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Aunque los indicadores oficiales muestran una leve mejora en la distribución del ingreso, la realidad del mercado laboral y los niveles salariales revelan un escenario de empobrecimiento extendido. En ese contexto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno aparece más orientada a consolidar la precariedad que a generar empleo de calidad o ampliar derechos.

Los números pueden sugerir una cosa, pero la vida cotidiana suele contar otra historia. Según los últimos datos del Indec, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— registró una leve mejora interanual durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, esa aparente reducción de la brecha social convive con un dato contundente: el 80% de la población argentina tiene ingresos per cápita familiares que no superan el millón de pesos mensuales.

Lejos de reflejar un proceso virtuoso de inclusión o mejora del bienestar, este fenómeno responde a un achatamiento generalizado de la pirámide social, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo, el avance de la informalidad laboral y la degradación de las condiciones de empleo. En otras palabras, se trata de una igualdad que no eleva, sino que empuja hacia abajo.

El propio Indec muestra que los ingresos del decil más rico multiplican por 13 a los del 10% más pobre, una brecha que sigue siendo estructural. Aun así, el descenso del coeficiente de Gini —de 0,435 en el tercer trimestre de 2024 a 0,431 en igual período de 2025— no expresa una mejora real en las condiciones de vida, sino una contracción generalizada de los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.

Ingresos bajos y empleo frágil

La crisis de ingresos tiene un correlato directo en el mercado de trabajo. Los datos oficiales confirman un crecimiento sostenido del cuentapropismo informal, una modalidad que suele encubrir empleo precario, sin estabilidad ni derechos laborales. En este contexto, la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo aparece como un factor de profundización del problema antes que como una solución.

La pregunta resulta inevitable —y retórica—: ¿qué derechos adicionales ganarán los trabajadores informales con la reforma laboral propuesta por el Gobierno? La evidencia disponible sugiere que ninguno. Por el contrario, el proyecto consolida un esquema donde la flexibilidad y la desregulación avanzan sobre la protección del trabajo formal, debilitando aún más la capacidad de negociación salarial.

De acuerdo al Indec, el 62,8% de la población (18.822.792 personas) percibió algún ingreso durante el período analizado, con un promedio de $993.771. El dato confirma que incluso el ingreso medio se ubica por debajo del umbral del millón de pesos, una cifra que, en el actual contexto inflacionario, dista de garantizar condiciones de vida dignas.

La brecha entre formales e informales

El análisis por deciles expone con mayor claridad la magnitud del deterioro. El 40% de la población registra ingresos promedio que no superan los $350.000 mensuales, mientras que el 80% cobra menos de $1.000.000. No se trata de interpretaciones ni de discursos: son datos oficiales.

La segmentación del mercado laboral profundiza esta desigualdad. El ingreso medio por decil de los trabajadores formales asciende a $1.247.462, frente a los $535.802 que perciben, en promedio, los ocupados informales. La diferencia no solo refleja salarios más bajos, sino también la ausencia de aportes, cobertura social y estabilidad.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aporta una clave estructural para comprender este proceso. Según el organismo, el crecimiento interanual de la actividad económica se apoya de manera desproporcionada en sectores con bajo efecto multiplicador sobre el empleo asalariado, como la intermediación financiera y la explotación de minas y canteras, mientras retroceden ramas históricamente generadoras de empleo formal, como la industria y la construcción.

La leve mejora estadística en los indicadores de desigualdad no alcanza para ocultar una realidad más profunda: el modelo económico actual avanza hacia una sociedad cada vez más homogénea en su empobrecimiento. La reforma laboral, lejos de revertir esa tendencia, parece alinearse con un esquema que normaliza ingresos bajos, empleo precario y pérdida de derechos.

La igualdad que emerge de este proceso no es la de oportunidades ni la de bienestar compartido, sino la de una pauperización extendida que redefine hacia abajo las condiciones de vida de la mayoría. En ese escenario, el desafío pendiente no es maquillar los indicadores, sino reconstruir un modelo productivo y laboral capaz de generar empleo de calidad, ingresos suficientes y una verdadera inclusión social.

Departamentales

El deshielo pone bajo vigilancia rutas y puentes de cinco departamentos sanjuaninos

Protección Civil monitorea el aumento de los caudales y evalúa posibles restricciones en caminos de Calingasta, Angaco, Albardón, San Martín y Chimbas. La Ruta 400 ya permanece cortada en la zona cordillerana, mientras los organismos provinciales refuerzan los controles sobre puentes y pasos vulnerables.

El director de Protección Civil, Diego Morales, comunicó que las cuadrillas provinciales supervisan de forma continua el comportamiento hídrico y la resistencia de la infraestructura en riesgo. Si bien los cauces operan hoy dentro de los márgenes normales, se prevé que la continuidad del deshielo incremente de manera importante el caudal.

La ocupación de los terrenos naturales del río San Juan durante los últimos veinte años de sequía representa hoy un problema complejo. Con la actual recuperación de los caudales a niveles inéditos en dos décadas, las viviendas y fincas instaladas en el antiguo cauce obligan a desplegar maquinaria para redirigir el agua y reducir el riesgo de inundaciones o daños.

En ese marco, las autoridades realizan maniobras controladas en los descargadores de fondo del dique Ignacio de la Roza, con liberaciones progresivas de agua destinadas a observar la respuesta del terreno y anticipar eventuales intervenciones.

Los puntos más sensibles en el Gran San Juan

Entre Chimbas y Albardón, uno de los sectores que concentra mayor atención es calle Salta, conexión utilizada para llegar a El Rincón y Las Tapias. Allí, la capacidad de drenaje podría resultar insuficiente ante una crecida importante, con el riesgo de que el agua alcance la calzada e impida el tránsito.

También se encuentra bajo observación el puente de Albardón, cuya respuesta frente a un caudal de esta magnitud deberá ser evaluada por los equipos técnicos. A esto se suman los cruces informales de Villa Observatorio, que serán inhabilitados por el peligro que representa atravesar sectores del lecho con una corriente creciente.

La vigilancia alcanza además a calle Rodríguez, una vía que vincula San Martín con Chimbas y Angaco. Debido a las características de su trazado y a la proximidad del cauce, Protección Civil e Hidráulica analizan la necesidad de establecer restricciones preventivas.

Calingasta, con un corte ya vigente

En la zona cordillerana, las consecuencias del deshielo ya se reflejan en la interrupción total de la Ruta 400, que conecta El Molle con Laguna Blanca y el área del proyecto minero Pachón. El avance del agua impide la circulación segura y obliga a utilizar recorridos alternativos para acceder a los emprendimientos de la zona.

Las empresas mineras pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de acondicionamiento y reparación de los sectores afectados, según la información difundida.

Controles en diques y cauces

Las medidas preventivas también comprenden las maniobras de erogación desde el dique Cuesta del Viento, cuyo flujo llega hasta el dique Pachimoco. Las autoridades buscan evitar que la formación de espejos de agua en sectores sin infraestructura de seguridad derive en accidentes, especialmente por la presencia de personas que se acercan a bañarse.

En este sentido, Hidráulica desarrolla trabajos de limpieza de sedimentos y mantenimiento en puentes para reducir obstrucciones que puedan alterar el curso del agua. La presencia de corrales y construcciones precarias dentro de los cauces constituye otro factor de preocupación.

Con el deshielo en pleno desarrollo, la prioridad de los organismos provinciales es anticiparse a los efectos de las crecidas, preservar la infraestructura y evitar accidentes. La evolución de los cursos de agua determinará si las advertencias actuales se traducen en nuevas restricciones para la circulación en los departamentos bajo seguimiento.

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destacada

La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

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