Tras una sesión maratónica que se extendió por casi diez horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el artículo que buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, en medio de duras acusaciones de “extorsión” y maniobras reglamentarias.

Pasada la medianoche y luego de un extenso y tenso debate, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero no logró uno de sus objetivos centrales: la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La iniciativa fue aprobada en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, lo que permitió girar el proyecto al Senado. Sin embargo, en la votación en particular, el Gobierno sufrió un revés clave cuando el capítulo XI, que incluía el artículo 75, fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones, provocando su caída definitiva del texto.

La derrota parlamentaria fue celebrada con euforia por los bloques opositores, que desde el inicio de la sesión habían advertido sobre la gravedad institucional y social de las modificaciones incorporadas “por la ventana” y a último momento por el oficialismo.

Alianzas y quiebres en la votación

En la votación en general, La Libertad Avanza logró articular una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales minoritarias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención.

El proyecto también había incorporado, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del Supremo Tribunal al Consejo de la Magistratura. No obstante, al estar incluidas dentro del capítulo XI, estas modificaciones quedaron sin efecto tras el rechazo del articulado.

Del mismo modo, se cayeron otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares.

Acusaciones de extorsión y fuerte cruce político

La controversia estalló cuando quedó en evidencia que el oficialismo había concentrado un paquete de medidas sensibles dentro de un mismo capítulo, impidiendo que los legisladores pudieran votar cada tema de manera diferenciada.

“Esto es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que quienes acompañaran el artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue aún más duro y calificó la maniobra como una “perversidad”. “Siguen metiendo cosas en el capítulo XI para que nadie pueda despegarse del artículo 75”, explicó, y acusó al oficialismo de intentar condicionar a la Justicia. “¡Son unos chantas!”, exclamó el legislador santafesino.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici salió al cruce y rechazó las acusaciones: “Cierren la boca cuando hablan de trampas. No hay ningún riesgo ni ninguna maniobra irregular”, afirmó, en uno de los cruces más ásperos de la noche.

Tensiones internas y votos incómodos

El debate también dejó expuestas contradicciones y tensiones dentro de bloques aliados al Gobierno. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y sostuvo que las planillas presupuestarias podían modificarse sin perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió sobre lo “anormal” del procedimiento legislativo y cuestionó a quienes intentaron justificar su voto favorable con salvedades. “Se lavan la conciencia: votaron esas leyes y ahora se esconden en el presupuesto”, sostuvo.

Incluso la radical Karina Banfi, habitual aliada del oficialismo, se desmarcó: “No se puede obligar a ningún legislador a votar algo que no quiere. Esto es extorsivo”, afirmó.

El episodio más elocuente fue el del diputado santacruceño José Luis Garrido, quien reconoció que no compartía los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero aun así anticipó su voto favorable. “Las salvedades no te salvan”, le retrucó Cecilia Moreau desde su banca.

La defensa oficialista y el eje fiscal

Antes de que se desatara la polémica, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había cerrado el debate defendiendo el proyecto y resaltando el equilibrio fiscal como eje central del Presupuesto.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Esta es la piedra angular del proyecto económico del presidente Javier Milei”, sostuvo el legislador cordobés, al llamar a respaldar la iniciativa.

La media sanción del Presupuesto 2026 dejó un sabor agridulce para el oficialismo. Si bien logró avanzar con la ley más importante del año, el rechazo del artículo 75 expuso los límites de su estrategia parlamentaria y la resistencia política y social frente a la derogación de derechos sensibles.

El debate dejó al descubierto tensiones internas, alianzas frágiles y un Congreso que, al menos en este capítulo, marcó un límite frente a intentos de avanzar sobre políticas vinculadas a la discapacidad y al financiamiento de la educación superior. Ahora, la discusión se trasladará al Senado, donde el Gobierno deberá recalcular su estrategia si pretende evitar nuevos traspiés.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales decidieron intensificar su plan de lucha y anunciaron un paro total de actividades por 24 horas, en simultáneo con la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La medida fue resuelta por amplia mayoría en el Consejo Directivo de la Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, con cese total de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.

“Se resolvió un paro de 24 horas y movilización de las y los trabajadores nodocentes en defensa de la Universidad Pública, de nuestros salarios y de nuestros derechos laborales”, señalaron desde la organización sindical a través de un comunicado oficial.

Salarios, presupuesto y funcionamiento universitario en riesgo

Desde FATUN advirtieron que la situación del sistema universitario es crítica y que la falta de un presupuesto adecuado pone en riesgo su normal funcionamiento. En ese sentido, remarcaron que el deterioro salarial y la incertidumbre financiera afectan directamente la calidad educativa y la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

“La situación es insostenible: sin un presupuesto real y suficiente, se compromete el funcionamiento de todo el sistema universitario”, alertaron. Y agregaron: “Un país que aspira a crecer necesita más y mejores universidades, y eso solo es posible con salarios dignos y presupuestos garantizados, una responsabilidad indelegable de todo gobierno, más allá de los vaivenes económicos”.

Como parte del reclamo central, los nodocentes exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente defendida por amplios sectores del arco político, académico y social.

Paro sin concurrencia y movilización nacional

La medida de fuerza se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo, afectando el normal funcionamiento administrativo de las universidades nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, los nodocentes concentrarán desde las 13:00 horas en Diagonal Sur y avenida Belgrano, desde donde se movilizarán en el marco de la protesta general.

Desde la federación sindical señalaron que la participación en la marcha busca “decir presente frente a un intento de retroceso que pone en riesgo derechos conquistados” y visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario público.

Asimismo, FATUN convocó a los sindicatos de base del interior del país a sumarse a las acciones organizadas en cada ciudad, con el objetivo de federalizar el reclamo y multiplicar su impacto en todo el territorio nacional.

En el marco del intenso debate legislativo por el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este miércoles ante el Plenario de Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para expresar un rechazo técnico, jurídico y político a la iniciativa oficial.

La delegación sindical estuvo encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), acompañados por el asesor legal de la central obrera, Pablo Topet. La jornada, presidida por la senadora Patricia Bullrich, tuvo como eje central la exposición de Sola, quien realizó un pormenorizado análisis del articulado y cuestionó la filosofía que sustenta la propuesta del Ejecutivo.

Desde el inicio de su intervención, el dirigente advirtió que se trata de una reforma “inconsulta”, tanto para los trabajadores como para los empleadores que apuestan a la producción y el empleo genuino. A su entender, el proyecto se apoya en una concepción del derecho laboral que desconoce la desigualdad estructural existente en la relación entre capital y trabajo.

Inconstitucionalidad y el cuestionamiento al principio protectorio

Uno de los puntos más contundentes de la exposición fue la advertencia sobre los “graves problemas de constitucionalidad” que, según la CGT, atraviesan el proyecto. Sola sostuvo que la iniciativa vulnera el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“El trabajador es la parte más débil de la relación contractual y la ley no puede fingir una igualdad que no existe”, señaló el dirigente, al tiempo que reclamó un “debate serio” con participación de todos los sectores involucrados. En esa línea, afirmó que las normas laborales deben ser progresivas y orientadas a ampliar derechos, no a restringirlos.

Sola también alertó sobre el intento de “atomizar” la representación sindical mediante la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Según explicó, el proyecto habilita acuerdos por empresa que podrían firmarse a la baja respecto de los convenios de actividad, debilitando la negociación colectiva y fragmentando la defensa de los derechos laborales.

Críticas al Fondo de Asistencia Laboral y al sistema de salud

Otro de los ejes centrales del planteo sindical fue el cuestionamiento al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La CGT denunció que su financiamiento implicaría el desvío de alrededor de 3.000 millones de dólares que hoy pertenecen al sistema previsional.

“Están sacando recursos de quienes ya se jubilaron para que el empleador no tenga costo al momento de despedir”, advirtió Sola, al caracterizar el mecanismo como un subsidio indirecto a los despidos financiado con fondos de los trabajadores.

En paralelo, el dirigente alertó sobre el impacto de la reforma en el sistema de obras sociales sindicales. Detalló que el proyecto prevé reducir del 6% al 5% los aportes destinados a la salud en las medianas empresas, lo que implicaría una pérdida estimada de 90.000 millones de pesos. “Se trata de un sistema solidario único en el mundo, que ya está en una situación crítica”, subrayó.

“Las reformas por sí solas no generan empleo”

En otro tramo de su exposición, Sola refutó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la creación de empleo registrado. Recordó que antecedentes recientes, como la implementación de la Ley Bases con períodos de prueba extendidos y eliminación de multas, no lograron revertir la informalidad ni generar puestos de trabajo de calidad.

“Hoy se pierden alrededor de 400 empleos genuinos por día y cierran 30 pymes”, afirmó, al sostener que el problema central no reside en el marco normativo laboral sino en la ausencia de un plan de inversión productiva.

En ese sentido, sugirió que el Congreso debería priorizar una reforma tributaria que reduzca los costos a la inversión y estimule la actividad económica, antes de avanzar en cambios estructurales en las relaciones laborales.

Sobre el cierre, la CGT pidió a los senadores que el tratamiento de la reforma no se realice “entre gallos y medianoche” y reclamó un debate profundo, responsable y respetuoso de la Constitución. La central obrera advirtió que el proyecto, tal como está planteado, restringe derechos fundamentales como la huelga y la libertad de asamblea, y supone un cambio drástico en el modelo laboral argentino.

El mensaje fue claro: sin consenso, sin diálogo social y sin una estrategia de desarrollo productivo, cualquier intento de reforma corre el riesgo de agravar la conflictividad y profundizar la precarización, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas del empleo en la Argentina.