Un informe del Instituto Gino Germani (UBA) expone la profundidad del deterioro salarial: el 72% de los trabajadores —formales, informales y cuentapropistas— percibe menos de $1 millón, mientras la canasta básica supera los $1,2 millones. Los alquileres, tarifas y alimentos absorben cada vez más del ingreso, crece el pluriempleo y se consolida un fenómeno estructural: trabajar ya no garantiza salir de la pobreza.

El último informe elaborado por los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente del Instituto Gino Germani pone números concretos a una realidad que atraviesa todos los sectores: la mayoría de los trabajadores argentinos es pobre por ingresos.

Según el estudio, el 72% de los ocupados —incluyendo empleados formales, informales y cuentapropistas— gana menos de $1 millón mensual, un monto insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 trepó a $1.213.799 para un hogar tipo.

El impacto es transversal. Entre los asalariados formales, que históricamente fueron el núcleo más protegido del mercado laboral, el 58% tampoco alcanza el valor de la canasta básica. La informalidad, en tanto, exhibe cifras alarmantes: el 89% de los trabajadores no registrados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican por debajo de ese umbral.

El fenómeno del “trabajador pobre”: un límite que ya se quebró

El informe advierte que 1 de cada 5 trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales es pobre por ingresos. Entre los asalariados informales, esa proporción se dispara al 41,3%.

Los investigadores comparan la situación local con el fenómeno de los “mileuristas” en España, pero remarcan diferencias determinantes: en Argentina, sin subsidios a tarifas y con alquileres desregulados, la precariedad se profundiza mucho más.

Los aumentos persistentes en alimentos y servicios básicos —gas, luz y agua— explican gran parte del deterioro. El gasto en servicios pasó de representar el 4% del salario mediano a finales de 2023 al 11% en 2025, un salto que achicó drásticamente el margen de consumo y dejó sin capacidad de ahorro a millones de personas. Para muchos hogares, cualquier imprevisto económico —un arreglo, una enfermedad, una merma en las horas trabajadas— se convierte en una crisis inabordable.

Los autores del estudio advierten sobre un fenómeno creciente de “pobreza residencial”: trabajadores que, aun con empleo estable, destinan la mayor parte de sus ingresos a mantener un techo y no pueden cubrir otros gastos esenciales.

Pluriempleo en alza: cuando un trabajo ya no alcanza

La insuficiencia salarial está empujando a más personas a sumar segundas ocupaciones. Según el informe, el pluriempleo asciende al 12% de los ocupados, un récord que afecta tanto a informales como a trabajadores con empleo registrado.

El fenómeno es especialmente visible en sectores como Comercio, Gastronomía, Construcción y Transporte, donde el “Efecto Flexibilidad” permitió a algunos trabajadores ajustar precios y mejorar ingresos en términos relativos, aunque con salarios que siguen lejos de los valores de la canasta básica.

Una paradoja en la estadística: baja la pobreza, pero no mejora la vida cotidiana

Pese al escenario crítico, el informe señala una mejora relativa en los indicadores luego del pico de inflación del inicio de la gestión actual. La pobreza por ingresos cayó al 31,8%, una cifra más baja que la de meses anteriores y cercana a los niveles de 2018.

La recuperación se explica por incrementos en los ingresos de ciertos sectores informales, que lograron actualizar tarifas y precios con mayor velocidad que los asalariados registrados. Sin embargo, los investigadores advierten que estos avances no alcanzan para revertir la crisis estructural del empleo.

Un mercado laboral que acumula problemas

El deterioro salarial se enmarca en un mercado de trabajo con dificultades múltiples: 9,7 millones de personas —el 67% de la Población Económicamente Activa— enfrentan problemas laborales, ya sea por desocupación, subocupación o inserción en puestos de baja calidad.

La combinación de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y ausencia de crédito configura un escenario en el que la movilidad social ascendente parece cada vez más lejana.

El informe del Instituto Gino Germani confirma que el fenómeno del trabajador pobre ya no es una excepción sino la norma en la Argentina. El salario perdió su capacidad de garantizar bienestar, y la mayor parte de los trabajadores —incluso aquellos con empleo registrado— no logra cubrir la canasta básica.

En un país donde trabajar deja de ser sinónimo de estabilidad, el desafío ya no es solo económico: es social, político y estructural. Y mientras el ingreso siga por detrás de los precios, el pluriempleo, la precariedad y la pobreza laboral seguirán marcando el pulso del mercado de trabajo argentino.

El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.

La morosidad en los créditos de los hogares alcanzó su nivel más alto desde que existen registros del Banco Central. La combinación de salarios atrasados, inflación persistente y tasas que no bajaron acompasadamente convirtió al crédito en un mecanismo de supervivencia cada vez menos sostenible. Con el Estado compitiendo por financiamiento, las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y cuotas que se vuelven imposibles de pagar.

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en 15 años. Según el economista Christian Buteler, la morosidad familiar alcanzó un nivel “históricamente alto”, fenómeno que —subraya— no responde solo a un mayor endeudamiento, sino a un deterioro profundo en la capacidad de pago de las personas.

En diálogo con Splendid AM990, Buteler planteó que la deuda familiar en sí misma no es un problema si existe un contexto socioeconómico que permita gestionarla. El problema en Argentina es otro: una parte sustancial del endeudamiento se destina a cubrir consumo básico, consecuencia directa de ingresos que no logran acompañar los aumentos de precios.

Según el especialista, aun durante la desaceleración inflacionaria de la primera mitad del año, las tasas de interés total por créditos personales se ubicaron entre 140% y 150% anual, mientras que los salarios avanzaban apenas entre 20% y 25%. La brecha, asegura, volvió insostenible cualquier esfuerzo por mantener las cuotas al día, incluso para clientes con historial intachable. “Nunca las tasas acompañaron la baja de la inflación”, afirmó.

El rol del Estado y el efecto contagio en el sistema financiero

Buteler también apuntó contra la política financiera del Gobierno. A su juicio, la demanda constante de financiamiento por parte del sector público absorbe buena parte de los recursos que los bancos podrían destinar a crédito productivo o al consumo de los hogares. Esa competencia por el dinero disponible termina consolidando tasas elevadas: si el Estado sigue pagando intereses altos, las entidades no tienen incentivos para reducirlas.

“Mientras el Ejecutivo sea un demandante de dinero, no va a haber presión real para que las tasas bajen”, sintetizó. Para el economista, una menor necesidad de financiamiento estatal permitiría liberar fondos hacia el sector privado, generar competencia entre bancos y fintechs y, en consecuencia, abaratar costos financieros.

Los números que confirman la preocupación

Los últimos datos del Banco Central refuerzan el diagnóstico. Según el Informe sobre Bancos de septiembre:

La morosidad de los hogares trepó a 7,3%, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

Los créditos personales muestran la situación más delicada, con 9,1% de mora, en línea con la advertencia de Buteler.

Las tarjetas de crédito alcanzan un 7,4%, también en ascenso.

El endeudamiento empresarial, en cambio, revela un deterioro menor, con un ratio de irregularidad del 1,7%.

Estos datos muestran una tendencia clara: el peso del ajuste cae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente las de menores ingresos, quienes dependen en mayor medida del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

El récord de morosidad no es un dato técnico: es el reflejo de un deterioro profundo en el poder adquisitivo y en la estabilidad financiera de millones de hogares argentinos. El crédito, que en teoría debería funcionar como una herramienta para ordenar y proyectar gastos, se transformó para muchos en un mecanismo de supervivencia que termina ahogándolos.

Buteler sostiene que el Estado tiene margen para intervenir reduciendo su propia demanda de financiamiento, generando así condiciones para que las tasas bajen y se alivie la presión sobre los hogares. Pero mientras eso no ocurra, y los salarios continúen lejos de la recomposición real, la deuda seguirá siendo una mochila cada vez más pesada.

La advertencia es clara: la crisis de morosidad no es solo un problema financiero; es un síntoma más de la fragilidad económica que atraviesan las familias en Argentina.