Durante una visita a la planta metalúrgica Sidersa, en San Nicolás, el presidente Milei anunció que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “dar previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. Además, celebró un supuesto “apoyo histórico” de Estados Unidos, tras confirmarse un swap financiero de 20 mil millones de dólares y la inversión de YPF junto a la italiana Eni para exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta.

El Jefe de Estado argumentó que “los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda de empleo, el salario sube”, reiterando su visión de que la flexibilización del mercado laboral favorecerá la creación de puestos de trabajo. Aunque no brindó detalles concretos sobre los plazos ni el contenido del proyecto, fuentes oficiales confirmaron que se trata de una iniciativa que buscará eliminar “rigideces sindicales” y “costos judiciales”, en línea con el programa de desregulación impulsado por el Ejecutivo.

Paralelamente, Milei aprovechó la ocasión para destacar lo que definió como un “apoyo histórico” de Estados Unidos. Según el presidente, el país norteamericano acordó un swap financiero de 20 mil millones de dólares con Argentina, anunciado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El funcionario confirmó que parte de la operación incluye la compra de pesos argentinos a través del banco Santander, luego de una ronda de reuniones mantenidas con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington.

“El rumbo que Argentina emprendió desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; el coraje, el esfuerzo y la paciencia de los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, expresó Milei, en tono triunfalista, aludiendo a lo que interpreta como una validación internacional de su programa de ajuste fiscal y liberalización económica.

El mandatario también se refirió al acuerdo suscripto entre la petrolera estatal YPF y la empresa italiana Eni (Ente nazionale idrocarburi), que prevé una inversión estimada en 30 mil millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años para desarrollar la infraestructura de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde Vaca Muerta. Según Milei, el proyecto “permitirá exportar entre 12 mil y 20 mil millones de dólares anuales de gas natural licuado”, y constituirá “la inversión más grande de la historia argentina”.

Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, casi 300 mil trabajadores del sector privado solicitaron la Prestación por Desempleo desde la asunción de Javier Milei. La cifra no incluye a los más de 70 mil empleados estatales cesanteados. Solo en 2024 se registraron 174 mil despidos, la mayoría en la industria, el comercio y la construcción.

A 21 meses del inicio del Gobierno de Javier Milei, los indicadores del mercado laboral revelan el impacto del ajuste económico y la recesión productiva. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, 286.391 personas del sector privado pidieron el seguro de desempleo tras ser despedidas sin causa, según datos oficiales. La cifra equivale a casi 300 mil empleos perdidos, sin contar a los 70 mil trabajadores estatales que fueron desvinculados en el marco de la reducción de la planta pública.

El deterioro del empleo formal se aceleró durante 2024, cuando 174.335 personas solicitaron la prestación por desempleo. En los primeros nueve meses de 2025 se sumaron 112.056 nuevos casos, reflejando que el ciclo recesivo aún no encuentra piso. Las principales causas de despido, de acuerdo con los registros oficiales, fueron la “falta de trabajo” y “ajustes empresariales”.

El impacto se concentra en sectores clave de la economía. De los 112.056 despidos registrados en lo que va del año,

26.060 corresponden a la industria manufacturera,

23.098 al comercio,

18.776 a la construcción,

12.228 a servicios administrativos,

5.447 a gastronomía y hotelería,

y 5.117 al transporte.

En septiembre, 100.344 personas percibieron el seguro de desempleo, con un pago promedio de $274.324. Del total, 69.303 eran varones y 31.041 mujeres. La distribución geográfica muestra que la mayor parte de los beneficiarios residen en la Provincia de Buenos Aires (42.090), seguidos por Santa Fe (7.451), Córdoba (7.416) y la Ciudad de Buenos Aires (6.454).

Los datos confirman la persistencia de un clima de fragilidad laboral que afecta tanto al empleo industrial como al de servicios. La contracción de la demanda interna, la apertura importadora y la caída del poder adquisitivo deterioraron el tejido productivo, empujando a miles de pequeñas y medianas empresas a reducir personal o cerrar sus puertas.

Mientras el Gobierno insiste en que la “liberalización del mercado” traerá inversión y empleo, las estadísticas muestran el efecto inmediato de una política de ajuste sin contención social. El aumento sostenido del desempleo, junto con la pérdida de poder de compra y la falta de obra pública, configuran un escenario de profunda inestabilidad laboral. Con casi 300 mil despidos formales en menos de dos años, la promesa de reactivación sigue siendo, por ahora, una promesa lejana.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) advirtió que denunciará penalmente al presidente Javier Milei si el Poder Ejecutivo desobedece la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. “No hay ningún argumento legal para desconocer una norma vigente”, sostuvo su secretario general, Daniel Ricci, durante el Congreso Extraordinario del gremio.

La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo. Este jueves 9 de septiembre, en la sede de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), se realizó el Congreso Extraordinario del gremio, donde participaron congresales de los distintos sindicatos de base. En ese marco, el secretario general Daniel Ricci anticipó que si el Poder Ejecutivo no aplica la Ley de Financiamiento Universitario recientemente convalidada por el Congreso, la organización impulsará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Ricci celebró la sanción definitiva de la norma y el rechazo al intento de veto presidencial, agradeciendo especialmente a los legisladores que “defendieron a la Universidad Pública”. Sin embargo, advirtió que el sector mantiene la guardia alta ante los trascendidos que indican que el Gobierno podría desconocer la ley. “No existe argumento alguno que permita al Presidente omitir su promulgación o aplicación. Si lo hace, estará faltando a la democracia y violando el Código Penal”, enfatizó el dirigente.

El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público está previsto en los artículos 248 y 249 del Código Penal Argentino. Se refiere a la omisión, negativa o demora en la ejecución de actos propios de la función pública, y contempla sanciones que incluyen prisión e inhabilitación para ejercer cargos. “La ley es válida, vigente y de cumplimiento obligatorio. Pretender desconocerla sería un acto de autoritarismo y desprecio por las instituciones”, sostuvieron desde la FEDUN.

El encuentro también sirvió para la elección unánime de la junta electoral que conducirá el próximo proceso interno de la Federación. En un documento final, los delegados llamaron a acompañar en las elecciones de octubre a las candidaturas que defiendan la universidad pública, la salud, las jubilaciones, los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo docente.