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El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.

En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.

Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.

¿Quién se hará cargo de los caminos?

La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.

La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.

Un golpe a la vertebración del país

Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.

Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.

La Justicia y el Congreso, últimos bastiones

Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.

La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.

El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.

En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.

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Una dirigente de peso en la CGT advierte sobre el riesgo de legalizar jornadas de 13 horas

Durante el Encuentro de Mujeres Sindicalistas de la CGT, realizado en San Juan, la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Maia Volcovinsky, calificó como “inhumana” la propuesta de extender la jornada laboral a trece horas y cuestionó la orientación de la reforma laboral que el Gobierno busca instalar. La dirigente, mencionada como posible integrante del próximo triunvirato cegetista, advirtió que las políticas oficiales “reeditan las recetas fracasadas de los años noventa”.

El debate sobre la futura conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) coincidió esta semana con una nueva controversia en torno a la reforma laboral. En ese marco, Maia Volcovinsky, una de las mujeres con mayor proyección dentro del movimiento obrero, expresó su rechazo a la propuesta de ciertos sectores empresariales que promueven la extensión de la jornada laboral hasta las trece horas diarias.

“La idea de ampliar la jornada es inhumana. No solo se trata de una regresión normativa, sino de una negación de los avances sociales y tecnológicos que deberían servir para mejorar la calidad de vida, no para degradarla”, sostuvo la dirigente durante el Encuentro de Mujeres Sindicalistas, celebrado días atrás en la sede de la CGT provincial.

Para Volcovinsky, los anuncios vinculados a la reforma laboral “son un compendio de las peores ideas que circularon en los últimos treinta años”. Su reflexión apuntó a que, mientras la tecnología amplía las posibilidades de organización productiva, las políticas laborales que impulsa el oficialismo “pretenden retrotraer las condiciones de trabajo a un esquema casi preindustrial”.

“El mundo involuciona mientras la técnica avanza. En lugar de distribuir el trabajo y reducir las cargas horarias, se busca extenderlas, apropiándose del tiempo vital de las personas. El banco de horas que promueven implicaría la completa disposición de la vida del trabajador. Todo lo que están pensando va en contra de los derechos laborales y de la dignidad humana”, remarcó.

“Un revival del Decreto 70”

En declaraciones radiales posteriores, Volcovinsky profundizó su análisis y comparó los lineamientos oficiales con los intentos flexibilizadores del pasado reciente. “Es un revival del Decreto 70 y de los proyectos frustrados de los noventa. Nunca pudieron demostrar que estas reformas generen empleo. Al contrario, cada vez que se aplicaron, la formalidad cayó abruptamente”, explicó.

Según la sindicalista, la relación entre flexibilización y empleo no solo es inexistente, sino inversa: “Cuando se desprotege al trabajador en un contexto de recesión o estancamiento, lo que sigue es el cierre de pymes y la pérdida de puestos registrados”.

Volcovinsky argumentó que “la recuperación del empleo formal depende de un cambio de orientación económica, de políticas de estímulo productivo y de fortalecimiento del mercado interno”, y advirtió que “el Gobierno no tiene nada de eso en agenda, solo busca reducir derechos”.

Recordó además que “tras un año y medio de la Ley Bases, se eliminaron las multas por trabajo informal con el pretexto de promover la registración, pero hoy tenemos el nivel de informalidad más alto en diecisiete años”.

Mujeres y conducción sindical

Consultada sobre la posibilidad de que una mujer integre el próximo triunvirato de la CGT, Volcovinsky sostuvo que la central obrera “necesita reflejar la transformación que las trabajadoras ya expresan en cada sector”.

“La mejor representación sería un triunvirato que exprese la renovación y el cambio cultural que pretendemos imprimirle a la estructura sindical. En ese marco se discute la presencia de una mujer, pero aún no hay nombres definidos”, puntualizó.

El encuentro en San Juan, que reunió a dirigentas de todo el país, abordó temas de fondo: la reforma laboral, la defensa de los derechos conquistados y la necesidad de fortalecer la voz femenina dentro de la conducción sindical. Para las participantes, la inclusión de mujeres en la cúpula cegetista no es solo una cuestión de representación, sino una condición necesaria para actualizar la mirada de la central en un contexto de cambios políticos y económicos acelerados.

Las declaraciones de Maia Volcovinsky resumen el dilema que atraviesa el sindicalismo argentino: entre la presión reformista del Gobierno y la búsqueda de una renovación interna que incorpore nuevas perspectivas, especialmente la femenina. Su advertencia sobre la extensión de la jornada laboral condensa una postura que combina rigor técnico, memoria histórica y convicción política.

Mientras el oficialismo insiste en avanzar con su programa de desregulación, el movimiento obrero —y en particular sus dirigentas emergentes— vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿hacia qué modelo de trabajo quiere avanzar la Argentina del siglo XXI?

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El jueves 6 de noviembre no abrirán los bancos en todo el país

Este jueves 6 de noviembre, la actividad bancaria se detendrá en todo el territorio nacional con motivo del Día del Bancario. La jornada, reconocida como feriado para el personal del sector, implicará la suspensión de la atención presencial en sucursales públicas y privadas, aunque los canales electrónicos y digitales seguirán operativos.ç

La medida alcanza a todas las entidades, sin distinción de jurisdicción o tipo de administración, y responde a lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo del gremio, que equipara el 6 de noviembre a un feriado nacional.

En consecuencia, los clientes que necesiten realizar trámites que requieren la intervención directa del personal bancario —como depósitos en efectivo, cobros por ventanilla, retiros de cheques o gestiones crediticias— deberán reprogramarlos. Las entidades financieras suelen comunicar con anticipación estos cambios para evitar inconvenientes y recomendar el uso de canales alternativos como cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles, que permanecerán operativos durante todo el día.

Origen y significado de la fecha

El Día del Bancario tiene un trasfondo histórico y sindical de profundo valor simbólico para el sector. La conmemoración recuerda la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que desde hace un siglo representa a los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras del país.

La organización se constituyó formalmente el 6 de noviembre de 1924, fecha que quedó incorporada en el artículo 50 del convenio colectivo como día no laborable, con los mismos alcances legales que un feriado nacional. Esa disposición garantiza el derecho al descanso y a la conmemoración sindical del sector financiero.

Pero la historia del movimiento bancario en la Argentina tiene raíces aún más profundas. En abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, los empleados bancarios protagonizaron su primera huelga nacional, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Aquella lucha marcó el punto de partida para la construcción de una identidad gremial que, con los años, consolidó la creación de la Asociación Bancaria y la obtención de derechos específicos dentro del sistema laboral argentino.

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Aguiar advierte que el Pacto de Mayo implicará despidos y recortes salariales

En la antesala del encuentro entre el gobierno nacional y los gobernadores, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de profundizar el ajuste sobre las provincias y alertó sobre una “nueva etapa de flexibilización laboral y destrucción del Estado”.

Aguiar, volvió a encender las alarmas en el mapa político y sindical al lanzar una advertencia directa a los gobernadores que este jueves se reunirán con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada. El objetivo del encuentro será buscar apoyos para la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y para el Presupuesto 2026, en un contexto de creciente malestar con los gremios estatales.

“En el Estado nacional no queda nada por recortar. Lo peor está por venir: ahora van por las provincias”, afirmó Aguiar, marcando el tono de un conflicto que se anticipa profundo. Según el dirigente, la implementación del denominado Pacto de Mayo —que contempla una drástica reducción del gasto público— tendrá consecuencias directas sobre los distritos provinciales y municipales.

“El ajuste se va a profundizar en las provincias. Cumplir el Pacto de Mayo significa un recorte brutal del gasto público. Esto se traducirá en rebajas salariales, despidos y la destrucción de las economías regionales”, advirtió el líder estatal.

Aguiar fundamentó su análisis en datos oficiales que confirman la magnitud del ajuste fiscal. El Consejo de Mayo, creado por el propio Milei para coordinar las reformas estructurales, fijó como meta reducir el gasto público consolidado del 40% al 25% del PBI. De esa reducción, el 70% recaerá sobre los gobiernos provinciales y municipales, que deberían achicar sus presupuestos en un 25%.

Las cifras son contundentes: durante 2024, las transferencias no automáticas a las provincias se desplomaron un 79% en términos reales respecto al año anterior, afectando fondos claves como el de Incentivo Docente, el Compensador del Transporte, la asistencia a cajas previsionales y las obras públicas locales.

“Milei gobierna desde Buenos Aires, pero sabe que las riquezas están en las provincias. No le vamos a creer a los gobernadores si dicen que apoyan en nombre de la gobernabilidad. No están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada”, remarcó Aguiar, en uno de sus pasajes más duros.

El sindicalista rionegrino insistió en que el Gobierno nacional “pretende trasladar el ajuste al interior” y que el proyecto de reforma laboral “no apunta a modernizar el empleo, sino a recortar derechos históricos y debilitar la negociación colectiva”.

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