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En un giro trascendental para la arquitectura estatal argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la conversión de cinco empresas estatales en sociedades anónimas unipersonales, y disolvió la agencia de noticias Télam. La medida, enmarcada en el DNU 70/2023, busca reconfigurar la lógica del Estado, reduciendo su peso y trasladando sus funciones hacia estructuras de mercado. La decisión desató cuestionamientos sobre transparencia, control ciudadano y el destino de los bienes públicos.

La privatización como paradigma: un nuevo capítulo en la historia estatal argentina

La maquinaria estatal argentina atraviesa una mutación sin precedentes en décadas recientes. El gobierno encabezado por Javier Milei dio un paso firme en la implementación de su ideario libertario, avanzando con la transformación de cinco empresas públicas en sociedades anónimas unipersonales, y la disolución definitiva de la histórica agencia de noticias Télam. El hecho, comunicado oficialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), representa mucho más que una simple reorganización administrativa: configura una redefinición del rol estatal en la vida económica y social del país.

Entre las empresas reconvertidas se encuentran Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), y la Corporación Buenos Aires Sur. Todas ellas adoptaron la figura jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), con la consiguiente adecuación legal, patrimonial y contable exigida por la normativa vigente. Télam, por su parte, fue disuelta y reemplazada formalmente por una nueva entidad denominada “Agencia de Publicidad del Estado SAU”, lo cual implica el desmantelamiento de su estructura y el desplazamiento de su función informativa, hasta ahora ligada a la comunicación institucional del Estado.

Este movimiento se sustenta en lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, piedra angular de la reconfiguración estatal impulsada por el oficialismo. Según el Ministerio de Justicia, se trata de un “paso clave para terminar con el uso político de estas empresas”, asegurando que en adelante “deberán rendir cuentas y presentar balances como cualquier compañía del sector privado”.

La ideología de la motosierra

Lejos de limitarse a una reforma estructural, el cambio encarna una visión ideológica profunda sobre el lugar del Estado en la vida nacional. El gobierno ha optado por un modelo que privilegia la lógica empresarial por sobre la función pública, con la promesa de mayor eficiencia, transparencia y competitividad. Bajo esta lógica, la estatalidad deja de ser sinónimo de garantía de derechos o acceso a bienes comunes, para convertirse en una estructura sujeta a las reglas del mercado, el rendimiento económico y la autosustentabilidad financiera.

Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, defendió la medida argumentando que “estos procesos de transformación no sólo ponen orden en las finanzas públicas, sino que además contribuyen a la regularización de aspectos contables, registrales y financieros”. Subrayó además la “percepción de opacidad” que, a su juicio, recaía sobre estas organizaciones debido a la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma.

No obstante, esta percepción de eficiencia es materia de debate. Expertos en derecho administrativo, economía pública y comunicación cuestionan la desarticulación de funciones esenciales del Estado, especialmente en sectores estratégicos o simbólicos, como es el caso de Télam, cuya historia remite al fortalecimiento de la soberanía informativa. La desaparición de la agencia no es un dato menor: representa el vaciamiento de un canal institucional que, más allá de sus vaivenes ideológicos, era una herramienta de comunicación federal y plural.

Uno de los puntos más controvertidos radica en la naturaleza de las sociedades anónimas unipersonales: estructuras jurídico-comerciales que, si bien permiten un control estatal absoluto sobre el capital accionario, diluyen la fiscalización ciudadana y parlamentaria. A diferencia de las empresas estatales tradicionales, estas nuevas entidades se rigen por la lógica privada, reduciendo las exigencias de publicidad de actos y acceso a la información.

Asimismo, la conversión y disolución de estas firmas no estuvo acompañada de un debate público amplio ni de una deliberación parlamentaria, sino que fue implementada a través de un DNU, mecanismo de excepción cuya utilización sistemática ha sido objeto de severas críticas por parte de sectores académicos y políticos.

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“Equilibrio fiscal o nada”: Milei endureció su mensaje y anunció más ajuste en 2026

En cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció este lunes el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, que según adelantó contempla “el menor nivel de gasto público de los últimos 30 años”. El mandatario defendió nuevamente el equilibrio fiscal como “piedra angular” de su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”.

El proyecto de presupuesto incluye aumentos en jubilaciones, educación y pensiones por discapacidad. Sin embargo, Milei no precisó qué partidas serán reducidas para alcanzar la meta de recorte del gasto, un punto central de su programa económico.

“El equilibrio fiscal es un principio no negociable. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo este esfuerzo. No aflojemos, hagamos que todo valga la pena”, subrayó el Presidente.

En un tono enfático, el jefe de Estado insistió en que el orden fiscal es condición indispensable para el crecimiento: “El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio de las cuentas públicas. El Presupuesto no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar el país adelante”.

Milei apeló además a la paciencia social, comparando el proceso de ajuste con un proyecto de largo plazo: “En veinte años estaremos entre los países más ricos del mundo. Roma no se construyó en un día”.

El mensaje llega en un clima político marcado por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los vetos presidenciales a leyes que recomponían partidas en salud y universidades, y la presión por mostrar señales concretas de consolidación fiscal.

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La CGT se suma a la marcha del miércoles contra los vetos de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.

El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.

“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.

La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.

En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.

Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.

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La industria metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos con caída en la actividad y el empleo

La industria metalúrgica argentina enfrenta una crisis profunda, con una caída del 6,1% en la actividad en agosto comparado con el mismo mes del año pasado. La utilización de la capacidad instalada también experimentó una importante reducción alcanzando niveles similares a los de la pandemia de coronavirus. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que la situación es crítica y requiere políticas activas para fortalecer el sector.

 El sector metalúrgico enfrenta un escenario crítico con el paso del tiempo. Durante agosto, la actividad se desplomó un 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 2,3% con respecto a julio. La utilización de la capacidad instalada también descendió significativamente, alcanzando el 44,8% en agosto, lo que es similar a los niveles de marzo y junio de 2020, durante la pandemia de coronavirus.

La situación es particularmente grave en algunos subsectores estratégicos, como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). Solo Carrocerías y Remolques mostró un incremento del 6,8%. La cantidad de trabajadores metalúrgicos también se redujo, con una caída del 2,9% interanual en agosto y un 0,5% con respecto a julio.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos y que es necesario implementar políticas activas para reactivar el sector. «Necesitamos políticas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo», remarcó.

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