Revés judicial para el Gobierno: suspenden el traslado del fuero laboral a CABA

El juez Herman Mendel hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y suspendió el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La resolución cuestiona aspectos formales y constitucionales de la reforma promovida por el gobierno de Javier Milei.

En un fallo que introduce un freno significativo a uno de los ejes de la reforma laboral, la Justicia Nacional del Trabajo resolvió suspender de manera provisoria el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La medida cautelar, dictada este martes por el juez de primera instancia Herman Mendel, responde a una presentación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

La resolución ordena la suspensión integral del denominado “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral” hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. En su fundamentación, el magistrado puso el foco en presuntas irregularidades en el proceso de aprobación de la medida, así como en la posible afectación de derechos constitucionales.

Uno de los ejes centrales del planteo sindical radica en la inclusión del traspaso judicial dentro de la reforma laboral tratada en sesiones extraordinarias del Congreso. Según la UEJN, esta decisión vulnera el artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, al considerar que la transferencia no formaba parte de los temas habilitados en la convocatoria y carecía del requisito de “grave interés” que justificaría su tratamiento.

En ese aspecto, Mendel también advirtió sobre la omisión de la intervención de la Comisión Bicameral prevista en la Ley 24.588 —conocida como “Ley Cafiero”—, un paso considerado obligatorio para cualquier proceso de coordinación entre la Nación y la Ciudad en materia judicial. Este punto refuerza la hipótesis de una posible extralimitación en las facultades del Poder Ejecutivo.

El fallo no sólo aborda cuestiones formales. También introduce una mirada sobre el impacto estructural del traspaso, al señalar el riesgo de afectación de derechos laborales y de funcionamiento del sistema judicial. La UEJN remarcó que el fuero laboral involucra a más de 1.500 agentes y gestiona alrededor de 730 mil expedientes en curso, lo que otorga a la medida una dimensión institucional significativa.

Desde el sindicato sostienen que la transferencia implica una “regresividad normativa”, al no garantizar condiciones básicas como la estabilidad laboral ni establecer mecanismos claros de traspaso del personal. Entre los puntos más sensibles, se menciona la eventual ampliación de la jornada laboral —de seis a siete horas diarias— y la ausencia de contemplación de ciertos sectores, como el personal de maestranza, dentro del esquema porteño.

Asimismo, el gremio cuestiona la delegación de facultades en el ámbito de la Ciudad, al considerar que el Jefe de Gabinete porteño podría avanzar sobre decisiones que exceden su competencia, como la supresión de órganos judiciales o el cierre de juzgados.

Tras la decisión judicial, el Estado nacional deberá presentar un informe circunstanciado en un plazo de tres días, lo que abre una nueva etapa en un conflicto que combina dimensiones jurídicas, laborales y políticas.

La cautelar dictada por Mendel no define el fondo de la cuestión, pero sí introduce un elemento de alto impacto en el tablero institucional. Por un lado, pone en discusión la validez del procedimiento utilizado para impulsar la reforma; por otro, reabre el debate histórico sobre la autonomía porteña y los límites de la transferencia de competencias desde la Nación.

En términos políticos, el fallo representa un revés para la estrategia del Gobierno, que buscaba avanzar en la reorganización del sistema laboral como parte de un paquete más amplio de reformas estructurales. En ese sentido, fortalece la posición de los gremios judiciales, que logran instalar el conflicto en el plano constitucional y no sólo sectorial.

La suspensión del traspaso del fuero laboral marca un punto de inflexión en la implementación de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Más allá de su carácter provisorio, la decisión judicial expone las presiones entre los distintos niveles del Estado, la fragilidad de ciertos procedimientos legislativos y la resistencia de los actores sindicales frente a cambios estructurales. El desenlace definitivo, aún abierto, tendrá implicancias que exceden el ámbito judicial y alcanzan el corazón del modelo institucional argentino.