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El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

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Paritaria Docente: Gobierno y gremios no se ponen de acuerdo y se reunirán el viernes próximo

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.

La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.

Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.

El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.

La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.

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Profesionales de la salud convocaron a una jornada de protestas en todo el país

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convocó a una Jornada Nacional de Lucha el 28 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y en apoyo a las demandas salariales y laborales del sector.

La ley vetada abarca no solo al Hospital Garrahan, sino también a 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias con atención pediátrica en todo el país. Además, prevé una recomposición salarial que retrotrae los sueldos a valores de noviembre de 2023, lo que representa un aumento del 20% al 35% en promedio.

La ley también incluye beneficios para los 12.000 residentes del sistema de salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores de áreas críticas, guardias y horas extras, beneficiando a cerca de 500.000 empleados del sistema público de salud.

Fesprosa exige la promulgación inmediata de la ley y cuestiona el veto presidencial, considerándolo «un desconocimiento de la voluntad del 85% de la ciudadanía, según todas las encuestas». El plan de lucha incluye paros de 24 horas en varias provincias como Santa Fe, Chaco y La Rioja, coincidiendo con una medida similar en el Hospital Garrahan.

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Trabajadores del INTI marcharán al Congreso ante sesión del Senado

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidieron marchar al Congreso si el Senado convoca a sesión este jueves, en el marco de la discusión sobre el decreto DNU 462/25 que afecta al organismo.

En una asamblea realizada este martes 12 de agosto, los trabajadores del INTI definieron su estrategia para defender el organismo frente al decreto que pone en riesgo su existencia y la continuidad de más de mil puestos de trabajo. La decisión de movilizarse al Congreso dependerá de si el Senado decide sesionar este jueves.

En caso de que el Senado no sesione el jueves, los trabajadores realizarán una conferencia de prensa frente a la sede central del INTI, invitando a otros sectores afectados como trabajadores de Vialidad Nacional, del Hospital Garrahan y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La situación del INTI sigue siendo preocupante. Los trabajadores están decididos a defender su organismo y su fuente de trabajo mediante movilizaciones y acciones de visibilidad, dependiendo de las decisiones legislativas.

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