De lo público a lo privado: la transformación silenciosa del Estado en sociedades anónimas
En un giro trascendental para la arquitectura estatal argentina, el gobierno de Javier Milei oficializó la conversión de cinco empresas estatales en sociedades anónimas unipersonales, y disolvió la agencia de noticias Télam. La medida, enmarcada en el DNU 70/2023, busca reconfigurar la lógica del Estado, reduciendo su peso y trasladando sus funciones hacia estructuras de mercado. La decisión desató cuestionamientos sobre transparencia, control ciudadano y el destino de los bienes públicos.
La privatización como paradigma: un nuevo capítulo en la historia estatal argentina
La maquinaria estatal argentina atraviesa una mutación sin precedentes en décadas recientes. El gobierno encabezado por Javier Milei dio un paso firme en la implementación de su ideario libertario, avanzando con la transformación de cinco empresas públicas en sociedades anónimas unipersonales, y la disolución definitiva de la histórica agencia de noticias Télam. El hecho, comunicado oficialmente por la Inspección General de Justicia (IGJ), representa mucho más que una simple reorganización administrativa: configura una redefinición del rol estatal en la vida económica y social del país.
Entre las empresas reconvertidas se encuentran Fabricaciones Militares, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Administración General de Puertos (AGP), y la Corporación Buenos Aires Sur. Todas ellas adoptaron la figura jurídica de Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), con la consiguiente adecuación legal, patrimonial y contable exigida por la normativa vigente. Télam, por su parte, fue disuelta y reemplazada formalmente por una nueva entidad denominada “Agencia de Publicidad del Estado SAU”, lo cual implica el desmantelamiento de su estructura y el desplazamiento de su función informativa, hasta ahora ligada a la comunicación institucional del Estado.
Este movimiento se sustenta en lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, piedra angular de la reconfiguración estatal impulsada por el oficialismo. Según el Ministerio de Justicia, se trata de un “paso clave para terminar con el uso político de estas empresas”, asegurando que en adelante “deberán rendir cuentas y presentar balances como cualquier compañía del sector privado”.
La ideología de la motosierra
Lejos de limitarse a una reforma estructural, el cambio encarna una visión ideológica profunda sobre el lugar del Estado en la vida nacional. El gobierno ha optado por un modelo que privilegia la lógica empresarial por sobre la función pública, con la promesa de mayor eficiencia, transparencia y competitividad. Bajo esta lógica, la estatalidad deja de ser sinónimo de garantía de derechos o acceso a bienes comunes, para convertirse en una estructura sujeta a las reglas del mercado, el rendimiento económico y la autosustentabilidad financiera.
Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, defendió la medida argumentando que “estos procesos de transformación no sólo ponen orden en las finanzas públicas, sino que además contribuyen a la regularización de aspectos contables, registrales y financieros”. Subrayó además la “percepción de opacidad” que, a su juicio, recaía sobre estas organizaciones debido a la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma.
No obstante, esta percepción de eficiencia es materia de debate. Expertos en derecho administrativo, economía pública y comunicación cuestionan la desarticulación de funciones esenciales del Estado, especialmente en sectores estratégicos o simbólicos, como es el caso de Télam, cuya historia remite al fortalecimiento de la soberanía informativa. La desaparición de la agencia no es un dato menor: representa el vaciamiento de un canal institucional que, más allá de sus vaivenes ideológicos, era una herramienta de comunicación federal y plural.
Uno de los puntos más controvertidos radica en la naturaleza de las sociedades anónimas unipersonales: estructuras jurídico-comerciales que, si bien permiten un control estatal absoluto sobre el capital accionario, diluyen la fiscalización ciudadana y parlamentaria. A diferencia de las empresas estatales tradicionales, estas nuevas entidades se rigen por la lógica privada, reduciendo las exigencias de publicidad de actos y acceso a la información.
Asimismo, la conversión y disolución de estas firmas no estuvo acompañada de un debate público amplio ni de una deliberación parlamentaria, sino que fue implementada a través de un DNU, mecanismo de excepción cuya utilización sistemática ha sido objeto de severas críticas por parte de sectores académicos y políticos.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación
Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner
El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.
La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.
Un Plan de Lucha que Continúa
La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.
Rechazo al Traspaso del Fuero
Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.
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