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El sindicalismo iniciará una ofensiva judicial contra la Ley Bases y el paquete fiscal: los abogados de la CGT y de varios gremios importantes analizan, ahora con los textos de las leyes aprobadas en el Congreso, la presentación de amparos para impugnar algunos artículos por inconstitucionales.

Hasta ahora, la idea es que las denuncias no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos: “Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó a Infobae el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien también advirtió: “Todo está habilitado y lo sabremos usar, como lo hicimos cuando debimos actuar como CGT”.

El sindicalista aludía así a la impugnación de la CGT contra el DNU 70 ante la Justicia, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, que determinó que la Justicia del Trabajo declarara la invalidez constitucional de 6 artículos del decreto de necesidad y urgencia al considerar que “afectaban de modo directo los intereses y los derechos” de la CGT y los otros correspondían al derecho individual.

“Mantenemos nuestra soberanía y nadie nos ata las manos para hablar y actuar en defensa de los intereses de nuestros trabajadores; por eso la consigna que tenemos en la CGT es ni un paso atrás”, agregó Martínez, tras lo cual señaló: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Por su parte, el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria, ya adelantó que el sindicato que conduce impugnará ante la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias porque “hay un hecho que es muy grave: están generando un tributo con el voto de una sola cámara”. Y añadió: “Está claro que hay un proceso que es inconstitucional”.

Se descuenta que otros sindicatos cuyos afiliados sufrirán más descuentos salariales si se restituye el Impuesto a las Ganancias también seguirán el mismo camino judicial que la Asociación Bancaria, mientras los abogados de distintos gremios ya están en contacto para evaluar otros artículos del capítulo laboral de la Ley Bases que, aseguran, “dañan los derechos de los trabajadores”.

Cuando la Ley Bases fue aprobada en Diputados a fines de marzo, los abogados cegetistas ya consideraban “inaceptable” el artículo que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 3 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo, pero, a juicio de los asesores legales de los sindicatos, consagra la “deslaboralización”, es decir, la desprotección laboral.

En ese punto existen amplias coincidencias entre la CGT y la CTA Autónoma, cuyo Instituto de Estudios y Formación (IEF) advirtió que esos trabajadores “dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales; carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo”. “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”, enfatizaron en esa central obrera.

En la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, trataron de contener en su momento los reclamos sindicales contra la figura del “trabajador independiente” que los eventuales problemas que pudiera generar se podían resolver mediante el decreto reglamentario de la Ley Bases.

Los expertos jurídicos de la CGT también objetan, entre otros, el artículo que incluye el “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio”, pero, según advierten, no establece una “reparación integral” de la cesantía y “no determina la reinstalación” del trabajador.

También está en la mira el artículo agregado por el Senado que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerar que esas protestas, a las que suele recurrir el Sindicato de Camioneros, representa una “grave injuria laboral”, es decir, causal de despido justificado.

Sobre ese tema en particular hay un antecedente judicial al que podrían apelar los abogados sindicales: uno de los artículos del DNU 70 considerados inválidos por la Cámara Nacional del Trabajo consideraba como infracción muy grave bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza y afectar la libertad de quienes quieran trabajar durante un paro.

¿La CGT no piloteará la ofensiva judicial porque está satisfecha con la reforma laboral? El sector moderado, más allá de que no le preocupa el artículo “anti-bloqueos” porque no apela a esa modalidad de protesta, está conforme porque en sus negociaciones con el Gobierno y la oposición dialoguista consiguió que se eliminaran 42 artículos de la Ley Bases en sintonía con sus reclamos.

Las diferencias en la CGT fueron más evidentes en los últimos días: mientras Pablo Moyano batallaba contra la Ley Bases, un dialoguista como Gerardo Martínez dio un guiño a la sanción de la iniciativa al sostener en una entrevista con el diario Perfil: “Soy de los que piensa que el Gobierno necesita tener una ley y mostrar mecanismos de gestión, que hasta ahora no se observan”. Otro miembro del ala dialoguista como Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, precisó que el contenido de la Ley Bases y del paquete fiscal “lo fuimos negociando hasta atemperar bastante sus efectos, tanto con legisladores como con el propio Gobierno”.

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La paritaria nacional docente pasó a cuarto intermedio

Los sindicatos docentes nacionales CTERA, SADOP. UDA, CEA y AMET, fueron convocados a la Paritaria Nacional Docente. La misma se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Los representantes sindicales reclamaron al Gobierno Nacional un aumento del piso salarial, el pago del FONID que fue suspendido perjudicando seriamente los ingresos del sector docentes. También exigieron fondos nacionales para las provincias, para: comedores escolares, infraestructura, formación docente y el cumplimiento de la Ley de Formación Técnica Profesional.

El Gobierno ofreció un piso salarial entre $ 380.000 y $ 400.000, que fue rechazado por todas las Organizaciones docentes.

La CTERA, por la que participaron participaron Sonia Alesso, Angélica Graciano, Juan Monserrat, Eduardo Pereyra y Fabián Peccín, advirtió la grave situación que está viviendo la Educación Pública, con el desfinanciamiento al sistema educativo, el ataque a las Cajas Jubilatorias Provinciales y Nacional, la falta de financiamiento educativo nacional para cada una de las provincias. «Desde nuestra Organización expresamos que debe darse urgente solución a estas problemáticas en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente».

Cabe mecionar que la Paritaria Nacional Docente pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 16 de julio.

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Reclamo de empresarios y la UOCRA para que el Gobierno reactive la construcción de viviendas

Sectores de la construcción pidieron en el Congreso que el gobierno reactive los programas de construcción de viviendas públicas, paralizados desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

La reunión a la que asistieron representantes gremiales, empresarios y de organizaciones sociales, se realizó en el marco de una nueva sesión informativa de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, de la cámara de diputados, que preside Leandro Santoro (Unión por la Patria).

En la reunión, tanto empresarios, como representantes gremiales y de organizaciones sociales, instaron al gobierno a instrumentar una política que reactive la construcción de viviendas, en el marco del pronunciado déficit habitacional que atraviesa el país.

El secretario de Organización de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Rubén Pronotti, remarcó la necesidad de “trabajar todos juntos para el bien común que es que las familias de argentinos puedan reencontrarse con sus viviendas”, sostuvo el gremialista.

A su turno, el protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) , Ricardo Griot, sostuvo que “no hemos logrado tener una política de vivienda que trascienda los gobiernos” y que “es necesario una política de largo plazo y que se cumpla porque si no es todos los días empezar de nuevo con los planes y no llegamos nunca, no logramos avanzar”, lamentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Damian Tabakman, alentó a que el legislativo, “aborde temas que son importantes para nosotros y que podrían ayudar que el financiamiento bancario llegue a los compradores para que puedan adquirir sus unidades desde el pozo, como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria”, reclamó.

En representación de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Gustavo Quinteros, afirmó que “es fundamental ver el crédito intermedio, porque hay que construir esas propiedades y hoy por hoy para llevarlas adelante y a un ritmo más acelerado es importante buscar las políticas de créditos intermedios para los desarrollistas y después les llegue a los usuarios finales a través del crédito hipotecario”, subrayó.

Alejandro Amaro, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), sostuvo que desde la entidad, “hace tiempo que venimos promulgando el lanzamiento de créditos no bancarios para pymes”, recordó.

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Promulgaron la Ley Bases y entraron en vigencia la reforma laboral y Ganancias

El Poder Ejecutivo publicó los decretos 592 y 593 que promulgan las leyes sancionadas por el Congreso luego de arduas negociaciones.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Bases junto al paquete fiscal y puso en vigencia la reforma laboral y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial los decretos 592 y 593 que validan las leyes sancionadas por el Congreso Nacional tras más de seis meses de negociaciones.

La ley Bases le otorga facultades delegadas al primer mandatario y contiene una amplia reforma del Estado, con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Con la aprobación definitiva en Diputados, la nueva normativa establece modificaciones de «modernización laboral». Entre otros, se habilitan los despidos con causa justa de aquellos trabajadores que accionen, en el marco de reclamos sindicales, con bloqueos y tomas de empresas.

También se creó la figura del «colaborador» dirigida a las mini pymes para permitir la contratación de hasta tres empleados para una determinada tarea, sin generar relación de dependencia.

A su vez se eliminan las multas por trabajo no registrado a cambio de regularizar la situación de ese empleado.

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

Deberán hacer frente al impuesto los solteros, a partir de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,2 millones.

Se establecen alícuotas que irán del 5% al 35%. Los montos de la escala se actualizarán en septiembre de este año -excepcionalmente- por el índice de inflación. A partir de 2025, será semestralmente, en los meses de enero y julio, también por IPC.

El capítulo de Ganancias, como así también el de Bienes Personas, habían sido rechazados por el Senado pero finalmente Diputados volvió a incluir en dictamen y concretó la sanción definitiva.

Ante esta situación, sindicatos afectados ya anticiparon que acudirán a la Justicia frente a lo consideran un mal desempeño legislativo por parte del oficialismo.

Cabe señalar que Ganancias para la cuarta categoría se había eliminado el año pasado, durante la campaña electoral, a propuesta de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial.

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