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Este dato se complementa con el cierre de 10.000 kioscos y almacenes y con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo han puesto a las pymes al borde de la subsistencia.

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) aseguran que la segunda mitad del año ha sido especialmente dura para las pymes. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que ya habían cerrado en el primer semestre.

La situación está vinculada a la continua contracción de la demanda interna, que golpea de lleno en las ventas de comercios minoristas y servicios. CAME estima una caída del 13,2% en las ventas de comercios pymes, una cifra alarmante que refleja el impacto de la recesión sobre el consumo.

La falta de dinamismo en el mercado interno se evidencia también en el consumo de productos de primera necesidad, como ejemplo, el consumo de carne vacuna cayó un 12,3% en los primeros nueve meses del año, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), alcanzando el nivel más bajo en 26 años.

La Confederación Federal Pyme Argentina subraya que el costo de los servicios y los impuestos sigue siendo una carga insostenible para los pequeños empresarios, quienes además deben lidiar con una creciente competencia por parte de grandes corporaciones. Esta combinación de factores crea un círculo vicioso en el que la falta de ventas lleva al cierre de empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el empleo y en el consumo, agravando aún más la recesión.

Ante este panorama, desde el sector pyme se ha planteado la necesidad de una «Ley Pyme» que permita dar alivio fiscal y mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en el ámbito legislativo.

De hecho, el único interlocutor activo entre el Gobierno y el sector ha sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a trabajar en un Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) para las pymes, un proyecto que, según los empresarios, parece difícil que se concrete en el corto plazo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene un discurso optimista sobre la economía y ha afirmado que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer». En un reciente acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Milei sostuvo que la economía experimentará un crecimiento rápido, aunque sus palabras generaron escepticismo en el sector pyme.

“Las burbujas están empezando a verse”, afirmó el mandatario, refiriéndose a los signos de recuperación que, según él, ya son visibles en algunos indicadores, como el EMAE. Sin embargo, los datos muestran que la economía argentina sigue en una senda de contracción. En agosto se registró una caída interanual del 3,8% y, aunque mostró un leve avance del 0,2% en comparación con julio, el acumulado del año presenta una baja del 3,1%.

Este indicador subraya que, pese al optimismo del Gobierno, la economía aún no logra salir de la recesión. Para Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso, «aunque el nivel de actividad aún está por debajo de lo registrado en diciembre pasado, proyectamos cerrar el año con cifras superiores a las de fines de 2023”.

En este contexto, el pesimismo sigue dominando entre los empresarios. La Encuesta Radar Pyme, realizada por ENAC, revela que un 84,2% de los empresarios considera que la economía sigue en recesión o depresión.

Aunque algunos sectores muestran signos incipientes de estabilización, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras para la mayoría. De hecho, el 51% de los empresarios encuestados por CAME señala que la principal barrera para el crecimiento de las pymes sigue siendo la falta de ventas.

A pesar de los esfuerzos por mantenerse operativas, muchas empresas enfrentan serias dificultades para generar rentabilidad. Según ENAC, solo un 40,3% de las pymes lograron resultados positivos en el tercer trimestre del año, una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando solo un 34,1% obtuvo ganancias. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.

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Shell, Axion y Puma aumentaron los combustibles, mientras YPF analiza su próximo movimiento

Shell, Axion y Puma incrementaron entre 2% y 5% los precios de naftas y gasoil después de que el Brent se ubicara alrededor de los US$105. YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista, todavía no trasladó la suba, aunque su presidente, Horacio Marín, anticipó que la evolución del crudo y de los márgenes determinará los próximos movimientos.

La decisión puso fin, de hecho, al esquema de estabilidad que las compañías venían sosteniendo desde mayo para amortiguar la volatilidad internacional. El acuerdo había funcionado como un mecanismo de compensación frente a las variaciones del crudo y contemplaba mantener los valores mientras el petróleo se ubicara en torno o por encima de los US$80. Con el nuevo salto, las refinadoras resolvieron trasladar parte de la diferencia a los surtidores.

Los nuevos valores muestran el efecto inmediato. En nafta premium, el litro pasó a $2.523 en Axion, $2.463 en Puma y $2.508 en Shell. Para la nafta súper, los precios informados se ubicaron en $2.247, $2.213 y $2.208, respectivamente. En varias provincias, además, la premium ya supera los $2.700 por litro.

YPF, que concentra aproximadamente el 55% de las ventas minoristas, decidió mantener por ahora sus precios. La petrolera estatal sigue la evolución del mercado internacional antes de definir una eventual modificación. Horacio Marín sostuvo que la compañía continuará utilizando el mecanismo de amortiguación y que los próximos movimientos dependerán de cuánto tiempo permanezca elevado el valor del petróleo y de la evolución de sus márgenes.

La lógica había sido explicada por Marín meses atrás, cuando la compañía comenzó a aplicar el denominado buffer para evitar un traslado inmediato de la cotización internacional a los consumidores. El objetivo era compensar las variaciones del crudo mediante ajustes graduales, en lugar de trasladarlas de manera directa al precio final.

El impacto sobre la inflación dependerá de la magnitud y del momento en que se produzcan los aumentos. Por haberse concretado hacia el cierre del mes, parte de la incidencia podría distribuirse entre dos mediciones consecutivas, según estimaciones difundidas por fuentes del mercado.

A esa presión se suma un componente impositivo todavía parcialmente postergado. El Gobierno prorrogó hasta el 30 de septiembre la aplicación de parte de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Desde el 1° de octubre comenzará a regir el remanente correspondiente a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026, según el Decreto 829/2026.

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La pobreza volvió a subir y alcanzó al 32,3% de la población

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La nueva medición implica que aproximadamente 15,5 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico. La cifra marca un cambio respecto de la trayectoria descendente registrada durante 2025.

El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la indigencia, el indicador se ubicó en 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, lo que representa alrededor de 3,6 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada por las canastas utilizadas por el INDEC. La pobreza comprende a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, identifica a quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El resultado adquiere una dimensión adicional al compararlo con el mismo período del año anterior. Frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales. El salto más pronunciado se produjo en la comparación con el segundo semestre de ese año, cuando el indicador había descendido al 28,2%.

La medición también vuelve a poner el foco sobre la población infantil, uno de los grupos con mayor incidencia de la pobreza. En el primer semestre de 2025, antes de esta nueva suba general, el 45,4% de los menores de 15 años ya vivía en hogares pobres; los datos difundidos ahora muestran que el deterioro general se produjo en un período posterior.

El nuevo informe del INDEC llega en un período en el que los indicadores de consumo también muestran señales de retracción. En julio, las ventas de supermercados disminuyeron 2,1% interanual a precios constantes y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año, otro dato que permite observar la evolución de la capacidad de compra de los hogares.

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Bono San Juan: fuerte demanda para la primera emisión internacional de la Provincia

San Juan consumó este jueves su regreso al mercado internacional de deuda con una colocación de US$600 millones, el máximo previsto para la emisión, después de recibir ofertas por US$1.037 millones. La operación reunió a 67 fondos e inversores y cerró con una tasa de cupón del 9,55%.

La demanda superó en alrededor de US$437 millones al monto finalmente adjudicado, una diferencia que permitió a la Provincia colocar la totalidad del financiamiento buscado. Del volumen de órdenes recibidas, unos US$360 millones correspondieron a inversores del mercado local, según los datos difundidos tras la operación.

El título tendrá vencimiento en 2035, con una estructura de amortización que contempla tres pagos: 33% del capital en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante al vencimiento. Los intereses serán abonados semestralmente, de acuerdo con las condiciones informadas para la emisión.

El costo financiero debe distinguirse entre el cupón anunciado y el rendimiento efectivo. Mientras la tasa nominal del bono quedó establecida en 9,55%, información difundida sobre la operación ubicó el rendimiento de colocación en torno al 9,875%, debido al precio al que fue emitido el título.

La operación se concretó con una referencia internacional exigente. Al momento del cierre, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubicaba en 5,15%, mientras que el riesgo país argentino rondaba los 567 puntos básicos. La comparación permite dimensionar el diferencial que afronta una emisión provincial argentina respecto de la deuda considerada de referencia en los mercados internacionales.

Tras varias semanas de negociaciones con financistas externos, la provincia dejó listo el camino para acceder al crédito. El foco de la presentación estuvo en el equilibrio fiscal y en el crecimiento proyectado gracias a la minería. En particular, se destacaron los megaproyectos de cobre que dinamizarán la economía mediante obras de infraestructura, logística y servicios.

Los fondos se destinarán a obras de infraestructura clave para el desarrollo productivo de San Juan, con foco en las demandas del nuevo auge minero. La Provincia detalló ante los inversores que emprendimientos de la escala de Vicuña y Los Azules transformarán los requerimientos viales, logísticos, energéticos y de servicios en el corto y mediano plazo.

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