
Un país sin caminos: la ofensiva del Gobierno contra Vialidad Nacional pone en jaque la infraestructura y la soberanía
El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.
En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.
Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.
¿Quién se hará cargo de los caminos?
La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.
La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.
Un golpe a la vertebración del país
Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.
Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.
La Justicia y el Congreso, últimos bastiones
Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.
La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.
El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.
En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.
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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.
En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.
El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.
La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.
El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.
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Médicos del Garrahan protestan por el desmantelamiento y «Fuga de Cerebros»

Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian una «fuga de cerebros» debido al desmantelamiento fomentado por el Gobierno nacional, lo que aumenta los riesgos para la atención de los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región.
El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más destacados, enfrenta una crisis sin precedentes. Los trabajadores denuncian que el desmantelamiento promovido por el Gobierno nacional está generando una «fuga de cerebros» que pone en riesgo la atención de los pacientes. Según el Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno han derivado en un éxodo de profesionales altamente capacitados.
La situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esta herramienta, los profesionales aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. El personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.
Salarios congelados y renuncias en cadena:
El Dr. García detalló que desde hace más de 18 meses, el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores, lo que ha llevado a muchos a renunciar. Ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país.
Precarización laboral:
Además de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. A los especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica, ya que muchos jóvenes optan por becas institucionales «mejor pagas» ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad.
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Marcelo Mena: “La minería debe generar empleo local y fortalecer la economía de San Juan”

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.
El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.
Renovación y liderazgo sindical
En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.
Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.
Minería: empleo local y responsabilidad empresarial
Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.
Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.
Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.
Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.
El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.
La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.
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