La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a San Juan para cumplir una intensa agenda institucional y productiva, pero su desembarco en la provincia estuvo marcado desde el comienzo por las diferencias que mantiene con la conducción de La Libertad Avanza y con el entorno político del presidente Javier Milei.

Villarruel arribó poco antes de las 10 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y evitó realizar declaraciones a la prensa. Ningún dirigente sanjuanino identificado con el oficialismo nacional estuvo presente en la recepción, una ausencia que adquirió particular relevancia por la disputa que desde hace más de un año enfrenta a la vicepresidenta con distintos referentes del espacio libertario.

El conflicto más reciente se centró en los sueldos del Senado. A partir del nuevo acuerdo salarial para los trabajadores legislativos, los haberes de los senadores nacionales superarán los $13 millones brutos mensuales desde enero de 2027. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó ese nivel de remuneraciones y planteó que las dietas de ambas cámaras deberían equipararse.

Menem también volvió a marcar distancia con Villarruel al cuestionar su orientación política y sostener que la vicepresidenta mantiene una agenda diferente de la que, según su interpretación, respaldaron los votantes que llevaron a Milei a la Presidencia.

Con esa disputa como telón de fondo, Villarruel despliega en San Juan una agenda alejada de la discusión parlamentaria y concentrada en áreas de fuerte interés para la provincia. El recorrido incluye encuentros con autoridades, empresarios, proveedores mineros, investigadores y representantes de instituciones productivas.

La primera escala se centra en Casa de Gobierno, donde mantendrá reuniones protocolares. Luego está previsto un encuentro con proveedores mineros y un conversatorio organizado por CAPRIMSA en Las Tapias, Albardón, además de una visita a la empresa MTZ.

La recorrida continuará en la Universidad Católica de Cuyo, donde conocerá el laboratorio CRESA, dedicado a la evaluación sensorial de aceite de oliva y otros alimentos. Posteriormente viajará a San Martín para recorrer la sede local del INTA y el Banco de Germoplasma de Olivo, destinado a preservar y estudiar variedades de ese cultivo.

El itinerario incluye además una visita a la planta de Arcor, en una visita que busca mostrar distintas capacidades productivas de San Juan y vincularlas con la agenda nacional.

La presencia de Villarruel adquiere así una doble dimensión. Esta visita institucional de la segunda autoridad del país resalta el protagonismo minero, agroindustrial y científico de la provincia. En el terreno político, su llegada sin representantes del espacio libertario alineado con Milei vuelve a exhibir las diferencias que atraviesan al oficialismo nacional.

San Juan se convierte, por unas horas, en el punto de encuentro entre dos agendas que avanzan en paralelo: la proyección productiva que la provincia busca consolidar y una disputa interna del oficialismo que continúa sin encontrar una instancia de recomposición.

La Universidad Nacional de San Juan y la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros acordaron avanzar en capacitaciones vinculadas con las necesidades de las empresas. La propuesta apunta a mejorar la inserción laboral de estudiantes y profesionales, desarrollar oficios especializados y ampliar la participación de proveedores sanjuaninos en la cadena de valor minera.

El entendimiento fue abordado durante una mesa de diálogo que reunió a autoridades universitarias, representantes de CAPRIMSA y referentes de la Federación Universitaria de San Juan. La discusión estuvo centrada en la formación de recursos humanos, el acceso de los jóvenes al empleo y las competencias técnicas que requerirá el crecimiento de la minería.

Desde la representación estudiantil, Gonzalo Leyes planteó la necesidad de generar herramientas que permitan reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. La propuesta contempla, al mismo tiempo, acompañar las trayectorias universitarias para evitar que la necesidad de conseguir un empleo termine obstaculizando la finalización de las carreras.

Para CAPRIMSA, el desafío también pasa por mejorar la capacidad de respuesta de las empresas locales. Su presidente, Fernando Godoy, admitió que todavía existe una estructura insuficientemente integrada para absorber de manera eficiente a los profesionales y estudiantes que se forman en la provincia.

El representante gremial instó a priorizar sectores clave como la metalmecánica, junto con la certificación y formación de personal técnico, para responder a las exigencias operativas del sector minero.

“Tenemos que ver cómo articulamos todo lo que se puede trabajar en metalmecánica, certificaciones de operadores y soldadores en este ecosistema minero”, sostuvo Godoy.

Formación y proveedores locales

La iniciativa busca que la vinculación entre la universidad y las empresas no quede limitada a acuerdos institucionales, sino que se traduzca en capacitaciones y oportunidades laborales concretas. Para ello, las partes comenzaron a identificar necesidades de formación que puedan ser atendidas mediante herramientas académicas y técnicas disponibles en la provincia.

Godoy remarcó que las propuestas deben transformarse en hechos concretos. «Si cumplimos con el 60 % de las metas, seré el primero en festejar», aseguró sobre el respaldo de la cámara a las iniciativas viables

La apuesta tiene además una dimensión productiva: fortalecer el denominado compre local y ampliar la participación de empresas sanjuaninas en una cadena minera que demanda bienes, servicios y personal especializado.

La articulación entre CAPRIMSA y la UNSJ abre así una agenda que combina formación, inserción laboral y desarrollo de proveedores. El gran objetivo de San Juan es traducir la bonanza minera en capacidades locales reales, impulsando a estudiantes, profesionales y empresas hacia las demandas del futuro.

La morosidad de los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la consultora 1816. Casi seis millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. Mientras el oficialismo relativiza el fenómeno y rechaza una intervención estatal, la Iglesia reclamó medidas frente a las deudas que considera abusivas.

El incremento puede parecer acotado en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se lo proyecta sobre la cantidad de personas alcanzadas. Se estima que casi seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días dentro de un universo de 20,8 millones de deudores. En octubre de 2024, la morosidad general se ubicaba en torno al 2,5%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la mora empresarial avanzó del 3,50% al 3,61%, las deudas de los hogares aumentaron en 23 de las 30 principales entidades relevadas. La mayor fragilidad aparece en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice trepó al 33,69%.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Congreso debate iniciativas destinadas a brindar algún tipo de alivio a quienes acumularon compromisos financieros. La oposición logró reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con los hogares endeudados, aunque el oficialismo busca postergar la discusión.

El Gobierno relativiza la morosidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el alcance del fenómeno y sostuvo que existe “un poco de mora” asociado al incremento de las tasas de interés. Según su evaluación, el volumen de deuda representa una magnitud “insignificante” en relación con el Producto Bruto Interno, debido a que buena parte de los compromisos corresponde a montos reducidos.

Menem también afirmó que la morosidad “ya empezó a bajar”, una apreciación que no coincide con el último registro disponible, que muestra un nuevo incremento durante julio. El titular de Diputados insistió además en que el Estado no debería intervenir para resolver las obligaciones contraídas entre particulares.

Esa posición coincide con el criterio expresado por el Gobierno de Javier Milei, que considera el endeudamiento familiar principalmente como una relación entre deudores y acreedores privados. Desde esa perspectiva, no se justificaría una política pública específica de asistencia o refinanciación.

La Iglesia reclama una respuesta

El rechazo a esa postura llegó esta vez desde la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención que permita establecer criterios frente al crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares.

El titular de la CEA advirtió sobre la existencia de “deudas leoninas” y planteó la necesidad de discutir límites que contemplen la capacidad real de pago de cada persona. Entre otras alternativas, propuso revisar cuánto del salario puede comprometerse para afrontar créditos y otras obligaciones.

Colombo cuestionó además cualquier respuesta que reduzca el fenómeno a una cuestión exclusivamente privada. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial”, sostuvo, al reclamar que las autoridades no se desentiendan de quienes quedaron atrapados por compromisos que ya no pueden afrontar.

La discusión combina así dos datos que avanzan en direcciones diferentes: mientras los registros financieros muestran un nuevo deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el Gobierno sostiene que no existe una magnitud suficiente para justificar una intervención pública.

Con casi seis millones de personas con atrasos superiores a 90 días y niveles de mora particularmente elevados en las entidades no tradicionales, el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los asuntos que volverán al centro del debate legislativo y económico en los próximos meses.