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Mientras gobernadores y sindicalistas concentran sus objeciones en la coparticipación y el poder gremial, el proyecto de reforma laboral del Gobierno avanza con transformaciones profundas que modifican salarios, jornadas, despidos, vacaciones y protección social. Una batería de cambios que reconfigura la relación capital-trabajo y afecta directamente la vida diaria de millones de empleados.

La discusión pública en torno a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero parece concentrarse en dos frentes visibles: la pérdida de recursos coparticipables que denuncian los gobernadores de la oposición moderada y el debilitamiento del poder sindical que rechaza la CGT. Sin embargo, detrás de ese intercambio político, avanza un rediseño integral del régimen laboral argentino que altera derechos básicos y prácticas cotidianas de los trabajadores, sin una defensa proporcional de esos aspectos.

El proyecto, presentado bajo el rótulo de “modernización”, incorpora modificaciones que afectan tanto a trabajadores registrados como a aquellos con vínculos informales o encubiertos, quienes hasta ahora encontraban en la Justicia laboral un canal de reparación frente a despidos o incumplimientos.

Menos salario, más flexibilidad y negociación individual

Uno de los ejes más sensibles es la reducción indirecta de los ingresos. La creación del banco de horas elimina, en la práctica, el pago de horas extras: las jornadas podrán extenderse ciertos días a cambio de reducirse otros, según acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Este esquema rompe con la lógica colectiva y traslada la negociación al plano individual, donde el poder de presión del trabajador es notoriamente menor.

En la misma línea, se debilita el rol de los convenios colectivos por actividad. Los pisos salariales sectoriales dejan de ser una garantía y cada empresa podrá negociar su propio salario mínimo, profundizando la fragmentación y la desigualdad entre trabajadores de una misma rama.

Vacaciones fragmentadas y mayor discrecionalidad patronal

El régimen de licencias también se flexibiliza. Los empleadores podrán otorgar vacaciones fuera del período tradicional y fraccionarlas en tramos mínimos de siete días. Aunque presentado como una herramienta de adaptación, el cambio amplía la capacidad de la empresa para disponer del tiempo de descanso del trabajador según sus necesidades operativas.

Despidos más baratos y financiados por los propios trabajadores

Otro punto central es la reconfiguración del sistema indemnizatorio. Se fija un tope al cálculo de la indemnización tomando como referencia un salario que no puede superar tres veces el promedio del convenio, ahora negociado por empresa. Además, se excluyen del cálculo ítems como propinas, bonos, acciones, viáticos o gastos de conectividad.

El pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas si media un juicio, y el costo del despido se traslada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio y de salud. En los hechos, el despido deja de ser un costo empresario directo y pasa a socializarse entre los propios trabajadores.

Jubilaciones y salud, bajo presión

El desvío de aproximadamente tres puntos porcentuales de las contribuciones patronales hacia el FAL implica un desfinanciamiento estructural del sistema previsional y de las obras sociales y prepagas. Menos recursos para jubilaciones y prestaciones médicas, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento del costo sanitario, agrega un riesgo sistémico que trasciende el mercado laboral.

Contratos más frágiles y menos protección judicial

La reforma elimina resguardos históricos para trabajadores con contratos a plazo fijo y de temporada. Se suprime la indemnización por daños y perjuicios ante incumplimientos del empleador y desaparece la figura del contrato de temporada, reemplazada por el contrato eventual, mucho más flexible y discrecional.

A su vez, se limita la posibilidad de reclamar judicialmente frente a cambios abusivos en las condiciones de trabajo, dejando como única alternativa la renuncia. La presunción de relación laboral en casos de dependencia encubierta también se debilita, dificultando los reclamos de trabajadores facturados como independientes.

Derechos sindicales y protesta, bajo restricción

El proyecto introduce restricciones severas a la actividad sindical: los trabajadores eventuales no podrán ser delegados, se flexibiliza la tutela gremial y se amplía la definición de servicios esenciales, imponiendo niveles mínimos de prestación del 75% o 50%, lo que reduce de forma efectiva el alcance del derecho de huelga.

Las asambleas quedan sujetas a autorización del empleador y dejan de ser remuneradas, mientras que los delegados pierden protección ante procesos de reorganización empresarial.

Tercerización, apps y el fin del trabajador como sujeto protegido

La reforma limita la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, favoreciendo esquemas de intermediación que reducen la seguridad del empleado frente a incumplimientos. En simultaneo, se oficializa la condición de trabajadores independientes para repartidores y mensajeros de plataformas, descartando el vínculo de dependencia.

En términos conceptuales, el proyecto abandona el principio histórico del derecho laboral que reconoce al trabajador como la parte débil de la relación, desplazando la lógica protectoria por una visión contractualista y de mercado.

Mientras la discusión política se concentra en la puja por recursos fiscales y poder sindical, la reforma laboral avanza sobre aspectos que redefinen la vida cotidiana del trabajo en la Argentina: salarios más inciertos, jornadas más extensas, despidos menos costosos, menor protección social y un retroceso del rol del Estado como garante de derechos. El resultado es un cambio de paradigma profundo que, más allá de los eslóganes de modernización, reconfigura el equilibrio entre capital y trabajo sin una defensa proporcional de quienes verán transformadas, día a día, sus condiciones de empleo.

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Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar

El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.

La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.

Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.

Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.

La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.

Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.

A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.

La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.

En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.

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Tía Maruca cambia de dueño: qué pasará con la planta industrial de San Juan

La compañía del grupo Pérez Companc acordó adquirir la tradicional marca de galletitas y sus derechos comerciales en Argentina y otros mercados regionales. La fábrica Dilexis, ubicada en Albardón, quedó expresamente fuera de la operación, una aclaración relevante para la estructura industrial sanjuanina.

El mercado argentino de alimentos registró un nuevo movimiento empresario con la incorporación de Tía Maruca al portafolio de Molinos Río de la Plata. La compañía presidida por Luis Pérez Companc firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la tradicional marca de galletitas, en una operación que comprende sus derechos comerciales en Argentina y determinados mercados de la región. Sin embargo, la transacción no incluye la planta industrial Dilexis, ubicada en Albardón, San Juan.

La aclaración tiene especial relevancia para la provincia, debido a la trayectoria que la marca construyó alrededor de su establecimiento industrial sanjuanino. Según precisaron fuentes consultadas por medios locales, el acuerdo comprende exclusivamente la marca y no contempla la transferencia de la fábrica. De esta manera, la adquisición anunciada por Molinos no implica un cambio de titularidad de la planta de Albardón.

La operación representa un nuevo avance de Molinos en el negocio de las galletitas, una categoría en la que busca ampliar su participación y competir con empresas de fuerte presencia en las góndolas. El movimiento se produce pocos días después de que completara la adquisición de un complejo industrial en Banda del Río Salí, Tucumán, que incorporó activos productivos y personal a su estructura. La combinación de capacidad industrial y una marca reconocida le permite avanzar en el desarrollo de esta nueva línea comercial.

Fundada en 1998, Tía Maruca construyó su identidad a partir de productos tradicionales como pepas, surtidos y bizcochos, con una propuesta orientada al consumo masivo. Su recorrido empresarial, sin embargo, estuvo atravesado por dificultades financieras: en 2019 ingresó en concurso preventivo y posteriormente atravesó un proceso de reorganización. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la compañía, en una etapa de recuperación y reposicionamiento de la marca.

Desde Molinos, su CEO, Agustín Llanos, destacó el reconocimiento que conserva Tía Maruca entre los consumidores y afirmó que el objetivo será preservar su identidad y potenciarla mediante las capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas de la compañía. Por la parte vendedora, Pablo Tamburo consideró que el proceso de recuperación permitió reposicionar a la firma y abrir una nueva etapa para su desarrollo.

La incorporación amplía el catálogo de una empresa que ya comercializa marcas tradicionales como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Exquisita, Cocinero, Blancaflor y La Salteña. La concreción definitiva del acuerdo, no obstante, permanece sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

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San Juan reunirá a más de 320 empresas en el FNS Forum 2026 y busca atraer nuevas inversiones

La provinicia se prepara para una nueva instancia de vinculación empresarial con una convocatoria que anticipa una intensa agenda de negociaciones comerciales y oportunidades de inversión. El FNS Forum 2026 llegará a su tercera edición con 333 participantes inscriptos y 321 reuniones individuales confirmadas, en una propuesta que busca conectar la producción provincial con compradores, compañías e inversores de distintos mercados.

La actividad se desarrollará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 15, en el Centro Cultural Conte Grand, como parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los aspectos más relevantes de esta convocatoria es la participación de empresas provenientes de otras provincias y del exterior, una presencia que amplía las posibilidades de vinculación para los emprendimientos y proyectos productivos sanjuaninos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la Ronda de Inversiones concentra 259 participantes, de los cuales 140 pertenecen a firmas de otras jurisdicciones o mercados internacionales. Esa participación representa el 54% del total de inscriptos en esta instancia. Hasta el momento, se coordinaron 186 encuentros individuales, orientados a vincular proyectos con potenciales inversores y entidades de financiamiento.

La agenda se completa con la Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas, que reúne a 74 participantes y tiene 135 reuniones comerciales confirmadas. Allí confluirán productores y elaboradores locales con representantes de cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales. La organización informó que los encuentros confirmados representan el 64% de las agendas solicitadas.

Las reuniones fueron organizadas de manera individual, de acuerdo con los perfiles comerciales y las posibilidades concretas de vinculación entre las partes. En el espacio de inversiones estarán representadas actividades como minería, agroindustria, energía, economía del conocimiento, infraestructura, turismo y servicios, áreas que concentran proyectos y oportunidades de expansión para la economía provincial.

Con el lema “Diversidad y competitividad para conectar, inspirar y pensar en nuestro futuro”, el foro busca trascender la agenda institucional de la Fiesta Nacional del Sol y convertirse en una plataforma de negocios. La expectativa oficial es que los contactos establecidos puedan transformarse en operaciones comerciales, financiamiento para nuevos emprendimientos y proyectos de inversión capaces de ampliar la capacidad productiva y generar empleo en San Juan.

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