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Este dato se complementa con el cierre de 10.000 kioscos y almacenes y con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector. La caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un dólar poco competitivo han puesto a las pymes al borde de la subsistencia.

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) aseguran que la segunda mitad del año ha sido especialmente dura para las pymes. Entre julio y octubre, otras 6.500 empresas dejaron de operar, sumándose a las 10.000 que ya habían cerrado en el primer semestre.

La situación está vinculada a la continua contracción de la demanda interna, que golpea de lleno en las ventas de comercios minoristas y servicios. CAME estima una caída del 13,2% en las ventas de comercios pymes, una cifra alarmante que refleja el impacto de la recesión sobre el consumo.

La falta de dinamismo en el mercado interno se evidencia también en el consumo de productos de primera necesidad, como ejemplo, el consumo de carne vacuna cayó un 12,3% en los primeros nueve meses del año, según un relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), alcanzando el nivel más bajo en 26 años.

La Confederación Federal Pyme Argentina subraya que el costo de los servicios y los impuestos sigue siendo una carga insostenible para los pequeños empresarios, quienes además deben lidiar con una creciente competencia por parte de grandes corporaciones. Esta combinación de factores crea un círculo vicioso en el que la falta de ventas lleva al cierre de empresas, lo que a su vez impacta negativamente en el empleo y en el consumo, agravando aún más la recesión.

Ante este panorama, desde el sector pyme se ha planteado la necesidad de una «Ley Pyme» que permita dar alivio fiscal y mejores condiciones a las pequeñas y medianas empresas, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en el ámbito legislativo.

De hecho, el único interlocutor activo entre el Gobierno y el sector ha sido el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a trabajar en un Régimen de Incentivo y Generación de Ingresos (RIGI) para las pymes, un proyecto que, según los empresarios, parece difícil que se concrete en el corto plazo.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei mantiene un discurso optimista sobre la economía y ha afirmado que «la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer». En un reciente acto de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Milei sostuvo que la economía experimentará un crecimiento rápido, aunque sus palabras generaron escepticismo en el sector pyme.

“Las burbujas están empezando a verse”, afirmó el mandatario, refiriéndose a los signos de recuperación que, según él, ya son visibles en algunos indicadores, como el EMAE. Sin embargo, los datos muestran que la economía argentina sigue en una senda de contracción. En agosto se registró una caída interanual del 3,8% y, aunque mostró un leve avance del 0,2% en comparación con julio, el acumulado del año presenta una baja del 3,1%.

Este indicador subraya que, pese al optimismo del Gobierno, la economía aún no logra salir de la recesión. Para Lautaro Moschet, economista de Libertad y Progreso, «aunque el nivel de actividad aún está por debajo de lo registrado en diciembre pasado, proyectamos cerrar el año con cifras superiores a las de fines de 2023”.

En este contexto, el pesimismo sigue dominando entre los empresarios. La Encuesta Radar Pyme, realizada por ENAC, revela que un 84,2% de los empresarios considera que la economía sigue en recesión o depresión.

Aunque algunos sectores muestran signos incipientes de estabilización, las perspectivas a corto plazo son desalentadoras para la mayoría. De hecho, el 51% de los empresarios encuestados por CAME señala que la principal barrera para el crecimiento de las pymes sigue siendo la falta de ventas.

A pesar de los esfuerzos por mantenerse operativas, muchas empresas enfrentan serias dificultades para generar rentabilidad. Según ENAC, solo un 40,3% de las pymes lograron resultados positivos en el tercer trimestre del año, una leve mejora respecto del trimestre anterior, cuando solo un 34,1% obtuvo ganancias. Esta modesta recuperación refleja la situación de un sector que sigue luchando por sostenerse en un entorno adverso, pero que aún no vislumbra un cambio sustancial.

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El Día del Empleado de Comercio tendrá carácter de feriado el 28 de septiembre

La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.

La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.

La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.

El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.

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Universidades: docentes y nodocentes paran este martes y preparan otra marcha federal

Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

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Uber y otras apps: qué deberán cumplir los choferes para trabajar en San Juan

La provincia prepara el lanzamiento de la plataforma y el sitio web que habilitarán los servicios de contactabilidad previstos por la Ley de Transporte N° 2799-A. Los conductores deberán acreditar registración ante ARCA, licencia profesional y los vehículos tendrán que cumplir requisitos de antigüedad, seguro, RTO, geolocalización y control mediante QR.

Las aplicaciones de transporte ingresaron en la etapa final antes de su puesta en funcionamiento en San Juan. El Gobierno provincial ultima la presentación de la plataforma tecnológica y del sitio web que permitirán registrar a conductores y vehículos y habilitar los servicios de contactabilidad contemplados por la Ley de Transporte N° 2799-A.

La implementación está prevista para este mes, luego de las primeras pruebas piloto. Quienes quieran prestar servicios mediante plataformas digitales deberán cumplir requisitos específicos, tanto en materia fiscal y profesional como respecto de los automóviles utilizados.

Uno de los principales cambios estará vinculado con la registración fiscal de los conductores. Para incorporarse al sistema deberán contar con CUIT o CUIL registrado ante ARCA. Esto no implica una obligación general de inscribirse como monotributistas: el encuadre tributario dependerá de cada caso y podrá corresponder a responsables inscriptos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia.

También será obligatoria la licencia de conducir profesional, requisito que equipara a quienes trabajen mediante aplicaciones con las exigencias vigentes para los choferes de taxis y remises.

Qué deberán tener los vehículos

Los controles alcanzarán igualmente a los automóviles. El titular deberá acreditar su registración ante ARCA y presentar una póliza de seguro específica para el transporte de pasajeros.

La normativa establece además un límite de 10 años de antigüedad para las unidades que ingresen al sistema. Todos los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

La tecnología tendrá un papel central en los controles. Cada automóvil habilitado dispondrá de un sistema de geolocalización permanente, destinado a permitir el seguimiento de los recorridos durante la prestación del servicio.

A esa herramienta se sumará un código QR visible en cada unidad. Antes de iniciar el viaje, el pasajero podrá escanearlo para comprobar si tanto el conductor como el vehículo figuran registrados y habilitados por la autoridad provincial.

El sistema busca que las plataformas digitales funcionen dentro de un esquema de registro y fiscalización provincial, con información disponible tanto para las autoridades como para los usuarios.

La presentación de la aplicación y del sitio web constituirá el último paso antes del inicio operativo. Allí se concentrarán los registros de prestadores y automóviles y las herramientas destinadas a verificar las habilitaciones.

Con las pruebas piloto ya iniciadas, el Gobierno espera completar los ajustes técnicos durante los próximos días y avanzar durante septiembre con la incorporación formal de las aplicaciones al sistema de transporte de pasajeros de San Juan.

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