En lo que va del año ya cerraron 16.500 pymes
Este dato se complementa con el cierre de 10.000 kioscos y almacenes y con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo han puesto a las pymes al borde de la subsistencia.
Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) aseguran que la segunda mitad del año ha sido especialmente dura para las pymes. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que ya habían cerrado en el primer semestre.
La situación está vinculada a la continua contracción de la demanda interna, que golpea de lleno en las ventas de comercios minoristas y servicios. CAME estima una caída del 13,2% en las ventas de comercios pymes, una cifra alarmante que refleja el impacto de la recesión sobre el consumo.
La falta de dinamismo en el mercado interno se evidencia también en el consumo de productos de primera necesidad, como ejemplo, el consumo de carne vacuna cayó un 12,3% en los primeros nueve meses del año, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), alcanzando el nivel más bajo en 26 años.
La Confederación Federal Pyme Argentina subraya que el costo de los servicios y los impuestos sigue siendo una carga insostenible para los pequeños empresarios, quienes además deben lidiar con una creciente competencia por parte de grandes corporaciones. Esta combinación de factores crea un círculo vicioso en el que la falta de ventas lleva al cierre de empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el empleo y en el consumo, agravando aún más la recesión.
Ante este panorama, desde el sector pyme se ha planteado la necesidad de una «Ley Pyme» que permita dar alivio fiscal y mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en el ámbito legislativo.
De hecho, el único interlocutor activo entre el Gobierno y el sector ha sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a trabajar en un Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) para las pymes, un proyecto que, según los empresarios, parece difícil que se concrete en el corto plazo.
Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene un discurso optimista sobre la economía y ha afirmado que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer». En un reciente acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Milei sostuvo que la economía experimentará un crecimiento rápido, aunque sus palabras generaron escepticismo en el sector pyme.
“Las burbujas están empezando a verse”, afirmó el mandatario, refiriéndose a los signos de recuperación que, según él, ya son visibles en algunos indicadores, como el EMAE. Sin embargo, los datos muestran que la economía argentina sigue en una senda de contracción. En agosto se registró una caída interanual del 3,8% y, aunque mostró un leve avance del 0,2% en comparación con julio, el acumulado del año presenta una baja del 3,1%.
Este indicador subraya que, pese al optimismo del Gobierno, la economía aún no logra salir de la recesión. Para Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso, «aunque el nivel de actividad aún está por debajo de lo registrado en diciembre pasado, proyectamos cerrar el año con cifras superiores a las de fines de 2023”.
En este contexto, el pesimismo sigue dominando entre los empresarios. La Encuesta Radar Pyme, realizada por ENAC, revela que un 84,2% de los empresarios considera que la economía sigue en recesión o depresión.
Aunque algunos sectores muestran signos incipientes de estabilización, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras para la mayoría. De hecho, el 51% de los empresarios encuestados por CAME señala que la principal barrera para el crecimiento de las pymes sigue siendo la falta de ventas.
A pesar de los esfuerzos por mantenerse operativas, muchas empresas enfrentan serias dificultades para generar rentabilidad. Según ENAC, solo un 40,3% de las pymes lograron resultados positivos en el tercer trimestre del año, una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando solo un 34,1% obtuvo ganancias. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.
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El SMN recuperó su funcionamiento en San Juan tras la crisis por los despidos
El Servicio Meteorológico Nacional normalizó la prestación en la provincia luego de la reincorporación de los trabajadores desvinculados durante la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. La recuperación del plantel permitió restablecer la cobertura operativa permanente en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, al tiempo que el organismo enfrenta un nuevo cambio de conducción con la salida de su director a partir del 1 de julio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejó atrás la crisis operativa que durante varias semanas afectó la prestación del servicio en San Juan y comprometió el funcionamiento del aeropuerto provincial. La reincorporación del personal desvinculado durante el proceso de ajuste aplicado por el Gobierno nacional permitió restablecer la cobertura de todos los turnos y recuperar la emisión permanente de información meteorológica indispensable para la actividad aeronáutica.
La normalización del servicio coincide con un nuevo movimiento institucional dentro del organismo. Mientras la sede sanjuanina logró recomponer su esquema operativo, a nivel nacional quedó confirmada la salida de Antonio José Mauad de la dirección del SMN, efectiva desde el 1 de julio, en el marco de la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria.
La situación en San Juan había alcanzado su punto más delicado durante abril, cuando la reducción de personal derivada de los despidos ejecutados en distintos organismos nacionales dejó sin cobertura el turno nocturno de la estación meteorológica local. Esa limitación tuvo consecuencias inmediatas sobre la actividad aérea, ya que entre las 21 y las 6 no podían emitirse las observaciones meteorológicas requeridas para habilitar despegues y aterrizajes bajo los protocolos vigentes.
La ausencia de esos reportes obligó a modificar la programación de vuelos comerciales y expuso la importancia estratégica que posee el servicio meteorológico dentro del sistema de seguridad operacional de la aviación civil. Más allá de la disponibilidad de tecnología automatizada, la normativa exige la intervención de personal especializado para validar y emitir la información utilizada por las aeronaves y las autoridades aeroportuarias.
De acuerdo con fuentes vinculadas al organismo, el panorama comenzó a revertirse desde el 1 de junio, cuando fueron reincorporados los trabajadores que habían sido cesanteados semanas antes. Con el plantel nuevamente completo, el SMN recuperó la cobertura de las 24 horas, restableció la emisión continua de datos meteorológicos y permitió que el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento retomara su funcionamiento habitual sin las restricciones que habían condicionado la operatoria durante el conflicto.
La recomposición del servicio representa el cierre de uno de los episodios más sensibles que atravesó el organismo en la provincia durante el proceso de reorganización del Estado nacional. Al mismo tiempo, evidencia el peso estratégico que conserva el SMN para actividades críticas como la navegación aérea, donde la disponibilidad permanente de información técnica constituye un requisito indispensable para garantizar la seguridad operacional y la continuidad del transporte aerocomercial.
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Aceiteros rompió el límite impuesto por el Gobierno y elevó el salario inicial a $2,7 millones
Tras semanas de conflicto, huelgas y negociaciones al borde de un nuevo paro nacional, la Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo impusieron una recomposición que supera la pauta oficial. El acuerdo con las principales cámaras agroexportadoras incorpora aumentos escalonados, pagos retroactivos y vuelve a instalar el debate sobre el salario como herramienta para preservar el poder adquisitivo frente al proceso inflacionario y las reformas laborales impulsadas por la Casa Rosada.
La paritaria del complejo agroexportador terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión salarial. Después de más de un mes de confrontación, con medidas de fuerza, conciliación obligatoria y audiencias que se prolongaron hasta la madrugada, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo lograron quebrar la estrategia empresaria de limitar las actualizaciones a la evolución del índice de inflación y alcanzaron una recomposición que vuelve a ubicar a la actividad entre las mejores remuneradas del país.
El entendimiento, suscripto con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de la Industria de Aceites Vegetales y Aditivos (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), establece un nuevo piso salarial para la categoría inicial de peón de $2.578.400 desde el 1 de julio, mientras que a partir del 1 de septiembre ascenderá a $2.719.040. A ese esquema se suma una compensación retroactiva correspondiente a mayo y junio, que será liquidada junto con los haberes del sexto mes del año.
La magnitud del resultado trasciende las cifras. En un contexto donde el Gobierno nacional procura contener las negociaciones colectivas dentro de parámetros compatibles con su política de desaceleración inflacionaria, la paritaria aceitera terminó consolidándose como uno de los pocos acuerdos capaces de perforar ese límite y modificar sustancialmente el ingreso real de los trabajadores del sector.
Una pulseada que mantuvo en vilo al principal complejo exportador
La negociación fue llevada a una escalada progresiva de confrontación al límite. La huelga nacional iniciada el 27 de mayo, la conciliación obligatoria, las prórrogas dispuestas por la Secretaría de Trabajo y las audiencias sin avances concretos mantuvieron bajo presión al principal complejo agroindustrial generador de divisas de la Argentina.
La disputa se concentró en dos modelos antagónicos para determinar los incrementos salariales. Las cámaras empresarias procuraban atar las actualizaciones al Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo la lógica de las previsiones oficiales y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central. Los sindicatos, en cambio, rechazaron esa metodología al sostener que consolidaba la pérdida del poder adquisitivo y defendieron un esquema basado en el costo efectivo que demanda sostener un hogar trabajador.
Ese desacuerdo mantuvo paralizada la negociación durante semanas. Incluso cuando vencía la conciliación obligatoria, la posibilidad de una nueva paralización total de las terminales portuarias aparecía como un escenario prácticamente inevitable.
La audiencia decisiva comenzó el jueves por la mañana y se extendió durante doce horas consecutivas. Recién cerca de las dos de la madrugada del viernes, sin consenso definitivo, las autoridades laborales dispusieron un cuarto intermedio hasta este lunes para evitar una inmediata reanudación de la huelga.
Durante ese lapso, los gremios suspendieron las medidas de fuerza como gesto hacia la continuidad del diálogo, aunque dejaron en claro que regresarían con mandato de asamblea para retomar el plan de lucha si las empresas insistían en mantener la pauta inflacionaria como único criterio de actualización.
El salario como eje del debate sindical
Lejos de presentar el acuerdo exclusivamente como un incremento económico, las organizaciones sindicales buscaron darle una dimensión institucional y constitucional al resultado alcanzado.
En el documento difundido tras la firma del convenio, sostuvieron que toda la negociación estuvo respaldada por el principio del Salario Mínimo, Vital y Móvil previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Bajo ese criterio, remarcaron que la remuneración debe garantizar el acceso efectivo a alimentación adecuada, vivienda, educación, salud, transporte, vestimenta, recreación, vacaciones y previsión social, rechazando la idea de que el salario quede subordinado exclusivamente a variables macroeconómicas o financieras.
La reforma laboral volvió a ocupar el centro de la escena
El comunicado conjunto también inscribió la negociación dentro del clima político que atraviesa el movimiento obrero.
Los sindicatos advirtieron que el acuerdo fue alcanzado en medio de un proceso de confrontación con el Gobierno nacional y cuestionaron las modificaciones laborales impulsadas por la administración de Javier Milei, al considerar que representan un retroceso sobre derechos históricos y restringen el ejercicio constitucional de la huelga.
Asimismo, denunciaron la existencia de campañas destinadas a desacreditar las demandas sindicales y defendieron la legitimidad del conflicto que precedió al acuerdo.
Para la conducción aceitera, la contundencia de la huelga nacional realizada el 27 de mayo constituyó el elemento determinante que modificó la relación de fuerzas durante la negociación y terminó abriendo el camino hacia un entendimiento más favorable para los trabajadores.
La experiencia deja además una señal de alcance nacional. Mientras buena parte de las negociaciones colectivas continúan condicionadas por la estrategia oficial de moderación salarial, el convenio alcanzado por los aceiteros vuelve a colocar sobre la mesa una discusión de fondo: hasta dónde pueden las paritarias preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y cuál será el margen de acción del sindicalismo en un cuadro marcado por la ofensiva gubernamental sobre las relaciones laborales. Más allá de los porcentajes pactados, la pulseada del complejo agroexportador se convirtió en uno de los precedentes sindicales más relevantes del año.
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Orrego apuesta a Santilli y busca afianzar el vínculo de San Juan con la Casa Rosada
El gobernador sanjuanino expresó un contundente respaldo a Diego Santilli tras su designación como jefe de Gabinete de la Nación, confirmó que asistirá a su jura en la Casa Rosada y sostuvo que el recambio en el principal órgano de coordinación política del Gobierno puede traducirse en una relación más dinámica entre la administración nacional y las provincias.
La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no solo reconfigura el equilibrio interno del Gobierno de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni, sino que también comienza a redefinir el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. En ese nuevo tablero político, Marcelo Orrego fue uno de los primeros mandatarios provinciales en exteriorizar un respaldo explícito al flamante funcionario y en destacar el potencial impacto que su designación podría tener para la gestión federal.
El mandatario sanjuanino confirmó que este martes viajará a Buenos Aires para participar de la ceremonia de asunción que encabezará el Presidente en el Salón Blanco de la Casa Rosada, un gesto político que acompaña las expresiones de apoyo difundidas en las últimas horas tanto en redes sociales como durante una rueda de prensa.
Más que una felicitación protocolar, Orrego buscó transmitir un mensaje de confianza sustentado en una relación construida durante los años en que ambos compartieron bancas en la Cámara de Diputados. Esa experiencia, afirmó, permitió consolidar un vínculo institucional y personal que hoy puede facilitar la articulación entre San Juan y el Gobierno nacional.
«Es un dirigente que sabe construir acuerdos, resolver diferencias y generar consensos. Lo conozco desde hace muchos años y confío plenamente en su capacidad para desempeñar una responsabilidad de esta magnitud», sostuvo el gobernador.
Uno de los conceptos que atravesó todo su mensaje fue la necesidad de que la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete preserve una visión federal en la toma de decisiones. Para Orrego, ese atributo será determinante en una etapa donde las provincias buscan mantener abiertas las instancias de diálogo con la Nación para garantizar el avance de obras, programas y proyectos estratégicos.
El mandatario también destacó el perfil político del nuevo jefe de Gabinete al definirlo como un dirigente con experiencia de gestión, capacidad para conducir equipos y vocación por el consenso, condiciones que —a su entender— serán decisivas para encabezar el área encargada de coordinar el funcionamiento del gabinete nacional y la relación institucional con las provincias.
«La mirada federal es indispensable para una Argentina con realidades muy diversas. Confío en que esa impronta se reflejará también en las decisiones que involucren a San Juan», remarcó.
En un contexto político atravesado por la reorganización del gabinete nacional, el posicionamiento del gobernador sanjuanino adquiere una lectura que excede el plano personal. Su respaldo al nuevo jefe de Gabinete refleja la expectativa de numerosas provincias de preservar canales de negociación con la Casa Rosada y garantizar continuidad en la gestión de iniciativas estratégicas, en un presente donde la articulación entre Nación y los gobiernos provinciales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.
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