Docentes universitarios profundizan el conflicto: 95% de acatamiento y reclamo por financiamiento
Con un acatamiento cercano al 95% en varias universidades, los docentes iniciaron una semana de paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente. Denuncian una pérdida del poder adquisitivo cercana al 60% y alertan por dificultades crecientes para sostener la actividad académica.
El sistema universitario público argentino atraviesa una de las coyunturas más delicadas de las últimas décadas. La medida de fuerza iniciada esta semana por los docentes, con alcance nacional y fuerte adhesión, no sólo expresa un reclamo salarial, sino que expone un entramado de fricciones que impacta de lleno en la estructura misma de las universidades.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente Jaime Barcelona describió un escenario que combina deterioro del ingreso, ajuste presupuestario y falta de interlocución institucional.
“Estamos atravesando la peor crisis de la universidad en materia salarial”, afirmó, al tiempo que cuestionó la ausencia de convocatorias a paritarias y la implementación de aumentos definidos de manera unilateral.
La magnitud del conflicto quedó reflejada en el nivel de adhesión. Según detalló, el acatamiento alcanzó el 95% en la Universidad Nacional de San Juan, con una actividad académica prácticamente paralizada. “Han sido muy pocas las cátedras que dictaron clases. En algunos casos, sólo una o dos por carrera”, precisó, describiendo una postal que se replica en distintos puntos del país.
Detrás de la contundencia de la medida subyace un deterioro sostenido de los ingresos. De acuerdo con los cálculos gremiales, los trabajadores universitarios acumulan más de 16 meses de pérdida frente a la inflación, con una caída del poder adquisitivo cercana al 60%. “Siempre hemos tenido aumentos por debajo de la inflación, pero en este período la brecha se profundizó de manera crítica”, explicó Barcelona.
El impacto de esta dinámica trasciende lo estrictamente salarial y comienza a traducirse en problemas estructurales. Renuncias en cargos de alta dedicación, dificultades para cubrir vacantes y la necesidad de recurrir a estudiantes avanzados para sostener funciones docentes forman parte de un cuadro que preocupa a las autoridades académicas y a la comunidad universitaria en general.
“Hay casos de docentes que dejan cargos jerárquicos porque les resulta más conveniente trabajar fuera del ámbito universitario”, señaló el dirigente. Esta situación, advirtió, deteriora la calidad educativa y compromete la continuidad de proyectos académicos, especialmente en áreas donde la formación especializada resulta clave.
En ese aspecto, el desarrollo normal de las actividades aparece condicionado. Más allá de las medidas de fuerza, el problema de fondo radica en la dificultad para garantizar la cobertura de cargos y sostener el funcionamiento cotidiano. “No están dadas las condiciones para un desarrollo normal del ciclo lectivo”, sostuvo Barcelona, anticipando un año atravesado por conflictos y discontinuidades.
El reclamo no se limita al plano salarial. La exigencia de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se posiciona como un eje central de la protesta, en tanto los gremios advierten que el ajuste presupuestario compromete tanto la infraestructura como los recursos humanos del sistema.
Como parte de la escalada del conflicto, las federaciones docentes ya evalúan nuevas medidas de visibilización. Entre ellas, una movilización nacional prevista tentativamente para fines de abril, que podría consolidar el reclamo en el espacio público y sumar presión sobre el Gobierno.
El paro docente y su alto nivel de acatamiento no constituyen un episodio aislado, sino la manifestación de una crisis más profunda que atraviesa a la universidad pública. La pérdida sostenida del poder adquisitivo, la falta de financiamiento adecuado y la ausencia de instancias de negociación configuran un escenario de fragilidad que pone en cuestión la estabilidad del sistema.
Más allá de la circunstancia, el conflicto abre un interrogante de fondo: hasta qué punto es posible sostener estándares de calidad académica en un contexto de desvalorización del trabajo docente. La respuesta, por ahora, permanece en disputa, en un terreno donde las decisiones políticas serán determinantes para el futuro de la educación superior en la Argentina.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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