El titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, lanzó un duro pronunciamiento contra el Gobierno de Javier Milei al denunciar negociaciones con Estados Unidos que podrían afectar la soberanía del país. En el marco del Foro Economía y Trabajo, la organización convocó a construir un frente de unidad entre sindicatos, PyMEs, cooperativas y sectores de la economía popular para enfrentar las políticas oficiales.

El gremio emitió un fuerte comunicado en el que cuestionó el rumbo económico y político del Gobierno nacional, al que definió como un “experimento libertario” sostenido por “una deuda impagable, en gran parte ilegal y fraudulenta”. Bajo el título “Innegociable. Foro Economía y Trabajo”, el texto difundido por el sindicato liderado por Sergio Palazzo advirtió sobre una “creciente sumisión” de la administración de Javier Milei frente a Estados Unidos y denunció que se estarían llevando adelante acuerdos y negociaciones sin transparencia ni control democrático.

“El Ejecutivo no tiene legitimidad ni legalidad para suscribir compromisos con potencias extranjeras que lesionen la soberanía nacional sin un minucioso escrutinio ciudadano”, sostuvo el comunicado, que advierte sobre eventuales convenios que podrían comprometer sectores estratégicos de la economía argentina, como la energía, los recursos naturales y el sistema financiero.

En ese contexto, La Bancaria convocó a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones del trabajo y la producción, al movimiento cooperativo y a las pequeñas y medianas empresas a conformar un frente amplio de unidad nacional en defensa de la soberanía económica. “El pueblo argentino debe estar advertido y organizado: la soberanía es innegociable”, enfatizó el texto.

La iniciativa se enmarca en la conformación del Foro Economía y Trabajo, un espacio plural impulsado por economistas, técnicos y dirigentes vinculados a organizaciones sindicales. El foro busca generar diagnósticos y propuestas de desarrollo productivo y social, con foco en la reindustrialización, la generación de empleo y la defensa de los recursos estratégicos nacionales.

Desde el gremio destacaron que las conclusiones y documentos elaborados en el marco del Foro “corresponden a sus firmantes individualmente”, lo que refuerza su carácter abierto y participativo, con el propósito de articular una agenda común entre el sindicalismo, las PyMEs, las cooperativas y los movimientos sociales.

El comunicado marca también un nuevo punto de tensión entre la CGT y el Gobierno, en un escenario donde varios sectores gremiales han comenzado a coordinar posiciones frente a las políticas de desregulación, privatización y apertura comercial impulsadas por el oficialismo. En ese marco, la Asociación Bancaria busca proyectarse como uno de los actores sindicales con mayor protagonismo en la defensa de un modelo económico nacional y productivo.

En el marco del 80° aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, la CGT organizó una jornada conmemorativa cargada de contenido político y cultural. Mientras se proyectaban imágenes y se sucedían espectáculos artísticos en la sede de Azopardo, los principales dirigentes sindicales y peronistas aprovecharon para cuestionar la política laboral del gobierno de Javier Milei y anticipar una victoria electoral del peronismo en los próximos comicios legislativos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y todo el arco del peronismo celebraron este jueves el 80° aniversario del Día de la Lealtad, una fecha emblemática que conmemora la masiva movilización obrera que en 1945 exigió la liberación de Juan Domingo Perón y marcó el nacimiento del movimiento político que transformaría la historia argentina.

Desde las 17.30, la sede histórica de la central obrera, ubicada en Azopardo 802, se convirtió en el epicentro de las celebraciones, con actividades artísticas, proyección de imágenes icónicas del peronismo y una transmisión especial por streaming conducida por el actor Víctor Laplace, reconocido por haber interpretado a Perón en el cine. La jornada incluyó entrevistas y reflexiones de figuras del sindicalismo y la política como Raúl Timerman, Fernando “Pato” Galmarini y el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Pero más allá del tono conmemorativo, la celebración tuvo una marcada definición política. Desde el escenario, la conducción cegetista aprovechó la efeméride para cuestionar duramente al gobierno de Javier Milei y su proyecto de reforma laboral, que el oficialismo pretende enviar al Congreso tras las elecciones legislativas. En contraposición, Daer planteó que la primera reforma que necesita la Argentina “no es quitar derechos, sino reducir la jornada laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

El dirigente, visiblemente en tono de campaña, incorporó además la mirada electoral al afirmar: “Para transferir derechos de los trabajadores al capital van a tener que ganar las elecciones muy bien. Y yo creo que el 26 de octubre va a ganar el peronismo, de eso estoy seguro”.

La conmemoración, atravesada por un clima de unidad sindical y política, también contó con mensajes críticos hacia los funcionarios del área económica y de desregulación del Gobierno. El titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, cargó contra el ministro Federico Sturzenegger, recordando sus declaraciones en el Foro de Davos, donde el funcionario expresó que “hay que romper al movimiento obrero, debilitándolo económicamente”. “Esta gente es autista, no nos escucha. Pero todas estas cosas traen la rebeldía”, respondió Lingieri ante un auditorio colmado.

La CGT busca con este tipo de actos reafirmar su centralidad como actor político y social, en un contexto en el que el Ejecutivo nacional impulsa políticas de flexibilización y desregulación que tensionan la relación con el sindicalismo. Además, la coincidencia con la recta final hacia las elecciones legislativas le dio a la jornada un perfil abiertamente electoral, con un mensaje de convocatoria a la militancia y de reafirmación de la identidad peronista.

El 80° aniversario del Día de la Lealtad se convirtió en algo más que una conmemoración histórica: fue una demostración de fuerza del movimiento obrero y del peronismo frente a las políticas de ajuste y desregulación del gobierno libertario. En un momento económico adverso y con el clima político recalentado por la campaña electoral, la CGT buscó reposicionarse como referente del campo popular y garante de los derechos laborales. A ocho décadas de aquella gesta fundante, el mensaje de los dirigentes fue claro: lealtad, sí; resignación, nunca.

El martes 21 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan, gremios docentes universitarios y organizaciones de discapacidad marcharán a Plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con tres leyes aprobadas por amplia mayoría parlamentaria: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Habrá además un “ruidazo” previo en la Quinta de Olivos.

Pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre, el Ejecutivo de Javier Milei enfrentará una nueva movilización masiva. La convocatoria surgió del personal del Hospital Garrahan, que anunció un paro para el martes 21, pero rápidamente se amplió a los gremios docentes universitarios y a las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. La protesta apunta a exigir el cumplimiento efectivo de tres normas sancionadas por el Congreso Nacional y aún sin aplicación: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha coincidirá con el vencimiento del plazo legal que tiene el Ejecutivo para promulgar las dos últimas. Según el artículo 80 de la Constitución, si el Presidente no promulga ni veta una ley en diez días hábiles, ésta queda automáticamente promulgada. En este caso, además, las tres leyes fueron votadas por más de los dos tercios de ambas cámaras, por lo que no existe posibilidad de veto. Sin embargo, desde los sectores convocantes alertan que Milei podría repetir el esquema aplicado con la Ley de Discapacidad: promulgarla, pero luego no implementarla mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El punto de partida de la movilización fue una comunicación entre un referente sindical del Garrahan y un dirigente del sector universitario, quienes coincidieron en la necesidad de construir una protesta unificada. Esa idea tomó cuerpo en una reunión realizada en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), donde participaron delegados de distintos sectores que acordaron la convocatoria conjunta.
La AGD-UBA y las asambleas del Garrahan ratificaron el paro del 21 y confirmaron que el día previo, lunes 20 a las 12, ofrecerán una conferencia de prensa en las puertas del hospital pediátrico —Combate de los Pozos 1881— para pedir que la CGT, las CTA y los movimientos sociales se sumen a la jornada.

“Unificamos fuerzas en esta concentración y llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero y popular a sumarse a esta convocatoria. En la Plaza de Mayo leeremos un documento consensuado, exigiendo la implementación inmediata de las leyes, que apenas mitigan los graves problemas de salud, educación y discapacidad que vive el país”, adelantaron los gremios en un comunicado conjunto.

Antes de la movilización central, los trabajadores del Garrahan realizarán otra acción de protesta: un “ruidazo” frente a la residencia presidencial de Olivos, el sábado 19 a partir de las 14. Allí confluirán también organizaciones universitarias y de discapacidad, bajo la consigna de “hacer ruido para que nos escuchen”.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo que existe “una presunción de que el Gobierno podría reglamentar las leyes pero no aplicarlas, como ya ocurrió con la de Discapacidad”. En ese caso, anticipó que impulsarán un pedido de juicio político al presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ya hicimos todo lo que debíamos: agotamos las instancias, recorrimos los caminos institucionales y construimos un movimiento social en defensa del Hospital Garrahan. Hay una mayoría social y parlamentaria que nos respalda. Si el Gobierno decide no cumplir la ley, será responsable de un delito institucional”, advirtió Lezana.

La nueva movilización de trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y organizaciones de discapacidad reaviva la tensión entre el Ejecutivo y amplios sectores del sistema público de salud y educación. Más allá de su impacto en la recta final hacia las elecciones, el reclamo expone un problema estructural: la resistencia del Gobierno nacional a aplicar leyes sancionadas por consenso parlamentario.

El 21 de octubre, en Plaza de Mayo, confluirán tres ejes —salud, educación y derechos sociales— que vuelven a interpelar al oficialismo con una consigna sencilla pero contundente: cumplir las leyes vigentes.