la discusión sobre el significado del 12 de octubre. Mientras el Gobierno recupera una denominación asociada a la tradición hispánica, la CGT sostiene que la conmemoración debe preservar el reconocimiento de los pueblos originarios y de la diversidad cultural como componentes centrales de la identidad nacional.

San Juan se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ADICUS confirmó su participación en la movilización, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo, a las 16.30.

La convocatoria se inscribe en la disputa por la recomposición salarial de docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento de las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. El recorrido previsto contempla una marcha hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre, aunque el trayecto definitivo se resolverá en una reunión organizativa.

Una clase pública antes de la movilización

Como parte de las actividades previas, este miércoles se realizará una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado. La exposición estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino y buscará sumar una instancia de debate académico a los reclamos universitarios.

La protesta local se desarrollará en simultaneo con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, luego de que el Gobierno recurriera a la Justicia para cuestionar la obligación de aplicar la ley de financiamiento.

El conflicto combina así el reclamo gremial por salarios y presupuesto con una discusión institucional sobre el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso. La movilización del jueves buscará sostener la presión pública mientras continúa la disputa judicial y las organizaciones universitarias advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.

La construcción acumula una pérdida de 120.000 puestos de trabajo y la desaparición de unas 2.000 empresas, sin perspectivas de una recuperación significativa durante los próximos meses. La advertencia fue formulada por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien atribuyó el deterioro a la fuerte contracción de la obra pública y anticipó que el estancamiento podría extenderse durante los primeros meses de 2027.

Según el dirigente empresario, la actividad cayó alrededor de un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene en niveles inferiores a los previos al derrumbe. Aunque el ritmo de la caída se moderó, el repunte todavía no alcanza para recomponer el empleo ni revertir el debilitamiento de las compañías. Algunas atraviesan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.

Weiss sostuvo que no observa cambios relevantes para el corto plazo. Si bien identificó un mayor dinamismo en Neuquén y Río Negro, impulsado por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, advirtió que ese movimiento resulta insuficiente para compensar la retracción en el resto del país. La construcción asociada con la energía y la minería ofrece mejores perspectivas, pero no reemplaza el volumen de trabajo que generaba la infraestructura pública.

El reclamo por la inversión estatal

El titular de CAMARCO cuestionó la posibilidad de que el capital privado sustituya por completo al Estado en el financiamiento de las obras. Según planteó, rutas con bajo tránsito, grandes proyectos ferroviarios y otras infraestructuras requieren recursos públicos para resultar viables.

La paralización de esos emprendimientos, advirtió, trasciende a las empresas constructoras: el deterioro vial y ferroviario también eleva los costos logísticos y condiciona la competitividad de otras actividades productivas.

El mercado inmobiliario tampoco despega. Según Weiss, construir en dólares es cada vez más caro y los precios de venta rezagados reducen la rentabilidad de las obras. Aunque valoró los nuevos créditos hipotecarios, aclaró que todavía les falta escala para generar una reactivación general.