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Este dato se complementa con el cierre de 10.000 kioscos y almacenes y con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo han puesto a las pymes al borde de la subsistencia.

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) aseguran que la segunda mitad del año ha sido especialmente dura para las pymes. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que ya habían cerrado en el primer semestre.

La situación está vinculada a la continua contracción de la demanda interna, que golpea de lleno en las ventas de comercios minoristas y servicios. CAME estima una caída del 13,2% en las ventas de comercios pymes, una cifra alarmante que refleja el impacto de la recesión sobre el consumo.

La falta de dinamismo en el mercado interno se evidencia también en el consumo de productos de primera necesidad, como ejemplo, el consumo de carne vacuna cayó un 12,3% en los primeros nueve meses del año, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), alcanzando el nivel más bajo en 26 años.

La Confederación Federal Pyme Argentina subraya que el costo de los servicios y los impuestos sigue siendo una carga insostenible para los pequeños empresarios, quienes además deben lidiar con una creciente competencia por parte de grandes corporaciones. Esta combinación de factores crea un círculo vicioso en el que la falta de ventas lleva al cierre de empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el empleo y en el consumo, agravando aún más la recesión.

Ante este panorama, desde el sector pyme se ha planteado la necesidad de una «Ley Pyme» que permita dar alivio fiscal y mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en el ámbito legislativo.

De hecho, el único interlocutor activo entre el Gobierno y el sector ha sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a trabajar en un Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) para las pymes, un proyecto que, según los empresarios, parece difícil que se concrete en el corto plazo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene un discurso optimista sobre la economía y ha afirmado que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer». En un reciente acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Milei sostuvo que la economía experimentará un crecimiento rápido, aunque sus palabras generaron escepticismo en el sector pyme.

“Las burbujas están empezando a verse”, afirmó el mandatario, refiriéndose a los signos de recuperación que, según él, ya son visibles en algunos indicadores, como el EMAE. Sin embargo, los datos muestran que la economía argentina sigue en una senda de contracción. En agosto se registró una caída interanual del 3,8% y, aunque mostró un leve avance del 0,2% en comparación con julio, el acumulado del año presenta una baja del 3,1%.

Este indicador subraya que, pese al optimismo del Gobierno, la economía aún no logra salir de la recesión. Para Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso, «aunque el nivel de actividad aún está por debajo de lo registrado en diciembre pasado, proyectamos cerrar el año con cifras superiores a las de fines de 2023”.

En este contexto, el pesimismo sigue dominando entre los empresarios. La Encuesta Radar Pyme, realizada por ENAC, revela que un 84,2% de los empresarios considera que la economía sigue en recesión o depresión.

Aunque algunos sectores muestran signos incipientes de estabilización, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras para la mayoría. De hecho, el 51% de los empresarios encuestados por CAME señala que la principal barrera para el crecimiento de las pymes sigue siendo la falta de ventas.

A pesar de los esfuerzos por mantenerse operativas, muchas empresas enfrentan serias dificultades para generar rentabilidad. Según ENAC, solo un 40,3% de las pymes lograron resultados positivos en el tercer trimestre del año, una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando solo un 34,1% obtuvo ganancias. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.

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Cierra la planta de Tía Maruca en San Juan y peligran decenas de puestos de trabajo

La empresa atribuyó la decisión a la fuerte retracción del consumo masivo y a la pérdida de rentabilidad de la planta de Albardón. Los trabajadores iniciaron protestas, denunciaron que las indemnizaciones ofrecidas no respetan la legislación vigente y el conflicto continuará en el ámbito administrativo.

La crisis que atraviesa el consumo masivo volvió a impactar sobre la industria alimenticia. Tía Maruca confirmó el cierre definitivo de su planta ubicada en Albardón, al considerar que la continuidad de las operaciones dejó de ser económicamente viable. La determinación implica el cese de la producción en uno de los establecimientos más importantes de la compañía y deja abierto un conflicto con los trabajadores por las condiciones de desvinculación.

La firma comenzó a enviar los telegramas de despido al personal afectado, mientras operarios realizaron manifestaciones frente a la fábrica en rechazo a la medida. El principal foco del reclamo apunta a las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, que, según denunciaron los representantes de los empleados, no se ajustan a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

La planta había sido incorporada al esquema industrial de Tía Maruca en 2017, cuando la empresa adquirió las instalaciones que pertenecían a Dilexis. Aquella inversión permitió ampliar significativamente la capacidad de producción y acompañó una etapa de expansión comercial de la marca, que consolidó su presencia en supermercados y comercios de todo el país, además de desarrollar exportaciones hacia mercados regionales.

Sin embargo, el deterioro del mercado interno alteró ese panorama. La empresa informó que durante los primeros meses de 2026 la fábrica funcionó con apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevó los costos unitarios de producción y volvió inviable sostener la operación. A esa realidad se sumaron el incremento de los costos fijos y una competencia cada vez más intensa con segundas marcas, panaderías y fabricantes de menor escala.

El cierre pone fin a casi dos décadas de producción industrial en ese predio, convertido durante años en uno de los principales empleadores privados de Albardón. Además de los puestos de trabajo directos, la decisión repercute sobre una extensa red de proveedores de materias primas, empresas de transporte, servicios de mantenimiento y comercios que dependían, en distinta medida, del movimiento económico generado por la planta.

La negociación entre la empresa y los trabajadores continuará en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, el conflicto mantiene en vilo a las familias afectadas y suma un nuevo capítulo a la serie de dificultades que enfrenta la industria manufacturera, golpeada por la retracción del consumo y la caída de la utilización de la capacidad instalada.

El cierre de Tía Maruca constituye uno de los golpes industriales más significativos registrados este año en San Juan y vuelve a poner en el centro del debate la pérdida de empleo privado y las dificultades que atraviesan numerosas empresas vinculadas al mercado interno. La resolución del conflicto indemnizatorio y el futuro de los trabajadores serán ahora los principales desafíos de una crisis que excede a una sola compañía y refleja el delicado momento que atraviesa la producción nacional.

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AATRAC definirá su futuro en una inédita disputa electoral con dos listas

El sindicato renovará sus autoridades el próximo 4 de septiembre en una votación sin precedentes. Guillermo Villalón buscará continuar al frente de la organización, mientras que Natalia González liderará la primera lista opositora de la historia del gremio y se convertirá en la primera mujer en competir por la Secretaría General nacional.

El próximo 4 de septiembre, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) vivirá unos comicios inéditos en sus 80 años de historia al competir dos listas por la conducción nacional, dejando atrás la tradicional lista única.

La contienda enfrentará a la actual conducción, encabezada por el secretario general Guillermo Villalón, con una nómina opositora liderada por Natalia González, secretaria general de la Seccional Telecom-B. Su candidatura representa otro hecho inédito: será la primera mujer en disputar la máxima responsabilidad del gremio a nivel nacional.

Los comicios convocarán a trabajadores y trabajadoras de Correo Argentino, Radio Nacional y emisoras privadas de todo el país, quienes además de elegir la Comisión Directiva Nacional votarán a congresales, delegados e integrantes de las comisiones ejecutivas de las distintas seccionales.

Villalón asumió la conducción del sindicato en julio de 2023, tras el fallecimiento de Juan Palacios, histórico dirigente que encabezó AATRAC desde 2002 y dejó una fuerte impronta en la organización. Lo acompañan en la conducción nacional Guillermo Guerrero, como secretario general adjunto, y Hugo Fernández, como secretario gremial. Ahora el oficialismo buscará renovar su mandato frente a una oposición que competirá por primera vez en igualdad de condiciones.

La elección se desarrollará en un momento especialmente delicado para los trabajadores de las comunicaciones. Los conflictos que atraviesan Correo Argentino y Radio Nacional, con denuncias sindicales por el deterioro de ambas empresas, despidos, reducción de estructuras e incertidumbre sobre el futuro de los servicios, colocan a la representación gremial en un lugar central dentro del debate laboral.

A ello se suma un elemento de peso institucional. Correo Argentino tendrá un papel determinante en la organización logística de las elecciones nacionales de 2027, cuando el país vuelva a las urnas para elegir autoridades ejecutivas y legislativas. En ese marco, la conducción que surja de los comicios de septiembre deberá afrontar una etapa de alta complejidad para la defensa de las condiciones laborales y el funcionamiento de una empresa considerada vital para el sistema democrático.

La convocatoria electoral quedó formalizada durante los congresos ordinario y extraordinario realizados en junio, donde AATRAC fijó el cronograma para la renovación de autoridades nacionales. Desde entonces, ambas listas comenzaron el proceso de campaña con el objetivo de captar el respaldo de los afiliados en todo el territorio argentino.

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Cabello rechazó los pedidos de un triunvirato y marcó diferencias con la Intersindical

A menos de un mes de la renovación de autoridades, el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central mantendrá el esquema de conducción unipersonal, descartó replicar el triunvirato nacional y ratificó que únicamente participarán de la elección los sindicatos confederados, conforme al estatuto de la organización. Además, anticipó la presencia de referentes nacionales y planteó los desafíos que enfrentará el movimiento obrero frente a las transformaciones del mundo laboral.

La cuenta regresiva para las elecciones de la CGT Regional San Juan ingresó en su etapa decisiva. El próximo 25 de agosto, la central obrera renovará sus autoridades bajo el sistema de unicato, una modalidad que la conducción provincial considera más eficaz para garantizar rapidez en la toma de decisiones y una representación institucional definida.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el actual secretario general, Eduardo Cabello, sostuvo que el modelo elegido responde a las necesidades de la organización y rechazó las propuestas que impulsan una conducción colegiada. Recordó que el triunvirato vigente a nivel nacional fue el resultado de una realidad sindical distinta y consideró contradictorio que algunos dirigentes que en su momento promovían una conducción unipersonal ahora impulsen un esquema tripartito en la provincia.

Al mismo tiempo, relativizó el peso de la Intersindical conformada por algunos gremios provinciales y marcó una clara diferencia institucional. Explicó que ese espacio no integra la estructura de la CGT y reúne organizaciones pertenecientes a otros ámbitos sindicales, como la CTA, el MTA y movimientos sociales. Si bien reconoció el derecho de esos sectores a organizarse, dejó en claro que la elección de autoridades de la central obrera se regirá exclusivamente por el estatuto confederal.

Cabello también respondió a los cuestionamientos formulados por algunos sindicatos que reclaman mayor participación. Señaló que varias de esas organizaciones dejaron de asistir a los plenarios hace más de dos años y, por lo tanto, no participan de la vida institucional de la central. A su entender, las diferencias responden más a la dinámica propia de un proceso electoral que a un debate sobre el funcionamiento de la CGT.

Uno de los hechos destacados de la renovación será la participación de la conducción nacional. El dirigente confirmó que el adelantamiento de la elección al 25 de agosto obedeció a la posibilidad de contar con la presencia del cosecretario general de la CGT nacional, Héctor Daer, quien manifestó su interés en acompañar el proceso de normalización institucional de la regional sanjuanina. Además, no descartó la llegada de representantes sindicales de Mendoza, La Rioja y otras provincias.

Según explicó, la expectativa que genera San Juan está vinculada con el crecimiento económico proyectado para los próximos años, especialmente por el desarrollo de grandes inversiones productivas que modificarán la demanda laboral y fortalecerán el papel de las organizaciones gremiales en la negociación de nuevas condiciones de trabajo.

Durante la entrevista, Cabello también se refirió al resurgimiento de las 62 Organizaciones en la provincia. Aclaró que ese espacio no forma parte de la estructura orgánica de la CGT desde hace muchos años y recordó que el brazo político reconocido por la central obrera es el Movimiento Político Sindical. En consecuencia, afirmó que la elección del 25 de agosto tendrá un único objetivo: designar las nuevas autoridades de la CGT, dejando para una etapa posterior cualquier discusión sobre la conformación de espacios políticos internos.

Más allá del proceso electoral, el dirigente puso el foco en los desafíos que enfrenta el sindicalismo. Consideró que la defensa de las organizaciones gremiales adquiere especial importancia frente a las reformas promovidas por el Gobierno nacional, que —según sostuvo— buscan debilitar las estructuras sindicales mediante modificaciones en el sistema de aportes, convenios colectivos y mecanismos de representación de los trabajadores.

En ese sentido, recordó que la reciente revisión del régimen de contribuciones sindicales exigió una rápida reacción de la CGT para preservar herramientas de financiamiento indispensables para el funcionamiento de las organizaciones. A su juicio, las reformas impulsadas por la administración nacional no afectan a dirigentes en particular, sino a la institucionalidad del movimiento obrero organizado.

El dirigente gremial sostuvo que el sindicalismo también debe asumir una profunda actualización frente a las transformaciones del mercado laboral. Mencionó el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas formas de contratación y los cambios tecnológicos como desafíos que exigirán propuestas concretas y no solamente posiciones defensivas. En ese aspecto, remarcó que la CGT deberá recuperar capacidad de representación entre trabajadores que hoy respaldan políticamente al Gobierno nacional, aun cuando muchas de sus medidas resulten cuestionadas por el movimiento obrero.

Otro de los puntos centrales quedó definido en relación con el padrón electoral. Cabello confirmó que únicamente podrán votar e integrar los órganos de conducción aquellos sindicatos formalmente confederados y con su documentación institucional al día, tal como establece el estatuto de la CGT. Precisó que la verificación estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT nacional, que fiscalizará los avales, la situación administrativa de cada organización y el desarrollo integral del proceso electoral.

Aunque otros gremios podrán asistir a reuniones o plenarios en calidad de invitados, el referente de la Regional sanjuanina aclaró que quienes no integren formalmente la Confederación no tendrán derecho a voz ni voto durante la elección de autoridades.

Con la fecha ya confirmada y el respaldo de la conducción nacional, la CGT San Juan se encamina a una elección que definirá mucho más que una renovación de cargos. El debate sobre el modelo de conducción, la representación de los gremios confederados y el papel del sindicalismo frente a las reformas laborales y los cambios tecnológicos marcarán la agenda de una nueva etapa para la principal central obrera de la provincia, en un momento de profundas transformaciones para el mundo del trabajo.

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