El Gobierno negocia con la CGT y promete pagar $60.000 millones a las obras sociales sindicales

La administración de Javier Milei, a través del ministro de Salud, Mario Lugones, avanza en un acuerdo con la CGT para destrabar los reintegros demorados a las obras sociales sindicales. Se trata de unos $60.000 millones que se distribuirán en tres etapas entre octubre y diciembre, en un intento por aliviar la tensión con los gremios y normalizar los pagos del Fondo Solidario de Redistribución.

El Gobierno nacional abrió una mesa de negociación con la Confederación General del Trabajo (CGT) para saldar una parte de la abultada deuda que mantiene con las obras sociales sindicales, derivada de los reintegros por tratamientos médicos y medicamentos de alto costo que deben ser subsidiados. Según fuentes oficiales, el monto asciende a unos $60.000 millones, fondos que se encuentran depositados en una cuenta del Banco Nación y que serán liberados exclusivamente por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

El acuerdo, que fue adelantado por La Nación, establece que la suma será distribuida en tres cuotas: la primera antes de que finalice octubre, la segunda en noviembre y la tercera en diciembre. El reparto se realizará entre todas las prestadoras que hayan presentado sus expedientes de manera regular ante la Superintendencia, organismo que depende directamente del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones.

La medida busca aliviar el ahogo financiero de las obras sociales, muchas de las cuales arrastran meses de demora en los reembolsos. En algunos casos, los montos adeudados son millonarios: por ejemplo, la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), una de las más grandes del país, reclama unos $9.000 millones, aunque en esta primera etapa solo recibirá $5.000 millones distribuidos en tres tramos.

El dinero para cumplir con el compromiso proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte obligatorio de los trabajadores registrados. Este fondo, creado para garantizar la compensación entre las distintas obras sociales, suele ser motivo de disputa entre los gremios y el Estado, especialmente en contextos de ajuste fiscal y caída de los ingresos reales.

Lugones ubicó al frente de la Superintendencia de Servicios de la Salud a Claudio Adrián Stivelman, médico con trayectoria en la gestión de entidades del sistema, como la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas. Desde allí se buscará ordenar los circuitos administrativos y establecer un cronograma estable de pagos, una demanda recurrente de los sindicatos que administran los servicios de salud de millones de afiliados.

Pese al anuncio, el esquema de reintegros aún dista de estar normalizado. En la CGT consideran que el compromiso oficial representa “un primer paso”, pero advierten que el monto total adeudado por el Estado podría superar los $200.000 millones si se incluyen expedientes pendientes de años anteriores. En ese sentido, los gremios esperan que el diálogo iniciado con Lugones sirva para establecer un mecanismo permanente de actualización y devolución.

El desembolso de $60.000 millones aparece como una señal política y económica del Gobierno hacia los sindicatos, en un momento de significativo malestar civil y de reclamos por los recortes en salud y seguridad social. Aunque el pago en tres cuotas alivia parcialmente la situación de las obras sociales, el desafío de fondo sigue siendo estructural: recomponer el financiamiento del sistema sin agravar el ajuste fiscal. En esa línea, el diálogo entre el Ejecutivo y la CGT será determinante para evitar un nuevo frente de conflictividad en el cierre del año.