Reforma laboral: El Gobierno reveló el proyecto completo de la “Ley de Modernización Laboral”
El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.
Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.
A continuación, los principales puntos del proyecto.
Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento
El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.
El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.
Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada
Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.
También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.
Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial
La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.
Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.
Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto
El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:
75% para áreas críticas,
50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.
Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.
Digitalización integral de la documentación laboral
Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.
Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.
Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales
Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.
Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios
Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.
Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral
Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.
Actualización salarial extraordinaria
La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.
Un debate que promete ser el eje del verano político
El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.
El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.
La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.
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Comercio cerró una paritaria del 5,7% en tres tramos y sumó un bono de $50.000
La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.
El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.
Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.
Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.
La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.
El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.
La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.
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Avanza la licitación del Hotel Provincial con dos ofertas en carrera
El Gobierno de San Juan abrió los sobres de la licitación para la concesión del Hotel Provincial y confirmó que dos empresas presentaron ofertas admisibles. Ahora comenzará el análisis técnico y económico que definirá la adjudicación de un contrato por 20 años.
El proceso para definir el futuro del Hotel Provincial dio un paso decisivo este viernes, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a concesionar y explotar el tradicional establecimiento. El acto, desarrollado a las 9 de la mañana, concluyó con la presentación de dos propuestas que superaron la revisión administrativa inicial y fueron declaradas admisibles.
Concluida esa instancia, la comisión evaluadora iniciará el examen técnico, financiero y económico de ambas ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para asumir la administración del inmueble durante los próximos veinte años.
La convocatoria había sido relanzada luego del fracaso del primer llamado realizado en abril de este año. En aquella oportunidad, las dos firmas interesadas quedaron excluidas por incumplimientos en la documentación exigida, entre ellos la ausencia de certificados fiscales y declaraciones juradas incompletas, por lo que la licitación fue declarada desierta.
El nuevo concurso mantiene un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y establece un canon mensual base de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pliego también contempla un beneficio para quien resulte adjudicatario: durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con las inversiones comprometidas para la recuperación del edificio.
Uno de los objetivos centrales de la concesión es modernizar las instalaciones para que el Hotel Provincial alcance la categoría de tres estrellas superior, mediante obras de infraestructura, renovación de equipamiento y mejoras en la calidad de los servicios.
El proceso licitatorio incorpora además criterios que trascienden la propuesta económica. Entre ellos, el denominado Beneficio Social del Proyecto, que representa 20 puntos sobre un total de 100 en la evaluación final, junto con el compromiso de garantizar la continuidad laboral y la protección salarial de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento.
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Carrefour cerró un local de forma sorpresiva y dejó a más de 30 empleados sin trabajo
La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.
El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.
La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.
Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.
La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.
El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.
La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.
Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.
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