Revés judicial para el Gobierno: suspenden el traslado del fuero laboral a CABA
El juez Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y suspendió el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La resolución cuestiona aspectos formales y constitucionales de la reforma promovida por el gobierno de Javier Milei.
En un fallo que introduce un freno significativo a uno de los ejes de la reforma laboral, la Justicia Nacional del Trabajo resolvió suspender de manera provisoria el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La medida cautelar, dictada este martes por el juez de primera instancia Herman Mendel, responde a una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La resolución ordena la suspensión integral del denominado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral” hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. En su fundamentación, el magistrado puso el foco en presuntas irregularidades en el proceso de aprobación de la medida, así como en la posible afectación de derechos constitucionales.
Uno de los ejes centrales del planteo sindical radica en la inclusión del traspaso judicial dentro de la reforma laboral tratada en sesiones extraordinarias del Congreso. Según la UEJN, esta decisión vulnera el artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, al considerar que la transferencia no formaba parte de los temas habilitados en la convocatoria y carecía del requisito de “grave interés” que justificaría su tratamiento.
En ese aspecto, Mendel también advirtió sobre la omisión de la intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley 24.588 —conocida como “Ley Cafiero”—, un paso considerado obligatorio para cualquier proceso de coordinación entre la Nación y la Ciudad en materia judicial. Este punto refuerza la hipótesis de una posible extralimitación en las facultades del Poder Ejecutivo.
El fallo no sólo aborda cuestiones formales. También introduce una mirada sobre el impacto estructural del traspaso, al señalar el riesgo de afectación de derechos laborales y de funcionamiento del sistema judicial. La UEJN remarcó que el fuero laboral involucra a más de 1.500 agentes y gestiona alrededor de 730 mil expedientes en curso, lo que otorga a la medida una dimensión institucional significativa.
Desde el sindicato sostienen que la transferencia implica una “regresividad normativa”, al no garantizar condiciones básicas como la estabilidad laboral ni establecer mecanismos claros de traspaso del personal. Entre los puntos más sensibles, se menciona la eventual ampliación de la jornada laboral —de seis a siete horas diarias— y la ausencia de contemplación de ciertos sectores, como el personal de maestranza, dentro del esquema porteño.
Asimismo, el gremio cuestiona la delegación de facultades en el ámbito de la Ciudad, al considerar que el Jefe de Gabinete porteño podría avanzar sobre decisiones que exceden su competencia, como la supresión de órganos judiciales o el cierre de juzgados.
Tras la decisión judicial, el Estado nacional deberá presentar un informe circunstanciado en un plazo de tres días, lo que abre una nueva etapa en un conflicto que combina dimensiones jurídicas, laborales y políticas.
La cautelar dictada por Mendel no define el fondo de la cuestión, pero sí introduce un elemento de alto impacto en el tablero institucional. Por un lado, pone en discusión la validez del procedimiento utilizado para impulsar la reforma; por otro, reabre el debate histórico sobre la autonomía porteña y los límites de la transferencia de competencias desde la Nación.
En términos políticos, el fallo representa un revés para la estrategia del Gobierno, que buscaba avanzar en la reorganización del sistema laboral como parte de un paquete más amplio de reformas estructurales. En ese sentido, fortalece la posición de los gremios judiciales, que logran instalar el conflicto en el plano constitucional y no sólo sectorial.
La suspensión del traspaso del fuero laboral marca un punto de inflexión en la implementación de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Más allá de su carácter provisorio, la decisión judicial expone las presiones entre los distintos niveles del Estado, la fragilidad de ciertos procedimientos legislativos y la resistencia de los actores sindicales frente a cambios estructurales. El desenlace definitivo, aún abierto, tendrá implicancias que exceden el ámbito judicial y alcanzan el corazón del modelo institucional argentino.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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