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Tras una sesión maratónica que se extendió por casi diez horas, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026. Sin embargo, el oficialismo no logró sostener el artículo que buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, en medio de duras acusaciones de “extorsión” y maniobras reglamentarias.

Pasada la medianoche y luego de un extenso y tenso debate, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, pero no logró uno de sus objetivos centrales: la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

La iniciativa fue aprobada en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, lo que permitió girar el proyecto al Senado. Sin embargo, en la votación en particular, el Gobierno sufrió un revés clave cuando el capítulo XI, que incluía el artículo 75, fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones, provocando su caída definitiva del texto.

La derrota parlamentaria fue celebrada con euforia por los bloques opositores, que desde el inicio de la sesión habían advertido sobre la gravedad institucional y social de las modificaciones incorporadas “por la ventana” y a último momento por el oficialismo.

Alianzas y quiebres en la votación

En la votación en general, La Libertad Avanza logró articular una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, Innovación Federal y fuerzas provinciales minoritarias. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención.

El proyecto también había incorporado, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del Supremo Tribunal al Consejo de la Magistratura. No obstante, al estar incluidas dentro del capítulo XI, estas modificaciones quedaron sin efecto tras el rechazo del articulado.

Del mismo modo, se cayeron otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las Asignaciones Familiares.

Acusaciones de extorsión y fuerte cruce político

La controversia estalló cuando quedó en evidencia que el oficialismo había concentrado un paquete de medidas sensibles dentro de un mismo capítulo, impidiendo que los legisladores pudieran votar cada tema de manera diferenciada.

“Esto es una extorsión”, denunció el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien advirtió que quienes acompañaran el artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue aún más duro y calificó la maniobra como una “perversidad”. “Siguen metiendo cosas en el capítulo XI para que nadie pueda despegarse del artículo 75”, explicó, y acusó al oficialismo de intentar condicionar a la Justicia. “¡Son unos chantas!”, exclamó el legislador santafesino.

Desde La Libertad Avanza, la diputada Silvana Giudici salió al cruce y rechazó las acusaciones: “Cierren la boca cuando hablan de trampas. No hay ningún riesgo ni ninguna maniobra irregular”, afirmó, en uno de los cruces más ásperos de la noche.

Tensiones internas y votos incómodos

El debate también dejó expuestas contradicciones y tensiones dentro de bloques aliados al Gobierno. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y sostuvo que las planillas presupuestarias podían modificarse sin perjudicar a jubilados y personas con discapacidad.

Por su parte, Martín Lousteau advirtió sobre lo “anormal” del procedimiento legislativo y cuestionó a quienes intentaron justificar su voto favorable con salvedades. “Se lavan la conciencia: votaron esas leyes y ahora se esconden en el presupuesto”, sostuvo.

Incluso la radical Karina Banfi, habitual aliada del oficialismo, se desmarcó: “No se puede obligar a ningún legislador a votar algo que no quiere. Esto es extorsivo”, afirmó.

El episodio más elocuente fue el del diputado santacruceño José Luis Garrido, quien reconoció que no compartía los artículos que derogaban las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero aun así anticipó su voto favorable. “Las salvedades no te salvan”, le retrucó Cecilia Moreau desde su banca.

La defensa oficialista y el eje fiscal

Antes de que se desatara la polémica, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había cerrado el debate defendiendo el proyecto y resaltando el equilibrio fiscal como eje central del Presupuesto.

“Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Esta es la piedra angular del proyecto económico del presidente Javier Milei”, sostuvo el legislador cordobés, al llamar a respaldar la iniciativa.

La media sanción del Presupuesto 2026 dejó un sabor agridulce para el oficialismo. Si bien logró avanzar con la ley más importante del año, el rechazo del artículo 75 expuso los límites de su estrategia parlamentaria y la resistencia política y social frente a la derogación de derechos sensibles.

El debate dejó al descubierto tensiones internas, alianzas frágiles y un Congreso que, al menos en este capítulo, marcó un límite frente a intentos de avanzar sobre políticas vinculadas a la discapacidad y al financiamiento de la educación superior. Ahora, la discusión se trasladará al Senado, donde el Gobierno deberá recalcular su estrategia si pretende evitar nuevos traspiés.

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La Bancaria elevó el salario inicial por encima de los $2,6 millones tras acordar una suba del 2,2%

El incremento correspondiente a octubre llevó la remuneración inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.683.718,55. El acuerdo contempla la continuidad de las actualizaciones mensuales durante noviembre y diciembre, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó establecido en más de $2,3 millones.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% para octubre de 2026, que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.608.320,16. Al incorporar la participación en las ganancias (ROE), la remuneración total alcanza los $2.683.718,55, de acuerdo con los montos difundidos por el sindicato que conduce Sergio Palazzo.

La recomposición comprende la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que su aplicación se extiende al conjunto de los conceptos salariales contemplados en el acuerdo.

Con esta suba, los ingresos de los trabajadores bancarios acumulan una mejora del 26,3% entre enero y octubre, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2025. El porcentaje consolida una pauta de negociación que el gremio viene sosteniendo mediante revisiones periódicas, con el propósito de adecuar las retribuciones a la evolución de los precios y reducir el deterioro del poder adquisitivo.

Asimismo, lo pactado determina que en los meses de noviembre y diciembre regirá el mismo mecanismo de ajuste mensual y el alcance establecido en los acuerdos anteriores. De este modo, las partes sostienen una instancia de revisión salarial para el último bimestre del año, garantizando la continuidad del diálogo entre el sector gremial y el empleador.

Otro de los puntos informados corresponde a la compensación por el Día del Bancario. El monto inicial del bono fue fijado en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta su pago, previsto para noviembre de 2027. La suma constituye un componente adicional de la remuneración anual del personal y su valor definitivo dependerá de los ajustes que se apliquen durante ese período.

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Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

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El desempleo lidera las preocupaciones en Argentina y cae la aprobación del Gobierno

Según el relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg, la falta de trabajo lidera las preocupaciones con el 50,2% de las menciones, superando a la corrupción por diez puntos en un contexto de 15 meses de caída del empleo privado registrado y mayor desaprobación al gobierno de Javier Milei.

La pérdida de empleo escaló al primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad argentina. Por primera vez en lo que va de 2026, la desocupación desplazó a la corrupción y encabezó el ranking de los principales problemas del país, según el último relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg. El dato refleja un cambio significativo en las inquietudes de la población, en un período atravesado por dificultades para sostener el empleo formal y expectativas económicas que continúan bajo presión.

La encuesta, cuyos datos fueron recopilados entre el 5 y el 11 de noviembre, asignó al desempleo el 50,2% de las menciones, con un incremento de 6,2 puntos respecto de septiembre. La corrupción quedó en segundo lugar, con el 40,2%, luego de retroceder 10,1 puntos. Detrás se ubicaron la situación económica, con el 34,5%, y los altos precios y la inflación, con el 32,4%. Los encuestados podían seleccionar hasta tres respuestas, por lo que los porcentajes no son excluyentes.

El cambio en las percepciones encuentra un correlato en las estadísticas laborales. El INDEC ubicó la tasa de desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,8% del período anterior y el 7,6% registrado en igual trimestre de 2025. Aunque la variación interanual no fue considerada estadísticamente significativa, el indicador confirma la persistencia de dificultades en el mercado de trabajo.

La evolución del empleo privado registrado aporta otra señal. En agosto se perdieron 7.573 puestos asalariados formales y el sector acumuló 15 meses consecutivos de retroceso. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) analizados por Luis Campos, investigador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la comparación con agosto de 2023 arroja una pérdida de 309.882 empleos privados registrados.

El deterioro laboral también aparece en la evaluación que los ciudadanos realizan de la administración nacional. En la medición de noviembre de Atlas Intel, la aprobación de Javier Milei se ubicó en el 36,2%, mientras que la desaprobación alcanzó el 60,6%. La valoración general de la gestión tampoco resultó favorable: el 28,9% la calificó como buena o excelente y el 55,7% como mala o muy mala. En el ranking de imagen positiva, el Presidente quedó en el quinto puesto, detrás de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

La preocupación por la falta de trabajo también tuvo presencia en el mensaje del papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí definió la desocupación como un «auténtico drama en la vida de quien lo padece» y puso el acento en las personas que buscan una oportunidad laboral. Su reflexión coincidió con una semana en la que el empleo pasó a ocupar el centro de las inquietudes relevadas por la consultora.

El desplazamiento de la corrupción por el desempleo en el ranking de preocupaciones constituye una señal relevante sobre las prioridades de la sociedad. La posibilidad de conseguir trabajo, conservar los ingresos y proyectar estabilidad económica adquiere mayor centralidad en la vida cotidiana, mientras los indicadores de empleo formal continúan mostrando retrocesos. La evolución del mercado laboral se consolida así como uno de los principales desafíos económicos y sociales para el Gobierno nacional.

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