La festividad de San Cayetano volvió a convertirse este viernes en una de las expresiones de fe más convocantes de San Juan. Desde la medianoche y durante toda la jornada, cientos de fieles se acercaron al santuario ubicado en el barrio Parque Industrial de Chimbas para agradecer, cumplir promesas y, principalmente, pedir por un trabajo que les permita sostener a sus familias.

La celebración, que cada 7 de agosto reúne a miles de devotos del patrono del pan y del trabajo en todo el país, volvió a reflejar la estrecha relación entre la fe y las preocupaciones cotidianas de quienes atraviesan dificultades económicas. Familias completas, trabajadores, jubilados y jóvenes llegaron con velas, estampitas y espigas de trigo para expresar sus pedidos y renovar la esperanza.

El párroco Miguel González destacó que la mayor parte de los fieles se acercó con la intención de pedir empleo, aunque también fueron numerosos quienes llegaron para agradecer por conservar su fuente laboral. «El trabajo dignifica a la persona», expresó el sacerdote, al remarcar que poder llevar el pan a la mesa representa una de las mayores bendiciones para cualquier familia.

En ese sentido, sostuvo que quienes cuentan con un empleo valoran especialmente la posibilidad de sostener a sus hogares y afirmó que esa gratitud se manifestó de manera permanente durante toda la jornada. Para el sacerdote, el trabajo constituye una expresión de amor hacia la familia y un camino para alcanzar una vida digna.

La convocatoria comenzó incluso antes del amanecer. La primera misa se celebró apenas iniciado el 7 de agosto y sorprendió por la cantidad de asistentes. González reconoció que existía preocupación por el horario y por cuestiones vinculadas a la seguridad de la zona, pero la respuesta superó todas las expectativas. Explicó que muchos trabajadores eligieron esa celebración porque era el único momento del día en el que podían participar antes de cumplir con sus obligaciones laborales.

La homilía central estuvo a cargo del padre Martín Reta, quien invitó a mantener viva la esperanza aun frente a las dificultades económicas. Durante su mensaje recordó que muchos fieles llegan cada año para agradecer y que esa actitud fortalece la fe de toda la comunidad. También alentó a quienes aún buscan empleo a no perder la confianza y a mantener una actitud esperanzada.

Reta recordó además que San Cayetano atravesó momentos de adversidad antes de convertirse en uno de los santos más venerados por quienes buscan trabajo y aseguró que las dificultades también pueden convertirse en una oportunidad para crecer en humanidad y fortalecer los vínculos solidarios.

Las actividades continuaron con bautismos, celebraciones litúrgicas, la tradicional procesión por las calles del barrio y la misa presidida por el obispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano. La jornada concluyó con una última celebración de acción de gracias.

Entre oraciones, lágrimas, abrazos y muestras de profunda devoción, la festividad volvió a confirmar que San Cayetano representa mucho más que una tradición religiosa para los sanjuaninos. Cada 7 de agosto, el santuario de Chimbas se transforma en el lugar donde convergen la fe, la esperanza y el anhelo compartido de que no falten el trabajo, el pan y la dignidad en los hogares de la provincia.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocaron a un paro nacional para el 12 de agosto y anunciaron un cronograma de protestas que podría extenderse durante todo el mes. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la medida carece de fundamento porque los compromisos salariales acordados en junio se encuentran vigentes y la próxima reunión paritaria ya tiene fecha.

El conflicto en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio. La FEDUN y la FATUN confirmaron un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo 12 de agosto, en rechazo a lo que consideran un incumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas con la Ley de Financiamiento Universitario y ante la falta de una nueva convocatoria a la negociación salarial.

La medida fue definida en el ámbito del Frente Sindical Universitario, con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Las organizaciones sostienen que las universidades atraviesan un proceso de deterioro presupuestario y reclaman la plena aplicación de las decisiones judiciales que ordenaron recomponer los salarios del personal docente y nodocente.

Los gremios argumentan que el Gobierno aún no dio cumplimiento efectivo a la medida cautelar que garantiza la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldada en distintas instancias por la Corte Suprema de Justicia. Esa normativa prevé mecanismos de actualización salarial con carácter retroactivo y revisiones trimestrales vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

En este sentido, la FATUN expresó su rechazo al desempeño del subsecretario de Políticas Universitarias, a quien acusó de mantener una actitud de «destrato» durante las negociaciones paritarias, un cuestionamiento que profundizó el distanciamiento entre las partes.

Como parte de la escalada gremial, el Frente Sindical Universitario aprobó un cronograma de protestas que contempla nuevas medidas si no hay avances en la negociación. Además del paro del 12 de agosto, prevé abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización al Palacio Sarmiento el 19 de agosto. En caso de persistir la falta de respuestas oficiales, los sindicatos anunciaron un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La agenda continuará en septiembre, cuando los representantes universitarios participen del 96.º Plenario de Rectores en Bariloche, donde se comenzará a elaborar el proyecto de presupuesto universitario para 2027 y se presentará una carta abierta al Congreso.

La respuesta del Gobierno llegó pocas horas después del anuncio. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano rechazó los argumentos de las organizaciones sindicales y calificó la medida de fuerza como «prematura». La cartera sostuvo que cumplió con las obligaciones asumidas en la paritaria firmada el 10 de junio y recordó que ese acuerdo estableció una recomposición salarial acumulada del 24,33%, integrada por un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre.

El Ministerio también señaló que el acta paritaria fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para retomar las negociaciones, por lo que, a su entender, no existe incumplimiento que justifique la convocatoria al paro. Desde la cartera remarcaron que las partidas destinadas a salarios fueron transferidas conforme a los compromisos asumidos.

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara las reformas sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para conservar el respaldo de bloques dialoguistas. La iniciativa agiliza los desalojos por usurpación y endurece las condiciones para las expropiaciones.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, con el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas. La oposición estuvo integrada por el interbloque peronista, Convicción Federal y representantes de fuerzas provinciales que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento utilizado para su tratamiento.

El texto finalmente sancionado incorpora cambios significativos en el régimen de protección de la propiedad privada. Entre sus principales disposiciones establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, con el argumento de reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Las mayores concesiones del oficialismo estuvieron vinculadas a los capítulos que generaron resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas. Primero fue retirado el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, cuestionado por habilitar una flexibilización de las restricciones para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. Horas después también quedó fuera del dictamen la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo suficiente dentro del propio bloque de aliados.

La normativa vigente sobre incendios, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos y humedales afectados por el fuego, mientras que fija un plazo de 30 años para las tierras de uso agropecuario. El Ejecutivo pretendía reducir esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que ya fueron afectados por los incendios, pero la propuesta no consiguió el acompañamiento necesario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional y reducir las demoras judiciales que enfrentan quienes denuncian ocupaciones ilegales. Según explicó, el nuevo procedimiento permitirá acelerar las resoluciones y fortalecer la protección de los titulares de inmuebles.

La discusión expuso, una vez más, la profunda distancia entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y aseguró que la modificación del régimen de expropiaciones constituye «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció irregularidades en el trámite parlamentario y cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

Las críticas también apuntaron al alcance político de la iniciativa. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que concebir la tierra exclusivamente como un activo económico implica desconocer su dimensión social y advirtió que el nuevo régimen de desalojos no contempla respuestas para el creciente déficit habitacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la ley representa una reparación para quienes sufrieron usurpaciones y abusos estatales. En el mismo sentido, la senadora Nadia Márquez consideró que la norma contribuirá a desalentar las ocupaciones ilegales, agilizar la recuperación de inmuebles y generar un clima más favorable para las inversiones. El radical Maximiliano Abad, en cambio, acompañó el proyecto, aunque advirtió que la llegada de capitales dependerá principalmente de la estabilidad institucional, la previsibilidad económica y la fortaleza de las instituciones.