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El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.

En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.

Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.

¿Quién se hará cargo de los caminos?

La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.

La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.

Un golpe a la vertebración del país

Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.

Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.

La Justicia y el Congreso, últimos bastiones

Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.

La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.

El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.

En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.

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A 50 años del golpe, miles de sanjuaninos renovaron el “Nunca Más”

En un nuevo aniversario del golpe de 1976, y a medio siglo de aquel quiebre institucional, una masiva movilización recorrió el centro sanjuanino con fuerte participación intergeneracional, consignas por los derechos humanos y señales de lectura política del presente.

La conmemoración del 24 de marzo en San Juan volvió a ratificar que la memoria, lejos de cristalizarse en un ejercicio conmemorativo, permanece como un territorio en disputa, activo y profundamente ligado al presente. A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, miles de personas se movilizaron por el centro de la ciudad en una jornada que combinó evocación histórica, participación ciudadana y una clara interpelación al clima político actual.

La convocatoria comenzó por la tarde en la Plaza 25 de Mayo, donde desde las 17 se concentraron organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos, estudiantes y vecinos autoconvocados. Con el correr de las horas, el espacio público se transformó en un escenario atravesado por símbolos persistentes: pañuelos blancos, banderas, carteles con rostros de desaparecidos y consignas que condensan décadas de lucha.

La marcha avanzó luego hacia Plaza España, en un recorrido que ocupó varias cuadras y que se desarrolló de manera mayormente ordenada, con cánticos, intervenciones y expresiones artísticas que acompañaron el tránsito de la columna. Allí estaba previsto el acto central, con la lectura de un documento consensuado entre los organismos convocantes, en el que se articulan memoria histórica y posicionamientos dadas las circunstancias.

Uno de los rasgos distintivos de la jornada fue la marcada presencia de jóvenes en los tramos iniciales de la movilización. Con banderas de la agrupación HIJOS y símbolos que remiten a las luchas de décadas anteriores, encabezaron la columna y aportaron una impronta que evidencia la transmisión generacional del reclamo. No se trató solo de heredar una memoria, sino de resignificarla en clave contemporánea.

Detrás, la marcha desplegó un amplio espectro político y social. La militancia partidaria tuvo un lugar visible, con columnas organizadas de distintos espacios, entre ellos sectores del peronismo, representados por dirigentes provinciales y referentes históricos, junto a agrupaciones juveniles que marcaron el pulso con cánticos y una fuerte presencia sonora.

También participaron referentes de la Unión Cívica Radical y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, en una muestra de transversalidad que suele caracterizar este tipo de convocatorias.

Hacia el final de la columna se ubicaron organizaciones de izquierda, completando un mapa diverso que refleja la heterogeneidad del campo político que converge en torno a la consigna de memoria, verdad y justicia.

En este sentido, la movilización dejó entrever tensiones propias del contexto actual. En distintos momentos, se escucharon cánticos críticos hacia el presidente Javier Milei, que fueron replicados por sectores de la marcha y generaron uno de los pocos picos de mayor intensidad dentro de una jornada predominantemente pacífica. Esa expresión, lejos de ser marginal, evidenció cómo la conmemoración también funciona como espacio de lectura política del presente, donde el pasado reciente dialoga con preocupaciones contemporáneas.

El trasfondo histórico otorga una densidad particular a esta fecha. El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la última dictadura cívico-militar, un período signado por la represión sistemática, el terrorismo de Estado y la desaparición de más de 30.000 personas. Medio siglo después, esa herida continúa siendo un eje estructurante de la identidad democrática argentina.

En ese marco, la movilización sanjuanina no se limitó a una evocación simbólica. Cada tramo del recorrido, cada nombre exhibido y cada consigna coreada reafirmaron la vigencia de un reclamo que atraviesa generaciones: la necesidad de sostener la memoria como herramienta política y social frente a cualquier intento de relativización o negacionismo.

A 50 años del golpe, la marcha en San Juan dejó en claro que la memoria no es un ejercicio estático ni un ritual vacío. Es, por el contrario, una construcción colectiva que se actualiza en cada circunstancia, se resignifica en cada generación y se proyecta como una advertencia permanente hacia el futuro.

La masividad de la convocatoria, la diversidad de actores y la irrupción de nuevas voces en la escena pública configuran una señal nítida: el “Nunca Más” no pertenece únicamente al pasado, sino que se sostiene como un principio activo de la vida democrática. En tiempos de tensión política y debates sobre el alcance de los derechos, la calle volvió a convertirse en el espacio donde la historia se recuerda, pero también donde se disputa su sentido.

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Cargar nafta en San Juan ya cuesta más de $2.000 por litro

La nueva actualización de $21 por litro volvió a golpear el bolsillo de los sanjuaninos. En un presente de ajustes constantes, la nafta súper quebró la barrera simbólica de los $2.000, mientras crece la preocupación por nuevos incrementos en el corto plazo.

La escalada en el precio de los combustibles no da tregua. Con una nueva suba de $21 por litro, ya son seis los incrementos aplicados en lo que va de marzo, consolidando una tendencia que impacta de lleno en la economía cotidiana. El ajuste, reflejado de manera inmediata en los surtidores de YPF, terminó de empujar a la nafta súper por encima de un umbral psicológico clave: los $2.000 por litro.

Tras la última actualización, los valores quedaron establecidos en $2.013 para la nafta súper y $2.189 para la Infinia. En tanto, el Diesel pasó a costar $2.107, mientras que el Infinia Diesel alcanzó los $2.276. Se trata de cifras que reflejan el impacto acumulado de una serie de ajustes aplicados en un período extremadamente corto.

En apenas diez días, el mercado registró cuatro aumentos consecutivos, siendo el del último fin de semana uno de los más significativos, con subas que oscilaron entre $43 y $51 por litro según el tipo de combustible. Este ritmo de actualización evidencia un cambio en la dinámica del sector, donde los precios comienzan a moverse con mayor frecuencia.

Detrás de esta escalada convergen múltiples factores. En el plano internacional, la cotización del crudo continúa presionada por tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en los mercados energéticos. A nivel local, en tanto, el esquema de precios más flexible habilita a las petroleras a trasladar esas variaciones con mayor rapidez al surtidor.

El impacto de estos aumentos trasciende el consumo individual. El encarecimiento sostenido de los combustibles repercute directamente en los costos logísticos, afectando al transporte de mercancías y, en consecuencia, al precio final de bienes y servicios.

La frecuencia de los ajustes también introduce un componente de incertidumbre que complica la planificación tanto de los hogares como de los sectores productivos. La volatilidad del tipo de cambio, sumada a la evolución del precio internacional del petróleo, configura un panorama en el que los incrementos podrían continuar en las próximas semanas.

Con la nafta súper por encima de los $2.000 y una seguidilla de aumentos en tiempo récord, el mercado de combustibles en San Juan atraviesa un período de fuerte inestabilidad. La combinación de variables externas e internas anticipa una situación compleja, donde el costo de cargar combustible seguirá siendo un factor determinante en la economía diaria y en la dinámica inflacionaria del país.

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Salarios, despidos y ajuste: fuerte advertencia de Víctor Menéndez

El referente sindical Víctor Menéndez analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuestionó los cambios en el régimen de indemnizaciones y advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo. También anticipó negociaciones clave con el sector empresario y destacó el crecimiento del rol femenino en la actividad.

En un escenario atravesado por una creceinte fragilidad económica, redefiniciones normativas y conflictividad laboral, el dirigente del Sindicato de Estaciones de Servicio de Cuyo, Víctor Menéndez, realizó una evaluación crítica sobre el presente del sector y, en particular, sobre los alcances de la reforma laboral promovida a nivel nacional.

Tras una reunión de comisión directiva realizada en Mendoza —convocada por el secretario general José Escoda—, el gremio avanzó en un análisis pormenorizado de los cambios normativos, con especial foco en su impacto sobre los trabajadores. “Es una reforma compleja y claramente perjudicial para el trabajador”, sintetizó el dirigente, al tiempo que subrayó que el equipo técnico del sindicato evaluó artículo por artículo las modificaciones introducidas respecto de versiones anteriores.

Uno de los ejes más sensibles del debate gira en torno al sistema de indemnizaciones. Menéndez cuestionó la posibilidad de establecer mecanismos de pago en cuotas e incluso en especie, así como la creación de fondos empresariales destinados a cubrir despidos. “Se configura un esquema que favorece al empleador y desprotege al trabajador. Es un negocio redondo”, advirtió, en línea con la postura crítica que también sostiene el movimiento sindical a nivel nacional.

En esta línea, el gremio mantiene expectativas en el frente judicial. Fallos recientes en distintas jurisdicciones comenzaron a poner límites a algunos artículos de la reforma, particularmente aquellos vinculados a la liquidación de indemnizaciones. “Confiamos en que la justicia laboral corrija estos aspectos y restituya derechos”, señaló.

Mientras tanto, el sindicato ya proyecta una agenda intensa de negociación. A fines de abril está previsto un encuentro con las cámaras empresarias para actualizar el convenio colectivo de trabajo, incorporando modificaciones que permitan sostener su vigencia en el nuevo contexto normativo. La discusión incluirá puntos sensibles como aportes sindicales, modalidades de contratación y condiciones laborales.

En este sentido, el frente salarial sigue siendo una prioridad. El sector acordó un incremento del 4% para marzo, cerrando así la paritaria 2025, con un esquema transitorio del 3% hasta reabrir negociaciones en abril. Sin embargo, Menéndez reconoció que el objetivo de recomponer ingresos se enfrenta a un escenario adverso. “La inflación real golpea más fuerte de lo que indican los números oficiales. Siempre intentamos ganarle, pero es muy difícil en este contexto”, planteó.

La preocupación del dirigente trasciende lo estrictamente sectorial y se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre la economía. Señaló una caída de la actividad, cierre de empresas y retracción del consumo como factores que erosionan tanto el empleo como la recaudación estatal. “Hay menos producción, menos trabajo y menos consumo. Es un círculo que se retroalimenta negativamente”, explicó.

En ese aspecto, también cuestionó el achicamiento del Estado y la eventual eliminación de delegaciones del área laboral en las provincias, lo que podría derivar en la pérdida de miles de puestos de trabajo. “Se debilita la capacidad de control y se profundiza la precarización”, alertó.

El impacto ya se hace visible en el sector: el dirigente gremial confirmó despidos recientes y advirtió que la tendencia podría profundizarse. “Estamos muy atentos porque esto puede replicarse en otras empresas”, sostuvo.

El rol de la mujer y la agenda de inclusión

En contraste con el escenario económico adverso, Menéndez destacó avances en materia de inclusión dentro del sector. Actualmente, alrededor del 30% del padrón sindical está compuesto por mujeres, una presencia que el representne sindical calificó como “clave” para transformar dinámicas laborales históricamente masculinizadas.

El gremio impulsa políticas de igualdad de trato, prevención del acoso y acompañamiento ante situaciones de violencia laboral. “La mujer está ganando el lugar que le corresponde y los sindicatos tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones de respeto y equidad”, afirmó.

En ese sentido, también valoró la creciente participación de identidades de género diversas dentro de la estructura sindical, con representación en espacios de conducción. “Es parte de una transformación que debe ser acompañada institucionalmente”, señaló.

El testimonio de Víctor Menéndez expone con claridad el delicado equilibrio que atraviesa hoy el mundo del trabajo: entre la necesidad de adaptación a nuevas reglas de juego y la defensa de derechos históricamente conquistados. La reforma laboral, lejos de presentarse como un proceso técnico o neutro, se configura —desde la mirada sindical— como un punto crucial que redefine las relaciones entre capital y trabajo.

En unmomento signado por la incertidumbre, la caída del poder adquisitivo y el debilitamiento del entramado productivo, el desafío para los gremios será sostener capacidad de negociación sin resignar protección. La resolución de esa presión no solo marcará el rumbo del sector de estaciones de servicio, sino que anticipa, en escala, el futuro inmediato del mercado laboral argentino.

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