Judiciales nacionales profundizan su protesta y alertan por el avance oficial sobre derechos laborales
En un contexto marcado por paros, banderazos y reclamos, los trabajadores judiciales nacionales denuncian una pérdida salarial del 29%, un aumento crítico de la carga laboral y señales de alarma ante una posible reforma laboral que —advierten— podría agravar la precariedad en el sector. Desde San Juan, Alfredo Collado describe un escenario de tensión creciente y un 2025 que dejó al desnudo el deterioro de las condiciones de trabajo en el Poder Judicial.
La conflictividad gremial en el Poder Judicial no dio respiro durante todo 2025. Los trabajadores judiciales nacionales protagonizaron un año de movilizaciones continuas, paros de 24 horas y banderazos semanales que se replicaron de norte a sur del país. “Venimos de un año de lucha constante, con una pérdida de poder adquisitivo del 29% desde el inicio de este gobierno”, afirmó Alfredo Collado, referente nacional del sector y miembro de la CGT Regional San Juan.
El dirigente en diálogo con Mundo Laboral SJ sostuvo que la mirada pública sobre el Poder Judicial suele simplificar el panorama: “Muchos creen que todos los que trabajamos allí somos jueces. La mayoría somos empleados de expedientes, trabajadores de la trinchera, los que tratamos casos reales de personas que dependen de nuestras decisiones”. Esa distancia entre la percepción social y la realidad laboral profundiza, según dijo, el impacto de la caída salarial. “No llegar a fin de mes tras romperse el lomo trabajando genera un desgarrón enorme”.
Presión laboral, agotamiento y nuevas demandas
A la pérdida del ingreso se suma —señaló Collado— una carga laboral creciente, agravada por la implementación del nuevo Código Penal, que exige mayor dedicación, sobre todo en las áreas penales. Un relevamiento reciente del Equipo de Salud Laboral de la Federación Judicial Argentina reveló que ocho de cada diez empleados sufren problemas de salud vinculados al trabajo, y que más del 40% supera habitualmente las horas reglamentarias.
“El trabajo judicial requiere atención constante; siempre hay plazos urgentes y derechos en juego —explicó el referente gremial—. Pero esa responsabilidad no se ve reflejada en la remuneración. Además, la mayoría somos abogados con títulos bloqueados: no podemos abrir un estudio ni tener un comercio. No tenemos una segunda fuente de ingreso para compensar lo que se pierde”.
Las medidas que vienen
El calendario de protestas de diciembre será definido —indicó Collado— en un plenario nacional de delegados. La tendencia, según anticipó, apunta a sostener la dinámica marcada a lo largo del año: banderazos a mitad de semana y paros de 24 horas los días viernes. “Vamos a mantenernos firmes en defensa del salario y los derechos. La coherencia es clave cuando el deterioro llega al 29%”.
La reforma laboral y el debate sobre el modelo de país
En su rol dentro de la CGT regional, Collado también analizó el escenario político y el intento del Gobierno nacional de avanzar con una reforma laboral sin convocar a los espacios de negociación. “Plantean que el país mejora si el trabajador gana menos. Esa idea de que la competitividad se logra abaratando salarios es un error profundo”, sostuvo.
Para Collado, la discusión central no pasa por flexibilizar derechos, sino por definir un rumbo productivo. “El futuro es industrializar, generar trabajo genuino. Hacer creer que el problema del país son los derechos laborales es engañoso. Cuando se recorta al trabajador, no solo se afecta a la persona: se afecta a su familia completa”.
El deterioro del salario —añadió— ya se percibe con claridad en múltiples sectores. “Pensá en quienes trabajan jornada completa y aun así siguen bajo la línea de pobreza. Es insostenible. Y es más grave en los rubros de ingresos más bajos. No se puede seguir ajustando por el trabajador”.
Collado también hizo una lectura histórica: “Cada flexibilización que se intentó profundizó la desigualdad. Hoy el salario mínimo en Argentina es uno de los más bajos de Sudamérica. Los jubilados destinan la mitad de su ingreso a medicamentos que antes tenían más cobertura. Todo va en contra del trabajador”.
El sindicalista subrayó que la sociedad debe mirar la realidad más allá del discurso político. “Esto no es ideología: es mirar el bolsillo, ver qué vida tenés, cómo vive tu familia. No podemos seguir creyendo en promesas de ‘veranitos’ que nunca llegan”.
El conflicto de los judiciales nacionales no es solo una disputa salarial: es la expresión de un sistema laboral tensionado, con trabajadores agotados, ingresos deteriorados y una incertidumbre creciente ante cambios que podrían redefinir derechos históricos. La combinación de paros sostenidos, diagnósticos de salud preocupantes y demandas urgentes revela un diagnóstico más amplio: el modelo laboral argentino está en un punto crítico.
Mientras los trabajadores mantienen la protesta y esperan respuestas, la discusión sobre la reforma laboral se instala como una de las grandes batallas del 2026. Entre la defensa de derechos, la presión económica y el reclamo de una política productiva que recupere salarios y condiciones dignas, los judiciales se paran como un espejo del resto del país: un sector que trabaja, sostiene el sistema y exige —simplemente— poder vivir de su salario.
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Diego Martín consiguió su tercer mandato consecutivo en el Sindicato de Obras Sanitarias
La lista Azul se impuso sobre la Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, en los comicios realizados este viernes. La diferencia fue de apenas 12 votos, sobre un padrón de casi 330 afiliados, con una participación cercana al 95%.
Diego Martín continuará al frente del Sindicato de Obras Sanitarias (Si.O.Sa.) tras imponerse por apenas 12 votos en las elecciones gremiales realizadas este viernes 7 de agosto. El dirigente de la lista Azul derrotó a la nómina Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, y obtuvo así un nuevo mandato que extenderá a tres períodos consecutivos su permanencia en la conducción del sindicato que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
La elección tuvo una participación cercana al 95% de un padrón de casi 330 afiliados, una concurrencia elevada para un comicio gremial. Además del resultado entre las dos listas, se registró un voto en blanco y otro nulo.
Martín asumió por primera vez la conducción de Si.O.Sa. en 2018 y fue reelegido en 2022. La victoria de este viernes le permitirá iniciar un tercer período consecutivo al frente de la organización.
La lista Azul llevó a Alfredo Garay como candidato a secretario Adjunto y a Juan Sánchez para la Secretaría Gremial. La nómina opositora, en tanto, postuló a Facundo Zárate como Adjunto y a Mariana Godoy para ocupar la Secretaría Gremial.
Los afiliados votaron durante toda la jornada en distintos puntos vinculados con OSSE. Se habilitaron mesas en la Casa Central, el Obrador y Marquesado, además de otros puntos distribuidos en departamentos del interior provincial.
La organización de los comicios contempló también la participación de trabajadores que cumplen funciones en zonas alejadas. Para ello se utilizaron urnas móviles, que permitieron acercar la votación a afiliados de departamentos como Calingasta e Iglesia.
Una disputa entre continuidad y renovación
La elección enfrentó dos propuestas con perfiles diferentes. Martín buscó preservar la conducción que encabeza desde 2018 y presentó la lista Azul como una alternativa de continuidad. Gómez, por su parte, encabezó la Tricolor con un discurso centrado en la renovación y cuestionamientos a la conducción del sindicato.
La diferencia final muestra la paridad que atravesó el comicio: con un padrón cercano a los 330 trabajadores y una asistencia de aproximadamente 95%, 12 votos fueron suficientes para definir la conducción del gremio durante los próximos cuatro años.
La contienda también estuvo acompañada por lecturas políticas externas al ámbito estrictamente sindical. Durante las semanas previas circularon referencias sobre los vínculos de cada espacio con distintos dirigentes políticos y gremiales de la provincia.
Martín, integrante del ámbito de la CGT, mantiene vínculos con dirigentes del justicialismo. Una de las expresiones públicas de esos acercamientos se produjo durante la celebración del Día del Sanitarista, realizada en mayo, que contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino y del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Argentina (Fentos), Carlos Adamo.
La lista Tricolor, en tanto, mantuvo conversaciones con referentes vinculados al oficialismo provincial. Entre los nombres mencionados durante la previa apareció el gerente general de OSSE, Carlos Orrego, aunque los contactos no derivaron en una lista unificada y Gómez terminó encabezando la alternativa opositora.
Esas vinculaciones funcionaron como parte de las interpretaciones que rodearon la elección, pero la definición quedó finalmente circunscripta al voto de los afiliados. El resultado fue una victoria estrecha para la conducción vigente.
Un tercer período con una señal electoral
El resultado le permite a Martín conservar la conducción de Si.O.Sa. después de una elección en la que la oposición consiguió disputar el resultado hasta el último voto.
La elevada participación y la escasa diferencia entre las dos listas constituyen los principales datos políticos del comicio interno. El nuevo mandato comenzará con una conducción ratificada por los afiliados, pero frente a una oposición que quedó a solo 12 votos de distancia.
Para Martín, la victoria representa la continuidad de un ciclo iniciado en 2018. Para el gremio, el resultado deja además una conducción legitimada por una elección de alta concurrencia y una disputa particularmente cerrada.
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Otro fallo judicial limita el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y suspendió, para el Convenio Colectivo 704/14, la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y de los decretos 407/2026 y 612/2026. La resolución es provisoria y mantendrá vigentes las cláusulas del convenio mientras continúa el juicio.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó una nueva disputa judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y suspendió la aplicación de determinadas disposiciones de la nueva legislación y sus decretos reglamentarios sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 704/14.
La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal y alcanza exclusivamente al convenio que rige para los trabajadores representados por SUTEP. El magistrado dispuso mantener vigentes sus cláusulas normativas y obligacionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El alcance de la decisión es relevante, aunque no equivale a una declaración definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de una medida cautelar, por lo que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del CCT 704/14 hasta que avance el proceso judicial y exista una resolución sobre el fondo de la demanda.
La presentación original de SUTEP cuestionó artículos de la Ley 27.802 y de los Decretos 407/2026, vinculados con la continuidad de los convenios colectivos una vez vencido su plazo y con el régimen de aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales y a entidades vinculadas con ellas.
El sindicato sostuvo que esas modificaciones afectaban derechos establecidos en su convenio colectivo y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), en relación con el CCT 704/14.
La controversia se amplió posteriormente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026. SUTEP incorporó a su demanda el artículo 1 de esa norma, al cuestionar modificaciones sobre la base utilizada para determinar los conceptos salariales alcanzados por aportes y contribuciones.
Entre los puntos objetados aparece la exclusión de determinados conceptos de la remuneración, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las horas extras.
Qué resolvió el juzgado
La decisión judicial suspendió la aplicación de esas disposiciones únicamente respecto del CCT 704/14. De esta manera, las condiciones establecidas en el convenio mantienen su vigencia y pueden ser exigidas mientras continúa el trámite de la demanda.
El fallo adquiere relevancia porque la discusión no se limita al contenido económico de un convenio. La demanda también plantea interrogantes sobre el alcance de la ultraactividad, es decir, la continuidad de las cláusulas de un convenio colectivo una vez vencido formalmente hasta que sea reemplazado por otro.
SUTEP sostuvo que las modificaciones cuestionadas podían afectar tanto la capacidad de negociación colectiva como los recursos destinados al funcionamiento de la organización sindical y de la Asociación Mutual AMERA.
En los fundamentos destacados por la organización gremial y la CGT, el juzgado habría considerado que algunas de las restricciones introducidas por las nuevas normas no encuentran antecedentes equivalentes en el sistema argentino de relaciones colectivas y deben ser examinadas a la luz de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El análisis judicial también incorporó el posible impacto económico de las modificaciones sobre las organizaciones sindicales y sobre las prestaciones sociales, asistenciales, mutuales y de capacitación que brindan a sus afiliados.
El respaldo de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la resolución y ubicó el expediente dentro de la ofensiva judicial que distintas organizaciones gremiales llevan adelante contra aspectos de la reforma laboral.
La central obrera sostuvo que la disputa excede el caso particular de SUTEP porque involucra cuestiones vinculadas con la continuidad de los convenios colectivos y con las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.
“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular”, expresó la CGT al respaldar el fallo, y sostuvo que una modificación sobre la ultraactividad o sobre los recursos gremiales puede repercutir sobre la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones y derechos colectivos.
Desde SUTEP, en tanto, interpretaron la resolución como un respaldo a la vía judicial elegida para preservar las condiciones establecidas en el convenio y cuestionar aquellas disposiciones que, según su planteo, perjudican a los trabajadores y a su representación sindical.
Una disputa que continúa en los tribunales
El fallo no clausura la discusión. La causa continuará su trámite y deberá resolver si los cuestionamientos formulados por SUTEP tienen sustento suficiente para una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Por ahora, el efecto concreto es que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del Convenio Colectivo 704/14, mientras sus cláusulas permanecen vigentes y exigibles.
La resolución se suma así a la creciente judicialización de la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como parte de su política de transformación del régimen de trabajo, distintas organizaciones sindicales recurren a los tribunales para preservar derechos establecidos en convenios colectivos.
El caso de SUTEP abre un nuevo episodio en esa disputa: la Justicia decidió preservar, de manera provisoria, las condiciones de un convenio colectivo frente a disposiciones de la reforma laboral. El alcance definitivo del fallo dependerá ahora de lo que ocurra en el proceso principal, pero la resolución vuelve a colocar en los tribunales una parte sustancial de la discusión sobre el futuro de la negociación colectiva y el financiamiento sindical.
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San Juan renovará la Ruta 40 Norte con fondos vinculados al proyecto Vicuña
La Ruta Nacional 40 Norte será sometida a una intervención integral que modificará distintos puntos del corredor entre Albardón y Jáchal. El proyecto contempla soluciones diferentes según las características de cada tramo y será ejecutado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con financiamiento proveniente del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.
La intervención fue dividida en tres segmentos: Albardón-Villicum, Villicum-Talacasto y Talacasto-San Roque. El diseño combina ampliaciones de calzada, repavimentación y obras hidráulicas destinadas a mejorar la circulación y reforzar la infraestructura frente a contingencias climáticas.
La modificación más importante se concentrará entre Albardón y Villicum. Allí está prevista la construcción de una doble calzada de 12 kilómetros, con dos carriles por sentido, divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas.
La ampliación permitirá separar los sentidos de circulación y aumentar la capacidad del corredor en uno de los accesos de mayor tránsito hacia el norte provincial. La incorporación de banquinas pavimentadas también apunta a mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulen por ese tramo.
Entre Villicum y Talacasto, en cambio, se mantendrá la calzada simple, aunque se incorporarán terceras trochas en distintos puntos. La obra permitirá generar espacios destinados al sobrepaso, una mejora especialmente relevante para la circulación conjunta de vehículos livianos y transporte pesado.
En ese mismo tramo se prevé la construcción de nuevas alcantarillas y defensas, con intervenciones destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de lluvias intensas y crecientes sobre la ruta.
El tercer segmento se extenderá desde Talacasto hasta San Roque, en Jáchal. Por tratarse del tramo más extenso, la intervención estará orientada principalmente al fortalecimiento de la infraestructura existente. Se ejecutarán alteos de calzada, alcantarillas y defensas, con el propósito de reducir los cortes provocados por el agua y mejorar la transitabilidad.
La obra adquiere relevancia por el papel que cumple la Ruta 40 como corredor de conexión entre el Gran San Juan, los departamentos del norte y distintos puntos vinculados con la producción, la minería y el turismo. La mejora de la infraestructura también apunta a facilitar el traslado de bienes y personas hacia Jáchal y las localidades ubicadas a lo largo del recorrido.
Asimismo, la iniciativa prioriza el fortalecimiento de la conexión con el Paso Internacional de Agua Negra. Dada su relevancia para la integración chilena y el comercio global, las rutas del norte sanjuanino adquieren un valor estratégico fundamental.
La intervención, además, tendrá impacto sobre servicios esenciales. Una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación puede favorecer el acceso de los habitantes de las localidades del norte a hospitales, escuelas, organismos públicos y centros comerciales, al tiempo que mejora las condiciones para el transporte de cargas.
El financiamiento constituye otro de los elementos centrales del proyecto. La obra será afrontada con recursos derivados del acuerdo alcanzado por la provincia en relación con Vicuña, uno de los principales proyectos mineros en desarrollo en San Juan.
De esta manera, los fondos vinculados con la expansión minera serán destinados también a infraestructura de alcance provincial, en una obra que busca acompañar el crecimiento del tránsito y las necesidades de conectividad del corredor norte.
La transformación de la Ruta 40 entre Albardón y Jáchal combinará ampliaciones, nuevos carriles de sobrepaso y refuerzos estructurales en un recorrido con funciones viales, productivas y turísticas. La magnitud de la intervención quedará determinada por la ejecución de cada tramo, pero el proyecto ya plantea una modificación sustancial de uno de los principales corredores terrestres del norte sanjuanino.
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