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La administración de Javier Milei avanza sobre pilares fundamentales del derecho laboral argentino. Busca reemplazar el pago de horas extraordinarias por compensaciones, flexibilizar el régimen de vacaciones y redefinir el sistema de indemnizaciones, generando una fuerte resistencia sindical y social.

La reforma laboral que promueve el gobierno nacional no es apenas un paquete técnico de ajustes normativos: representa una transformación estructural en la concepción del trabajo, sus garantías y los vínculos entre empleadores y empleados. Bajo el pretexto de dinamizar la productividad y erradicar “rigideces” que –según argumentan desde el Ejecutivo– obstaculizan la competitividad, se impulsa una avanzada que erosiona conquistas históricas del movimiento obrero.

En el centro del debate se encuentra la tentativa de suprimir el pago de las horas extra, un beneficio que desde hace décadas reconoce el esfuerzo adicional de quien prolonga su jornada laboral. Hoy, el marco legal argentino contempla un incremento del 50% para las horas extraordinarias en días hábiles y del 100% durante fines de semana o feriados, con un tope de 30 horas mensuales. El proyecto oficial pretende reemplazar este reconocimiento económico por sistemas de “bancos de horas” o “francos compensatorios”, a ser negociados de manera colectiva. De aprobarse, la dinámica se traduciría en una notable transferencia de valor desde el trabajador hacia el empleador, bajo una lógica de «recuperación horaria» que oculta la desvalorización del tiempo personal.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que casi nueve de cada diez argentinos rechazan esta posible eliminación del pago por horas extra. El 88,5% de los consultados expresó su disconformidad ante la eventual implementación de esquemas alternativos que no impliquen retribución dineraria, mientras que apenas el 6,7% se manifestó a favor. Esta rotunda desaprobación no ha tenido, sin embargo, correlato en el empresariado, que, sin pronunciarse públicamente, observa con expectativa las flexibilizaciones propuestas.

Indemnizaciones y causa justa: el nuevo margen para despidos sin costo

El proyecto también rediseña el régimen indemnizatorio. Se busca profundizar el esquema del “fondo de cese laboral”, ya adoptado por algunos convenios colectivos, mediante el cual los empleadores contribuyen regularmente a un fondo que sustituye el pago de la indemnización tradicional. No obstante, la novedad más controvertida reside en el concepto de “causa justa”. Según la iniciativa, si el empleador demuestra que el trabajador incurrió en conductas perjudiciales para la empresa, podrá prescindir de su obligación indemnizatoria.

El problema radica en la amplitud de interpretación que se abre con esta cláusula. Entre las “faltas” que podrían invocarse se mencionan explícitamente acciones sindicales: bloqueos, tomas o medidas de fuerza, figuras cuya inclusión sienta un precedente peligroso. La normativa habilitaría, en la práctica, despidos sin resarcimiento bajo fundamentos que podrían vulnerar la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Vacaciones: descanso bajo discrecionalidad patronal

Otro eje crítico de la reforma remite al régimen de licencias. La propuesta contempla que los días de vacaciones puedan otorgarse durante todo el año, incluso hasta abril del siguiente período anual. A su vez, permite la fragmentación del descanso, con la única condición de que los tramos no sean inferiores a una semana. El empleador, además, podría informar las fechas con apenas tres semanas de antelación.

Este cambio reconfigura el descanso vacacional como una instancia sujeta a la conveniencia empresarial, desdibujando su carácter reparador y su previsibilidad. La posibilidad de fraccionar las vacaciones atenta contra su sentido integral: el de ofrecer al trabajador una desconexión sostenida que le permita reponerse física y mentalmente.

Lejos de ser una mera adecuación técnica a las necesidades de la economía global, la propuesta del gobierno expresa una concepción ideológica del trabajo subordinado. El derecho laboral, históricamente concebido como un freno al abuso y un equilibrador de desigualdades, corre el riesgo de ser vaciado de contenido.

Bajo una retórica de eficiencia, se avanza sobre principios consagrados por décadas de luchas gremiales y decisiones jurisprudenciales. La desregulación propuesta no solo redistribuye cargas en favor del capital, sino que también  replantea el contrato social que vincula al Estado con sus trabajadores. En nombre de la libertad, se fragua una asimetría que debilita aún más al eslabón más vulnerable de la cadena productiva.

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 Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide el Indec

La pérdida salarial en el país se profundiza y las proyecciones privadas advierten que, si el Indec aplicara la nueva canasta de consumo para medir la inflación, la pérdida salarial sería casi el doble de la registrada actualmente. Ante esta situación, y faltando solo unos diás para las elecciones en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional enfrenta un panorama económico adverso.

Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) revela que el salario mínimo se contrajo un 32,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que las remuneraciones promedio retrocedieron un 5%. Sin embargo, si se aplicara la nueva metodología de inflación pendiente de implementación por parte del INDEC, el retroceso treparía al 9,1%. La fuerte devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, sumada a la aceleración inflacionaria, impactó de lleno en los bolsillos de los trabajadores.

Según el estudio de CIFRA, tras una recuperación parcial hacia finales de 2024, los salarios volvieron a estancarse. «Desde noviembre pasado, la menor inflación no se tradujo en mejoras: el desempleo debilitó las negociaciones colectivas y el Gobierno buscó limitar los aumentos salariales por debajo del alza de precios», señalaron desde el centro de estudios. Como resultado, en junio de 2025 el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La situación es aún más grave en el sector público: mientras que los privados acumulan una pérdida de 0,6% según el IPC actual (4,4% con la canasta actualizada), los estatales retrocedieron 14,3% y 17,6% respectivamente.

Actualmente, el INDEC mide la inflación con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2003/2004. Si bien en 2017-2018 se llevó adelante una actualización, el nuevo índice aún no fue publicado, pese a que el trabajo técnico está concluido desde fines de 2024.

El propio FMI advirtió en su último staff report que espera que el organismo argentino implemente la nueva metodología hacia finales de 2025, lo que permitiría reflejar mejor los patrones actuales de consumo y precios relativos.

Más allá de la discusión metodológica, la realidad de los hogares muestra un deterioro constante. El ingreso disponible promedio en el AMBA cayó 0,4% en junio, acumulando tres bajas en cuatro meses, según Empiria. En comparación con noviembre de 2023, la merma llega al 7%.

En paralelo, crece el endeudamiento: un estudio del Banco Provincia señala que los préstamos a familias aumentaron más de 60% real entre noviembre de 2023 y julio de 2025, pasando de representar el 5% al 8% de los recursos de los hogares.

A esto se suma la multiplicación de empleos: durante el primer trimestre de 2025, casi 1 de cada 10 trabajadores tuvo más de un trabajo, un nivel superior al promedio de 2017-2019 y bastante por encima del registrado entre 2021 y 2023.

La foto del salario mínimo sintetiza el panorama: su valor real hoy es inferior al que rigió durante gran parte de la década del 90 y en la crisis de la Convertibilidad. Según cálculos de CIFRA, si no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de la última década, debería ubicarse por encima de los $740.000.

Con elecciones inminentes y la Provincia de Buenos Aires como distrito clave, la caída de los ingresos aparece como un desafío político y social central para el Gobierno, en un escenario donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el principal termómetro de malestar.

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La UIA propone reactivar un régimen de rebaja de contribuciones patronales para empresas del interior

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso reactivar un régimen de contribuciones patronales diferencial que permita a las empresas del interior del país abaratar el costo de contratación de empleados. El planteo se enmarca en una agenda de cinco ejes que incluye reforma tributaria, modernización laboral e inversión en infraestructura.

La UIA, liderada por Martín Rappallini, busca recuperar el esquema del Decreto 814/2001, que fijaba una alícuota única del 16% en contribuciones patronales y otorgaba a las empresas la posibilidad de imputar parte del IVA a cuenta de esas cargas. La proporción que podían descontar dependía de la distancia de cada provincia respecto de los puertos, lo que beneficiaba particularmente a las regiones del NOA y el NEA.

Según la UIA, este régimen fue clave para el desarrollo de numerosas pymes y atrajo inversiones de grandes empresas en el norte del país, al permitirles compensar los mayores costos logísticos. La entidad sostiene que la reactivación de este régimen sería fundamental para mejorar la competitividad del sector industrial en el interior del país.

La Unión Industrial Argentina también presentó una agenda de cinco puntos para mejorar la competitividad del sector, que incluye:

  • Reforma tributaria, para simplificar cargas y eliminar distorsiones.
  • Modernización laboral, orientada a marcos más flexibles e inclusivos.
  • Inversión en infraestructura, con el fin de reducir costos logísticos y conectar regiones.
  • Financiamiento productivo, accesible y previsible para pymes e industrias innovadoras.
  • Educación técnica, articulada con la demanda productiva para potenciar el talento industrial.

En este sentido, Martín Rappallini expresó. «Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo. La macro es importante, pero hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino», completó Rappallini .

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Paritarias: Qué gremios cobrarán aumentos salariales en septiembre

Con un panorama preocupante de inflación persistente, varios gremios lograron cerrar paritarias y avanzar con mejoras salariales para este mes de septiembre.

A continuación, te presentamos un resumen de los acuerdos alcanzados por sector:

  • Estatales (Provincia de Buenos Aires): Cobrarán un aumento del 2,5% sobre los haberes de julio, más un 7,5% en viáticos.
  • Construcción (UOCRA): Se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio.
  • Empleadas Domésticas: Percibirán un 1% de aumento y la última cuota de un bono no remunerativo (de $4.000 a $9.500 según las horas).
  • Comercio (General, Call Centers y Turismo): Cobrarán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000.
  • Bancarios: El sueldo inicial alcanzará $1.895.421.
  • Metalúrgicos (UOM): Recibirán un 1% correspondiente a agosto más 25.000 no remunerativos. El ingreso mínimo global de referencias se ubica en 909.114.
  • Camioneros: Cobrarán un 1% de agosto más una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano ya reclama una revisión.
  • Sanidad (FATSA): Percibirán un 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000.
  • Playeros (Estaciones de Servicio): El salario básico de un operador de playa será de $1.025.576.
  • Colectiveros (UTA – AMBA): El salario total a percibir (incluyendo viáticos) será de $1.600.000.
  • Vigiladores Privados: Tendrán un aumento del 0,9%, llevando el básico a $808.600.
  • Encargados de Edificio: Recibirán un aumento sobre los básicos de julio más una suma fija de $50.000.
  • Trabajadores Rurales: Tendrán un 1,5% de incremento más un bono de $20.000.

El panorama refleja una negociación paritaria compleja, donde la mayoría de los sindicatos lucha por no quedar rezagado frente a una inflación que continúa erosionando el poder de compra de los salarios. Los acuerdos alcanzados varían según el sector y el gremio, pero en general, buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

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