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El sindicalismo iniciará una ofensiva judicial contra la Ley Bases y el paquete fiscal: los abogados de la CGT y de varios gremios importantes analizan, ahora con los textos de las leyes aprobadas en el Congreso, la presentación de amparos para impugnar algunos artículos por inconstitucionales.

Hasta ahora, la idea es que las denuncias no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos: “Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien también advirtió: “Todo está habilitado y lo sabremos usar, como lo hicimos cuando debimos actuar como CGT”.

El sindicalista aludía así a la impugnación de la CGT contra el DNU 70 ante la Justicia, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, que determinó que la Justicia del Trabajo declarara la invalidez constitucional de 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia al considerar que “afectaban de modo directo los intereses y los derechos” de la CGT y los otros correspondían al derecho individual.

“Mantenemos nuestra soberanía y nadie nos ata las manos para hablar y actuar en defensa de los intereses de nuestros trabajadores; por eso la consigna que tenemos en la CGT es ni un paso atrás”, agregó Martínez, tras lo cual señaló: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Por su parte, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria, ya adelantó que el sindicato que conduce impugnará ante la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias porque “hay un hecho que es muy grave: están generando un tributo con el voto de una sola cámara”. Y añadió: “Está claro que hay un proceso que es inconstitucional”.

Se descuenta que otros sindicatos cuyos afiliados sufrirán más descuentos salariales si se restituye el Impuesto a las Ganancias también seguirán el mismo camino judicial que la Asociación Bancaria, mientras los abogados de distintos gremios ya están en contacto para evaluar otros artículos del capítulo laboral de la Ley Bases que, aseguran, “dañan los derechos de los trabajadores”.

Cuando la Ley Bases fue aprobada en Diputados a fines de marzo, los abogados cegetistas ya consideraban “inaceptable” el artículo que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 3 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, pero, a juicio de los asesores legales de los sindicatos, consagra la “deslaboralización”, es decir, la desprotección laboral.

En ese punto existen amplias coincidencias entre la CGT y la CTA Autónoma, cuyo Instituto de Estudios y Formación (IEF) advirtió que esos trabajadores “dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”, enfatizaron en esa central obrera.

En la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, trataron de contener en su momento los reclamos sindicales contra la figura del “trabajador independiente” que los eventuales problemas que pudiera generar se podían resolver mediante el decreto reglamentario de la Ley Bases.

Los expertos jurídicos de la CGT también objetan, entre otros, el artículo que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según advierten, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.

También está en la mira el artículo agregado por el Senado que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerar que esas protestas, a las que suele recurrir el Sindicato de Camioneros, representa una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.

Sobre ese tema en particular hay un antecedente judicial al que podrían apelar los abogados sindicales: uno de los artículos del DNU 70 considerados inválidos por la Cámara Nacional del Trabajo consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza y afectar la libertad de quienes quieran trabajar durante un paro.

¿La CGT no piloteará la ofensiva judicial porque está satisfecha con la reforma laboral? El sector moderado, más allá de que no le preocupa el artículo “anti-bloqueos” porque no apela a esa modalidad de protesta, está conforme porque en sus negociaciones con el Gobierno y la oposición dialoguista consiguió que se eliminaran 42 artículos de la Ley Bases en sintonía con sus reclamos.

Las diferencias en la CGT fueron más evidentes en los últimos días: mientras Pablo Moyano batallaba contra la Ley Bases, un dialoguista como Gerardo Martínez dio un guiño a la sanción de la iniciativa al sostener en una entrevista con el diario Perfil: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”. Otro miembro del ala dialoguista como Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, precisó que el contenido de la Ley Bases y del paquete fiscal “lo fuimos negociando hasta atemperar bastante sus efectos, tanto con legisladores como con el propio Gobierno”.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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