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Este dato se complementa con el cierre de 10.000 kioscos y almacenes y con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo han puesto a las pymes al borde de la subsistencia.

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) aseguran que la segunda mitad del año ha sido especialmente dura para las pymes. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que ya habían cerrado en el primer semestre.

La situación está vinculada a la continua contracción de la demanda interna, que golpea de lleno en las ventas de comercios minoristas y servicios. CAME estima una caída del 13,2% en las ventas de comercios pymes, una cifra alarmante que refleja el impacto de la recesión sobre el consumo.

La falta de dinamismo en el mercado interno se evidencia también en el consumo de productos de primera necesidad, como ejemplo, el consumo de carne vacuna cayó un 12,3% en los primeros nueve meses del año, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), alcanzando el nivel más bajo en 26 años.

La Confederación Federal Pyme Argentina subraya que el costo de los servicios y los impuestos sigue siendo una carga insostenible para los pequeños empresarios, quienes además deben lidiar con una creciente competencia por parte de grandes corporaciones. Esta combinación de factores crea un círculo vicioso en el que la falta de ventas lleva al cierre de empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el empleo y en el consumo, agravando aún más la recesión.

Ante este panorama, desde el sector pyme se ha planteado la necesidad de una «Ley Pyme» que permita dar alivio fiscal y mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en el ámbito legislativo.

De hecho, el único interlocutor activo entre el Gobierno y el sector ha sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a trabajar en un Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) para las pymes, un proyecto que, según los empresarios, parece difícil que se concrete en el corto plazo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene un discurso optimista sobre la economía y ha afirmado que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer». En un reciente acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Milei sostuvo que la economía experimentará un crecimiento rápido, aunque sus palabras generaron escepticismo en el sector pyme.

“Las burbujas están empezando a verse”, afirmó el mandatario, refiriéndose a los signos de recuperación que, según él, ya son visibles en algunos indicadores, como el EMAE. Sin embargo, los datos muestran que la economía argentina sigue en una senda de contracción. En agosto se registró una caída interanual del 3,8% y, aunque mostró un leve avance del 0,2% en comparación con julio, el acumulado del año presenta una baja del 3,1%.

Este indicador subraya que, pese al optimismo del Gobierno, la economía aún no logra salir de la recesión. Para Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso, «aunque el nivel de actividad aún está por debajo de lo registrado en diciembre pasado, proyectamos cerrar el año con cifras superiores a las de fines de 2023”.

En este contexto, el pesimismo sigue dominando entre los empresarios. La Encuesta Radar Pyme, realizada por ENAC, revela que un 84,2% de los empresarios considera que la economía sigue en recesión o depresión.

Aunque algunos sectores muestran signos incipientes de estabilización, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras para la mayoría. De hecho, el 51% de los empresarios encuestados por CAME señala que la principal barrera para el crecimiento de las pymes sigue siendo la falta de ventas.

A pesar de los esfuerzos por mantenerse operativas, muchas empresas enfrentan serias dificultades para generar rentabilidad. Según ENAC, solo un 40,3% de las pymes lograron resultados positivos en el tercer trimestre del año, una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando solo un 34,1% obtuvo ganancias. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.

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El petróleo dispara los salarios y ensancha la brecha regional en Argentina

Neuquén encabeza el ranking salarial privado con ingresos netos que superan los 2,6 millones de pesos mensuales, impulsados por la expansión hidrocarburífera de Vaca Muerta. El crecimiento del sector derrama sobre actividades complementarias, pero al mismo tiempo amplía brechas internas, regionales y de género. El dinamismo patagónico contrasta con provincias donde los sueldos no alcanzan ni un quinto del promedio neuquino, reavivando el debate sobre diversificación, equidad y sostenibilidad del modelo energético.

El efecto multiplicador se refleja en remuneraciones que superan por amplio margen a sectores como enseñanza, comercio o agro, cuyos ingresos no alcanzan ni una quinta parte de los salarios petroleros. La disparidad interna es contundente: si bien solo el 16,5% de los trabajadores formales neuquinos se desempeña en el rubro hidrocarburífero, ese segmento concentra el 38% de la masa salarial y explica el 45% del Producto Bruto Geográfico. En diciembre de 2024, con el pago del aguinaldo, el salario promedio del sector alcanzó los 7,7 millones de pesos, más de cinco veces lo que perciben otras ramas productivas.

Una Patagonia bien remunerada y un Norte postergado

Los datos oficiales del INDEC muestran que Neuquén encabeza el mapa salarial, seguido por Chubut, con 1.789.204 pesos de ingreso neto, y Río Negro, con 1.682.624. Todas estas jurisdicciones superan con holgura el promedio nacional, que en mayo de 2025 se ubicaba en 1.350.000 pesos.

La explicación, nuevamente, es energética. Tanto Chubut como Río Negro capitalizan actividades onshore, offshore y cadenas vinculadas al desarrollo shale. Sin embargo, esta prosperidad profundiza la brecha con otras regiones del país. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe un promedio de 1.593.245 pesos —inferior al neuquino— provincias del Norte enfrentan realidades extremas: Santiago del Estero, por ejemplo, registra un salario medio de apenas 449.603 pesos, casi seis veces menos que el neuquino.

Ajustes salariales que amplían la distancia y una estructura interna desequilibrada

Los aumentos salariales entre junio de 2024 y junio de 2025 confirmaron la tendencia: Neuquén creció un 55%, Río Negro un 56% y Chubut un 41%, todos por encima del incremento nacional del 31%. Esta aceleración amplifica diferencias tanto entre provincias como dentro de cada estructura productiva.

En Neuquén, comercio y construcción —que junto a petróleo, industria y servicios concentran el 75% del empleo privado— quedan rezagados frente a los ingresos del sector energético. El informe del Grupo de Apoyo al Proyecto Petrolero (GAPP) advierte sobre una matriz laboral “profundamente desigual”, en la que rubros como pesca, intermediación financiera, electricidad o servicios empresariales tienen escasa incidencia salarial y escaso poder de atracción para trabajadores calificados.

Brecha de género persistente y baja participación femenina en la energía

La desigualdad también opera en clave de género. A nivel nacional, la brecha salarial es del 27,2%, según el INDEC. En Vaca Muerta, la participación de mujeres no supera el 18%, lo que limita su acceso a los salarios más altos del país. Aunque existen iniciativas —como la Red de Mujeres de la Energía y programas de SLB y Halliburton— orientadas a atraer talento femenino, no hay indicadores que reflejen una mejora significativa ni una reducción de la brecha dentro del sector.

El desafío de convertir riqueza en desarrollo equilibrado

Neuquén y la Patagonia energética muestran el potencial del shale para dinamizar empleo, inversión y salarios. Pero ese mismo impulso revela tensiones estructurales: desigualdades regionales que se profundizan, sectores productivos que quedan rezagados y una inserción laboral femenina aún limitada. Organismos como la OIT advierten que, sin políticas activas de diversificación, formación digital, igualdad de oportunidades y desarrollo territorial, el modelo corre el riesgo de consolidar desequilibrios que afecten tanto la movilidad laboral como la inclusión económica.

Vaca Muerta sigue siendo el corazón de la expansión salarial argentina. El desafío, cada vez más evidente, es transformar ese impulso excepcional en crecimiento equilibrado, sostenible y capaz de integrar a más sectores y regiones del país.

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Crisis, salarios y reforma: una radiografía del presente laboral según Mercelo Trujillo”


En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Marcelo Trujillo, titular del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios en Industrias de las Telecomunicaciones (SOEESIT), analizó la gravedad de la caída del salario argentino —hoy el más bajo de Latinoamérica— y alertó sobre el rumbo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Ante un escenario que considera comparable al de los años ’90, Trujillo advierte una posible “desaparición práctica del trabajador como sujeto de derecho” y reclama participación real del movimiento obrero en la discusión.

La fotografía del presente económico argentino describe un deterioro sostenido, profundo y acumulativo, que ya no admite eufemismos. Según un estudio que abarca el período 2015-2025, más de 290 mil millones de dólares habrían sido transferidos desde el salario hacia el capital concentrado, configurando una década marcada por la erosión del poder adquisitivo y un derrumbe salarial que hoy ubica al país en el peor nivel de la región. Esta crisis, visible en la cotidianeidad y confirmada por los indicadores más duros, repercute en varios sctores.

En ese marco, dirigente gremial contextualiza la coyuntura actual dentro de una secuencia histórica que recuerda a los años ’90: privatizaciones masivas, congelamiento salarial, pérdida del poder de compra y una estructura previsional debilitada. “Tuvimos una recuperación recién a partir de 2004, pero el deterioro actual es igual o más profundo”, señala. Su preocupación se funda no sólo en la caída del salario real, sino en los efectos sistémicos que esta crisis genera sobre las condiciones laborales, los aportes sociales y la sustentabilidad futura del sistema previsional.

Trujillo aporta un dato conceptual que resume la desconexión entre estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana: propone medir, además del IPC, un “Índice del Precios en Góndola”, indicador que —dice— refleja con mayor fidelidad la verdadera pérdida de poder adquisitivo. La inflación, advierte, “se presenta como desacelerada”, pero en las góndolas “la vida se encarece cada vez más”. En ese contexto, las paritarias —antes anuales— amenazan con transformarse en negociaciones quincenales ante la volatilidad de los precios.

A ese cuadro se suma el debate central del momento: la reforma laboral que el Gobierno busca impulsar. Trujillo coincide con la posición de la CGT, que exige conocer el texto completo del proyecto y participar en su elaboración. “Lo que se ha filtrado perjudica al trabajador en todos los planos”, sostiene. La preocupación principal radica en el cambio conceptual que propone la iniciativa: el reemplazo del trabajador por la figura del ‘colaborador’, lo que abriría la puerta a acuerdos individuales por encima de los convenios colectivos y de la propia Ley de Contrato de Trabajo.

Esas modificaciones, advierte, podrían desarticular los pilares mismos del sistema laboral argentino: la ultraactividad de los convenios, la jerarquía normativa que protege al trabajador y la presencia de organizaciones sindicales como contrapeso necesario. “Se habla de que no se perderán derechos adquiridos, pero si se pulverizan los recursos de los sindicatos, la negociación colectiva y la estructura convencional, la pérdida es inevitable”, remarca Trujillo.

El referente gremial también ve con preocupación la convergencia entre esta reforma y los cambios introducidos por el DNU 70/23, especialmente en materia de empleo transfronterizo y modalidades contractuales atípicas. Sumado a ello, advierte el avance de modelos laborales propios de plataformas como las apps de reparto, caracterizados por la fragmentación, el pago por hora o por tarea y la inestabilidad del ingreso. “Nos quieren llevar a un esquema donde cada persona gestione su propio trabajo desde el celular, sin garantías y a merced del empleador”, reflexiona.

Frente a quienes sostienen que la flexibilización laboral impulsa el crecimiento, Trujillo recuerda que ninguna reforma de este tipo generó mejoras sostenidas ni en la productividad ni en la competitividad, sino que, por el contrario, acentuó la precarización y la desigualdad. Sobre el horizonte inmediato, su diagnóstico es claro: sin reglas equitativas y sin participación de sindicatos y trabajadores en la mesa de negociación, el país podría encaminarse hacia un nuevo ciclo de fragmentación laboral y profundización de la pobreza, agravado por las transformaciones tecnológicas que ya empiezan a reducir planteles en múltiples sectores.

El panorama expuesto por Marcelo Trujillo sintetiza la encrucijada del presente laboral argentino: un salario devastado, una reforma que amenaza con desarmar décadas de institucionalidad y una economía que empuja a los trabajadores hacia nuevos formatos de precarización. En un escenario donde la brecha entre el costo de vida y los ingresos reales se expande, la discusión sobre el futuro del trabajo no puede darse sin los protagonistas centrales: los trabajadores, sus organizaciones y la sociedad en su conjunto.

La advertencia es clara: sin participación, sin reglas justas y sin un rumbo claro de recomposición salarial, cualquier reforma corre el riesgo de consolidar un sistema laboral más desigual y menos protector. En ese sentido, el llamado apunta a una premisa básica pero urgente: discutir de cara a la sociedad para evitar que, bajo la promesa de modernización, se consagre una merma histórica en derechos, identidad y dignidad laboral.

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Essen reduce personal y sustituye fabricación nacional

La tradicional fábrica de ollas Essen despidió al 10% de sus trabajadores y comenzó a sustituir casi la mitad de su producción por productos terminados provenientes de China. En un contexto de consumo retraído y creciente ingreso de importaciones, la UOM denuncia un proceso de achicamiento que podría profundizarse en los próximos meses y alerta por nuevos riesgos en otras metalúrgicas de la región.

La crisis golpeó de lleno a Essen, una de las marcas más reconocidas del país en la producción de ollas y utensilios de aluminio. La planta ubicada en Venado Tuerto, Santa Fe, despidió a 30 trabajadores —cerca del 10% de su plantilla total—, mientras avanza en un proceso de sustitución de producción nacional por importaciones provenientes de China, que ya representarían alrededor del 45% de sus ventas.

El ajuste, según denuncian los trabajadores, se siente en el día a día. “El achique viene de una baja de producción que los trabajadores lo ven en sus puestos”, señaló Oscar Infante, secretario general de la UOM San Fe. Sectores clave de la fábrica, que antes funcionaban a ritmo pleno, hoy operan con maquinaria detenida o con turnos reducidos.

La empresa habla de “reestructuración”, pero crece el temor a más despidos

Desde la empresa, la reducción de personal se presenta como parte de un proceso de “reestructuración”, aunque entre los trabajadores crece la preocupación: si la importación de productos terminados gana terreno, la producción local podría volverse marginal y dejar a más empleados en riesgo.

“Estamos aprovechando la crisis para hacer achiques”, admitió Infante al describir la lógica que, según la UOM, está guiando la estrategia empresaria. No obstante, los directivos habrían prometido en una reunión reciente que no habrá nuevos despidos en lo que resta del año, un compromiso que los trabajadores ven con cautela ante la caída sostenida de la demanda.

La apertura importadora y un mercado interno debilitado

El caso de Essen refleja un fenómeno más amplio que atraviesa a la industria metalúrgica: la combinación de recesión, menor consumo y una apertura importadora creciente está dejando en jaque a decenas de fábricas que dependen del mercado interno.

La sustitución de producción local por importaciones se volvió una salida rápida para empresas que enfrentan costos crecientes y ventas en retroceso. En la práctica, esta dinámica no solo achica planteles, sino que debilita el entramado productivo regional, donde cada puesto perdido afecta a proveedores, trabajadores tercerizados y comercios asociados.

Corven también en alerta: posibles 40 despidos

La situación en Venado Tuerto no se limita a Essen. La UOM también advierte sobre un posible recorte en la fábrica Corven, donde podrían cesar a unos 40 trabajadores si se confirma la reducción de líneas de producción.

El sindicato denuncia que “la crisis industrial en la región se está profundizando” y teme que, si no se adoptan medidas para frenar el ingreso indiscriminado de importaciones, más empresas recurran a recortes similares.

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