La reforma laboral y el avance de un modelo de ingresos bajos y empleo frágil

Aunque los indicadores oficiales muestran una leve mejora en la distribución del ingreso, la realidad del mercado laboral y los niveles salariales revelan un escenario de empobrecimiento extendido. En ese contexto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno aparece más orientada a consolidar la precariedad que a generar empleo de calidad o ampliar derechos.

Los números pueden sugerir una cosa, pero la vida cotidiana suele contar otra historia. Según los últimos datos del Indec, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— registró una leve mejora interanual durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, esa aparente reducción de la brecha social convive con un dato contundente: el 80% de la población argentina tiene ingresos per cápita familiares que no superan el millón de pesos mensuales.

Lejos de reflejar un proceso virtuoso de inclusión o mejora del bienestar, este fenómeno responde a un achatamiento generalizado de la pirámide social, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo, el avance de la informalidad laboral y la degradación de las condiciones de empleo. En otras palabras, se trata de una igualdad que no eleva, sino que empuja hacia abajo.

El propio Indec muestra que los ingresos del decil más rico multiplican por 13 a los del 10% más pobre, una brecha que sigue siendo estructural. Aun así, el descenso del coeficiente de Gini —de 0,435 en el tercer trimestre de 2024 a 0,431 en igual período de 2025— no expresa una mejora real en las condiciones de vida, sino una contracción generalizada de los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.

Ingresos bajos y empleo frágil

La crisis de ingresos tiene un correlato directo en el mercado de trabajo. Los datos oficiales confirman un crecimiento sostenido del cuentapropismo informal, una modalidad que suele encubrir empleo precario, sin estabilidad ni derechos laborales. En este contexto, la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo aparece como un factor de profundización del problema antes que como una solución.

La pregunta resulta inevitable —y retórica—: ¿qué derechos adicionales ganarán los trabajadores informales con la reforma laboral propuesta por el Gobierno? La evidencia disponible sugiere que ninguno. Por el contrario, el proyecto consolida un esquema donde la flexibilidad y la desregulación avanzan sobre la protección del trabajo formal, debilitando aún más la capacidad de negociación salarial.

De acuerdo al Indec, el 62,8% de la población (18.822.792 personas) percibió algún ingreso durante el período analizado, con un promedio de $993.771. El dato confirma que incluso el ingreso medio se ubica por debajo del umbral del millón de pesos, una cifra que, en el actual contexto inflacionario, dista de garantizar condiciones de vida dignas.

La brecha entre formales e informales

El análisis por deciles expone con mayor claridad la magnitud del deterioro. El 40% de la población registra ingresos promedio que no superan los $350.000 mensuales, mientras que el 80% cobra menos de $1.000.000. No se trata de interpretaciones ni de discursos: son datos oficiales.

La segmentación del mercado laboral profundiza esta desigualdad. El ingreso medio por decil de los trabajadores formales asciende a $1.247.462, frente a los $535.802 que perciben, en promedio, los ocupados informales. La diferencia no solo refleja salarios más bajos, sino también la ausencia de aportes, cobertura social y estabilidad.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aporta una clave estructural para comprender este proceso. Según el organismo, el crecimiento interanual de la actividad económica se apoya de manera desproporcionada en sectores con bajo efecto multiplicador sobre el empleo asalariado, como la intermediación financiera y la explotación de minas y canteras, mientras retroceden ramas históricamente generadoras de empleo formal, como la industria y la construcción.

La leve mejora estadística en los indicadores de desigualdad no alcanza para ocultar una realidad más profunda: el modelo económico actual avanza hacia una sociedad cada vez más homogénea en su empobrecimiento. La reforma laboral, lejos de revertir esa tendencia, parece alinearse con un esquema que normaliza ingresos bajos, empleo precario y pérdida de derechos.

La igualdad que emerge de este proceso no es la de oportunidades ni la de bienestar compartido, sino la de una pauperización extendida que redefine hacia abajo las condiciones de vida de la mayoría. En ese escenario, el desafío pendiente no es maquillar los indicadores, sino reconstruir un modelo productivo y laboral capaz de generar empleo de calidad, ingresos suficientes y una verdadera inclusión social.