Un país sin caminos: la ofensiva del Gobierno contra Vialidad Nacional pone en jaque la infraestructura y la soberanía

El Sindicato de Trabajadores Viales solicitó a la Comisión Bicameral del Congreso la derogación del decreto 461/25, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Denuncian falta de fundamentos técnicos, ausencia de planificación y una amenaza directa al entramado territorial de la Argentina.

En un gesto que combina determinación gremial, alerta técnica y defensa del interés público, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), conducido por Graciela Aleñá, formalizó ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional un pedido categórico: la derogación inmediata del Decreto 461/25. La norma, firmada por el Poder Ejecutivo, ordena el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo clave para la integración territorial, la planificación de obras de infraestructura y el mantenimiento de la red caminera federal.

Lejos de constituir un acto administrativo rutinario, la medida sacude los cimientos del federalismo y exhibe una voluntad de desmantelamiento institucional sin precedentes en democracia. Según advirtió Aleñá en su presentación, el decreto se apoya en informes «apócrifos» elaborados por el Ministerio de Desregulación —una dependencia nacida al calor del actual experimento gubernamental— y omite una cuestión sustancial: no se especifica qué organismo asumirá las funciones esenciales que hasta hoy ejerce la DNV.

¿Quién se hará cargo de los caminos?

La ausencia de una alternativa clara deja en evidencia una peligrosa improvisación. El texto presidencial apenas menciona la creación de una agencia para el control de concesiones, así como el traspaso de maquinarias y bienes inmuebles al dominio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No se hace alusión, sin embargo, a la planificación, ejecución o fiscalización de obras estratégicas; tareas técnicas que requieren saber especializado, presencia territorial y una articulación activa con las vialidades provinciales.

La Dirección Nacional de Vialidad no es una estructura burocrática más. Se trata de una institución con casi un siglo de existencia, clave para sostener una red de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, garantizar la conectividad de regiones alejadas y definir criterios técnicos para inversiones públicas a lo largo y ancho del país. Su desarticulación implicaría dejar librada al mercado o a la discrecionalidad política una tarea que, en su esencia, responde al interés general.

Un golpe a la vertebración del país

Las consecuencias de suprimir Vialidad Nacional no son menores. Como lo expresó Aleñá, el cierre del organismo «representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria». Más allá del tono alarmante, la afirmación no resulta exagerada: sin una entidad que garantice la continuidad y seguridad de las rutas, se pone en juego no sólo la logística productiva, sino también la vida cotidiana de millones de personas.

Además, el estado de las rutas guarda una relación directa con los niveles de siniestralidad vial. El deterioro de las calzadas, la falta de mantenimiento o la ausencia de señalización constituyen factores letales. Abandonar la gestión estatal de esas tareas equivale a agravar una de las principales causas de muertes evitables en el país.

La Justicia y el Congreso, últimos bastiones

Frente al avance del Ejecutivo, la Justicia Federal ya emitió un fallo cautelar que frena momentáneamente los efectos del decreto. Sin embargo, la decisión final recae en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de tratar todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas y presidida por el diputado oficialista Oscar Zago, la comisión deberá emitir dictamen para que el decreto pueda ser rechazado por ambas cámaras y, de ese modo, quedar definitivamente sin efecto.

La nómina de integrantes —que incluye figuras como Luis Juez, Mariano Recalde, Nicolás Massot, Ana Gaillard y Diego Santilli— será clave para determinar el destino de una medida que amenaza con desmembrar parte del andamiaje institucional construido durante décadas.

El intento por clausurar la Dirección Nacional de Vialidad no puede leerse como una simple política de ajuste o desburocratización. Suprimir un organismo con funciones estratégicas, sin explicar quién las ejercerá ni con qué criterios, revela una peligrosa ligereza en la toma de decisiones públicas. A la vez, expone un desdén hacia las herramientas del Estado que estructuran la vida de un país extenso, diverso y desigual como la Argentina.

En una etapa signada por la polarización y la fragmentación institucional, conservar la capacidad estatal para planificar, mantener y ejecutar obras viales no es un lujo ni un privilegio corporativo: es una necesidad de primer orden. La disolución de Vialidad Nacional, si se concreta, no sólo significará un retroceso logístico y técnico, sino también una claudicación simbólica frente a la idea misma de nación integrada. El Congreso, en su rol indelegable de contralor democrático, tiene ahora la palabra.