El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo nacional prepara para enviar al Congreso reaviva viejos fantasmas: la posibilidad de pagar parte del salario con tickets canasta y el reemplazo de planes sociales por “vouchers laborales” en empresas privadas. La iniciativa, presentada como una medida para fomentar el empleo y reducir costos, genera rechazo en sindicatos y especialistas, que advierten sobre un retorno a la precarización de los años noventa.

Un proyecto que revive viejos mecanismos de flexibilización

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de una nueva reforma laboral que, según trascendió, incluiría la reintroducción de los denominados tickets canasta, una herramienta emblemática de la flexibilización laboral de los años 90. La propuesta se enmarca en un plan más amplio que busca desregular convenios colectivos, ampliar la jornada laboral y redefinir la relación entre empresas y trabajadores.

Los tickets canasta —también conocidos como Luncheon Tickets— permitían a las empresas pagar una parte del salario con vales de consumo, usualmente destinados a la compra de alimentos o comidas. Aquellos montos, al no ser considerados remunerativos, quedaban excluidos del cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldos y cargas sociales. En otras palabras, implicaban una reducción directa en el costo laboral para las empresas y una merma indirecta para los trabajadores.

Antecedentes y marco legal

El sistema, implementado a fines de los años 80 en medio de la crisis inflacionaria, llegó a representar hasta un 20 % de los ingresos de más de 1,5 millón de trabajadores y movilizaba cerca de 4.000 millones de pesos anuales. En 2007, la Ley 26.341 derogó definitivamente este régimen, integrando esos montos al salario remunerativo. Dos años más tarde, la Corte Suprema, en el fallo Pérez Aníbal c/ Disco, ratificó su carácter salarial al considerar que los vales constituían una contraprestación laboral y no una asistencia social.

Hoy, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se promueve ampliar el alcance del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —que regula los llamados “beneficios sociales”— para incluir nuevamente este tipo de compensaciones. El objetivo declarado sería “estimular el consumo y aliviar la presión impositiva sobre las empresas”, aunque especialistas laboralistas advierten que cualquier intento de reinstalar los tickets canasta colisionaría con los antecedentes judiciales firmes que los definieron como parte del salario.

Vouchers laborales: el otro eje de la reforma

Al mismo tiempo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, avanza en un programa de “vouchers laborales” destinado a reemplazar progresivamente los planes sociales por capacitaciones en empresas privadas. Firmas como McDonald’s o Sinteplast participarían ofreciendo entrenamientos para beneficiarios de programas sociales, bajo el argumento de “acercarlos al mercado de trabajo formal”.

El esquema prevé que las empresas reciban beneficios fiscales a cambio de proveer formación laboral, aunque diversas organizaciones sociales lo califican como una forma de trabajo gratuito encubierto. “El Estado traslada su función social al sector privado, y lo hace premiando a las compañías con incentivos impositivos”, denunció una fuente del sector, que advirtió además que las iniciativas no garantizan empleo real ni estabilidad para los participantes.

Reacciones y rigideces

Desde el movimiento sindical la reacción fue inmediata. “Esto es volver a los noventa. Los tickets y los vouchers no son otra cosa que precarización encubierta”, afirmó un dirigente de la CTA, mientras que desde la CGT señalaron que “las reformas no pueden construirse sobre la pérdida de derechos adquiridos”.

Para el Gobierno, en cambio, la apuesta combina “modernización laboral” con “flexibilidad en la gestión de los recursos humanos”. Voceros del oficialismo sostienen que la medida busca “reducir la informalidad y dinamizar la creación de empleo”, en un contexto donde más del 45 % de los trabajadores se desempeña fuera del mercado formal.

Un debate que vuelve con otro nombre

Más allá de los matices, la propuesta oficial revive una discusión estructural: cómo equilibrar competitividad y derechos laborales en un país con alta inflación, presión tributaria y caída del empleo formal. Los antecedentes, sin embargo, son elocuentes. Cuando los tickets canasta formaron parte del salario, el beneficio empresarial fue inmediato, pero el costo social se tradujo en sueldos desvalorizados y aportes jubilatorios reducidos.

La eventual reimplantación de los tickets canasta y la introducción de vouchers laborales marcan un giro profundo en la política laboral del Gobierno. Mientras el oficialismo los presenta como herramientas de eficiencia y dinamismo, para amplios sectores del sindicalismo y el derecho laboral constituyen un retroceso en materia de derechos y una reedición, bajo nuevos nombres, de los mecanismos de flexibilización que caracterizaron la década del 90.

El debate legislativo que se avecina pondrá nuevamente sobre la mesa una pregunta central: ¿puede la Argentina modernizar su mercado de trabajo sin resignar la base misma de la protección laboral?

La cadena de supermercados francesa atraviesa un proceso decisivo: busca desprenderse de sus operaciones en Argentina y concentra su estrategia global en mercados más rentables. Entre los interesados figuran Coto, Cencosud, el Grupo De Narváez y un holding peruano. La definición se espera antes de fin de año.

El futuro de Carrefour en Argentina está en plena definición. Según fuentes del sector, la multinacional francesa avanza en un proceso de venta de sus activos locales, administrado por un banco de inversión internacional que ya habría recibido las ofertas finales.

“Hay entre cuatro y cinco grupos que están pujando por la operación”, confirmaron desde el entorno empresario. La salida responde a una decisión estratégica del holding global: concentrar su presencia en mercados de mayor rentabilidad —como Francia, España y Brasil— y reducir su exposición en países con alta volatilidad económica y regulatoria, como Argentina.

En los últimos años, la cadena sufrió los efectos combinados de una caída sostenida del consumo, inflación persistente y márgenes cada vez más estrechos, un escenario que erosionó su rentabilidad local y aceleró la decisión de repliegue.

Coto, GDN y Cencosud, entre los finalistas

En la etapa final de la negociación aparecen cinco grandes interesados: el Grupo De Narváez (GDN), Cencosud, Coto, el fondo estadounidense Klaff Realty y un holding peruano, identificado por fuentes del mercado como Intercorp, aunque sin confirmación oficial. También habría un empresario argentino asociado a capitales extranjeros que presentó una propuesta de último momento.

De ese grupo, GDN, Coto y Klaff Realty serían los que cuentan con mayores posibilidades, al haber presentado las ofertas más completas y alineadas con las condiciones de la operación. “La definición es inminente; todo indica que se resolverá antes de fin de año”, señaló un ejecutivo cercano al proceso.

La magnitud del negocio es considerable: Carrefour Argentina cuenta con más de 600 tiendas distribuidas en 22 provincias, incluyendo hipermercados, locales Express y Market, además de centros logísticos y una estructura de más de 15.000 empleados directos.

Cuatro décadas que cambiaron la historia del consumo

El desembarco de Carrefour marcó un antes y un después en el comercio minorista argentino. En 1982, la empresa inauguró en San Isidro su primer hipermercado, el primero del país, e introdujo un concepto que transformó los hábitos de compra de millones de argentinos.

A lo largo de las siguientes décadas, la compañía consolidó su liderazgo a través de fusiones y adquisiciones estratégicas. En 2001 absorbió los supermercados Norte, y en 2012 incorporó 129 tiendas EKI, fortaleciendo su capilaridad en el Área Metropolitana y el interior de país. En 2022, la filial local celebró su 40° aniversario, destacando su papel como empleador e innovador en el sector.

De Francia al mundo: la historia de un pionero

Fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey, Carrefour —que en francés significa “cruce de caminos”— revolucionó la industria minorista al crear el formato de hipermercado en 1963, en la localidad de Sainte-Geneviève-des-Bois.

El modelo, que combinaba la venta de alimentos con productos del hogar, tecnología y moda en un mismo espacio, con estacionamiento gratuito y precios competitivos, fue una innovación disruptiva. En pocas décadas, Carrefour se convirtió en el líder europeo y en el segundo grupo de retail más grande del mundo, solo detrás de Walmart.

Hoy, la compañia opera más de 14.000 tiendas en 40 países, con una facturación que supera los 80.000 millones de euros anuales.

Un cierre con impacto simbólico

La posible salida de Carrefour de la Argentina no solo implica el traspaso de una marca emblemática, sino también el fin de una etapa en la historia del consumo masivo. La empresa fue, durante más de cuatro décadas, sinónimo de innovación, escala y accesibilidad para amplios sectores de la población.

La resolución de la venta, prevista para antes de fin de año, marcará el comienzo de una nueva fase en el mapa del retail argentino, con jugadores locales y regionales disputando un negocio que, pese a las dificultades, sigue siendo clave para la economía nacional.

El caso Carrefour refleja el reacomodamiento del capital global en tiempos de incertidumbre, donde los grandes grupos reevalúan sus prioridades y ajustan su presencia según las condiciones de cada mercado. Para la Argentina, el desenlace será más que una operación comercial: será una señal del grado de confianza —o de desconfianza— que despierta hoy su economía entre los principales actores internacionales del retail.

Desde diciembre de 2023, el sector de ciencia y tecnología perdió 5.143 empleos, según un informe del Grupo EPC-CIICTI. El CONICET, el INTI y el INTA concentran la mayor reducción de personal, mientras que empresas públicas estratégicas como FADEA, NASA y ARSAT también sufrieron recortes. Especialistas advierten que el sistema científico argentino atraviesa su peor crisis desde el retorno de la democracia.

La cifra refleja un proceso de desarticulación sostenida del aparato estatal dedicado a la producción de conocimiento, afectando tanto a organismos públicos como a empresas estatales estratégicas. El documento revela que 4.481 empleos se perdieron en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 711 correspondieron a empresas del sector.

CONICET, INTI e INTA: los más golpeados por el ajuste

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) encabeza la lista de organismos más afectados, con 1.912 trabajadores menos en los últimos 24 meses. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con reducciones significativas en sus plantillas.

Según el informe, los organismos transversales del sistema —como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) y la Agencia I+D+i— perdieron el 40% de su personal, un dato que evidencia el alcance de los recortes.

El impacto también se trasladó al ámbito empresarial. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, redujo su planta en 220 trabajadores, mientras que la Nucleoeléctrica Argentina (NASA) despidió 221 empleados. En ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, la merma alcanzó los 124 puestos.

El deterioro del CONICET: becas y carreras científicas en retroceso

El Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado que muestra la magnitud del deterioro dentro del CONICET. Desde septiembre de 2023, se eliminaron 1.502 becas de investigación y 585 cargos de investigadores de carrera, lo que equivale a 2.087 empleos menos en dos años.

El recorte no solo implica una reducción de personal, sino una pérdida de capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas. Los programas de becas son la base de la renovación generacional del sistema, y su caída afecta de manera directa la continuidad de líneas de investigación en universidades y centros científicos de todo el país.

Un sistema científico que pierde escala

El estudio también incorpora un análisis comparativo con otros países. Según el Grupo EPC-CIICTI, “cualquier comparación internacional —por ejemplo, referida a los datos de la OCDE— demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala y por la persistente ausencia de inversión privada en I+D”.

En ese sentido, el informe destaca que Argentina cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que “los países desarrollados a los que el Presidente dice aspirar, llegan a tener hasta diecisiete”.

La brecha, señalan los especialistas, no solo refleja la falta de recursos, sino también una pérdida de visión estratégica respecto al papel del conocimiento científico como motor de desarrollo económico, tecnológico y social.

Contexto y consecuencias: el impacto del ajuste sobre el futuro

La contracción del empleo en el sector de ciencia y tecnología se enmarca en una política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Milei. La decisión de congelar ingresos, suspender becas y paralizar proyectos tiene efectos que trascienden lo inmediato: muchos científicos emigran o buscan alternativas en el sector privado, mientras las instituciones pierden capacidad operativa.

Para los especialistas, el proceso actual no solo debilita la estructura científica, sino que rompe el tejido institucional que sostiene la producción de conocimiento en el país. “El sistema está siendo desmantelado por goteo. Cada renuncia o despido implica una pérdida de saber acumulado que llevará años recuperar”, advirtió un investigador del CONICET consultado por el informe.