Horas extras, vacaciones y despidos: el nuevo paradigma laboral que impulsa el Gobierno

La administración de Javier Milei avanza sobre pilares fundamentales del derecho laboral argentino. Busca reemplazar el pago de horas extraordinarias por compensaciones, flexibilizar el régimen de vacaciones y redefinir el sistema de indemnizaciones, generando una fuerte resistencia sindical y social.

La reforma laboral que promueve el gobierno nacional no es apenas un paquete técnico de ajustes normativos: representa una transformación estructural en la concepción del trabajo, sus garantías y los vínculos entre empleadores y empleados. Bajo el pretexto de dinamizar la productividad y erradicar “rigideces” que –según argumentan desde el Ejecutivo– obstaculizan la competitividad, se impulsa una avanzada que erosiona conquistas históricas del movimiento obrero.

En el centro del debate se encuentra la tentativa de suprimir el pago de las horas extra, un beneficio que desde hace décadas reconoce el esfuerzo adicional de quien prolonga su jornada laboral. Hoy, el marco legal argentino contempla un incremento del 50% para las horas extraordinarias en días hábiles y del 100% durante fines de semana o feriados, con un tope de 30 horas mensuales. El proyecto oficial pretende reemplazar este reconocimiento económico por sistemas de “bancos de horas” o “francos compensatorios”, a ser negociados de manera colectiva. De aprobarse, la dinámica se traduciría en una notable transferencia de valor desde el trabajador hacia el empleador, bajo una lógica de «recuperación horaria» que oculta la desvalorización del tiempo personal.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que casi nueve de cada diez argentinos rechazan esta posible eliminación del pago por horas extra. El 88,5% de los consultados expresó su disconformidad ante la eventual implementación de esquemas alternativos que no impliquen retribución dineraria, mientras que apenas el 6,7% se manifestó a favor. Esta rotunda desaprobación no ha tenido, sin embargo, correlato en el empresariado, que, sin pronunciarse públicamente, observa con expectativa las flexibilizaciones propuestas.

Indemnizaciones y causa justa: el nuevo margen para despidos sin costo

El proyecto también rediseña el régimen indemnizatorio. Se busca profundizar el esquema del “fondo de cese laboral”, ya adoptado por algunos convenios colectivos, mediante el cual los empleadores contribuyen regularmente a un fondo que sustituye el pago de la indemnización tradicional. No obstante, la novedad más controvertida reside en el concepto de “causa justa”. Según la iniciativa, si el empleador demuestra que el trabajador incurrió en conductas perjudiciales para la empresa, podrá prescindir de su obligación indemnizatoria.

El problema radica en la amplitud de interpretación que se abre con esta cláusula. Entre las “faltas” que podrían invocarse se mencionan explícitamente acciones sindicales: bloqueos, tomas o medidas de fuerza, figuras cuya inclusión sienta un precedente peligroso. La normativa habilitaría, en la práctica, despidos sin resarcimiento bajo fundamentos que podrían vulnerar la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Vacaciones: descanso bajo discrecionalidad patronal

Otro eje crítico de la reforma remite al régimen de licencias. La propuesta contempla que los días de vacaciones puedan otorgarse durante todo el año, incluso hasta abril del siguiente período anual. A su vez, permite la fragmentación del descanso, con la única condición de que los tramos no sean inferiores a una semana. El empleador, además, podría informar las fechas con apenas tres semanas de antelación.

Este cambio reconfigura el descanso vacacional como una instancia sujeta a la conveniencia empresarial, desdibujando su carácter reparador y su previsibilidad. La posibilidad de fraccionar las vacaciones atenta contra su sentido integral: el de ofrecer al trabajador una desconexión sostenida que le permita reponerse física y mentalmente.

Lejos de ser una mera adecuación técnica a las necesidades de la economía global, la propuesta del gobierno expresa una concepción ideológica del trabajo subordinado. El derecho laboral, históricamente concebido como un freno al abuso y un equilibrador de desigualdades, corre el riesgo de ser vaciado de contenido.

Bajo una retórica de eficiencia, se avanza sobre principios consagrados por décadas de luchas gremiales y decisiones jurisprudenciales. La desregulación propuesta no solo redistribuye cargas en favor del capital, sino que también  replantea el contrato social que vincula al Estado con sus trabajadores. En nombre de la libertad, se fragua una asimetría que debilita aún más al eslabón más vulnerable de la cadena productiva.