
Horas extras, vacaciones y despidos: el nuevo paradigma laboral que impulsa el Gobierno
La administración de Javier Milei avanza sobre pilares fundamentales del derecho laboral argentino. Busca reemplazar el pago de horas extraordinarias por compensaciones, flexibilizar el régimen de vacaciones y redefinir el sistema de indemnizaciones, generando una fuerte resistencia sindical y social.
La reforma laboral que promueve el gobierno nacional no es apenas un paquete técnico de ajustes normativos: representa una transformación estructural en la concepción del trabajo, sus garantías y los vínculos entre empleadores y empleados. Bajo el pretexto de dinamizar la productividad y erradicar “rigideces” que –según argumentan desde el Ejecutivo– obstaculizan la competitividad, se impulsa una avanzada que erosiona conquistas históricas del movimiento obrero.
En el centro del debate se encuentra la tentativa de suprimir el pago de las horas extra, un beneficio que desde hace décadas reconoce el esfuerzo adicional de quien prolonga su jornada laboral. Hoy, el marco legal argentino contempla un incremento del 50% para las horas extraordinarias en días hábiles y del 100% durante fines de semana o feriados, con un tope de 30 horas mensuales. El proyecto oficial pretende reemplazar este reconocimiento económico por sistemas de “bancos de horas” o “francos compensatorios”, a ser negociados de manera colectiva. De aprobarse, la dinámica se traduciría en una notable transferencia de valor desde el trabajador hacia el empleador, bajo una lógica de «recuperación horaria» que oculta la desvalorización del tiempo personal.
Una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que casi nueve de cada diez argentinos rechazan esta posible eliminación del pago por horas extra. El 88,5% de los consultados expresó su disconformidad ante la eventual implementación de esquemas alternativos que no impliquen retribución dineraria, mientras que apenas el 6,7% se manifestó a favor. Esta rotunda desaprobación no ha tenido, sin embargo, correlato en el empresariado, que, sin pronunciarse públicamente, observa con expectativa las flexibilizaciones propuestas.
Indemnizaciones y causa justa: el nuevo margen para despidos sin costo
El proyecto también rediseña el régimen indemnizatorio. Se busca profundizar el esquema del “fondo de cese laboral”, ya adoptado por algunos convenios colectivos, mediante el cual los empleadores contribuyen regularmente a un fondo que sustituye el pago de la indemnización tradicional. No obstante, la novedad más controvertida reside en el concepto de “causa justa”. Según la iniciativa, si el empleador demuestra que el trabajador incurrió en conductas perjudiciales para la empresa, podrá prescindir de su obligación indemnizatoria.
El problema radica en la amplitud de interpretación que se abre con esta cláusula. Entre las “faltas” que podrían invocarse se mencionan explícitamente acciones sindicales: bloqueos, tomas o medidas de fuerza, figuras cuya inclusión sienta un precedente peligroso. La normativa habilitaría, en la práctica, despidos sin resarcimiento bajo fundamentos que podrían vulnerar la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Vacaciones: descanso bajo discrecionalidad patronal
Otro eje crítico de la reforma remite al régimen de licencias. La propuesta contempla que los días de vacaciones puedan otorgarse durante todo el año, incluso hasta abril del siguiente período anual. A su vez, permite la fragmentación del descanso, con la única condición de que los tramos no sean inferiores a una semana. El empleador, además, podría informar las fechas con apenas tres semanas de antelación.
Este cambio reconfigura el descanso vacacional como una instancia sujeta a la conveniencia empresarial, desdibujando su carácter reparador y su previsibilidad. La posibilidad de fraccionar las vacaciones atenta contra su sentido integral: el de ofrecer al trabajador una desconexión sostenida que le permita reponerse física y mentalmente.
Lejos de ser una mera adecuación técnica a las necesidades de la economía global, la propuesta del gobierno expresa una concepción ideológica del trabajo subordinado. El derecho laboral, históricamente concebido como un freno al abuso y un equilibrador de desigualdades, corre el riesgo de ser vaciado de contenido.
Bajo una retórica de eficiencia, se avanza sobre principios consagrados por décadas de luchas gremiales y decisiones jurisprudenciales. La desregulación propuesta no solo redistribuye cargas en favor del capital, sino que también replantea el contrato social que vincula al Estado con sus trabajadores. En nombre de la libertad, se fragua una asimetría que debilita aún más al eslabón más vulnerable de la cadena productiva.
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La Justicia le puso frenó al Gobierno y suspendió el cierre de Vialidad Nacional

La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto en el decreto 461/2025, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión es un triunfo para los trabajadores y un paso importante para garantizar la seguridad vial en el país.
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. La jueza Forns advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales en el organismo. Además, señaló que la Ley Bases no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida cautelar presentada por Sevina fue respaldada por la jueza Forns, quien ordenó la suspensión del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad por seis meses. Esta decisión es un triunfo para los trabajadores, que habían expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la desestabilización del organismo.
La decisión judicial establece que la suspensión del cierre del organismo tendrá una duración de seis meses. Durante este período, la Dirección Nacional de Vialidad seguirá funcionando de manera normal, lo que garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores y la seguridad vial en el país.
Emiliana Mcnamara, secretaria general de Sevina, destacó que la decisión cautelar es un triunfo para los trabajadores y que la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico que funciona de manera autónoma. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, celebró el fallo judicial y reafirmó la lucha política contra el DNU.
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Mario Quinteros: “El acuerdo salarial fue un paso importante, pero la precarización laboral sigue avanzando”

El secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, celebró la recomposición salarial alcanzada con los canales de aire y productoras, pero advirtió que el empleo informal crece aceleradamente, que la inflación oficial no refleja la realidad de los trabajadores y que la tecnología, sin regulación, agrava la exclusión. También reflexionó sobre el rumbo del Gobierno nacional y la necesidad de un modelo más equitativo.
Durante una entrevista con Mundo Laboral SJ, Quintero confirmó que el gremio logró cerrar un acuerdo salarial con los canales de aire y las productoras que permite recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Sin embargo, su evaluación general fue mucho más crítica: alertó sobre el deterioro del empleo registrado, cuestionó la manipulación de los índices inflacionarios y llamó a repensar el modelo económico y laboral argentino.
Recomposición salarial: alivio momentáneo en un contexto adverso
El acuerdo alcanzado entre SATSAID y los canales de televisión establece un incremento del 10% para el trimestre en curso, repartido en dos tramos: un 4,5% en julio y el porcentaje restante en septiembre. También se aplicará al cálculo del aguinaldo, lo que representa un alivio adicional para los trabajadores.
“Pudimos recuperar puntos que habíamos perdido. Las empresas cedieron con buen tino y eso nos permitió cerrar un aumento razonable para este tramo del año”, destacó Quinteros. La negociación contempló también una revisión en septiembre para actualizar los valores del último trimestre de 2025.
El dirigente valoró la disposición al diálogo del sector empresarial, pero advirtió que esta recomposición no es suficiente frente a la erosión constante provocada por la inflación y el retraso de las paritarias.
Inflación: una cifra que no refleja la realidad
Consultado sobre el índice inflacionario difundido por el Gobierno —apenas 1,5% en el último mes—, el gremialista fue categórico: “No refleja lo que vivimos los trabajadores. Es un número que no se condice con lo que uno ve en el supermercado, en la carnicería o cuando carga combustible”.
El titular de SATSAID recordó que este tipo de manipulación de los indicadores no es nueva en la historia argentina, pero remarcó que en el contexto actual termina funcionando en contra de los asalariados, ya que dificulta la actualización real de los salarios y licúa cualquier aumento conseguido por negociación.
“Cada gobierno mide la inflación con la lógica de su política. Si no se mide el pan, la carne o el transporte, es fácil mostrar que no hay aumentos, pero eso no cambia la vida del laburante que todos los días ve cómo su plata alcanza menos”, subrayó.
Precarización y empleo informal: el verdadero “crecimiento” del mercado
Lejos del optimismo oficial sobre la recuperación del empleo, el referente gremial remarcó que el único sector en expansión es el trabajo informal, sin derechos ni garantías. “Crecen los changas, el reparto en bicicleta, el Uber o el empleo doméstico sin registrar. Pero el empleo formal, con beneficios, está en retroceso”, señaló.
Para el dirigente, este fenómeno no es casual, sino parte de un modelo que busca mano de obra barata y desorganizada. “Es lo que se votó, lamentablemente. Muchos creyeron que con este cambio iban a tener una vida mejor, pero lo que estamos viendo es otra cosa: un país donde el trabajador está más solo que nunca”.
Quinteros también apuntó que esta degradación del mercado laboral no es sostenible en el tiempo. “Hoy hay más pobreza, más angustia y menos horizonte. ¿Es esto lo que queríamos? ¿Era tan mala la vida anterior como para merecer esta?”, se preguntó, con un tono reflexivo.
Tecnología e inteligencia artificial: una amenaza sin regulación
Uno de los aspectos más inquietantes de la charla fue su mirada sobre el impacto de la tecnología en el empleo. En el sector televisivo, reconoció que ya hay señales preocupantes: “En algunos canales de San Juan ya se está utilizando inteligencia artificial para reemplazar conductores. Eso te muestra hacia dónde vamos”.
Quinteros no cuestionó el avance tecnológico en sí, pero sí la falta de políticas que lo acompañen para evitar la exclusión. “La tecnología nos está desplazando, y nadie plantea una solución colectiva. ¿Por qué no pensar en reducir la jornada laboral a tres días, para que más gente pueda tener empleo? La productividad ya no depende del hombre, sino de las máquinas”, propuso.
El dirigente sostuvo que si no se adoptan medidas estructurales, el mundo laboral será cada vez más concentrado, desigual y violento. “Si los que más tienen no redistribuyen, si la política no actúa, vamos directo a un colapso social. Esto ya lo hemos vivido. No queremos volver a ese pasado”.
Una advertencia al sistema político: “Hace falta mesura y prioridades”
Sobre el final de la entrevista, Mario Quinteros envió un mensaje directo a la dirigencia política. Dijo que es urgente encontrar un “punto medio” entre el despilfarro y el ajuste brutal, y que no se puede construir futuro sobre el sufrimiento de los más débiles.
“Está bien que no se gaste más de lo que hay, pero también hay que tener prioridades: los jubilados, los chicos, los hospitales. No puede ser que todo el peso del ajuste caiga sobre el pueblo”, sostuvo.
Y cerró con una frase que resume su pensamiento:
“Lo que necesitamos no es volver al pasado, pero tampoco destruirlo todo. Hace falta una mirada más humana, más racional. Porque sin trabajo, sin justicia y sin equidad, no hay país posible”.
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Preocupa la morosidad en tarjetas de crédito

Un informe advierte que las deudas impagas de las familias siguen en aumento, lo que podría impactar en el consumo y agravar la caída de las acciones bancarias.
La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales está en ascenso y genera alarma entre bancos, empresas financieras y calificadoras de riesgo. Según la consultora LCG, los datos oficiales hasta abril ya mostraban un deterioro significativo que se habría profundizado en los meses siguientes, lo que enciende una señal de alarma sobre la sostenibilidad del consumo y la salud del sistema financiero argentino.
De los datos que se desprenden, la mora alcanzó el 2,9% en tarjetas de crédito y el 4,6% en préstamos personales. Si bien estos niveles aún no resultan críticos, la tendencia al alza es clara. Además, los bancos ya comenzaron a registrar pérdidas esperadas por deterioro de cartera conforme a normas internacionales, lo que afectará sus balances.
Los primeros síntomas del problema se manifestaron con el pago reiterado del mínimo en las tarjetas, seguido por el incumplimiento total. Este comportamiento está directamente relacionado con la caída del poder adquisitivo y el elevado costo del financiamiento. En efecto, “el peso de la deuda crece frente a salarios que no logran recomponerse”, señalaron.
Esta situación se refleja en el mercado financiero. En lo que va de 2025, las acciones del sector bancario sufren fuertes bajas: Supervielle retrocede 25%, Banco Macro un 24,3%, Galicia un 15% y BBVA un 11,5%, según datos del S&P Merval. Si bien parte de esta caída responde a factores macroeconómicos, el aumento de la morosidad podría profundizar el deterioro.
La deuda promedio de las familias aumentó un 72% entre junio de 2024 y enero de este año, según Moody’s. La agencia anticipó que la morosidad seguirá en aumento si no se registra una mejora sostenida en los ingresos reales. En ese sentido, sostuvo que “la relación deuda/salario ya alcanza niveles similares a los de 2018” y que las condiciones actuales, tasas reales positivas, caída del salario son terreno fértil para una mayor presión financiera sobre los hogares.
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