El gobierno de Javier Milei decidió eliminar la moratoria previsional, una medida que permitía a los trabajadores regularizar su situación y acceder a la jubilación. Esta reforma, que entrará en vigor en marzo de 2025, afectará significativamente a aquellos que no hayan cumplido con los requisitos de aportes.

A partir de la implementación de este cambio, solo los trabajadores que hayan cumplido con los 30 años de aportes requeridos podrán acceder a la jubilación. Aquellos que no cumplan con este requisito deberán buscar alternativas para garantizar su seguridad económica en la vejez.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor: Una Alternativa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrecerá la opción de solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo. Esta pensión brinda una cobertura de salud a través de PAMI y el acceso a algunas asignaciones familiares.

En 2024, más de 313.000 personas accedieron a la jubilación gracias a la moratoria previsional. Este plan permitía regularizar los años de aportes faltantes mediante un plan de pagos accesible. El beneficio estaba principalmente destinado a mujeres entre 50 y 60 años y hombres de 55 a 65 años, quienes, por diversas razones, no pudieron completar sus aportes durante su vida laboral activa.

¿Cómo solicitar la PUAM?

El trámite para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor es gratuito y debe realizarse de manera presencial en las oficinas de ANSES. Para acceder a este beneficio, los requisitos son los siguientes:

• Tener 65 años o más.
• Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con 20 años en el país.
• No percibir ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo.
• Mantener la residencia en Argentina.

Para iniciar el trámite, se debe ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y solicitar un turno en una oficina de ANSES. Esta opción se presenta como la única alternativa para quienes no logran cumplir con los requisitos de la jubilación tradicional.

La situación económica en Argentina sigue siendo un tema candente, y en este contexto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) ha lanzado un llamado urgente al interventor de los medios públicos, Eduardo González, para que se aborden las negociaciones paritarias y se proceda a una recomposición salarial justa y equitativa para los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública, Radio Nacional y Télam.

El incumplimiento de la obligación de negociar paritarias

Desde diciembre de 2023, los salarios de estos medios apenas se actualizaron un 74,4%, 71,2% y 72,5%, respectivamente, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 173%, según el INDEC. Esta brecha salarial es alarmante y pone en riesgo la dignidad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del sector.

La contradicción entre la política gubernamental y la realidad

Mientras el gobierno promueve la productividad del sector privado, las actualizaciones salariales en medios privados fueron muy superiores, alcanzando aumentos por encima del 125% en el mismo período. Esto pone en evidencia la contradicción entre la política gubernamental y la realidad que viven los trabajadores y trabajadoras del sector público.

La responsabilidad del interventor y la advertencia del sindicato

El sindicato responsabilizó al interventor González por las consecuencias que pueda generar la falta de negociación y advirtió que podrían tomar medidas legales y gremiales. «El salario tiene carácter alimentario y no vamos a permitir que sigan vulnerando nuestros derechos», concluyeron.

La comunidad universitaria y científica argentina se encuentra en estado de alerta y movilización debido a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei cierre el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Esta medida forma parte de las políticas de ajuste y recorte presupuestario implementadas por el gobierno nacional, que han generado una gran preocupación en el ámbito académico y científico.

La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) han emitido un comunicado en el que expresan su firme rechazo a estas medidas. Argumentan que la decisión de cerrar el CONICET no solo afecta la producción de conocimiento y la educación pública, sino que también representa un retroceso en términos estratégicos para la soberanía y el progreso del país.¹

Las consecuencias de la medida

La reducción del financiamiento científico podría condenar a Argentina al oscurantismo, el negacionismo y la dependencia tecnológica y económica del extranjero. Según informes del CIICTI, desde diciembre de 2023 se han perdido 3.666 puestos de trabajo en el sector nacional de ciencia, tecnología e innovación. La inversión en ciencia y tecnología es fundamental para abordar desafíos globales y garantizar el desarrollo del país.

La FEDUN y las organizaciones convocan a la comunidad científica, universitaria y a la sociedad en su conjunto a mantenerse alerta y movilizada en defensa de la investigación, la tecnología y la educación pública. Aseguran que estos pilares son esenciales para el futuro de la nación y el bienestar del pueblo argentino, y rechazan cualquier intento de desmantelar décadas de avances y esfuerzos colectivos,